Desarrollo descentralizado, universidades y tecnología

Necesitamos desarrollo descentralizado, y para ello las Universidades deberían jugar un rol clave orientado a mejorar la productividad en las regiones. Podrían investigar nuevos productos de costa,sierra y selva que tengan mercado y sean buenos negocios. Nuevas formas de atender la salud usando nuestras plantas medicinales y nuestros conocimientos tradicionales. Aprovechamiento de nuestro variado medio ambiente. Educación adaptada a las realidades regionales. Adaptación de las tecnologías que vienen de otras partes del mundo. Antenas abiertas a la creación tecnológica, no solo de EstadosUnidos, sino también del Asia y de Latinoamérica.

Sin esa iniciativa, para la cual las universidades son las llamadas a tener la mayor iniciativa, seguiremos condenados a inversiones y tecnologías extranjeras, muchas de las cuales no se adaptan bien a nuestra sierra y selva, que seguirán siendo las regiones más atrasadas del país. Sin tecnologías propias y apropiadas a nuestras regiones, la descentralización económica seguirá siendo una quimera inalcanzable, y seguiremos siendo un país dependiente en lo económico,pero también en lo político y social.

El abandono de la investigación, de las universidades y de la innovación tecnológica hoy prevaleciente, es parte de un modelo de desarrollo que no ve las potencialidades de nuestro país, de nuestros recursos naturales y de nuestra gente. Quienes como Alan García creen que el Perú solo vale porque hay minerales y petróleo que extraer, no creen que haya que invertir en universidades o tecnología propia, sino solamente traerlas del exterior para extraer recursos, usando el “cholo barato”.

Un nuevo modelo de desarrollo tiene que invertir en nuestras universidades, sobretodo regionales. Tiene que lograr que haya universidades que investiguen sus regiones, y que sean aliadas de los gobiernos regionales, municipalidades y empresas en el desarrollo regional. Tiene que lograr universidades donde los estudiantes no solo lean libros y discutan teorías alejadas latitudes, sino que conozcan su realidad, apliquen ahí sus conocimientos y en la practica misma innoven y generen desarrollo.

Es posible. Se necesita presupuesto, liderazgo y capacidad. Se necesita darles a las Universidades condiciones económicas, pero también condiciones de gobernabilidad, y se necesita que tengan alianzas con los actores que en las regiones están generando desarrollo. Es posible.

Puede bajar el audio en:

http://www.cnr.org.pe/aa/pluma.shtml?x=7414

Estamos sin política social

El Perú con el gobierno actual carece de una política social. Ica y el sur espera todavía por la reconstrucción. La salud pública está en tan mal estado que cientos mueren de frío en el sur. La crisis genera despidos masivos y empobrece a cientos de miles de agricultores, y no hay respuesta alguna. Los programas alimentarios, el vaso de leche y los comedores populares, no han tenido una sola propuesta de mejora. La desnutrición crónica no disminuye, y en contradicción a lo que dice el gobierno, las propias encuestas del INEI muestran que el acceso al agua potable y el alfabetismo casi no han aumentado.

Toda la atención del gobierno ha estado centrada en atraer la inversión, sobretodo extranjera, dándoles condiciones más y más favorables. Alan García cree en la teoría del “chorreo”, que los pobres esperen nomás que algún día les llegará el empleo que buscan, que se conformen con las migajitas que caen para algunos y que con esos centavos mejoren su vida. O, quien sabe, simplemente no le importan.

Valga la oportunidad para recordarle a Alan García la importancia de la política social. La educación, la salud y la seguridad social son componentes esenciales de la calidad de vida. El progreso en ellos no deviene naturalmente del crecimiento económico y menos de uno con alta concentración de la riqueza; se necesita una acción pública fuerte y coherente. Una política social fuerte y eficaz es indispensable para la sobrevivencia y fortalecimiento de la democracia. Son un pilar básico de la legitimidad del Estado, que hace sentir a los ciudadanos que la democracia trabaja para ellos. Son un elemento fundamental para establecer condiciones de equidad mediante derechos sociales y redistribuir la riqueza creada.

Pero las políticas sociales exitosas no son improvisadas. La vinculación entre el aparato del estado y la sociedad es vital en ellas, pero para su eficacia hace falta liderazgo, planificación y gerencia. La participación ciudadana es importante en las políticas sociales, pero no reemplaza al conocimiento técnico y a la buena organización estatal; al revés, solo es útil cuando la complementa. La conducción política debe articular la organización estatal con la ciudadanía mediante mensajes claros y no lanzando ideas sin estrategia.

Frente al abandono del gobierno de la política social, se requiere otra mirada para el desarrollo. Una que de más prioridad a mejorar la educación, la salud y la vida, y que equilibre lo económico y lo social, potenciando ambos. Hacerlo exige, por cierto, también considerar de otra manera a los actores del desarrollo: las grandes empresas privadas no son eficaces en lo social; hace falta un Estado más comprometido y que trabaje estrechamente con la población, con los promotores de salud, los maestros y las comunidades y pueblos indígenas. El Perú necesita una buena política social, de salud, de seguridad social, de trabajo y educación, y para eso necesitamos políticos que les den prioridad.

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http://www.cnr.org.pe/aa/pluma.shtml?x=7358

Carlos Arana: Totalmente ineficiente dirigiendo Foncodes

El presupuesto que destina el gobierno a la lucha contra la pobreza es muy bajo. Pero cuando además uno descubre lo que realmente se hace con ese dinero, resulta indignante.

Veamos el caso de Foncodes bajo la dirección de Carlos Arana. En el 2008, aunque solo tuvo un presupuesto de 120 millones de soles (Foncodes ha llegado a gastar más de 500 millones de soles en un año), dejó de gastar 32 millones de soles que le fueron asignados. Es decir, unas 300 a 400 obras de agua potable, colegios, caminos rurales, pequeñas irrigaciones en la sierra, que no se hicieron, perpetuando así la pobreza.

Pero bueno, dirán, algunos no está tan mal, si al final de cuentas lograron gastar 88 millones de soles. Ojo: de los 88 millones de soles gastados, ¡32 millones fueron gastados en burocracia! Eso es el 36%, cuando Foncodes durante mucho tiempo tuvo por norma no gastar más del 8% en gastos administrativos ¡! A modo de comparación, entre setiembre 2001 y abril 2002 cuando fui Director de Foncodes, ejecutamos 368 millones de soles de presupuesto con solo 10 millones de gasto administrativo. 4 veces más de obras con la tercera parte de burocracia.

Es decir, antes, mil soles de gasto administrativo lograban 36 mil en obras. Hoy, mil soles en gasto administrativo sirven para hacer solamente mil setecientos en obras. ¿Se imagina Usted, amigo, si cuando hace una mejora en su casa, el arquitecto o ingeniero que le dirige una obra de mil setecientos soles, le cobrara mil soles por su trabajo? Nadie pagaría esa suma. El gobierno de Alan García lo hace: con nuestra plata.

¿Gana poco don Carlos Arana, para justificar su ineficiencia? Gana 14 mil soles mensuales, no es poco, y es mucho más de lo que yo cobré cuando ejercí el mismo cargo.

Cuando se nombró Carlos Arana como jefe de Foncodes, ante las críticas los dirigentes apristas respondieron que era un profesional, que había hecho obras de agua potable, que no debía negársele a nadie la oportunidad por ser aprista, etc. Ahora, está claro que para dirigir Foncodes es un inútil. Si se quiere realmente luchar contra la pobreza, debe ser removido de inmediato del cargo.

Por cierto, también en el programa Juntos, el gasto administrativo ha aumentado entre 2006 y 2008 de 4 a 40 millones de soles al año. ¡Ya pues: dejen de tomar la lucha contra la pobreza como un pretexto para dar empleo a su gente y hacer campañas partidarias ¡

Pólítica social para el 2009

La política social del gobierno aprista en sus primeros dos años y medio ha sido decepcionante. En medio de una situación de crecimiento económico y de más dinero en los bolsillos del gobierno, muy poco es lo que se ha hecho. En salud, los ministros Vallejos y Garrido-Lecca estuvieron metidos en corrupción y no mejoraron la atención de salud. El año pasado los alimentos subieron de precio, y el gobierno no hizo nada. Peor: en los programas del vaso de leche, los comedores populares y los desayunos escolares, se mantuvieron los presupuestos cuando los precios de los alimentos subían, con lo que la ayuda a los niños se redujo. Por su parte, mataron a Foncodes, que solo fue resucitado para darle empleo a Carlos Arana, el dirigente aprista amigo del corrupto Agustín Mantilla. Sólo Juntos se ha venido ampliando en zonas rurales andinas, y aunque la gestión no ha sido buena, es dinero que llega a familias campesinas muy pobres.

En ese contexto, llegó la crisis internacional. No, no estábamos blindados. Miles de familias pobres ya están afectadas. A las alzas de precios de los alimentos del año pasado, le han seguido otros golpes. Los alpaqueros, por ejemplo, campesinos muy pobres, resulta que antes les pagaban 12 soles por kilo de lana y ahora les pagan 3 o 2 soles. Los cafetaleros, bananeros y mangueros reciben menos precio por sus productos. En Ica, las empresas agroindustriales ya despidieron más de mil trabajadores; también ha habido miles de despidos en la minería y la industria textil.

¿Qué se puede hacer ante esta situación, más allá de un programa que efectivamente mantenga el crecimiento económico y la creación de empleos?

Alan García y Luis Carranza están aplicando un plan anti- crisis que concentra los recursos en las grandes empresas y los ministerios bajo conducción aprista, como Vivienda y Transportes. Eso debe cambiar, hay que darle prioridad a defender el empleo, aumentar el gasto social y dar apoyo a los pobres golpeados por la crisis.

Dos tipos de programas sociales parecen particularmente adecuados a esta situación. En aquellas zonas donde se están perdiendo empleos masivamente, programas orientados a construir y mejorar caminos rurales, infraestructura de riego, colegios y centros de salud deben generar cientos o miles de empleos temporales. De esta manera, se combina la necesidad de las familias de tener un sostén económico con la mejora de servicios públicos e infraestructura.

Por otro lado, para campesinos como los alpaqueros, un empleo temporal no es la mejor solución: ellos tienen que seguir cuidando su ganado. En estos casos, programas de transferencias, como Juntos, pueden ser más efectivos. En los distritos donde ya existe Juntos y hay ganaderos golpeados por la crisis, el programa podría ampliarse temporalmente para las familias sin hijos, ya que hoy Juntos es sólo para familias que tienen hijos menores.

Además, la salud y la seguridad social para los ancianos son políticas sociales que debieran estar siempre funcionando pero que ahora se vuelven más necesarias. La familia que ya en tiempos normales requieren hacer un gran esfuerzo para pagar las medicinas o la operación que necesita, está mucho más en riesgo cuando el desempleo los golpea. Los ancianos que carecen de pensión que los soporte, y que dependen de la buena voluntad de los hijos, también sufren el golpe cuando estos pierden el trabajo. Si hay un año en el cual la seguridad social, en salud y pensiones, debería reforzarse, es precisamente éste, el 2009. Hacer realidad un aseguramiento universal en salud que brinde buena atención de manera gratuita y darle pensiones a los ancianos pobres con dinero del estado, son dos buenas alternativas.

http://www.cnr.org.pe/aa/textpfrancke.shtml

Carlos Arana: Resultados en FONCODES

Cuando fue el nombramiento de Carlos Arana, aprista, amigo de Agustín Mantilla y organizador de mítines, como Director de Foncodes, dije que no estaba capacitado para el cargo.

Veamos los resultados. En el 2008, Foncodes solo gastó el 73% de su presupuesto. Aunque solo tuvo un presupuesto de 120 millones de soles (Foncodes ha llegado a gastar más de 500 millones de soles en un año), dejó de gastar 32 millones de soles que le fueron asignados. De los créditos externos, apenas ejecutó el 31% del presupuesto, ¡ni una tercera parte!.

Pero ojo: de los 88 millones de soles gastados, ¡32 millones fueron gastados en burocracia! Eso es el 36%, cuando Foncodes durante mucho tiempo tuvo por norma no gastar más del 8% en gastos administrativos ¡! A modo de comparación, entre setiembre 2001 y abril 2002 cuando yo fui Director de Foncodes, ejecutamos 368 millones de soles de presupuesto con solo 10 millones de gasto administrativo.

¿Para eso pagamos los peruanos 14,000 soles mensuales?
Por cierto, también en el programa Juntos, el gasto administrativo ha aumentado entre 2006 y 2008 de 4 a 40 millones de soles al año….

¿Qué hacer con la salud?

El cambio de ministros ha significado en salud la salida de un ministro realmente incapaz y cuestionado. El nuevo ministro, un economista plurifacético, no había terminado se sentarse en el sillón cuando se inició una huelga médica. Más allá de este problema inmediato, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta el nuevo ministro?

1. Aseguramiento Universal

La sociedad peruana viene demandando desde hace años un nuevo esquema de aseguramiento en salud, que termine con esta dramática situación en la que familias pobres tienen que pagar sumas elevadas si quieren mantener con vida a uno de los suyos. El SIS ha sido una gran promesa incumplida, y su administración ha sido desastrosa durante este gobierno. Forosalud y la Alianza por el Aseguramiento Universal en Salud presentamos hace meses un proyecto de ley de aseguramiento universal al Congreso, con el respaldo de más de 50 mil firmas ciudadanas. Las claves de nuestra propuesta son: seguro integral que cubra al menos el 80% de las causas de enfermedad e incluya la atención de dolencias de alto costo para los pobres de todas las edades, decisión participativa del alcance del paquete de prestaciones, aumento del presupuesto para salud, gestión integrada mediante una sola administración de los fondos acabando con la segmentación entre el Ministerio de Salud y EsSalud, establecimiento de una superintendencia que garantice la calidad de la atención.

El nuevo ministro tiene aquí un gran reto: afirmar la rectoría del Ministerio de Salud y dirigir una política de salud que incluya a EsSalud en un gran esfuerzo por hacer llegar la salud a todos los peruanos, hasta los más pobres en los rincones más recónditos, y estableciendo un nuevo modelo de atención familiar y comunitaria que priorice la prevención.

2. Derechos de los pacientes

Durante el 2007, volvieron a salir a luz los grandes problemas del sistema de salud, con decenas de pacientes que salen del hospital peor de lo que entraron, o que no los dejan entrar y sus problemas se agravan. El reclamo de la señora Judith Rivera, infectada por VIH/SIDA, a quien el Presidente García ofreció una reparación de 300 mil soles, ha recordado que hay muchos casos más por atenderse.

Pero no solo hay que reparar los daños. Hay que establecer un sistema de atención a los afectados que además favorezca el mejoramiento continuo de la calidad. La idea de hacerlo mediante seguros privados con el llamado “SOAT médico” es mala: sería un sistema ineficiente y engorroso, que además no trataría problemas como el de la señora Rivera que no son responsabilidad directa de un médico sino que más bien se deben a un sistema de salud de baja calidad. ForoSalud ha propuesto, también recogiendo 50 mil firmas ciudadanas, un proyecto de ley de derechos de los usuarios de salud, que asegura una respuesta rápida por parte de los hospitales ante cualquier problema de este tipo. Defensorías independientes con vigilancia ciudadana son el complemento indispensable desde la sociedad civil al respecto.

3. Medicinas y TLC

4. Promoción de la Salud

Reformar el estado donde no existe

Con la anunciada fusión de decenas de organismos públicos descentralizados, el actual gobierno inicia su propia versión de la reforma del estado. Valga la oportunidad para insistir en cuál es el principal problema del Estado peruano: su virtual inexistencia, o delgadez extrema, en miles de poblados rurales a lo largo y ancho del país.

Para millones de peruanos el estado no existe, o casi no existe, que no es lo mismo pero es igual, porque no hay un centro de salud cerca para atenderse de una emergencia médica. Porque si hay un colegio primario, un solo profesor enseña en un aula a niños de primero a sexto grado sin estar preparado para ello y logrando muy pocos aprendizajes efectivos. Porque no hay colegio secundario ni hay ninguna forma alternativa de lograr educación secundaria. Porque si alguno de esos jóvenes logra estudiar la secundaria, no tiene ningún apoyo para ir a la universidad, debiendo agenciarse por su cuenta el alojamiento y el sostenimiento personal, así sea un genio. Porque no hay nadie que esté promoviendo la mejora tecnológica y comercial de la producción agropecuaria o artesanal de la que estas familias viven. Porque en su pueblo la policía no existe y las comunidades deben proteger su seguridad por su cuenta con rondas ciudadanas. Porque la justicia es lejana, tiene códigos ajenos a la gente y se imparte en un lenguaje que muchos de estos peruanos desconoce.

¿Discriminación contra las empleadas del hogar? Esta es la mayor discriminación que han sufrido muchas de ellas, que vienen a Lima a ganarse la vida porque en sus localidades el estado no provee educación ni salud ni promueve su progreso económico y social.

Este es el principal problema que la reforma del estado debe encarar. Con nuevas formas de hacer llegar la educación secundaria o superior, como podría ser la educación a distancia, los internados o las becas. Con nuevas formas de atención de la salud, basadas en birgasas itinerantes y en promotores comunitarios. Con nuevas formas de organizar el estado, en base a las propios pueblos y comunidades campesinas y nativas, cuya organización debe ser potenciada junto con los municipios cercanos. Si la reforma del estado no prioriza a los excluidos, poco aportará al desarrollo nacional.

Fusión de Programas Sociales: Reorganización sin rumbo

El gobierno anuncia la fusión de los programas sociales. Según ha resaltado el propio Presidente, la principal virtud de la medida sería ahorrarle plata al Estado, afirmando - ¿será verdad? no hay evidencia alguna – que se ahorrarían de 100 a 200 millones de soles. Curiosamente, respecto de esta medida ni el presidente García ni sus ministros han dicho nada respecto de lo más importante: como avanzar hacia el objetivo de aliviar y reducir la pobreza, que es la razón de ser de estos programas sociales.

Así, una pregunta elemental en relación a esta medida que no ha sido contestada es: ¿a qué se dedicarán los 200, 100, 50 o 20 millones de soles que se ahorrarán? ¿En aviones de guerra o en salud, educación y cuidado para los niños? ¿En mantener exoneraciones tributarias a quienes ganan en la bolsa de valores, o en promover a los campesinos mejorar sus productividad y sus ingresos?

El mensaje presidencial de ahorro de recursos está vinculado a la idea de eficiencia. La eficiencia es un concepto que relaciona los recursos que se utilizan (máquinas, personas, materiales, usualmente expresados en dinero) con lo que se producen con esos recursos. Pero la eficiencia siempre se puede ver de estas dos maneras, que según la teoría económica son equivalentes: 1. Ser eficiente es utilizar los menores recursos posibles para lograr un determinado objetivo; 2: Ser eficiente es lograr lo máximo posible con los recursos que se tienen.

La idea común es ambas miradas es producir lo más posible con los menores recursos posibles. Lograr lo más con lo menos. Lo cierto, sin embargo, es que aunque las dos miradas pueden en cierto sentido ser lo mismo, muchas veces son muy distintas. Porque es muy diferente si la idea de fusionar programas sociales es que estos mantengan los pobres resultados, coberturas y beneficios que tienen hoy, y el estado se ahorre veinte millones de soles de ahorro (el mismo objetivo con menos recursos), o si la idea es que los programas sociales sean más eficaces y puedan llegar a más peruanos pobres y darles una ayuda mucho más importante (los mismos recursos logrando mayores resultados). Análogamente, es muy distinto si queremos que el deporte peruano siga como está pero gastando menos en él, o queremos llegar al próximo mundial; si queremos que las pistas y carreteras sigan llenas de huecos ahorrándonos plata hoy mal gastada o si queremos que estén mejor mantenidas.

No sólo las dos cosas son muy distintas, sino que tienen implicancias y efectos muy distintos sobre otros efectos de la política. El énfasis en el ahorro de recursos resalta y se vincula con la idea de que no es necesario gastar más en los programas sociales y de lucha contra la pobreza, y más bien de que necesitamos un estado austero limitado, de corta mirada y estrechos objetivos: será el crecimiento económico por sí solo el que logre el desarrollo y la reducción de la pobreza, el mercado lo resolverá. Si la fusión de los programas tuviera como objetivo avanzar más en reducir la pobreza, la idea de hacer más eficaz la acción del estado tendría que ir acompañada de una discusión acerca del necesario aumento del presupuesto público destinado a este fin, de las estrategias necesarias a aplicar y de cómo orientar hacia este objetivo el propio crecimiento económico y la acción de los distintos agentes sociales.

El anuncio presidencial privilegia una de estas miradas la del ahorro de recursos. Esto se debe a su relación privilegiada con una tecnocracia........., y sobretodo a que hasta el momento el gobierno no tiene claro hacia donde orientar los programas sociales y qué estrategia seguir con ellos. En efecto, hay poca estructuración de una política social y de lucha contra la pobreza. La estrategia social consiste de varias iniciativas en distintos frentes, sin una coordinación importante. El “Comité Interministerial de Asuntos Sociales” no funciona y el “Comando Conjunto” de Lucha contra la Pobreza se ha ido diluyendo, careciendo de un mandato claro y de un responsable político de alto nivel.

Los ministerios más propiamente “sociales”, a saber salud y MIMDES, son los que menos iniciativa política tienen. Las principales iniciativas políticas en el área social provienen de otros ministerios o actores: “Agua para todos” en el Ministerio de Vivienda con Hernán Garrido-Lecca Y “Sierra exportadora” con un organismo especial encabezado por Gastón Benza. Claramente, hay la estrategia de otorgar un rol fundamental en las políticas sociales a los empresarios. Tanto la historia empresarial de Garrido-Lecca y de Benza, como el propio diseño de sus programas, que operan fundamentalmente mediante empresas privadas, tienen este sentido. Hay una evidente desconfianza del gobierno en el aparato estatal, el funcionariado público y las ONGs y organizaciones sociales, como posibles actores fundamentales de una política asocial.

Programas Sociales: No basta la fusión

El Presidente García ha dicho que la existencia de decenas de programas sociales, que subsisten debido a que cada ministerio busca su herramienta de publicidad y soporte político, produce exceso de burocracia y gasto administrativo. La próxima semana se conocería la fusión de varios de estos programas.

La fusión de los programas sociales es necesaria pero insuficiente. Es necesario además aumentarles el presupuesto, afirmar sus objetivos, orientarlos a garantizar derechos sociales, incluirlos en la descentralización y abrirlos más a la participación ciudadana.

Según un reciente estudio del Banco Mundial, el Perú es uno de los países de América Latina con menor nivel de gasto en programas sociales: apenas 0,7% del PBI. No es de extrañar entonces que no lleguen a millones de peruanos pobres y que los programas de mayor alcance – como el vaso de leche – den una ayuda muy pequeña.

El objetivo de los programas sociales es apoyar a quienes viven en pobreza extrema, reducir la desnutrición infantil y permitir que las familias pobres tengan capacidades y oportunidades para progresar. Su objetivo no es que algún ministro, presidente o partido gane aplausos. El gobierno debiera tener esto en cuenta antes de llenar los programas sociales de carnetizados sin experiencia ni conocimientos especializados.

Los programas sociales deben orientarse a establecer derechos sociales, es decir garantizar a todos los peruanos condiciones básicas de salud, nutrición, educación y seguridad social. Para ello, antes que muchos programas diversos que no llegan a todo el país, debe asegurarse que todos – TODOS - los niños tengan la alimentación, atención de salud y educación inicial que necesitan, y que haya apoyo de emergencia a quienes están en pobreza extrema o han sufrido un desastre natural, la pérdida del empleo o de quienes sostienen la familia.

Finalmente, los programas sociales deben tener una estrategia nacional y un fuerte presupuesto, pero deben ser descentralizados fundamentalmente a los municipios y ser dirigidos y gestionados con una amplia participación ciudadana.

Los retos para los programas sociales son grandes. La fusión anunciada debe ser una oportunidad para enfrentar estos retos, y no concentrarse en reducir el número de empleados que trabajan en ellos.

Programas Sociales: ¿Hacia donde?

El gobierno ha anunciado la fusión de programas sociales. El Presidente García ha dicho que la coexistencia de decenas de programas, que subsisten debido a que cada ministerio busca su herramienta de publicidad y soporte político, produce exceso de burocracia y gasto administrativo. La próxima semana se conocerían los cambios.

La fusión y reorganización de los programas sociales es necesaria pero insuficiente. Es necesario además aumentarles el presupuesto, afinar sus objetivos y estrategias, hacerlos parte de la promoción de derechos sociales, incluirlos integralmente en el proceso de descentralización y abrir las puertas a la participación ciudadana.

Según un reciente estudio del Banco Mundial, el Perú es uno de los países de América Latina con menor nivel de gasto en programas sociales: apenas 0,7% del PBI. No es de extrañar entonces que a millones de peruanos pobres no les llegue un apoyo básico por parte del estado, o que los programas que alcanzan a más gente – como el vaso de leche – den una ayuda muy pequeña.

Los programas sociales deben tener como objetivo dar un apoyo a quienes viven en pobreza extrema o atraviesan una situación familiar o personal crítica, reducir la desnutrición infantil y permitir que las zonas y familias pobres tengan también capacidades y oportunidades para progresar y sostenerse con dignidad. Su objetivo no es hacer publicidad o que algún ministro, presidente o partido gane respaldo o aplausos. Tal vez la ministra Borra y el Presidente García debieran tener esto en cuenta antes de llenar al MIMDES de carnetizados sin experiencia ni conocimientos especializados.

Los programas sociales deben tener como una orientación fundamental establecer derechos sociales, es decir, garantizar a todos los peruanos el acceso a condiciones básicas de salud, nutrición, educación y seguridad social. Para ello, antes que muchos programas que se sobreponen en algunas localidades pero que no llegan a todo el país, debe asegurarse que todos los niños tengan la alimentación, cuidado, atención de salud y educación inicial que necesitan, y que haya apoyo de emergencia a quienes están en pobreza extrema por haber sufrido un desastre natural, pérdida de empleo o enfermedad o pérdida de quienes sostienen la familia.

Finalmente, los programas sociales deben tener una estrategia nacional y un fuerte presupuesto, pero deben ser descentralizados hacia los municipios y gobiernos regionales y ser dirigidos y gestionados con una amplia participación ciudadana.

Los retos son grandes. La fusión y reorganización de programas sociales debe ser una oportunidad para enfrentar estos retos, y no concentrarse en reducir el número de empleados que trabajan en ellos.

Programas Sociales: ¿Hacia donde?

El gobierno ha anunciado la fusión de programas sociales. El Presidente García ha dicho que la coexistencia de decenas de programas, que subsisten debido a que cada ministerio busca su herramienta de publicidad y soporte político, produce exceso de burocracia y gasto administrativo. La próxima semana se conocerían los cambios.

La fusión y reorganización de los programas sociales es necesaria pero insuficiente. Es necesario además aumentarles el presupuesto, afinar sus objetivos y estrategias, hacerlos parte de la promoción de derechos sociales, incluirlos integralmente en el proceso de descentralización y abrir las puertas a la participación ciudadana.

Según un reciente estudio del Banco Mundial, el Perú es uno de los países de América Latina con menor nivel de gasto en programas sociales: apenas 0,7% del PBI. No es de extrañar entonces que a millones de peruanos pobres no les llegue un apoyo básico por parte del estado, o que los programas que alcanzan a más gente – como el vaso de leche – den una ayuda muy pequeña.

Los programas sociales deben tener como objetivo dar un apoyo a quienes viven en pobreza extrema o atraviesan una situación familiar o personal crítica, reducir la desnutrición infantil y permitir que las zonas y familias pobres tengan también capacidades y oportunidades para progresar y sostenerse con dignidad. Su objetivo no es hacer publicidad o que algún ministro, presidente o partido gane respaldo o aplausos. Tal vez la ministra Borra y el Presidente García debieran tener esto en cuenta antes de llenar al MIMDES de carnetizados sin experiencia ni conocimientos especializados.

Los programas sociales deben tener como una orientación fundamental establecer derechos sociales, es decir, garantizar a todos los peruanos el acceso a condiciones básicas de salud, nutrición, educación y seguridad social. Para ello, antes que muchos programas que se sobreponen en algunas localidades pero que no llegan a todo el país, debe asegurarse que todos los niños tengan la alimentación, cuidado, atención de salud y educación inicial que necesitan, y que haya apoyo de emergencia a quienes están en pobreza extrema por haber sufrido un desastre natural, pérdida de empleo o enfermedad o pérdida de quienes sostienen la familia.

Finalmente, los programas sociales deben tener una estrategia nacional y un fuerte presupuesto, pero deben ser descentralizados hacia los municipios y gobiernos regionales y ser dirigidos y gestionados con una amplia participación ciudadana.

Los retos son grandes. La fusión y reorganización de programas sociales debe ser una oportunidad para enfrentar estos retos, y no concentrarse en reducir el número de empleados que trabajan en ellos.

Política Económica y Política Social: Ambos necesarios

Si tuviéramos que hacer una gran simplificación, realmente abusiva, de las propuestas económico-sociales de Lourdes Flores y Ollanta Humala, podríamos presentarlas así: Lourdes Flores tiene planteamientos sobre como mejorar la salud y la educación, pero no quiere cambiar la economía y no dice de dónde saldrían los recursos para hacer todas las maravillas que promete (una notoria contradicción de su plan de gobierno es que al mismo tiempo indica que no se ampliará el tamaño del estado pero que otorgará 3% del PBI adicional a educación, 800 millones al seguro universal de salud y 2,000 millones de dólares a infraestructura).En síntesis, Lourdes propone política social sin cambio en la política económica y sin recursos para implementarla.

Por otro lado, Ollanta Humala ha puesto mucho más énfasis en la redistribución económica, planteando el cobro de regalías mineras sin excepciones, la revisión de contratos abusivos en la explotación de recursos naturales y un impuesto a las sobreganancias. De tal manera que plantea cambios en la política económica y fondos para financiar una política social más fuerte. Pero no le hemos oído propuestas específicas para la educación, la salud o la seguridad social. ¿Para asegurar que enseñen los mejores maestros y no los que tienen vara o pagan por el puesto, promovería que haya un examen y que entren los mejores (como hizo pioneramente Nicolás Lynch, y la alianza Ayzanoa – Meche Cabanillas – Sutep tiraron al tacho)? ¿Favorecería la participación de padres de familias, comunidades y municipios en la gestión educativa? ¿O su plan es simplemente poner más presupuesto en sistemas de salud, educación y protección social, ineficientes e inequitativos?

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Seguramente mi juicio es severo y abusivo. Posiblemente las propuestas mencionadas no tienen los grandes vacíos que yo señalo. Pero para la ciudadanía vale lo que se trasmite al público, y eso es lo que he venido oyendo. Un buen programa de gobierno debe ser coherente y ser trasmitido de esa manera, para convocar adhesiones hacia las transformaciones que prometen. En estas elecciones todavía hay un déficit que superar en ese terreno.

“Juntos” bajo el lente del “Economist”

En la misma semana que el gobierno toledista iniciaba el programa “Juntos” entregando el primer cheque, la prestigiosa revista “The Economist” sacaba un largo artículo sobre el éxito que en Latinoamérica han tenido programas de este tipo, llamados de “Subsidios condicionados en efectivo”.

La revisión de los programas exitosos de México y Brasil muestra algunas características que vale la pena tener en cuenta. En México, haber tenido una dirección técnica altamente calificada, evitado el clientelismo político del programa y destinado importantes recursos presupuestales - que permitieron llegar efectivamente a la mayor parte de familias pobres - han sido factores centrales. Haciendo el paralelo al Perú, el primer factor lo tenemos en contra: no hay un equipo técnico calificado al mando de “Juntos”. El segundo, está en cuestión: mientras hay mejoras, como un directorio plural y una supervisión independiente, el nombramiento de un director ejecutivo cuyo mérito fundamental es ser de Perú Posible y que no tiene la confianza de la sociedad civil, es muy preocupante. El tercer factor está lejos de alcanzar: un presupuesto de 300 millones de soles para el 2006, lo que alcanzaría para unas 165 mil familias, del millón y medio que hay en pobreza extrema.

En Brasil, en cambio, factores importantes de éxito han sido la reorganización de varios programas sociales - que pasaron a ser absorbidos por el “Bolsa Familia” - y la mejor selección focalizada de los beneficiarios. Ninguno de estos asuntos está resuelto en el caso peruano. “Juntos” se desarrolla en paralelo, simplemente como un programa más que se suma a las dos docenas de programas sociales actualmente existentes y que el gobierno actual sigue sin reorganizar. Por otro lado, si bien se ha iniciado el programa en zonas muy pobres y afectadas por la violencia, lo cual es un acierto, la selección de los pobres extremos en zonas urbanas o rurales más desarrolladas no está resuelta (a pesar de que técnicamente la solución está al alcance de la mano hace ya varios años).

“The Economist” también señala algunas de las debilidades de estos programas: no llegan a las comunidades rurales más aisladas que también suelen ser las más pobres, no generan oportunidades económicas y empleo, y los beneficios de educación y salud para los niños se limitan por la inexistencia o baja calidad de los servicios que brindan.

Como se ve, hay muchas cosas de qué preocuparse para asegurar que esta nueva orientación de lucha contra la pobreza no sea un nuevo fracaso. La vigilancia de la prensa y de la ciudadanía resultan por ello fundamentales, y la administración de “Juntos” debería ser muy transparente para permitirla.

El Programa “Juntos” y La Política Social

1. El Perú necesita más política social. El Perú tiene niveles de salud, educación y vulnerabilidad social muy elevados, incluso para un país de ingresos medianos-bajos, como estamos calificados internacionalmente. La pobreza sigue estando encima del 50% y prácticamente no se ha reducido en los últimos años, a pesar del crecimiento económico. Los niveles de desigualdad y exclusión social y económica son altísimos, mientras el gasto público social, alrededor del 8% del PBI, se encuentra entre los más reducidos de Latinoamérica. Una de las respuestas imprescindibles a esta situación es una acción social del estado más potente, aunque no la única (la creación de puestos de trabajo mediante un fuerte crecimiento intensivo en empleo y en sectores de autoempleo es la otra orientación fundamental).

La creación por parte del gobierno del “Programa nacional de ayuda directa a los más pobres”, que se ha hecho más conocido como “Juntos” que sería su nombre comunicacional, es un reconocimiento tardío de esta realidad. Es una lástima que el actual gobierno se haya demorado tanto en darse cuenta de esta cuestión central para el desarrollo nacional, pero a pesar de ello es un reconocimiento válido.

2. Lograr una política social con mayor efecto social demanda dos cambios principales: (i) aumentar el presupuesto y la atención de los líderes políticos y económicos, y (ii) mejorar su eficiencia y eficacia reformando su organización y funcionamiento. Requiere ambas; sólo una de las dos tendrá poco efecto real.

Respecto al presupuesto, resulta clave que ese financiamiento sea sostenible, y que alcance para toda la población que se desea cubrir.

Respecto a la atención política, la coyuntura pre-electoral asegura que los distintos líderes y partidos presten atención al tema, pero plantea el riesgo de que tal atención sea solo coyuntural y demagógica. También plantea el riesgo de que un mayor financiamiento por esta vía resulte siendo insostenible políticamente, si se aprueba sin los consensos necesarios. Debido a ello, cualquier planteamiento en relación a la política social, su necesario relanzamiento y reforma, como es el caso de “Juntos”, debe realizarse en el marco de un amplio diálogo político y social.

3. Evaluar la eficiencia y eficacia de “Juntos” debe hacerse en función a los objetivos del programa. A continuación analizaremos ello en relación a lo que parecen ser el objetivos central de “Juntos”: promover el capital humano (asistencia de los niños a educación y salud).

4. En relación al capital humano, el problema principal de la educación peruana es su baja calidad y no la asistencia al colegio, que es bastante elevada (solo un 5% de los niños peruanos de 6 a 11 años no van a la primaria, a diferencia de México donde un 15% no lo hacían por ir a trabajar). Debido a ello, lo prioritario es mejorar la calidad de la educación primaria, así como expandir la cobertura de la educación inicial y secundaria, sobretodo en zonas rurales. Además, ya hay un programa público orientado a promover económicamente a que los niños vayan al colegio, que se llama desayuno o almuerzo escolar, que llega a cerca de dos terceras partes de los niños que asisten a la primaria pública. La entrega del alimento en las escuelas ahorra el gasto que de otra manera realizan los padres en su alimentación y por lo tanto tiene un efecto similar a la entrega de dinero. Este programa sirve además para mejorar la nutrición y el aprendizaje combatiendo la anemia y el “hambre de corto plazo”, cosa que un dinero en efectivo no lograría.

Logradas mejoras en la calidad y la cobertura, es probable que un programa de subsidios condicionados logre mejorar la asistencia, en particular a la educación secundaria, donde el costo de oportunidad de los adolescentes es mayor y sobretodo muchas chicas adolescentes dejan de ir al colegio. Por esta razón, en México el subsidio es mayor en la secundaria que en la primaria, y es mayor para mujeres que para hombres.

5. En cuanto a la salud, considerando los déficits existentes, es prioritario hacer llegar los servicios a todas las comunidades, lograr que se otorgue una atención integral y establecer un serio programa de promoción de la salud que eduque a las madres en temas de alimentación, higiene y salud, cuidado y estimulación temprana, para lo cual las redes sociales del vaso de leche y los comedores populares pueden ser de gran ayuda. Cabe recordar que en la actualidad estos servicios tienen serias deficiencias; por ejemplo, un elemento básico de la atención de salud como son las vacunas no está actualmente garantizado, debido a que la cadena de frío que es indispensable para asegurar la efectividad de las vacunas no está funcionando adecuadamente.

Nuevamente, en este caso lo primero parece ser fortalecer la oferta, en particular en zonas rurales. Si bien en el Perú hay ya una amplia red de centros y puestos de salud, estos todavía no logran una cobertura universal. Adicionalmente, la calidad de los servicios es bastante pobre, en particular en lo que se refiere a la promoción de la salud.

Por otro lado, debe recordarse también que existe en el Perú un programa llamado PACFO que entrega papillas con un contenido nutricional adecuado para los niños menores de 3 años en algunas zonas rurales pobres (sin embargo, solo funciona en 8 departamentos de la sierra). La entrega de papillas, además de servir como complemento de ingresos, atiende los temas de desnutrición, ya que en el Perú un 25% de los niños menores de 5 años es desnutrido crónico y la mitad de los menores de 2 años sufre de anemia. La papilla, al ser un alimento más específicamente dirigido al niño y contener el 100% de los requerimientos de hierro, puede ser más efectivo en combatir estos problemas que la entrega de dinero, que se iría en menos proporción a los niños de esa edad y menos a los alimentos con el contenido de micronutrientes requerido.

En el caso de salud, como en el de educación, es altamente probable que un programa de subsidios condicionados en efectivo fortalezca la demanda y así incremente los controles de salud de los niños y la asistencia de las madres a charlas de capacitación. Si se desarrolla con un sistema de atención primaria de salud fortalecido, con capacidad de relacionarse con las madres para el mejor cuidado de los niños y con suplemento nutricional, puede ser efectivo en mejorar la situación de la salud de los niños.

6. Además de la eficiencia y eficacia de los programas sociales, hay que tener en cuenta que el Estado peruano requiere afirmar la democracia transformando la relación entre Estado y sociedad, para lo cual requiere transformar esta política social de un esquema clientelista a uno basado en establecer derechos para todos.

En efecto, el clientelismo, esa práctica mediante la cual se condiciona la entrega de beneficios sociales a un respaldo al partido de gobierno, tiene varias consecuencias muy negativas para el país:
(i) Socava la democracia al promover una relación vertical partidos políticos y masas y sostener la confusión entre estado y partido. Es, por ello, el camino contrario al que se necesita para construir ciudadanía, que es de los derechos que permitan a las personas relacionarse horizontalmente con el estado.
(ii) Destruye la autoestima y la confianza de los pobres, a quienes se les enseña que para mejorar sus condiciones de vida tienen que dejar de lado sus derechos políticos, en vez de poner el énfasis en que amplíen y aprovechen sus propias capacidades económicas y sociales.
(iii) Impide la eficiencia y eficacia de los programas sociales, pues hace que en los cargos de dirección se nombre a quienes profesan fidelidad partidaria y están dispuestos a ser artífices de la manipulación, en vez de colocar a quienes tienen las capacidades técnicas y gerenciales necesarias.

En una coyuntura cercana a las elecciones, el riesgo del clientelismo es obvio. Algunos mecanismos para evitarlo son aprobar estrictas normas de neutralidad política que castiguen cualquier uso partidarista de los programas, establecer una política de transparencia que permita a la ciudadanía vigilar de cerca todos los procedimientos y encargar la dirección del programa a un directorio plural e independiente que sirva como aislante frente a las presiones que los partidos de gobierno podrían ejercer. El hecho de que el Congreso haya establecido que el directorio de “Juntos” será nombrado por la Mesa de Concertación de lucha contra la Pobreza es un gran avance al respecto.

7. En síntesis, la iniciativa del gobierno de “Juntos” es un reconocimiento tardío pero válido de la gran necesidad existente en el país de tener políticas públicas orientadas a mejorar la situación de los pobres que sean mucho más fuertes y consistentes. En este marco, el objetivo de fortalecer el capital humano que tendría “Juntos” demanda un gran esfuerzo por mejorar la cobertura y calidad de los servicios de educación y salud, incluyendo la promoción de la salud. Debe considerarse además que hay otros programas públicos de alimentación que, logrando similares resultados, logran además mejoras nutricionales en los niños. En cuanto al objetivo de atender la vulnerabilidad de muchos hogares peruanos, es indispensable definir un objetivo general y ubicar “Juntos” dentro de un esfuerzo de reordenamiento y desarrollo del conjunto de programas existentes. Finamente, es necesario prestar atención a los requerimientos de desarrollo institucional que “Juntos”, representaría, y en particular al riesgo de clientelismo, para lo cual sería conveniente establecer normas de neutralidad, transparencia y la constitución de un directorio plural e independiente que lo gobierne.

“Juntos” en la mesa

El programa “Juntos”, la discutida iniciativa del gobierno pensada inicialmente para otorgar 100 soles mensuales a las familias pobres, ha recibido 120 millones de soles de presupuesto para lo que queda del año. Simultáneamente, el Congreso ha dispuesto que ”Juntos” esté a cargo de un directorio nombrado por la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza.

Esta es una buena noticia. Como en la Mesa están sentados no solamente representantes del gobierno, sino también de la sociedad civil, empresarios, ONGs y cooperación internacional, puede descartarse un uso clientelista, que era el principal riesgo de la iniciativa gubernamental.

Pero el asunto no viene fácil para el futuro directorio. Gastar 120 millones de soles en cinco meses en un programa sin diseño conocido, y que según la propuesta inicial del gobierno demanda identificar una por una a más de 100 mil familias, no es poca cosa. Todo lo contrario, a mi modesto entender es imposible hacer algo así, bien hecho, en tan corto plazo.

Pero hay alternativas. Para ello debe tenerse en mente que el objetivo del programa no es repartir dinero, es asegurar el desarrollo de capacidades de los niños extremadamente pobres que viven fundamentalmente en las comunidades de la sierra y selva rural. Recordemos que en estas localidades los colegios y los centros de salud – si es que existen - enfrentan muy serias deficiencias, que hay programas de nutrición infantil y desayunos escolares que aún no llegan a todas las comunidades pobres, que ni el registro de nacimientos y el DNI está garantizado, y que el agua potable y saneamiento también faltan. Para todas estas necesidades, hay iniciativas gubernamentales, todas ellas con escasez de fondos que les impide ampliar su accionar y llegar a todos los rincones del país. Una revisión de los programas existentes, identificando los mejores para ampliarlos de inmediato (tengo mi propia lista de preferidos) y estableciendo también las reformas que hace falta para mejorar su eficacia, permitiría rápidamente utilizar los recursos de manera eficaz. Por mi parte, me permito sugerir que den prioridad a vacunas eficaces y programas comunitarios de salud y nutrición infantil.

Al mismo tiempo, se debe iniciar un programa para que cada comunidad pueda identificar y ejecutar los proyectos que les permitan mejorar su calidad de vida y salir de la pobreza, incluyendo – si lo desean – programas para dar apoyo permanente a los más pobres de la comunidad, usualmente identificadas con las viudas, los huérfanos, los ‘huacchas’. La participación de una comunidad informada y capacitada, junto con apoyo y supervisión técnica que permita asegurar la calidad de los proyectos, son las mejores recetas para que los proyectos sean eficaces y sostenibles. En las zonas afectadas por la violencia política, que deben ser priorizadas, esto demanda por cierto un trabajo de rescatar la institucionalidad comunitaria restañando las heridas internas que el conflicto les dejó.

Alejado el fantasma del clientelismo, está el reto de actuar rápidamente y con eficacia. Es una meta posible de lograr, si en vez de inventar la pólvora se aprovecha lo existente para expandirlo y mejorarlo, se establece un buen equipo técnico y se confía en la organización que las propias comunidades han alcanzado.

Segmentación: Lo bizarro como normal

En el imaginario país de Segmentilandia, la educación pública está dividida en dos partes. Cerca de una cuarta parte de la población tiene contratos de trabajo formales, y sus hijos pueden asistir a los colegios del “Sistema de la educación asegurada - SEA” exclusivo para ellos. El resto de las familias trabaja en el campo o de manera informal, y por eso sus hijos no pueden ir a “colegios SEA”; tienen que ir a los “colegios MINEDU” sostenidos por el Ministerio de Educación. Ambos grupos contribuyen a la educación: en el primer caso mediante porcentajes del salario, en el segundo mediante el IGV sobre los productos que compran. Pero estos dos tributos se manejan de distinta manera. Mientras las contribuciones sobre el salario van a un fondo especial destinado solo para las familias de trabajadores formales, los demás impuestos van al tesoro público y de ahí al presupuesto en educación. Como los “colegios MINEDU” tienen poco presupuesto, tienen que cobrar matrícula y pensión; quienes no pueden pagar no se les permite ir al colegio.

En Segmentilandia, además, hay provincias de tamaño mediano – como Talara, digamos - en las que sólo hay Universidades del sistema SEA, a los cuales no pueden ir los jóvenes cuyos padres no tienen trabajo formal. Podría hacerse otra Universidad con cargo al presupuesto público, pero es ineficiente tener dos Universidades en Talara: necesitaría dos administraciones. Mientras tanto, si los jóvenes talareños “No SEA” quieren ir a la Universidad, tienen que irse hasta Piura.

Hay otras provincias menores y más pobres, digamos como Vilcashuamán, donde solo hay colegios MINEDU. Como hay pocos trabajadores formales, el sistema SEA no ha puesto colegios propios. En este caso, los hijos de trabajadores formales, que en otros lugares tienen “colegios SEA” gratuitos, tienen que ir a “colegios MINEDU” y pagar pensión.

A veces pasa que un padre de familia pierde su trabajo formal, y pasa a informal. En ese caso, luego de pocos meses su hijo ya no puede seguir en el “colegio SEA”; tiene que trasladarse a un “colegio MINEDU”. El padre de familia, además de perder su trabajo, ahora se ve obligado a pagar por la educación de su hijo.

Segmentilandia es, definitivamente, un país extraño. Extrañísimo. ¿A quién se le ocurriría hacer una cosa así? ¿Acaso el derecho a la educación debería depender del tipo de trabajo que tiene el padre? ¿Y si uno cambia de trabajo, debe el niño cambiar de un colegio a otro? Además unos pagan por la educación y otros no pagan. Por si eso fuera poco, en la realidad que tipo de colegio tiene una familia no sólo depende de que tipo de trabajo tiene y si contribuye o no, sino además de en qué provincia o localidad reside. Definitivamente, se trata de un sistema muy pero muy extraño, podríamos decir absurdo.

Segmentilandia en educación no existe. Pero la salud en el Perú funciona como Segmentilandia. Exactamente igual. En las líneas anteriores, cambien “Sistema SEA” por “EsSalud”, “MINEDU” por “MINSA”, “colegios” por “centros de salud” y “universidades”por “hospitales”, y verán que la salud en el Perú, en Talara y en Vilcashuamán, funciona como Segmentilandia. Si no fuera por la costumbre que tenemos de ver lo bizarro como normal, diríamos que esto es extraño, muy extraño, hasta podríamos decir absurdo.

¿Gasto Social excesivo? Ni hablar

Aunque pocos lectores puedan creerlo, hay quienes plantean que el gasto social en el Perú es excesivo. Su argumento es que como en el Perú la pobreza no ha disminuido, los niños aprenden muy poco y la salud de las personas está bastante mal, eso demuestra que el gasto social es un desperdicio y por lo tanto debe reducirse. El gasto ineficiente debe recortarse, dicen ellos.

Este razonamiento lógico puede voltearse con mucha facilidad. Porque precisamente una de las grandes razones por las que la salud y la educación están muy mal, es porque se gasta muy poco en ellas. Mi mujer repite un dicho de su madre: “lo barato cuesta caro”, y cualquiera que haya comprado un DVD bamba que le sale fallado, sabe de lo que estoy hablando. ¿No es acaso obvio que una causa importante de los problemas de los hospitales públicos es la falta de presupuesto para mantener y actualizar sus equipos, mejorar sus instalaciones y tener buen abastecimiento de insumos y medicinas?

A favor de esta interpretación, está la comparación que puede hacerse respecto de otros países vecinos. Por ejemplo, Perú gasta menos del 8 % de su PBI en gasto social; Chile gasta 16%, Costa Rica 18%, Brasil 19%., Argentina 22%. Somos uno de los países latinoamericanos cuyo gasto social, en relación a los recursos disponibles, es menor. ¿Cómo entonces podemos pensar que el gasto social es excesivo?

La verdad es, por cierto, algo más compleja que decir simplemente que en el Perú la educación y la salud están mal porque tienen poca plata. Parece también que en el área social – como en muchas otras – la eficiencia del estado peruano deja mucho que desear. Entre la corrupción, el clientelismo, la alta rotación de funcionarios y la burocracia, los recursos se van sin que se obtenga de ellos todo lo que podríamos sacar. También debería reconocerse que, con sus limitaciones, organismos como Foncodes o programas como A Trabajar han funcionado razonablemente bien. Hablando de eficiencia, pueden encontrarse programas sociales aceptables y también algunos desastrosos.

Pero mejorar la eficiencia en muchos casos demanda más recursos. ¿De qué sirve tener médicos o enfermeras si no tienen los instrumentos para atender adecuadamente a los pacientes? ¿Cuánto puede enseñar un maestro sin pizarra, sin libros, sin carpetas? La solución para hacer más eficiente la educación o la salud no es reducir los sueldos de los maestros o los médicos ni gastar menos en medicinas y textos escolares. La solución tampoco consiste, por cierto, en sólo aumentar sueldos, y mucho menos en aumentar sueldos a costa de los otros gastos que son muy necesarios. La solución pasa por mejorar la dedicación y desempeño de estos profesionales, así como asegurarse que haya medicinas, equipos y textos escolares, mejorar la infraestructura y ampliar el servicio donde no existe. Y para todo eso, hace falta más presupuesto y también mejor gestión.

La idea de que el gasto social es excesivo solo cabe en quienes creen en un estado mínimo en extremo, en un estado tan mínimo que ni siquiera otorgue salud, educación y protección social adecuada a sus habitantes. La idea de reducir el gasto social no tiene sustento lógico en el Perú, y solo puede apoyarse en una ideología ultraliberal a ultranza.

Pro-Perú: Una Evaluación Integral

1. El Perú necesita más política social. El Perú tiene niveles de salud, educación y vulnerabilidad social muy elevados, incluso para un país de ingresos medianos-bajos, como estamos calificados internacionalmente. La pobreza sigue estando encima del 50% y prácticamente no se ha reducido en los últimos años, a pesar del crecimiento económico. Los niveles de desigualdad y exclusión social y económica son altísimos, mientras el gasto socia público, alrededor del 5% del PBI, se encuentra entre los más reducidos de Latinoamérica. Una de las respuestas imprescindibles a esta situación es una acción social del estado más potente, aunque no la única (la creación de puestos de trabajo mediante un fuerte crecimiento intensivo en empleo y en sectores de autoempleo es la otra orientación fundamental).

La defensa de Pro-Perú por parte del gobierno es un reconocimiento tardío de esta realidad. Es una lástima que el actual gobierno se haya demorado tanto en darse cuenta de esta cuestión central para el desarrollo nacional, pero a pesar de ello es un reconocimiento válido.

2. Lograr una política social con mayor efecto social demanda dos cambios principales: (i) aumentar el presupuesto y la atención de los líderes políticos y económicos, y (ii) mejorar su eficiencia y eficacia reformando su organización y funcionamiento. Requiere ambas; sólo una de las dos tendrá poco efecto real.

Respecto a la atención presupuestal, hasta la fecha se desconoce el monto y fuente de financiamiento de Pro-Perú. Resulta clave, por cierto, que ese financiamiento sea sostenible, por lo que no puede ser endeudamiento, y que alcance para toda la población que se desea cubrir.

Respecto a la atención política, la coyuntura pre-electoral asegura que los distintos líderes y partidos presten atención al tema, pero plantea el riesgo de que tal atención sea solo coyuntural y demagógica. También plantea el riesgo de que un mayor financiamiento por esta vía resulte siendo insostenible políticamente, si se aprueba sin los consensos necesarios. Debido a ello, cualquier planteamiento en relación a la política social, su necesario relanzamiento y reforma, como es el caso de Pro-Perú, debe realizarse en el marco de un amplio diálogo político y social. El Acuerdo Nacional es un foro privilegiado en el que este diálogo puede resolverse.

3. Evaluar la eficiencia y eficacia de Pro-Perú debe hacerse en función a los objetivos del programa. A continuación analizaremos ello en relación a lo que parecen ser los dos objetivos centrales de Pro-Perú: (i) promover el capital humano (asistencia de los niños a educación y salud) y (ii) fortalecer la red de protección social (otorgar una ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad). También será necesario hacer una referencia a la institucionalidad pública y a las redes sociales (capital social).

Para ello, dada la falta de mayor información, consideraremos como esquema básico de Pro-Perú el de unos subsidios condicionadas en efectivo (conocidas como condicional cash transfers o CCT en la literatura en inglés), al estilo del programa Progresa / Oportunidades mexicano. Como se sabe, este programa funciona otorgando una cantidad en efectivo (se afirma serían 100 soles en el Perú) mensualmente a las madres de familias calificadas como pobres, siempre y cuando sus hijos hayan ido al colegio y a controles de salud, y las madres asistido a charlas de capacitación en nutrición y cuidado del niño. Este tipo de programas funciona promoviendo la demanda de las familias por servicios generadores de capital humano, es decir, favoreciendo que las madres y padres lleven a sus hijos a los servicios de educación y salud que provee el estado.

4. En relación al capital humano, el problema principal de la educación peruana es su baja calidad y no la asistencia al colegio, que es bastante elevada (solo un 5% de los niños peruanos de 6 a 11 años no van a la primaria, a diferencia de México donde un 15% no lo hacían por ir a trabajar). Debido a ello, lo prioritario es mejorar la calidad de la educación primaria, así como expandir la cobertura de la educación inicial y secundaria, sobretodo en zonas rurales. Además, ya hay un programa público orientado a promover económicamente a que los niños vayan al colegio, que se llama desayuno o almuerzo escolar, que llega a cerca de dos terceras partes de los niños que asisten a la primaria pública. La entrega del alimento en las escuelas ahorra el gasto que de otra manera realizan los padres en su alimentación y por lo tanto tiene un efecto similar a la entrega de dinero. Este programa sirve además para mejorar la nutrición y el aprendizaje combatiendo la anemia y el “hambre de corto plazo”, cosa que un dinero en efectivo no lograría[1].

Logradas mejoras en la calidad y la cobertura, es probable que un programa de subsidios condicionados logre mejorar la asistencia, en particular a la educación secundaria, donde el costo de oportunidad de los adolescentes es mayor y sobretodo muchas chicas adolescentes dejan de ir al colegio. Por esta razón, en México el subsidio es mayor en la secundaria que en la primaria, y es mayor para mujeres que para hombres.

5. En cuanto a la salud, considerando los déficits existentes, es prioritario hacer llegar los servicios a todas las comunidades, lograr que se otorgue una atención integral y establecer un serio programa de promoción de la salud que eduque a las madres en temas de alimentación, higiene y salud, cuidado y estimulación temprana, para lo cual las redes sociales del vaso de leche y los comedores populares pueden ser de gran ayuda. Cabe recordar que en la actualidad estos servicios tienen serias deficiencias; por ejemplo, un elemento básico de la atención de salud como son las vacunas no está actualmente garantizado, debido a que la cadena de frío que es indispensable para asegurar la efectividad de las vacunas no está funcionando adecuadamente.

Nuevamente, en este caso lo primero parece ser fortalecer la oferta, en particular en zonas rurales. Si bien en el Perú hay ya una amplia red de centros y puestos de salud, estos todavía no logran una cobertura universal. Adicionalmente, la calidad de los servicios es bastante pobre, en particular en lo que se refiere a la promoción de la salud.

Por otro lado, debe recordarse también que existe en el Perú un programa llamado PACFO que entrega papillas con un contenido nutricional adecuado para los niños menores de 3 años en algunas zonas rurales pobres (sin embargo, solo funciona en 8 departamentos de la sierra). La entrega de papillas, además de servir como complemento de ingresos, atiende los temas de desnutrición, ya que en el Perú un 25% de los niños menores de 5 años es desnutrido crónico y la mitad de los menores de 2 años sufre de anemia. La papilla, al ser un alimento más específicamente dirigido al niño y contener el 100% de los requerimientos de hierro, puede ser más efectivo en combatir estos problemas que la entrega de dinero, que se iría en menos proporción a los niños de esa edad y menos a los alimentos con el contenido de micronutrientes requerido.

En el caso de salud, como en el de educación, es altamente probable que un programa de SCE fortalezca la demanda y así incremente los controles de salud de los niños y la asistencia de las madres a charlas de capacitación. Si se desarrolla con un sistema de atención primaria de salud fortalecido, con capacidad de relacionarse con las madres para el mejor cuidado de los niños y con suplemento nutricional, puede ser efectivo en mejorar la situación de la salud de los niños.

6. Las redes de protección social, orientadas a brindar ayuda de emergencia a quienes están en una situación extrema de vulnerabilidad social y económica, son muy débiles en el Perú. La seguridad social para la jubilación y la discapacidad (SNP; AFPs) apenas protege a una cuarta parte de la población, de tal manera que 3 de 4 personas mayores de 65 años – y un 85% de los ancianos pobres – carece de cualquier ayuda económica formal para su sostenimiento. Por su parte, mecanismos como los comedores populares y el vaso de leche, formalmente dirigidos a los pobres, tienen amplia cobertura pero sobretodo el primero tiene también alta filtraciones. Además, brindan una asistencia muy reducida; por ejemplo, el vaso de leche equivale a un subsidio de menos de 3 soles mensuales por niño. Los desayunos escolares tienen objetivos básicamente vinculados al sistema educativo, y los programas nutricionales para infantes (menores de 5 años) objetivos de salud, pero vistos como subsidio, tienen esa misma característica: poco subsidio, cobertura no universal. Finalmente, existe el programa “A Trabajar” de empleo temporal, que permite a los hogares tener un ingreso (reducido) mediante el trabajo, pero su cobertura es mucho menor.

En este marco, una primera cuestión es establecer a cuáles de los siguientes grupos debe estar destinada la red de protección social en forma prioritaria: i) los pobres extremos crónicos, ii) los pobres extremos coyunturales, iii) los pobres que carecen de la capacidad de sostenerse económicamente (niños, mayores de edad y personas con discapacidad). Esta es una decisión que corresponde al ámbito político, ya que todos estos grupos deberían ser protegidos por el estado como parte del derecho a la seguridad social. Tomada esa decisión, deberá establecerse como los diversos programas existentes se reorganizan en función de las prioridades establecidas. Sin embargo, hasta la fecha tal idea global de reestructuración y desarrollo de la red de protección social ha estado ausente de los anuncios del gobierno en relación a Pro-Perú.

Hasta el momento, se ha hablado de que el subsidio de Pro-Perú sería para todos los pobres extremos, sin hacer distinción entre crónicos y coyunturales. Resaltemos en primer lugar que en el caso de los pobres coyunturales es muy difícil un sistema de identificación individual, ya que a los problemas usuales de este tipo de sistemas de focalización (ver acápite siguiente) se añade el problema de la variabilidad de su situación monetaria. Un sistema de empleo temporal, que es autofocalizado de acuerdo al salario que se paga, puede ser más efectivo para este tipo de sectores.

Por su parte, en relación a los pobres crónicos, es evidente que la entrega de subsidios no resuelve las causas profundas de la pobreza. En el Perú, la mayor parte de la pobreza extrema está localizada en las áreas rurales, donde la falta de infraestructura económica (caminos, irrigaciones), la baja productividad debido al predominio de microproductores no asociados, la falta de asistencia técnica y de crédito, y la poca conexión a los mercados, hace que los ingresos sean muy reducidos. A ello se suma falta de servicios básicos, desde educación, salud, agua y electricidad, hasta seguridad ciudadana y justicia. Estos problemas tienen que ser abordados prioritariamente, si se quiere dar soluciones sostenibles al problema de la pobreza extrema que, repetimos, es mayoritariamente rural.

7. Hasta donde sabemos, el esquema de focalización sería uno del tipo individual simplificado (conocido como proxy means test en la literatura), aunque parece ser que en las zonas rurales solo se realizaría una selección de comunidades.

Efectivamente, en las zonas rurales la pobreza es muy extendida y los lazos comunitarios son más fuertes, de tal manera que un sistema individual sería muy costoso, lograría pocos ahorros al fisco y además debilitaría las comunidades. Por ello, aplicar un sistema de selección individual no parece razonable y lo mejor es atender en forma universal dentro de estas áreas. Sin embargo, en las zonas rurales habría simultáneamente que resolver el problema de 800 mil a un millón de peruanos sin DNI, que no lo tienen porque viven en zonas alejadas y la Reniec cobra 22 soles por cada uno. El programa podría servir para ello, para lo que debería estar enlazado con la Reniec y resolver el problema del cobro por DNI (no tendría sentido cobrarle a las familias para luego darles un subsidio).

En las zonas urbanas, hay que considerar que la selección individual demanda un aparato administrativo que tiene un costo. Recoger la información necesaria para separar, en cada barrio y cada manzana, quien es pobre, demanda en primer lugar hacer un censo detallado. Además, todos los días hay parejas que se separan, padres que fallecen y gente que pierde su trabajo o su cosecha, empobreciéndose. También hay familias que salen de la pobreza. Por ello, además del censo, hay que tener un sistema que esté todo el tiempo revisando y certificando la información.

Un riesgo de este esquema es el riesgo de corrupción. Si algún funcionario gubernamental decide quien recibe la ayuda y quien no, esa persona decide por 6 mil soles (100 soles x 12 meses x 5 años) en cada caso. Si atiende mil casos, decide por 6 millones de soles. La tentación es grande. Otro riesgo es el debilitamiento de los lazos sociales. Una comunidad o barrio en el que se están ayudando unos a otros, se debilita cuando se establecen beneficios diferenciados a su interior, creciendo envidias y malentendimientos. Sobretodo cuando la diferencia entre alguien clasificado como “pobre” y otra “no pobre” no es tan grande; en realidad puede ser muy similares, porque sabemos que todo el tiempo las familias están cambiando su situación un poco: se ganan o pierden empleos o mini-negocios, nacen niños o se van jóvenes, etc. Por estas razones, hay que insistir en promover los lazos sociales; involucrando a las organizaciones comunitarias en la decisión de la selección de familias beneficiarias.

Lo más difícil, sin embargo, es construir la institucionalidad que asegure que no haya corrupción, la gestión sea técnica y transparente, y los costos administrativos no sean excesivos. Eso solo puede hacerse poco a poco, y no para 120 mil familias en pocos meses como, según algunas versiones[2], pretende el gobierno.

8. Además de la eficiencia y eficacia de los programas sociales, hay que tener en cuenta que el Estado peruano requiere afirmar la democracia transformando la relación entre Estado y sociedad, para lo cual requiere transformar esta política social de un esquema clientelista a uno basado en establecer derechos para todos.

En efecto, el clientelismo, esa práctica mediante la cual se condiciona la entrega de beneficios sociales a un respaldo al partido de gobierno, tiene varias consecuencias muy negativas para el país:

(i) Socava la democracia al promover una relación vertical partidos políticos y masas y sostener la confusión entre estado y partido. Es, por ello, el camino contrario al que se necesita para construir ciudadanía, que es de los derechos que permitan a las personas relacionarse horizontalmente con el estado.
(ii) Destruye la autoestima y la confianza de los pobres, a quienes se les enseña que para mejorar sus condiciones de vida tienen que dejar de lado sus derechos políticos, en vez de poner el énfasis en que amplíen y aprovechen sus propias capacidades económicas y sociales.
(iii) Impide la eficiencia y eficacia de los programas sociales, pues hace que en los cargos de dirección se nombre a quienes profesan fidelidad partidaria y están dispuestos a ser artífices de la manipulación, en vez de colocar a quienes tienen las capacidades técnicas y gerenciales necesarias.

En una coyuntura cercana a las elecciones, el riesgo del clientelismo es obvio. Algunos mecanismos para evitarlo son aprobar estrictas normas de neutralidad política que castiguen cualquier uso partidarista de los programas, establecer una política de transparencia que permita a la ciudadanía vigilar de cerca todos los procedimientos y encargar la dirección del programa a un directorio plural e independiente que sirva como aislante frente a las presiones que los partidos de gobierno podrían ejercer.

9. En síntesis, la iniciativa del gobierno de Pro-Perú es un reconocimiento tardío pero válido de la gran necesidad existente en el país de tener políticas públicas orientadas a mejorar la situación de los pobres que sean mucho más fuertes y consistentes. En este marco, el objetivo de fortalecer el capital humano que tendría Pro-Perú demanda previamente un gran esfuerzo por mejorar la cobertura y calidad de los servicios de educación y salud, incluyendo la promoción de la salud. Debe considerarse además que hay otros programas públicos de alimentación que, logrando similares resultados, logran además mejoras nutricionales en los niños. En cuanto al objetivo de atender la vulnerabilidad de muchos hogares peruanos, es indispensable primero definir un objetivo general y ubicar Pro-Perú dentro de un esfuerzo de reordenamiento y desarrollo del conjunto de programas existentes. Finamente, es necesario prestar atención a los requerimientos de desarrollo institucional que Pro-Perú, representaría, y en particular al riesgo de clientelismo, para lo cual sería conveniente establecer normas de neutralidad, transparencia y la constitución de un directorio plural e independiente que lo gobierne.

[1] Al respecto Ravina y Paulini (...) demuestran que el programa de desayunos escolares aumenta la asistencia hasta en un ..%, y Cueto et al (...) demuestran que reduce la anemia en un ...%
[2] Lamento que el artículo deba hacer referencia a “versiones” en vez de a hechos comprobados. Sin embargo, como no hay un documento oficial del programa pro-Perú y ha habido declaraciones diversas y a veces contradictorias sobre el mismo por parte del presidente, ministros y funcionarios, parece o haber otra opción.

Pro-Perú: ¿Cómo evitar el Clientelismo?

Uno de los mayores desafíos nacionales es superar el clientelismo en los programas sociales. El clientelismo, esa práctica mediante la cual se condiciona la entrega de beneficios sociales a un respaldo al partido de gobierno, tiene varias consecuencias muy negativas para el país:
Socava la democracia al promover una relación vertical partidos políticos y masas y sostener la confusión entre estado y partido. Es, por ello, el camino contrario al que se necesita para construir ciudadanía, que es de los derechos que permitan a las personas relacionarse horizontalmente con el estado.

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Destruye la autoestima y la confianza de los pobres, a quienes se les enseña que para mejorar sus condiciones de vida tienen que dejar de lado sus derechos políticos, en vez de poner el énfasis en que amplíen y aprovechen sus propias capacidades económicas y sociales.
Impide la eficiencia y eficacia de los programas sociales, pues hace que en los cargos de dirección se nombre a quienes profesan fidelidad partidaria y están dispuestos a ser artífices de la manipulación, en vez de colocar a quienes tienen las capacidades técnicas y gerenciales necesarias.

Pero ahora el tema ha regresado al debate público con el programa Pro-Perú, que aunque el gobierno lo niegue, muchos pensamos tiene intenciones clientelistas.¿Cómo podría el gobierno despejar nuestras dudas? Mucho ayudaría que se aprueben estrictas normas de neutralidad política que castiguen cualquier uso partidarista de los programas, se establezca una política de transparencia que permita a la ciudadanía vigilar de cerca todos los procedimientos y se encargue la dirección del programa a un directorio plural e independiente que sirva como aislante frente a las presiones que los partidos de gobierno podrían ejercer para reeditar un esquema clientelista.

El gobierno ha propuesto una comisión de transparencia en el manejo de Pro-Perú. Me parece claramente insuficiente. Por un lado, porque la transparencia debe ser hacia toda la ciudadanía. Por otro lado, porque comisiones como ésta tienen serias dificultades en garantizar que no haya corrupción o clientelismo cuando la alta dirección de la institución está comprometida en tales actividades. Esto se ha visto, por ejemplo, en el caso de Foncodes en el 2003, que tenía una comisión de transparencia a pesar de lo cual han salido pruebas recientes (filmadas) del reparto de cargos a peruposiblistas en Abancay. Si Perú Posible nombra a uno de sus partidarios encargado de Pro-Perú y dirigiendo todo su aparato administrativo, va a ser muy difícil que una comisión de transparencia evite el clientelismo. En todo caso, si el gobierno quiere manejar este programa seriamente, ¿cuál es el problema en nombrar un directorio de 5 o 7 personas, de diversas preferencias políticas y orígenes sociales y gremiales, a que lo dirija, seleccionando a un gerente que asegure la calidad de la gestión?

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Estas alternativas, por cierto, deberían ser aplicadas a todos los programas sociales, donde el riesgo de manipulación política aumenta a medida que se acercan las elecciones y sobretodo con el nombramiento de ministros de Perú Posible, como Juan Sheput de quien hoy dependen los 150 millones de soles de presupuesto de “ A Trabajar Urbano”.

Pro-Peru: Hay mejores alternativas

¿Es Pro-Perú una buena alternativa para el país? El primer elemento de evaluación es que constituye una ayuda para los pobres, con lo que no podemos sino estar de acuerdo, considerando la elevada pobreza y el escaso gasto social en nuestro país. Pero, suponiendo que efectivamente tenemos los 100 o mejor 300 millones de dólares para mejorar el gasto social y ayudar a reducir la pobreza, ¿es ésta la mejor manera de gastarlos?

Desde el lado de los subsidios, entregar dinero en efectivo puede ser mejor que entregar alimentos, opción que enfrenta problemas provenientes de tener que comprarlos, almacenarlos, enfrentar las presiones de productores e industriales interesados, etc. Pero la siguiente pregunta es como y a quién entregar el subsidio.

Si queremos mejorar la salud y educación de nuestros niños, la idea de entregar dinero a condición de que los niños vayan al colegio y a los centros de salud no es la mejor forma de hacerlo. Ya hay una atracción para que los niños vayan al colegio, que se llama desayuno escolar. Este programa sirve además para mejorar la nutrición y el aprendizaje combatiendo la anemia, cosa que un dinero en efectivo no lograría. Además, solo un 5% de los niños peruanos no van al colegio, a diferencia de México donde un 15% no lo hacían por trabajar. El problema principal de la educación peruana es su baja calidad y la desnutrición infantil, y no la asistencia. En cuanto a la salud, también es mejor la entrega de papillas, que atiende los temas de desnutrición. Al mismo tiempo, hay que hacer llegar los servicios a todas las comunidades y establecer un serio esfuerzo de promoción de la salud, educando a las madres en temas de alimentación, higiene y salud, cuidado y estimulación temprana, para lo cual las redes sociales del vaso de leche y los comedores populares pueden ser de gran ayuda. En otras palabras, si el objetivo son los niños, mejor resultado obtendremos de otras maneras.

Respecto a quienes serían los beneficiarios, Pro-Perú identificaría una por una a las familias pobres para darles el subsidio. Efectivamente, los escasos recursos del estado deben estar dirigidos prioritariamente a quienes más lo necesitan. Pero el asunto de identificar una por una a las familias pobres, tiene más de una complicación:

1. Falta de DNI: Hay de 800 mil a un millón de peruanos sin DNI, que no lo tienen porque viven en zonas alejadas y la Reniec cobra 22 soles por cada uno. Primero hay que darles identificación ciudadana antes de clasificarlos como pobres.
2. El costo administrativo. Recoger la información necesaria para separar, en cada barrio y cada manzana, quien es pobre, demanda en primer lugar hacer un censo detallado. Además, todos los días hay parejas que se separan, padres que fallecen y gente que pierde su trabajo o su cosecha, empobreciéndose. También hay familias que salen de la pobreza. Por ello, además del censo, hay que tener un sistema que esté todo el tiempo revisando y certificando la información.
3. El riesgo de corrupción. El hecho de que un funcionario público decida quien recibe y quien no abre grandes posibilidades a corrupción económica y al intercambio de favores políticos (clientelismo). Lo más difícil, sin embargo, es construir la institucionalidad que asegure que no haya corrupción, la gestión sea técnica y transparente, y los costos administrativos no sean excesivos. Eso solo puede hacerse paulatinamente, y no para 120 mil familias en 3 meses como pretende el gobierno.
4. El debilitamiento de los lazos sociales. Una comunidad o barrio en el que se están ayudando unos a otros, se debilita cuando se establecen beneficios diferenciados a su interior, creciendo envidias y malentendimientos. Sobretodo cuando la diferencia entre alguien clasificado como “pobre” y otra “no pobre” no es tan grande; en realidad puede ser muy similares, porque todo el tiempo las familias están cambiando su situación un poco: se ganan o pierden empleos o mini-negocios, nacen niños o se van jóvenes, etc.

No hay ningún sistema de focalización perfecto, y el sistema de identificación individual tampoco lo es. Hay otros mecanismos de focalización que pueden y deben usarse, como los mapas de pobreza y la autoselección. Como en las zonas rurales la pobreza es muy extendida y los lazos comunitarios son fuertes, una focalización individual sería muy costoso, lograría pocos ahorros al fisco y además debilitaría las comunidades. En las ciudades la identificación de familias pobres tiene más sentido, pero debe hacerse involucrando a las organizaciones comunitarias en la decisión. En ese sentido, un sistema de focalización individual puede ayudar, si se hace bien y con cuidado. No es el rey Midas, que convierte en oro todo programa social que toca. Es más bien una fórmula que debe usarse con cuidado, en las ocasiones adecuadas y combinado con otros mecanismos para lograr los resultados deseados.

Finalmente, la cuestión más polémica acerca de Pro-Perú es el probable uso clientelístico que le podría dar el gobierno. Este es sin duda un problema importante, porque debilita la democracia, afecta la eficiencia y golpea la autoestima y la confianza de los pobres en superar su situación. Siendo un año pre-electoral, las dudas al respecto se acrecientan. Despejar estas dudas, sin embargo, no es difícil: bastaría con que se aprueben estrictas normas de neutralidad política, se establezca una política de transparencia que permita la vigilancia ciudadana y se encargue la dirección del programa a un directorio plural e independiente, de tal manera que sirva como aislante frente a las presiones que los partidos de gobierno podrían ejercer para reeditar un esquema cleintelista.

En síntesis, dar más ayuda a los pobres es una necesidad urgente. Un esquema de subsidios condicionados a familias identificadas individualmente tiene algunos problemas, siendo necesario dar prioridad a mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de educación y salud, y si se entregan subsidios hay que ser cuidadoso con los mecanismos de focalización. Lo más importante, sin embargo, es evitar el clientelismo, y encargar el programa a un organismo independiente podría resolver este problema y orientar el programa en forma eficiente.