Revisar el Sistema de AFPs

Los afiliados a las AFPs en los últimos doce meses hemos perdido hasta 43% de nuestro fondo. Este es el caso de quienes estamos en el Fondo 3, según los datos oficiales. Quien había llegado a juntar 100 mil soles para su vejez, perdió 43 mil soles. Es el momento de revisar el sistema de pensiones.

El haber jugado las pensiones a una ruleta financiera altamente riesgosa no es el único problema causado por la privatización del sistema de pensiones. Hay otros problemas igual de serios. El màs importante: 85% de los trabajadores peruanos no contribuye a un sistema de pensiones, con lo que no tendrá una pensión. Es decir, apenas uno de cada 6 trabajadores tiene su jubilación protegida económicamente.

COBERTURA DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LA VEJEZ (Ver recuadro)
(trabajadores cotizantes como porcentaje del total de trabajadores activos en latinoamerica)

Varios países de Latinoamérica, incluso con sistemas de pensiones privados, han establecido mejores sistemas y reformas importantes. En Uruguay, se mantiene un sistema público obligatorio, las AFPs solo son complementarias, y hay una AFP estatal que regula en el mercado las comisiones, registrando la mitad de los afiliados. En Chile, una reciente reforma ha reforzado sustancialmente las pensiones públicas, asegurando una pensión mínima a todos los chilenos y aumentando – con aporte del Tesoro – las pensiones a los sectores de bajos ingresos. Otros países, como Argentina, han optado por una solución radical: desaparecer el sistema privado de pensiones y regresar a un sistema público.

En el Perú, un cambio es necesario. Los cambios básicos implican establecer una pensión mínima universal, reducir los riesgos de los afiliados estableciendo mayores garantías sobre sus fondos y las pensiones, y otorgar un mayor rol del Estado en resguardo de los intereses de los trabajadores en un sistema solidario. La regulación pública debe ser reforzada, pero también debe hacerse más transparente y participativa: la información actualmente brindada por la Superintendencia es altamente insuficiente, y se necesita que haya un ente de gobierno del sistema de pensiones dirigido por un Directorio plural con participación de los afiliados.

Revisar el sistema de AFPs

Los afiliados a las AFPs en los últimos doce meses hemos perdido 43% de nuestro fondo. Este es el caso de quienes estamos en el Fondo 3, según los datos oficiales. Lo que hace un año valía 100, hoy apenas vale 57. Quien había llegado a juntar 100 mil soles para su vejez, perdió 43 mil soles. Es el momento de revisar el sistema de pensiones.

El haber jugado las pensiones a una ruleta financiera altamente riesgosa, no es el único problema causado por la privatización del sistema de pensiones. Hay otros problemas igual de serios. El primero: 85% de los trabajadores peruanos no contribuye a un sistema de pensiones, con lo que no tendrá una pensión. Es decir, apenas uno de cada 6 trabajadores tiene su jubilación protegida económicamente. El segundo: establecer las AFPs ha causado que el fisco tenga que destinar 3 mil millones de soles anuales a sustentar las pensiones de los actuales jubilados, que de otra manera serían sustentados por los trabajadores activos, quienes podrían obtener pensiones 30% superiores a las que tienen ahora.

Varios países de Latinoamérica, incluso con sistemas de pensiones privados, han establecido mejores sistemas y reformas importantes. En Uruguay, se mantiene un sistema público obligatorio y las AFPs solo son complementarias, y hay una AFP estatal que regula en el mercado las comisiones, registrando la mitad de los afiliados. En Chile, una reciente reforma ha reforzado sustancialmente las pensiones públicas, asegurando una pensión mínima a todos los chilenos y aumentando – con parte del Tesoro – las pensiones a los sectores de bajos ingresos. Otros países, como Argentina, han optado por una solución radical: desaparecer el sistema privado de pensiones y regresar a un sistema público.

En el Perú, un cambio es necesario. Este cambio debe estar orientado a hacer realidad el derecho universal a la seguridad social, a reestablecer la solidaridad en el sistema de pensiones y a instalar un equilibrio adecuado entre lo público y lo privado, entre el Estado y el mercado, en esta área.

Los cambios básicos implican establecer una pensión mínima universal, reducir los riesgos de los afiliados al sistema privado estableciendo mayores garantías sobre sus fondos y las pensiones, y otorgar un mayor rol del Estado en resguardo de los intereses de los trabajadores. La regulación pública debe ser reforzada, pero también debe hacerse más transparente y participativa: la información actualmente brindada por la Superintendencia es altamente insuficiente, y se necesita que haya un ente de gobierno del sistema de pensiones dirigido por un Directorio plural con participación de los afiliados.

Pensiones: ¿Libre Desafiliación o Reforma Integral del Sistema?

El Congreso debate acerca de si la desafiliación de las AFPs debe ser libre o no. En esta discusión, ha estado ausente un aspecto crucial: quién paga los costos de la desafiliación. Según los proyectos de ley que circulan hasta el momento, estos costos – que superan los mil millones de dólares - estarían siendo asumidos por el fisco, es decir, por todos los peruanos, y no por los responsables del problema. Pero otro tema es aún más importante: ¿enfrenta esta ley los problemas de fondo del sistema de pensiones peruano?

Ventajas y desventajas del sistema de AFPs

El sistema de pensiones de las AFPs ha dinamizado el mercado de capitales y facilitado así la inversión privada. Pero este sistema de las AFPs tiene problemas muy serios. El principal de ellos es que no logró incluir a los independientes e informales, dejando sin pensiones a la mayoría de la población. Además, este sistema carece de solidaridad: cada trabajador baila con su propio pañuelo, de tal manera que quienes han tenido más suerte en la vida no apoyan a quienes se han visto desfavorecidos. Finalmente, este sistema tiene costos muy elevados para los afiliados, con comisiones altas que, como se vio unos meses atrás con la entrada de una nueva AFP, pueden ser reducidas y sólo se sostienen por la falta de competencia real.

Problemas adicionales trae el funcionamiento paralelo del sistema de AFPs con el sistema público de pensiones creado por la Ley 19990 y administrado por la ONP. Son dos sistemas paralelos y alternativos: se está en uno o en otro. El principal problema que esto trae es que, a consecuencia de la introducción del sistema de AFPs, el sistema público de la ONP tiene un déficit financiero estructural. El sistema público fue creado como un sistema de “reparto”, en el que las contribuciones de los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados. En este tipo de sistemas ¨de reparto¨ la generación trabajadora sostiene, a través de sus aportes, a la generación que ya está jubilada. Pero cuando se introducen las AFPs como un sistema alternativo, quienes se afilian a las AFPs dejan de aportar al sostenimiento de los jubilados. Al quitársele al sistema público de pensiones una parte sustancial de ingresos, el desequilibrio es inevitable. Desde la introducción de las AFPs con el fujimorismo, el estado peruano ha resuelto este déficit manteniendo bajas las pensiones – el tope máximo es de apenas 800 soles - y en otra parte con aportes del presupuesto público de unos 2 mil millones de soles anuales.

Millones de peruanos sin ninguna pensión

Cualquier discusión sobre los sistemas de pensiones en el Perú debe tener este tema como central: los millones de peruanos que NO tienen ningún respaldo en su vejez. En efecto, la cobertura de los sistemas de pensiones diminuyó con las políticas neoliberales de los años 90. El porcentaje de afiliados al sistema de pensiones se ha reducido de un 40% de la PEA en 1991 a menos de 20% de aportantes en la actualidad. Cuando se introdujeron las AFPs, se dijo que los trabajadores iban a estar deseosos de afiliarse y aportar más. Ello no ha sido así. Las razones para ello parecen ser la imposibilidad de utilizar estos ahorros ante emergencias y la desconfianza en el sistema, desconfianza agravada por el hecho de que los trabajadores no tenemos ninguna ingerencia, ni siquiera información adecuada, sobre las inversiones que se hacen con nuestro dinero. La mejor prueba de que el sistema no ha logrado la preferencia de los peruanos es que casi no hay informales ni independientes que coticen a una AFP. Los que pueden no aportar a un sistema de pensiones, no lo hacen. A lo que se suma, desde luego, el hecho de que hay más de 50% de pobres que apenas pueden llenar la olla todos los días, cuyos esfuerzos de progreso se orientan a educar a sus hijos y construirse una vivienda y que, lógicamente, les resulta muy difícil ahorrar para su jubilación.

El hecho de que hay millones de peruanos de edad avanzada sin ninguna pensión, que son principalmente los campesinos y los más pobres, es la principal deficiencia del sistema peruano. Es, además, una situación que a menudo se pasa por alto, ya que el fisco peruano subsidia, de los impuestos que pagamos todos incluyendo los pobres, el enorme costo que ha significado establecer el sistema de AFPs por el desfinanciamiento que ha provocado sobre el sistema público de pensiones y por los subsidios que recibe directamente para financiar la pensión mínima. ¿Cómo puede justificarse que, en materia de pensiones, todos los peruanos pero en especial los más pobres, estemos pagando miles de millones de soles anuales debido a la introducción de las AFPs, mientras esos mismos trabajadores pobres no reciben ningún apoyo del estado al momento de su jubilación?

Alternativas y la reforma chilena

La alternativa que diversos países vienen aplicando en relación a esta problemática es lo que se ha llamado un sistema de pilares, donde el sistema público de pensiones y el sistema de AFPs no sean alternativos sino complementarios, y donde los subsidios fiscales estén orientados a una pensión mínima para los ancianos pobres.

Tal vez el elemento más importante de este planteamiento, que es también el eje de la reforma que está haciendo el gobierno de Michelle Bachelet en Chile, es el de establecer una pensión mínima financiada por el fisco, sin el requisito de una cotización de varios años por el ciudadano. En Latinoamérica, Costa Rica, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y ahora Chile tienen un sistema en este sentido, y las evaluaciones realizadas por organismos internacionales muestran que han sido muy importantes en reducir la pobreza en la tercera edad. En el Perú, una pensión de 200 soles mensuales para todos los pobres costaría 120 millones de soles mensuales, menos que el crédito suplementario que el gobierno se prepara a aprobar y apenas 0,5% del PBI.

Junto con ello, un sistema complementario de pensiones implicaría que todos los trabajadores cotizarían una parte al sistema público, garantizando con eso una pensión básica en un sistema solidario, y el resto a una AFP. Este sistema tendría un solo ente recaudador, supervisor y normativo.

Los problemas del sistema de pensiones peruano no se resolverán con una libre desafiliación que, aunque orientada a corregir viejas injusticias, no resuelve la mayor de todas: el abandono del estado peruano en relación a los ancianos pobres. Es necesaria una reforma integral del sistema de pensiones, orientada a atender la pobreza, mejorar la eficiencia y promover la justicia, tal como lo están haciendo actualmente en Chile.

Pensiones: Buscando Justicia

La aprobación de la libre desafiliación de las AFPs por el Congreso responde a un problema real: la existencia de varias decenas de miles de afiliados a las AFPs que reciben o están por recibir una pensión de jubilación ínfima. La propuesta de permitir que estas personas se trasladen al Sistema Nacional de Pensiones, significa que el Estado debe asumir el costo de otorgar a esas personas, a quienes las AFPs afiliaron con engaños y promesas incumplidas, una pensión algo mejor.

La justicia en las pensiones es un elemento fundamental de cualquier propuesta de política social y de cualquier estrategia de desarrollo. Las personas de edad avanzada no pueden ser libradas a su suerte por un ordenamiento social que “se olvida” de ellas con mucha facilidad. El desarrollo sólo tiene sentido si genera bienestar, y en una democracia no debemos olvidarnos de este segmento importante de la población, considerando además que todos aspiramos a ser ancianos algún día. El estado tiene un rol fundamental que cumplir al respecto.

En este sentido, el principal problema son ese 77% de personas mayores de 65 años que no tiene ninguna pensión, ni chiquita ni grande, ni justa ni injusta. Ninguna. Más de un millón de personas mayores de 65 años reciben cero de pensión. Son sobretodo los más pobres, los campesinos, los ambulantes, los cargadores del mercado, las amas de casa, es decir, gente que en general no sólo no tiene pensión, tampoco tiene activos con los cuales mantenerse – una casa que alquilar, unos ahorros que le den intereses -. Dependen así de sus familiares, usualmente pobres, sin autonomía y llegando a veces a ser considerados “una carga”.

¿Es imposible tener un sistema de pensiones asistenciales para este sector? Entre nuestros vecinos, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay otorgan pensiones mínimas de jubilación financiadas por el tesoro público a quienes no tienen otro sustento en la vejez. En Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada estableció un sistema de este tipo. El sistema brasileño ha sido muy exitoso en reducir la pobreza entre las familias rurales; un sistema como éste que otorgue una pensión mínima de 200 soles mensuales costaría en el Perú 70 millones de soles mensuales. Esto equivale a 0,3% del PBI, cantidad perfectamente financiable si se recuerda que el Acuerdo Nacional estableció como meta elevar la recaudación tributaria en 5% del PBI. Las viudas de víctimas de la violencia podrían estar entre los primeros candidatos a entrar a un esquema de este tipo, que es muy similar a lo contenido en el Plan de Reparaciones propuesto por la Comisión de la Verdad.
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La reciente campaña presidencial chilena tuvo este tema como uno de los más importantes, y todos los candidatos, incluyendo las dos versiones de la derecha, plantearon la necesidad de mejorar y ampliar su sistema de pensiones asistenciales, llegando incluso a proponer pensiones para todas las amas de casa. Ojalá que esa preocupación se traslade al Perú, y que veamos a los candidatos y organizaciones políticas presentando propuestas de cómo tener un sistema de pensiones más justo, para los actuales afiliados a las AFPs y al Sistema Nacional de Pensiones, y sobre todo para quienes viven en pobreza a los 65, 70 u 80 años sin ningún apoyo económico.

Dólar sube, ¿Quién detiene a las AFP´s?

Noticia de los últimos días: la subida del dólar. Sus consecuencias: miles de peruanos que han obtenido créditos hipotecarios o de consumo en dólares van a tener que pagar mensualidades más altas. También habrá más ganancias para los grandes exportadores y productos más caros para las mayorías.

No es tampoco que el alza del dólar sea tan dramática ya que el dólar sigue costando menos que lo que valía entre 1999 y junio del 2004. Pero sin duda lo abrupto del alza ha causado preocupación.

El alza del dólar se ha detenido y la mayoría de analistas coinciden en que se podría revertir en los próximos días gracias a la intervención del Banco Central de Reserva. Pero, ¿a qué se debe este aumento del dólar? ¿Cuáles son sus consecuencias sobre la política económica?

La razón del aumento es que las AFPs han comprado una importante cantidad de dólares. El vicepresidente del Citibank dijo hace unas semanas que el alza se debía a “una inversión de algunas AFPs por US$ 250 millones en bonos estructurados, operación que finalmente derivó en una salida de dólares fuera del país”. A esto siguieron reacciones de los bancos e inversionistas extranjeros, situación que generó “nerviosismo y movimientos especulativos en el mercado cambiario”.

¿Que son esos “bonos estructurados”? Son simplemente un invento mediante el cual las AFPs evaden el límite de 10,5% que tienen para invertir nuestros fondos en el exterior. Como ese límite se ha mantenido a pesar de las presiones de las AFPs, ahora han inventado estos “bonos estructurados” que consisten en juntar otros dos tipos de bonos o acciones: nacionales y extranjeros. En esos “bonos estructurados” han metido 51% de bonos nacionales y 49% de extranjeros, tomando eso como pretexto para que la Superintendencia de Banca los clasifique como instrumentos nacionales y no los considere en el cálculo del tope de 10,5% vigente por ley. Un cálculo correcto diría que hoy las AFPs tienen como 13% de nuestros fondos invertidos en el exterior.

Los defensores de las AFPs dicen que el dólar sube porque las tasas de interés ahora son más altas en dólares que en soles. Pero lo que no dicen es que eso solo sucede para tasas de cortísimo plazo que realizan sólo los bancos (llamadas “overnight”). En todas las demás tasas de interés por depósitos a plazo, se paga más en soles que en dólares. Y esas son las tasas que le interesan a la gente de a pie como Usted o como yo. De tal manera que no es ni el público ni nadie actuando en el interés del público quien ha causado este aumento del dólar; es la especulación de las AFPs sacándole la vuelta a la ley, por cierto, con la complicidad de la Superintendencia de Banca.

Esta onda especulativa sobre el dólar ha sido detenida por el Banco Central. Pero el problema es que mientras más capacidad de especulación tengan las AFPs, más nos veremos más enfrentados a este dilema: o permitimos que esa especulación afecte nuestra estabilidad macroeconómica, o nos vemos obligados a acumular cada vez más reservas internacionales, con el costo que significa para un país pobre y descapitalizado tener miles de millones de dólares inmovilizados. Por eso, con toda razón, el BCR se resiste a que las AFPs puedan ampliar su capacidad de especular afectando la economía nacional. El Congreso y la Superintendencia deberían ayudar en esa tarea en vez de obstaculizarla.

SOAT: Aseguradoras inútiles

Durante las últimas semanas, se han desatado crecientes protestas contra el SOAT, el Seguro obligatorio de Accidentes de Tránsito. Las primas que deben pagarse a las aseguradoras privadas por el SOAT ha subido espectacularmente y mucha gente siente que se trata de un alza injusta que solo favorece a las dos empresas que dominan el 65% del mercado. El hecho de que más de un tercio de lo que pagamos no se destine a resarcir daños y cubrir gastos de salud sino a los costos y utilidades de las aseguradoras, tampoco ayuda.

Pero cabe una pregunta mayor: ¿las empresas privadas de seguros están cumpliendo su función? Partamos de reconocer que existe un problema que debe ser enfrentado, y es el riesgo que los accidente de tránsito representan para las personas. Frente a esta situación, las empresas aseguradoras deberían tener un rol fundamental: diferenciar los riesgos y cobrar menos a quienes tenemos menos accidentes, y cobrar más a quienes chocan o atropellan más. Esto premiaría a quienes manejamos con cuidado y permitiría que aquellos choferes imprudentes no sigan impunes y sepan que, si arriesgan la vida de sus pasajeros y del público en general, lo van a pagar. Y decimos pagar en un sentido no figurado sino estricto: que les cueste de su bolsillo.

Tal política de las empresas aseguradoras tendría también lógica para ellas mismas. Cobrar más a los más riesgosos contribuye a mantener el seguro en equilibrio financiero y permite reducir las primas a los que manejamos con cuidado, y que les convenimos como clientes porque les generamos menos costos.

Pero resulta que las empresas aseguradora no han hecho su trabajo. En mi caso, no he usado el SOAT mas que para mostrárselo a la policía que hace controles de vez en cuando. Pero no me bajan la prima ni un centavo. A lo más, quieren diferenciar primar por grandes bloques de usuarios, castigando a los microbuseros que manejan bien porque hay otros que manean mal. Además, quieren cargarle la factura a los hospitales públicos, que ya les cobran en muchos casos tarifas subsidiadas y cuyo presupuesto es totalmente insuficiente.

¿Es un sistema privado el mejor sistema? Si las empresas privadas no incentivan el buen comportamiento de los choferes, no. Si se trata solamente de asegurar la atención de emergencia, que es efectivamente un objetivo fundamental, mejor que parte del Impuesto Selectivo a los Combustibles se dirija exclusivamente a financiar la atención de emergencia en los hospitales públicos, y mantengamos gratuita esa atención. Un simple intermediario que cobra 30% por pasar plata de un lado a otro, como es el sistema actual, no es eficiente.

Finalmente, ¿dónde está la acción firme del estado para mejorar el tránsito y prevenir accidentes?

Inconsecuencia

Los economistas neoliberales basan su pensamiento en dos premisas. La primera: todo el mundo actúa exclusivamente pensando en su propio interés. La segunda: el mejor régimen social es aquél en el que se permite que cada persona pueda comprar, vender y contratar con otros sin intervención pública. La conexión entre ambas es la conocida y malentendida frase de Adam Smith respecto de los efectos beneficiosos de la “mano invisible” del mercado, que sería el instrumento mediante el cual, buscando cada uno su propio beneficio, salimos todos beneficiados.

Pero resulta que en el Perú la mayoría de economistas de esta tendencia aplican la doctrina discrecionalmente. Es decir, a veces se basan en ella y a veces la guardan bien escondida bajo la alfombra.

Su postura frente a las AFPs es uno de los casos en el que esconden su ideología bajo la alfombra. Aún cuando ellos plantean que el estado debe dejar que los consumidores escojan los productos que más les gustan y el mercado funcione libremente, en el caso de las AFPs a ninguno de ellos les hace cosquillas que el estado nos obligue a los trabajadores formales a un descuento del 11% de nuestro salario para este sistema, ni que las empresas tengan que hacer aporte alguno. El intervencionismo estatal en este caso es flagrante. ¿Por qué para ellos la intervención del estado en la economía debe ser criticada, la desregulación promovida y la libre voluntad de los consumidores ensalzada en todos los demás casos excepto en este? ¿Por qué desde su punto de vista el estado debe flexibilizar el mercado laboral, pero mantener rígidamente esta obligación sobre los trabajadores?

Me pareció que esa actitud de actuar en contra de su propia ideología era un poco extraña. Hasta que recordé la primera regla de su ideología: cada quien actúa pensando exclusivamente en su propio interés. Saqué la cuenta entonces que, si ellos creen que todo el mundo actúa pensando en su propio interés, consecuentemente en este caso ellos deben estar actuando pensando en su interés individual. Es lo lógico, pero ¿será verdad? No siempre las buenas historias son verdaderas, a veces la realidad nos sorprende. Me percaté entonces que su instituto favorito - el IPE - tiene contratos con una AFP, que hay un libro publicado sobre las AFPs financiado por ellas mismas y que Procapitales – otra institución cuyo director defiende ardorosamente todo lo que las AFPs dicen - es en parte propiedad de la Asociación de AFPs. Con esos datos diera la impresión que, efectivamente, la teoría neoliberal describe correctamente el comportamiento de mucha gente; por lo menos de quienes creen en ella.

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Como yo no actúo así, sé que también hay otras motivaciones tras la conducta humana. Tal vez haya quienes defienden las AFPs por buena voluntad. Por eso, se me ocurrió pedir que, cuando estos amigos escribieran, dijeran si han recibido o reciben, directa o indirectamente, dinero de una AFP. Así, los lectores podrán conocer su interés e incluir ese factor en su consideración de los argumentos. No he sido escuchado. Quien sabe, tal vez sea porque están siguiendo el comportamiento egoísta en el que se basa su teoría y está en su propio interés no revelar esos financiamientos.

Consecuencia

Los economistas neoliberales basan su pensamiento en dos premisas. La primera: todo el mundo actúa exclusivamente pensando en su propio interés. La segunda: el mejor régimen social es aquél en el que se permite que cada persona pueda comprar, vender y contratar con otros sin intervención pública. Pero resulta que en el Perú la mayoría de economistas de esta tendencia aplican la doctrina discrecionalmente. Es decir, a veces se basan en ella y a veces la guardan bien escondida bajo la alfombra.

Su postura frente a las AFPs es uno de los casos en el que esconden su ideología bajo la alfombra. Aún cuando ellos plantean que el estado debe dejar que los consumidores escojan los productos que más les gustan y el mercado funcione libremente, en el caso de las AFPs a ninguno de ellos les hace cosquillas que el estado nos obligue a los trabajadores formales a un descuento del 11% de nuestro salario para este sistema, ni que las empresas tengan que hacer aporte alguno. El intervencionismo estatal en este caso es flagrante. ¿Por qué para ellos la intervención del estado en la economía debe ser criticada, la desregulación promovida y la libre voluntad de los consumidores ensalzada en todos los demás casos excepto en este? ¿Por qué desde su punto de vista el estado debe flexibilizar el mercado laboral, pero mantener rígidamente esta obligación sobre los trabajadores?

Me pareció que esa actitud de actuar en contra de su propia ideología era un poco extraña. Hasta que recordé la primera regla de su ideología: cada quien actúa pensando exclusivamente en su propio interés. Saqué la cuenta entonces que, si ellos creen que todo el mundo actúa pensando en su propio interés, consecuentemente en este caso ellos también deben estar actuando pensando en su interés individual. Es lo lógico, pero ¿será verdad? No siempre las buenas historias son verdaderas. Muchas veces la realidad nos sorprende. Me percaté entonces que su instituto favorito - el IPE - tiene contratos con una AFP, que hay un libro publicado sobre las AFPs financiado por ellas mismas y que Procapitales – otra institución cuyo director defiende ardorosamente todo lo que las AFPs dicen - es en parte propiedad de la Asociación de AFPs. Con esos datos diera la impresión que, efectivamente, la teoría neoliberal describe correctamente el comportamiento de mucha gente; por lo menos de quienes creen en ella.

Como yo no actúo así, sé que también hay otras motivaciones tras la conducta humana. Tal vez es pura coincidencia el que algunos defiendan las ideas que más convienen a sus bolsillos. Por eso, se me ocurrió pedir que, cuando estos amigos escribieran, dijeran si han recibido o reciben, directa o indirectamente, dinero de una AFP. Así, los lectores podrán conocer su interés e incluir ese factor en su consideración de los argumentos. No he sido escuchado. Quien sabe, tal vez sea porque están siguiendo el comportamiento egoísta en el que se basa su teoría y está en su propio interés no revelar esos financiamientos.

Pensiones perdiendo valor: El colofón de la reforma de la 20530

La semana pasada, el ministerio de economía y finanzas aprobó el reajuste de las pensiones de la 20530 correspondiente a este año. Anteriormente, el reajuste era automático: cada vez que subían los sueldos públicos, las pensiones los seguían. De acuerdo a la ley de reforma de la 20530 recientemente aprobada, ahora ya no hay esta igualación automática entre sueldos y pensiones, y es el gobierno el que decide cuánto reajustar las pensiones. El reajuste para este año oscila entre 0 (cero) y 1,5%, bastante menos que la inflación que fue en el 2004 de 3,5%, y se aplica para los pensionistas que reciben entre 800 y 6,600 que son la mayoría. Se trata principalmente de ex-empleados públicos que no reciben más que una pensión decente.

Aumentar las pensiones por debajo de la inflación es una manera efectiva de irlas reduciendo poco a poco, ya que el valor real de las pensiones, es decir lo que efectivamente pueden comprar esas pensiones, va disminuyendo paulatinamente en el tiempo. Con un reajuste 2% debajo de la inflación como el de este año, en 20 años el MEF lograría recortarle a los pensionistas un tercio de su pensión. Así, un pensionista llegaría a los 80 u 85 años de edad con una pensión disminuida, cuando precisamente es a esa edad avanzada cuando las necesidades aumentan, porque la discapacidad se multiplica, es más difícil usar transporte público, se necesita el cuidado de otras personas y los gastos en salud aumentan.

De esta manera, el MEF empieza a incumplir la propaganda según la cual la reforma de la 20530 solo iba a afectar a unos cuantos privilegiados. En realidad, esto estaba pensado desde un comienzo, razón por la cual en la ley que propusieron y que el bloque Perú Posible – Apra - Unidad Nacional aprobó, se establecía que el reajuste de las pensiones debía hacerse “en función de la inflación y de la disponibilidad de la caja fiscal”, siendo este último argumento – la caja fiscal - la fórmula para poder reajustar las pensiones en la proporción que les viniera en gana. Había que ser muy tonto para no darse cuenta de la intención de ese articulado.

El país demandaba una reforma del sistema de la 20530, por el cual un grupo de personas recibía pensiones francamente abusivas, sin relación con sus verdaderos aportes. La reforma ha puesto – correctamente- un límite a las pensiones más altas, que deben irse reduciendo gradualmente. La reforma de la 20530 incluyó también el desvincular las pensiones pagadas de los sueldos de los trabajadores activos, de tal manera que los necesarios cambios remunerativos para tener un sistema de carrera público justo y eficiente pudiera hacerse realidad.

Pero ello no debía significar el regreso al reino de la arbitrariedad, como cuando en el gobierno aprista las pensiones se “licuaron” reduciéndose a la quinta parte o menos de su valor real. Por el contrario, debía establecerse una fórmula de reajuste automático que no fuera inferior a la inflación, como existe en casi la totalidad de sistemas pensionarios del mundo. Porque si los ciudadanos no tenemos una mínima seguridad de las pensiones que nos pagarán, ¿cómo esperan que contribuyamos al sistema?

No quiero que las AFP´s se lleven mi plata

Las AFPs están en campaña por llevarse más fondos de los afiliados al exterior. Yo estoy afiliado a una AFP y no quiero que hagan eso con MI plata. Yo prefiero que el dinero que me descuentan obligatoriamente todos los meses de mi sobre de pago, sea invertido en el Perú. En parte es porque soy nacionalista. Pero también es porque pienso seguir viviendo en este país durante las próximas décadas, y pienso que si hay más desarrollo económico, más empleo y menos pobreza, viviré mejor. Es obvio que a la economía nacional le irá mejor si hay más fondos para invertir en el Perú. Ya que me descuentan de mi sobre, prefiero que ese dinero desarrolle el país y no se invierta en otro lado.

Tal vez mis razones no sean buenas. Tal vez a otros no les importe mucho que haya más desarrollo y más empleo. Tal vez otros le tienen miedo a lo que pueda pasar en el Perú. Lo lamento y quisiera que cambiaran de opinión, pero finalmente es su opinión. Tratándose de plata ganada honestamente, pueden llevársela afuera. Allá ellos. Lo que no entiendo es porque las AFPs quieren llevarse MI plata. No la suya, la mía.

En realidad, estoy equivocado. La AFP a la que estoy afiliado YA invirtió en el exterior un 9% de MI fondo. Lo peor es que no puedo hacer nada al respecto. Si me cambio a otra AFP; es lo mismo. No me dejan ahorrar por mi cuenta, no me dejan pasarme al sistema público, no puedo darle instrucciones a la AFP para que invierta solo en el Perú como a mi me gustaría. Ahora, quieren llevarse una mayor parte de MI plata al exterior, aumentando el tope de inversiones que pueden realizar en el exterior.

No es que las empresas extranjeras que administran las AFPs no obtengan ganancias. Todo lo contrario. Todos los meses, por cada 100 soles que entra a mi fondo de jubilación, ellos me cobran 28 soles por administrarme el dinero, lo inviertan en el Perú o en el exterior. Otra vez, no tengo opción. Si no estuviera obligado, ni loco pondría mi dinero en un fondo que me cobra esa comisión.

Las empresas AFPs son de lejos los más rentables del país; a marzo de este año su rentabilidad anual era de ¡87%¡. Es decir, recuperan su capital completo cada 14 meses. El segundo sector más rentable, la minería, apenas supera el 15%. Los propios fondos que las AFPs nos administran, solo tiene una rentabilidad de 8% anual. A pesar de esa tremenda rentabilidad propia, encima de esas ganancias quieren poder llevarse mi dinero a sus bancos y casas de inversión. No quiero.

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Si dicen que aumentar el tope de inversiones en el exterior es en beneficio de los afiliados, la cuestión es muy fácil: déjennos escoger. Permítannos decidir si preferimos en el Perú o en el exterior, en un banco o en una AFP, en bonos o acciones (ultraliberales ¿dónde están? Guibellini, Salazar, quiero oír su voz). Para quienes pensamos que el sistema de pensiones es una política pública en beneficio de la ciudadanía, es obvio que llevarse la plata de los trabajadores al exterior no beneficia a los peruanos, sino sólo a los dueños extranjeros de las AFPs.

Justicia en las pensiones

Está en plena discusión la reforma de la 20530, debate en el cual el tema del equilibrio fiscal debe ir aparejado de una consideración sobre sus efectos sobre la pobreza y la justicia social.

Sobre este tema, hay dos criterios de justicia social contrapuestos necesarios de dilucidar. Por un lado, está el criterio de que la pensión debe ser igual al aporte realizado. Este es un criterio de justicia estrictamente contractual, que podemos asociar a la concepción ultraliberal de Nozick: cualquier situación social es justa si proviene de arreglos contractuales realizados por individuos libres[1]. Solo si cada uno tiene aquello por lo que pagó, un sistema es justo. Este es sin duda el criterio que se utiliza en un sistema como el de las AFPs. Es también el criterio utilizado cuando se presentan datos que resaltan la diferencia entre el aporte y las pensiones recibidas, mostrando de esa manera la injusticia de mantener pensiones altas en la 20530.

Pero, ¿es ese el único criterio de justicia social a tener en cuenta en un sistema de pensiones? ¿es siquiera el principal? ¿estamos de acuerdo que quien vivió en la pobreza extrema toda su vida y no logró ahorrar para su vejez, se muera de hambre o de enfermedades curables, porque no tiene el dinero necesario para subsistir?

Frente al enfoque ultraliberal, otra concepción de justicia social pone énfasis en los derechos. El derecho a la seguridad social está inscrito dentro de los principios establecidos en la Convención Universal de los Derechos Humanos. Tras esta convención se encuentra la idea de que todos los seres humanos debemos tener las condiciones básicas para poder vivir y desarrollar nuestra vida con dignidad, lo que se asocia al objetivo de los sistemas de pensiones de evitar la pobreza entre las personas de edad avanzada.

Es claro que bajo ninguno de estos dos criterios de justicia social, es sostenible la existencia de pensiones excesivamente altas dentro del régimen de la 20530, que como se sabe es mayoritariamente subsidiado por el fisco. Ello debe dar lugar a la imposición de topes razonables sobre las pensiones y la revisión de los casos irregulares.

Pero hay otros dos elementos adicionales en la reforma pensionaria propuesta que es fundamental discutir. El primero es la eliminación del llamado “efecto espejo” o “cédula viva”. Esto es razonable, sin embargo, la propuesta del MEF es francamente abusiva contra los pensionistas: establece que los reajustes dependerán de “la disponibilidad de la caja fiscal”. Sin embargo, a la hora del presupuesto, siempre resulta que dinero para fragatas Lupo y pagar la deuda externa, mientras que se reajusta poco las pensiones (caso de la 19990). Lo mínimo aceptable es que las pensiones se reajusten con la inflación medida por el índice de precios al consumidor: los jubilados tienen derecho a una seguridad básica respecto del valor real de su pensión.

La otra discusión que debe plantearse es respecto de qué se debe hacer con el dinero que se ahorre de recortar las pensiones excesivas. Una propuesta surgida del Congreso es darle una parte – no todo - a los pensionistas de la 20530 que reciben las pensiones más bajas. Se pierde de vista que las pensiones más bajas son las que valen cero. Tres de cada cuatro personas mayores de 65 años carecen de pensión alguna que les ayude en su vejez. Si el estado tiene recursos, ¿por qué debería aumentar el subsidio una “huérfana” de 40 años, mientras hay ancianos extremadamente pobres a los que el estado no les da ningún apoyo? ¿acaso esos ancianos pobres no han pagado a lo largo de su vida impuestos a través del IGV, ISC, aranceles y demás tributos indirectos? Ya es tiempo que el estado peruano empiece a dar algún apoyo a los ancianos pobres, como se hace en Brasil, Bolivia o Argentina, donde han tenido un tremendo efecto en reducir la pobreza.

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La reforma de la 20530 es necesaria pero debe hacerse sobre la base de la justicia. Junto al recorte de pensiones excesivas, otorgar seguridad del valor real de la pensión y atender a los más necesitados es la base para ello.

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[1] Incluso en este caso, Nozick criticaría que se obligue a las personas a ahorrar para la vejez, y no dejarlos tomar sus propias decisiones.

Sistemas de Pensiones: Una Reforma Integral es Necesaria

El Perú no tiene un sistema de pensiones, sino tres: la vilipendiada 20530, el sistema privado de las AFPs y el Sistema Nacional de Pensiones regido por la ley 19990 y hoy administrado por la ONP. Tres sistemas para que apenas una cuarta parte de la población tenga sustento económico seguro durante su vejez, mientras tres cuartas partes de los trabajadores no están cubiertos por ninguno de estos sistemas. Debido a ello, 300 mil ancianos de más de 70 años trabajan en el Perú porque no tienen otra forma de sobrevivir.

Esta problemática debe abordarse de una manera integral. Por un lado, porque cambios en una parte del sistema afectarán al resto; cambios en el sistema de AFPs, por ejemplo, pueden hacer que menos gente tenga seguro de vejez, o que mas gente se pase a la 19990, o que más gente presione por ingresar a la 20530.

El neoliberalismo de Carlos Boloña, Camet y Cía propugnaba que las AFPs eran la gran reforma, el sistema que debía absorber al resto y convertirse en el sistema único existente. La reforma que creó las AFPs dijo que este nuevo sistema iba a aumentar la cobertura y otorgar pensiones a más peruanos. Sin embargo, el nuevo sistema resultó tan poco atractivo que nadie realiza aportes voluntarios, que son poquísimos los independientes que se afilian al mismo y que las AFPs tienen que resistir con uñas y dientes un proyecto de ley que lo único que quiere es devolverles a los afiliados la posibilidad de escoger algo diferente. La gente no es tonta: resulta que las AFPs cobran el 30% de lo que aportamos por administrar nuestros fondos, lo que resulta ser el servicio más caro de toda la región, y sin darnos mejores servicios sus propietarios obtienen las ganancias más altas del continente (ver artículo de Humberto Campodónico en esta misma edición).

En función a ello, sectores de trabajadores han presionado y logrado que el Congreso apruebe una ley que permita el traslado de las AFPs al Sistema Nacional de Pensiones de la 19990. Gracias a la presión de las AFPs y del MEF, la ley aprobada establece que estos traslados deberán ser previamente aprobados por una “Comisión”. Los congresistas que defienden esta comisión afirman que ella servirá para asegurar que el traslado le conviene a los trabajadores, como si fuéramos tan idiotas que no pudiésemos pensar por nosotros mismos. En realidad, buscan encubrir el verdadero objetivo de la comisión: frenar y poner trabas al traslado de los trabajadores de las AFPs al Sistema Nacional de Pensiones, para así mantener el negocio de las AFPs.

En ese contexto, el poder ejecutivo ha planteado una reforma constitucional para que la 20530, la famosa “cédula viva”, tenga topes y sus pensiones ya no se igualen a los salarios de los activos sino que pueda tener sus pensiones fijadas por decreto. La desconfianza cunde, sin embargo, porque junto al recorte de las excesivas, injustificadas e inmorales pensiones de 20 000 soles, esta reforma también permitirá que sean recortadas, o simplemente no ajustadas en el futuro, las pensiones de 500 soles de las enfermeras jubiladas y otros sectores de bajos ingresos. Y aunque se promete lo contrario, la historia del estado peruano en cuanto a respeto por quienes han trabajado toda una vida deja mucho que desear, y por tanto, muchas razones para desconfiar.

Debido a ello, la reforma de la 20530 debe incluir, para quienes reciben pensiones reducidas, garantías de que sus pensiones no serán recortadas ni congeladas sino que serán reajustadas con criterio de justicia. Al mismo tiempo, esta reforma debe aprobarse como parte de un cambio general de los sistemas de pensiones que asegure dos cosas fundamentales.

Por un lado, establecer una pensión mínima para todos los ancianos pobres del Perú. Hay en el Perú 360 mil personas mayores de 70 años que carecen de una pensión y se encuentran sumidas en la pobreza. Una pensión de 200 soles mensuales, que los sacaría de la pobreza y le cambiaría la vida a muchísima gente, costaría al año cerca de 250 millones de dólares, suma cercana a lo que se podría ahorrar con la reforma de la 20530. La reducción de los costos que afronta hoy el Estado por pensiones bastantes elevadas, así como el controlar los costos que podría tener el Estado por “rescatar” a quienes se trasladaron a las AFPs y no han logrado acumular fondos que les permitan una pensión decente.

A ello debe sumársele una reforma que permita que los bancos entren a competir con las AFPs y una acción decidida de Indecopi frente al oligopolio actualmente existente. Las AFPs podrían reducir sus comisiones a la mitad y todavía tendrían utilidades. Con comisiones menores el sistema privado sería más atractivo y podría empezar a constituirse en una verdadera alternativa para que los peruanos ahorremos para nuestra vejez.