Punta y Base

No hay problema más importante para el desarrollo económico nacional que la difícil combinación entre los sectores de punta de la economía nacional, y la enorme base de peruanos empobrecidos que se refugia obligadamente en su pequeña chacra o negocio ambulante.

Hasta el momento, el crecimiento económico no ha logrado incorporar a la mayoría de peruanos a un empleo digno y una vida decente. Todavía tres cuartas partes de los peruanos se gana la vida en condiciones inadecuadas, sin seguridad social. La pobreza no se ha reducido en la última década. Un reciente trabajo del gobierno, el Mapa de Pobreza, ha ratificado que la pobreza sigue estando concentrada en al sierra y la selva, y sobretodo en las zonas rurales de esas regiones. La enorme desigualdad, con una minoría privilegiada y un estado que no tiene recursos para cumplir su función, no puede mantenerse.

Una propuesta de desarrollo que incluya a las mayorías tiene que otorgar un lugar central a los mecanismos para que este desarrollo tenga una ancha base. El objetivo no es que “chorree más”, es decir, que el crecimiento económico siga concentrado en pocos mientras la mayoría espera que le caigan algunas gotas de mejora social. Lo que debe buscarse es que el desarrollo sea de todos, también y sobretodo de los campesinos pobres, los pequeños y microempresarios de la ciudad y del campo, y de los trabajadores industriales, del comercio y los servicios. Todos los peruanos debemos ser actores y beneficiarios de ese desarrollo.

Una propuesta de desarrollo alternativo no puede ignorar, sin duda, la necesidad de que también se incrementen las inversiones de gran volumen. Aunque sea poco, generan empleo, aportan al fisco, traen divisas y promueven la modernización. Pero hay que considerar que lo que queremos como sociedad no es maximizar inversiones sino maximizar bienestar. Considerar también que las mayorías también tienen potencial económico y pueden producir más y mejorar sus negocios e ingresos.

.
En este esquema, atraer grandes capitales al país es importante, siempre que aporten al desarrollo nacional: que no sean corruptos, que paguen impuestos, que generen empleo, que transfieran tecnología. Para ello, hacer que estos sectores no se encapsulen sino que se alíen y trabajen con los pequeños productores, es fundamental. Una estrategia de desarrollo inclusiva, pro-pobre pasa por reforzar las conexiones entre los sectores y empresas de mayor productividad, muchos de ellos vinculados a la explotación de recursos naturales, y las microempresas del campo y la ciudad. Vínculos que pasan por la elevar en forma progresiva la recaudación tributaria para dedicarla a educación y salud, y por promover la inversión de esas familias ampliando el mercado interno y facilitándoles el crédito.

Salud al garete: Sin prioridad ni plan de gobierno

A los 100 días de iniciado el nuevo gobierno, si bien ha habido algunas iniciativas positivas en salud, la política de salud se caracteriza por su escasa prioridad presupuestal y política, la carencia de un plan de gobierno y deficiencias técnicas en la conducción sectorial.

El nuevo gobierno ha tomado algunas medidas positivas en el terreno de la salud, como la ampliación de horarios de atención, la compra de equipos y la campaña de vacunación contra la rubéola. Son positivas asimismo las iniciativas de “Agua para todos” y el anuncio – aún con poca concreción – de priorizar la lucha contra la desnutrición infantil. Siendo importantes estas iniciativas, consideramos que resultan muy insuficientes para afrontar la dramática crisis que afronta la salud pública en nuestro país.

Al mismo tiempo, la norma técnica de ambulancias ha sido modificada en contra de las necesidades de salud pública, en una decisión que todo indica ha sido tomada para favorecer a una determinada empresa automotriz. En la salud sexual y reproductiva, son de lamentar las recientes declaraciones de la ministra de la mujer pretendiendo recortar el uso de la “píldora del día siguiente” solamente a víctimas de violaciones, yendo en contra de recomendaciones internacionales y del derecho a la salud. Otras acciones en salud, como la ampliación de horarios o la propia campaña de vacunación contra la rubéola se han realizado sin las orientaciones técnicas adecuadas.

Pero lo más grave es la poca prioridad para la salud y falta de rumbo estratégico de la actual gestión. El presupuesto para la salud del 2007 es apenas 0,01% del PBI más que este año, prácticamente nada y muy lejos de lo que los partidos políticos, incluyendo al aprista, suscribieron en el acuerdo de partidos políticos en salud. El propio Ministro Vallejos ha reconocido ante el Congreso que con este presupuesto, sólo se podría comprar una tercera parte de los insumos de planificación familiar, un tercio de medicinas para malaria y apenas 10% de las medicinas necesarias para las personas con VIH/SIDA y tuberculosis multiresistente. Con este presupuesto, la mitad de las brigadas itinerantes para atender a los poblados rurales que carecen de posta de salud, no podría ser contratada.

La ausencia de un Plan de Gobierno en Salud es notoria. No hay visión estratégica ni planes de reforma para avanzar hacia el aseguramiento universal, que considere a los adultos, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Tampoco hay una propuesta para impulsar de una manera efectiva la promoción de la salud, y ante problemas centrales como la contaminación en La Oroya y en el río Corrientes o los accidentes por transporte interprovincial, la acción del gobierno ha sido tardía e insuficiente. Asimismo, los temas de interculturalidad, equidad de género y derechos brillan por su ausencia.

En el terreno de la descentralización, ha habido anuncios de la municipalización de los centros y puestos de salud, los que no fueron explicitados durante la campaña electoral y que además carecen de las formulaciones y sustentaciones técnicas necesarias, así como de un plan de aplicación, demostrando improvisación y falta de claridad al respecto.

Por otro lado, el nuevo gobierno no ha tenido una política de promover la participación ciudadana en salud, la que es un gran ausente en las propuestas del gobierno. Este importante componente de las políticas públicas en salud no fue ni siquiera mencionado en la presentación que hiciera el ministro de salud junto al presidente García. Las instancias de concertación vigentes, como el Consejo Nacional de Salud, han recibido muy poca atención, y el gobierno tiene el desparpajo de anunciar un “Plan Nacional Concertado en Salud” sin siquiera haber reunido a esta instancia de concertación..

Insistimos: a los cien días de iniciado el nuevo gobierno, en salud ha habido iniciativas aisladas dentro de un marco de poco presupuesto, inexistencia de un plan de gobierno y deficiencias en la conducción sectorial. Para que se haga realidad el derecho a la salud de todos los peruanos, esto debe cambiar. De lo contrario, se corre el riesgo, que hoy es muy grave, de que pasemos otro quinquenio sin avances sustanciales en salud pública debido a la dejadez e incapacidad del gobierno, lo que tendría un costo de muerte y enfermedad muy elevado.

Si quisiera rectificarse, el gobierno debería otorgar la prioridad presupuestal y política necesaria a la salud pública, implementar las medidas de emergencia que aprobara la III Conferencia Nacional de Salud y realizar una convocatoria amplia para la discusión y aprobación, de manera participativa y concertada, de un Plan Nacional para hacer realidad el Derecho a la Salud. Dado el claro sesgo a la derecha del segundo alanismo, eso parece, lamentablemente, poco probable.