Medicinas: Batallando por menores precios

El Ministro de Salud ha anunciado estos días una iniciativa para reducir el precio de las medicinas. Lo cierto es que en 3 años y medios de gestión, es poco lo que ha hecho el gobierno al respecto. Tiene razón el Ministro al identificar este tema como prioritario, ya que diversos estudios muestran que las medicinas en el Perú son bastante más caras que en otros países de la región, lo que afecta seriamente el derecho a la salud de muchos peruanos.

Una anécdota personal permite ilustrar esto. El año pasado, afectado por una severa infección a la garganta, pedí por teléfono a una cadena de farmacias 3 pastillas de azimotricina. Conocedor del tema, pedí genéricos. Me costaron 5 soles. Pero la infección fue grave, y tuve que comprar otras 3 pastillas. Llegué a otra cadena de farmacias, donde 3 pastillas del mismo principio activo – azitromicina – me lo ofrecieron como medicina de marca a 55 soles. Me rehusé, y me dirigí a la misma cadena en la que había comprado inicialmente, ¡Cuál sería mi sorpresa cuando habiendo pedido explícitamente un genérico, la señorita que atendía me dijo que costaba 45 soles¡. “Oiga”, le dije, “yo he comprado en esta cadena hace 3 días ese mismo producto a 5 soles!”. La señorita buscó mejor, y efectivamente me vendió mis 3 pastillas a 5 soles, el mismo principio activo fabricado por otro laboratorio nacional.

¡Cuánta gente no pagará 55 o 45 soles, por la misma medicina, pudiendo pagar 5 soles, sólo porque no sabe que puede haber otras opciones¡ Por cierto, los estudios científicos a nivel internacional han demostrado que los genéricos tienen el mismo poder curativo que las medicinas de marca.

Como verán, las diferencias de precios en las medicinas pueden ser enormes, razón por la cual tiene razón el Ministro de Salud cuando insiste en que los genéricos estén al alcance de la población, para lo cual el gobierno debe mejorar la información al público, asegurar la calidad de las medicinas y mantener una amplia cadena de boticas que comercialice genéricos.

Pero eso no siempre es posible, porque cuando las medicinas tienen patentes, se impide legalmente la venta de genéricos, estableciéndose monopolios. En ese caso, la situación de los precios se pone mucho más fea. Veamos un ejemplo: el paquete de antirretrovirales para el tratamiento básico para el VIH / SIDA costaba encima de 10 mil dólares anuales cuando estaban protegidos por patentes, pero el mismo producto cuesta entre 300 y 500 dólares como genérico producido en competencia.

Es por ello que debemos preocuparnos cuando los TLC con Estados Unidos o la Unión Europea buscan reforzar la protección de las patentes, prolongar el monopolio y de esa manera encarecer las medicinas. Es por ello también que es tan importante la medida recientemente adoptada por el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, de “levantar” las patentes para más de 300 productos, haciendo uso de facultades expresamente permitidas por la llamada Declaración de Doha de la OMC – Organización Mundial del Comercio. Lula en brasil ha hecho lo mismo para algunos medicamentos para el VIH/SIDA.

Pero a diferencia de estos gobiernos progresistas, el gobierno aprista no quiere enfrentarse a las trasnacionales farmacéuticas. Prefiere estar bien con ellas a defender el derecho a la salud de los peruanos. A falta de medidas como éstas que pueden gran impacto, ojalá que las medidas del Ministerio de Salud para promover el consumo de genéricos tengan éxito en hacer llegar medicinas más baratas para todos los peruanos.

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Pacientes con derechos: Triunfo de la sociedad civil

Acaba de promulgarse la ley de derechos de los pacientes. Han pasado 5 años desde que Forosalud, Aprodeh y otras organizaciones de la sociedad civil iniciamos una campaña recolectando firmas a favor de un proyecto de ley. Un quinquenio después, es ley. Falta sacar el reglamento y hacer que se cumpla.

Esta ley, más formalmente llamada “de derechos de los usuarios de los servicios de salud”, aborda diversos problemas que sufrimos los peruanos cuando vamos a algún hospital, clínica o centro de salud. La mayor notoriedad la han tenido los casos de pacientes, incluso niños, que entran al hospital por un problema menor y salen con VIH/SIDA, o fallecen debido a problemas en la atención. Sobre este tema, que dio lugar al debate del llamado “SOAT médico”, Forosalud y la sociedad civil insistimos en que el problema no es principalmente de los médicos; el mayor problema está en la falta de medicinas, en los equipos obsoletos y mal mantenidos, en la mala gestión, en las infecciones intrahospitalarias no controladas. A veces los médicos fallan, pero muchas veces se enfrentan a situaciones de alto riesgo por la falta de presupuesto y la mala gestión. La nueva ley, recogiendo las propuestas de Forsalud, reconoce la responsabilidad institucional en estos casos, y establece un sistema para reparar rápidamente los daños cometidos.

Pero no es el único derecho que contiene la ley. La ley reafirma, por ejemplo, que tenemos derecho a ser bien informados antes de que se nos haga un tratamiento, derecho que fue violado ferozmente cuando Fujimori ordenò la esterilización de miles de mujeres. Y que tenemos derecho a la privacidad de nuestros datos clìnicos, asì como a tener nuestra historia clínica si queremos consultar en otro lado.

El camino para lograr esta ley no ha sido fácil. Recuerdo con gratitud haber estado algunas mañanas en la plaza San Martín, en el 2004, recolectando firmas a favor de nuestro proyecto de ley junto con varios compañeros de Forosalud y un grupo que hacía teatro de calle sobre el tema. Luego de juntar 100 mil firmas, las presentamos al Congreso..!hace más de 4 años! En el intermedio, el Congreso se durmió, desde Forosalud insitimos, el Congreso avanzó a paso de tortuga y se volvió a dormir, a Alan García se le ocurrió rescatar la mala idea del SOAT médico, desde Forosalud criticamos y se desechó esa propuesta, volvimos a insistir, y se aprobó la ley, Alan la observó y finalmente la ley ha logrado salir adelante. Los pacientes, hoy, tenemos una ley que respalda nuestros derechos. Un gran paso adelante, por el que debemos felicitarnos.

A pesar de mi alegría, no puede dejar de notar un problema. Un derecho, a mi juicio importante, ha sido retirado de esta ley por obra de Alan García: el derecho a morir con dignidad. Así estaba escrito en la ley originalmente aprobada por el Congreso, el derecho a morir con dignidad, y eso observó Alan García, seguramente asesorado por el conservador Cipriani. Desde hace muchos años, desde la muerte de mi abuela y màs recientemente de mi madre, llevo ese reclamo ciudadano en mi corazón: el derecho a morir con dignidad. Estoy seguro que los peruanos lograremos tener ese derecho antes de que me llegue el momento.

Audio:

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En salud, despistadazo

Las referencias del Presidente García en relación a la salud en su mensaje presidencial fueron tan certeras como aquél anuncio de que ya se estaba construyendo en la selva un penal del que ni siquiera el ministro de Justicia tenía idea que se estuviera planeando.

Las referencias no fueron muchas, por cierto, lo que ya es revelador de la importancia que le asigna Alan García al tema. Pero además, exhibieron un triunfalismo tan alejado de la realidad, que asusta.

El discurso tuvo tres elementos de referencia a la salud pública. En primer lugar, se refirió a la gripe AH1N1, y justo cuando se dio el primer fallecimiento en Puno donde este virus puede causar estragos ya que, incluso sin él, hay cerca de 50 fallecidos por el friaje. Para el presidente, nuestra respuesta a la gripe llamada “porcina” ha sido muy buena…pero el virus se expande sin control, los muertos se acumulan, los pobres del Perú no han recibido información de cómo cuidarse, a la mayoría de los afectados no se les hacen las pruebas de laboratorio porque no hay capacidad para hacerlas y el Tamiflu se expende sin control arriesgando un mal uso. La gripe AH1N1 agarra a la salud pública en una situación de crisis, con hospitales y redes de atención primaria sin los recursos humanos y logísticos necesarios. ¿Si este sistema de salud no pudo evitar decenas de muertes por friaje que son causadas por los virus de la gripe común, como puede esperarse que respondan adecuadamente ante un virus más agresivo y frente al que las población tiene menos defensas autoinmunes?

La segunda referencia del mensaje fue al aseguramiento universal. Al respecto, las cifras que dio sobre el pasado y el futuro no reflejan la realidad. Habló de 11 millones de asegurados por el Seguro Integral de Salud, cuando las encuestas del INEI arrojan 3 millones que eso, pero además, cuando la atención real del SIS está en crisis porque el gobierno central adeuda a hospitales y redes de salud más de 100 millones de soles de atenciones ya realizadas que no han sido reembolsadas. Habló de inicio del aseguramiento universal en 3 departamentos, pero el presupuesto para eso no se ha aprobado sino en una tercera parte y con mucha tardanza. Finalmente, habló que el aseguramiento universal significa una integración entre EsSalud y el MINSA gracias a la ley aprobada por el Congreso, cuando precisamente la ley aprobada a instancias del Poder Ejecutivo NO incluye esa integración.

La tercera referencia en el mensaje fue al alto precio de las medicinas, haciendo un llamado a concertación con los laboratorios. Pero olvida el presidente que precisamente el TLC con Estados Unidos otorga a las trasnacionales farmacéuticas mayor poder monopólico e impide o posterga la competencia que podrían hacer las industrias nacionales, promoviendo de esa manera el alza de precio. Ahora negocia un TLC con la Unión Europea que va a ampliar esos efectos negativos sobre los consumidores, a productos biológicos como vacunas, insulina y remedios hechos en base a plantas medicinales…incluso si se trata de plantas peruanas!

Lo cierto es que ni el Presidente García ni su gobierno dan importancia o tienen ideas claras respecto del reforzamiento y reforma de la salud pública. Pocos recuerdan que en su primer discurso, Alan García anunció la municipalización de la salud, de la que no queda ya ni el recuerdo.

La salud pública peruana requiere, de los líderes políticos, ponerle presupuesto, ponerle tiempo de dedicación, ponerle ideas renovadoras, ponerle corazón. No lo está recibiendo, y por eso estamos donde estamos y no parece que, en los siguientes dos años al menos, vayamos a mejorar.

Puede escuchar el audio en:

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Cuarta Conferencia Nacional de Salud

Para los días 8, 9 y 10 de julio se está organizando la IV Conferencia Nacional de Salud, impulsada por Forosalud y una amplia gama de colegios profesionales, gremios, ONGs y asociaciones de la sociedad civil.

No son pocos los temas para discutir respecto de la política de salud. Mientras la economía crecía y la ciudadanía ampliaba su conciencia sobre las necesidades de salud, los sistemas de salud pública no respondieron a la medida. Como consecuencia, ha aumentado el gasto de las familias en salud, pero en un sistema cuyo caos y crisis no permiten buenos resultados.

La amenaza reciente de la gripe porcina generó una alarma, pero que duró pocos días. Ahora tenemos el primer caso. Pero ¿estamos preparados para enfrentar una epidemia grave en el Perú? El sistema público de salud tiene los equipos, el personal y las medicinas necesarias? La continuación de epidemias más silenciosas pero no menos sino más mortales, como la tuberculosis, el VIH/SIDA o la malaria y el dengue, son una muestra de ello.

Pero no solo estos riesgos para la salud han aumentado. El auge de extracción minera y petrolera ha dejado una estela de daños ambientales y efectos sociales de grandes consecuencias para la salud. Los niños envenenados con plomo en La Oroya, y en otras partes con mercurio, con cadmio, y otros productos, se multiplican. La salud ambiental está cada vez más enferma, mientras la falta de respuesta del estado es pasmosa.

La desnutrición de los niños no ha mejorado, con consecuencias serias sobre su crecimiento y desarrollo intelectual.

Es en este marco que el actual gobierno tuvo dos primeros años desastrosos en salud. Ministros absolutamente no preparados y que han resultado involucrados en casos de corrupción, Un jefe del SIS encarcelado. Policlínicos de EsSalud inaugurados sin que estén aptos para funcionar, y trasladando ancianos por gusto.

Se anuncia ahora el aseguramiento universal. Bandera por la que Forosalud y la sociedad civil siempre han luchado, pero que se realiza de una forma que genera más de una duda y crítica.

Pero no solo hay que hablar de gobierno central. Los gobiernos regionales y municipios también han tenido responsabilidad en salud, y aunque le panorama general no es alentador, hay mas de una iniciativa interesante.

Todo esto será materia de análisis y debate, de recoger opiniones de expertos y la voz de los pacientes, de las madres, de las promotoras, de los profesionales, los días 8, 9 y 10 de julio. Los esperamos en la Conferencia Nacional de Salud, infórmense y súmese a esfuerzo en www.forosalud.org.pe.

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¿Habrá seguro de salud para todos?

Aseguramiento universal

El Congreso acaba de aprobar una ley de aseguramiento universal en salud que anoche fue promulgada en el Palacio de Gobierno por el presidente Alan García. Si le hiciéramos caso al nombre, tendríamos seguro de salud para todos, pero, como en otros casos, al Congreso le gusta deformar la realidad y el nombre de la ley no corresponde a lo que realmente es.

Sí, es verdad que la ley habla de que debe haber un aseguramiento universal, es decir, seguro de salud para todos. Pero las condiciones que establece la ley no garantizan eso de ninguna manera. Muy distinto es el proyecto de ley que Forosalud y el Colegio Médico, con el respaldo de 10 mil firmas, presentó al Congreso hace 2 años.

En primer lugar, la ley del Congreso, ratificada por el gobierno de García, no aprueba el presupuesto necesario. Y ni las medicinas se obtienen gratis, ni los médicos, profesionales y trabajadores van a trabajar sin un salario, ni la luz y el agua de los centros de salud se pagan solos. Si no hay plata, no puede haber atención. Por eso el proyecto de Forosalud establecía que no menos de 0,5% del PBI, lo que hoy son unos 4 mil millones de soles, debían destinarse para este fin.

En segundo lugar, porque ya hay algo llamado “seguro integral de salud”, pero que solo cubre el 25% de los riesgos de enfermedad. Es decir, solamente 1 de cada 4 episodios de enfermedad son cubiertos por el SIS. ¿Eso puede llamarse algo “seguro”, o “integral”, o “universal” si fuera el caso? Claro que no. El proyecto de ley aprobado no establece nada respecto a la ampliación de los riesgos de enfermedad cubiertos. El Ministerio de Salud ha dicho que para 3 departamentos –Ayacucho, Apurímac y Huancavelica– y otras 4 localidades el SUS pasará a cubrir el 45% de episodios de enfermedad. Un avance, sin duda, pero lejos de ser universal. Forosalud plantea que debe un seguro universal de salud cubrirse al menos el 80% de las causas de enfermedad y muerte.

Al mismo tiempo que se aprueba esta ley, EsSalud insiste en privatizar los servicios entregando la administración de nuevos hospitales a empresas privadas sin las regulaciones adecuadas. De esa manera, se persiste en negar un Sistema Nacional de Salud y mantener el actual sistema segmentado de MINSA, EsSalud y las sanidades cada una actuando por su lado. Además, se corre el riesgo serio de que haya no uno sino varios “faenones”.

La crisis que nos afecta debiera dar lugar a un real y efectivo impulso a que la seguridad social en salud alcance a todos los peruanos. Lamentablemente en este caso el gobierno avanza lentamente desde el Ministerio de Salud, mientras abre las puertas a un serio problema en EsSalud.

http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20090409/15/pagina/14

Pólítica social para el 2009

La política social del gobierno aprista en sus primeros dos años y medio ha sido decepcionante. En medio de una situación de crecimiento económico y de más dinero en los bolsillos del gobierno, muy poco es lo que se ha hecho. En salud, los ministros Vallejos y Garrido-Lecca estuvieron metidos en corrupción y no mejoraron la atención de salud. El año pasado los alimentos subieron de precio, y el gobierno no hizo nada. Peor: en los programas del vaso de leche, los comedores populares y los desayunos escolares, se mantuvieron los presupuestos cuando los precios de los alimentos subían, con lo que la ayuda a los niños se redujo. Por su parte, mataron a Foncodes, que solo fue resucitado para darle empleo a Carlos Arana, el dirigente aprista amigo del corrupto Agustín Mantilla. Sólo Juntos se ha venido ampliando en zonas rurales andinas, y aunque la gestión no ha sido buena, es dinero que llega a familias campesinas muy pobres.

En ese contexto, llegó la crisis internacional. No, no estábamos blindados. Miles de familias pobres ya están afectadas. A las alzas de precios de los alimentos del año pasado, le han seguido otros golpes. Los alpaqueros, por ejemplo, campesinos muy pobres, resulta que antes les pagaban 12 soles por kilo de lana y ahora les pagan 3 o 2 soles. Los cafetaleros, bananeros y mangueros reciben menos precio por sus productos. En Ica, las empresas agroindustriales ya despidieron más de mil trabajadores; también ha habido miles de despidos en la minería y la industria textil.

¿Qué se puede hacer ante esta situación, más allá de un programa que efectivamente mantenga el crecimiento económico y la creación de empleos?

Alan García y Luis Carranza están aplicando un plan anti- crisis que concentra los recursos en las grandes empresas y los ministerios bajo conducción aprista, como Vivienda y Transportes. Eso debe cambiar, hay que darle prioridad a defender el empleo, aumentar el gasto social y dar apoyo a los pobres golpeados por la crisis.

Dos tipos de programas sociales parecen particularmente adecuados a esta situación. En aquellas zonas donde se están perdiendo empleos masivamente, programas orientados a construir y mejorar caminos rurales, infraestructura de riego, colegios y centros de salud deben generar cientos o miles de empleos temporales. De esta manera, se combina la necesidad de las familias de tener un sostén económico con la mejora de servicios públicos e infraestructura.

Por otro lado, para campesinos como los alpaqueros, un empleo temporal no es la mejor solución: ellos tienen que seguir cuidando su ganado. En estos casos, programas de transferencias, como Juntos, pueden ser más efectivos. En los distritos donde ya existe Juntos y hay ganaderos golpeados por la crisis, el programa podría ampliarse temporalmente para las familias sin hijos, ya que hoy Juntos es sólo para familias que tienen hijos menores.

Además, la salud y la seguridad social para los ancianos son políticas sociales que debieran estar siempre funcionando pero que ahora se vuelven más necesarias. La familia que ya en tiempos normales requieren hacer un gran esfuerzo para pagar las medicinas o la operación que necesita, está mucho más en riesgo cuando el desempleo los golpea. Los ancianos que carecen de pensión que los soporte, y que dependen de la buena voluntad de los hijos, también sufren el golpe cuando estos pierden el trabajo. Si hay un año en el cual la seguridad social, en salud y pensiones, debería reforzarse, es precisamente éste, el 2009. Hacer realidad un aseguramiento universal en salud que brinde buena atención de manera gratuita y darle pensiones a los ancianos pobres con dinero del estado, son dos buenas alternativas.

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Salud en emergencia: diálogo nacional por la salud y la vida

Foro de la sociedad civil en Salud - ForoSalud, manifiesta su indignación y protesta al comprobar que en estos momentos la vida de los peruanos y peruanas no vale nada. Esta dramática y lamentable situación ha sido ocasionada por el abandono en que se ha mantenido el sector salud por décadas y por las malas políticas adoptadas por el gobierno actual, viéndose agravada por el enfrentamiento entre el gremio médico y las autoridades del gobierno. Foro Salud hace un llamado a los dirigentes médicos y al gobierno para iniciar cuanto antes las negociaciones que resuelvan esta situación: no se deben arriesgar más vidas humanas.

Más allá de la necesaria inmediata solución a la paralización, desde ForoSalud queremos insistir en la necesidad de una profunda reforma del sector salud que haga realidad el derecho a la salud. Cerca del 60% de la población no tiene un seguro de salud, y a muchas familias pobres se les exige pagos por la atención de salud que les impide el acceso a ésta. La solución a los problemas de insuficiente infraestructura, equipos obsoletos, servicios de salud inseguros y de pobre calidad así como la vulneración de los derechos de los usuarios, requiere cambios profundos en el sistema de salud.

Pero la salud no ha venido siendo prioridad en la agenda del gobierno, y esto se evidencia en el presupuesto del sector que se ubica entre los más bajos de la región. Hay también serios problemas de gestión, evidenciados en que el Ministerio de Salud en lo que va del año ha gastado solo el 15% del presupuesto en el rubro de inversión. Se suma a esta situación los casos de corrupción que impiden el acceso a servicios, insumos y medicamentos oportunos y de calidad.

Hace ya dos años ForoSalud presentó al nuevo gobierno un plan de emergencia para la salud pública y una propuesta de reforma por el derecho a la salud, incluyendo una política de recursos humanos y espacios de diálogo permanentes e institucionalizados con las organizaciones gremiales. Empero, en este tiempo, la situación de la salud pública no ha mejorado sino que ha empeorado. Lo mismo ha pasado con los recursos humanos en salud. Esta situación se ha evidenciado en los últimos meses en la incapacidad de respuesta del gobierno a las demandas del gremio médico y trabajadores de la salud. En las regiones de La Libertad, Puno, Cusco, Huancavelica y Loreto durante meses los servidores públicos de salud han paralizado sus labores, sin que hayan tenido respuesta.

Ante ello, es de necesidad urgente, por la salud y la vida de peruanos y peruanas, que se depongan las actitudes de confrontación, que dejan de lado a los ciudadanos, usuarios de los servicios de salud, que son la razón última del sistema de salud. Hacemos en particular un llamado al gobierno a que efectivamente priorice la salud pública en el presupuesto y en la agenda del gobierno, convoque a una Conferencia Nacional para la discusión de un Plan Nacional de Salud y reforme su política de recursos humanos, estableciendo las condiciones para que los médicos, profesionales y trabajadores de la salud puedan convertirse en actores claves de una reforma que garantice el derecho a la salud para todos y todas las peruanas.

Salud segura para todos

Cerca de uno de cada cinco peruanos no tiene acceso a atención de salud, y la principal causa de ello es la barrera económica. Exámenes de laboratorio, rayos X, tomografías, medicinas, operaciones: todo cuesta, y mucho. La gente no se atiende porque no tiene dinero para hacerlo. Apenas 1 de cada 3 peruanos tiene seguro de salud, básicamente en EsSalud (15,3%) y en el SIS (16,3%) según la Encuesta Nacional de Hogares 2005. El 82% de los que no consultaron a un médico o profesional de salud, a pesar de que sintieron la necesidad de hacerlo, dicen haberlo hecho por falta de dinero.

El drama de las familias cuando uno de sus seres queridos tiene una enfermedad difícil por la que se les exige juntar hasta diez mil dólares, siendo el asunto uno de vida o muerte, es terrible. Los padres, esposos o hijos tienen que salir a juntar el dinero con familiares y amigos, hipotecar sus casas y obtener préstamos urgentes. Pero para los más pobres, muchas veces lo que queda es la esperanza en una cura milagrosa sin la ayuda de los avances de la ciencia, mezclada con una buena dosis de resignación.

La principal iniciativa del gobierno en los últimos años para enfrentar este problema viene siendo el Seguro Integral de Salud – SIS. Un estudio recogió algunos testimonios que son reveladores de sus problemas: ” vienen a las casas a ver, si tienes televisor ya no les afilian al SIS. ¿Acaso ya no tenemos derecho a tener televisor, digo yo? ¿ni derecho a entretenernos tenemos? (dirigente, Asentamiento Humano Huascarán, Lima); ”en el SIS los medicamentos casi no hay …” (A.H. 8 de Diciembre, Piura). El Seguro Integral de Salud (SIS) no da garantías efectivas de atención de salud de calidad. Si el problema de salud no es parte de su reducido plan de beneficios o el centro de salud no tiene personal, medicinas o equipos, no hay atención.

En la situación económica actual, con sobreganancias mineras de diez mil millones de dólares que no se tocan, con utilidades nunca vistas antes en la bolsa de valores, con recursos fiscales en auge, es imperdonable que esta situación se mantenga.

Por todo esto ForoSalud junto al Colegio Médico y la Alianza por el Aseguramiento Universal en Salud ha presentado desde el año pasado, con el respaldo de más de 60 mil firmas ciudadanas, el Proyecto de Ley de Universalización de la Seguridad Social y Aseguramiento Universal en Salud. Algunas medidas inmediatas que podrían tomarse para avanzar en esa dirección son:

• Incrementar el gasto público en salud, ampliando y repotenciando los programas de promoción y prevención de la salud, hospitales y centros de salud.
• Establecer un Plan Garantizado de Salud que cubra al menos el 80% de las causas de enfermedad y muerte en el Perú, a diferencia del SIS que no cubre la mayoría de problemas de salud, lo que tendría un costo de 1,400 millones de soles anuales para que haya abastecimiento de las medicinas e insumos necesarios.
• Aprobar la ley de derechos de los usuarios en salud y establecer un sistema de garantía de la calidad en salud.
• Establecer un fondo especial para dar atención a las personas con discapacidad, adultos mayores y familias en pobreza extrema.
• Facilitar el aseguramiento de los trabajadores de la micro y pequeña empresa (Mypes), estableciendo sus contribuciones en un nivel similar al del seguro agrario.

¿Vigilancia o Acoso?

El Ministro de salud Hernán Garrido-Lecca se ha convertido en el primer fiscal de salud. Pero no sólo eso: ha firmado un convenio para que casi 2 mil gobernadores sean “vigilantes de la salud”, y está contratando a otra veintena de personas para que vayan a los hospitales como “defensores de los pacientes”.

Suena bien: la gestión de muchos hospitales y centros de salud es mala, algunos profesionales trabajan displicentemente, la corrupción en pequeña y mediana escala es moneda corriente. Pero el remedio puede ser peor que la enfermedad.

Vamos a ponerlo así: ¿creen ustedes que esos gobernadores, todos ellos nombrados por el cuestionadísimo Ministro del Interior, la enorme mayoría con carné aprista, que han asistido a reuniones con Alan García a los que la prensa no tenía acceso en las que el objetivo declarado era que el APRA vuelva a ganar las elecciones el 2011 (ver Peru 21, fecha...), van a tenerla misma actitud frente a un director de hospital aprista que frente a uno no aprista? ¿No sucederá que serán duros fiscalizadores cuando hay algún aprista queriendo el cargo, y blandos luego de que ese personaje obtenga el cargo?

No es muy distinto el caso de los “defensores de los pacientes” que está contratando el ministerio de salud. La jefa de la oficina de “transparencia y defensoría de los pacientes” del Ministerio de Salud es una alta dirigente aprista, que llegó a ser presidenta de la región Tumbes. No hace falta ser demasiado perspicaz para sospechar que a la mayoría de esos “defensores”, su astro favorito es una estrella de 5 puntas. Y tampoco será raro, que actúen atacando a los opositores al régimen, y apoyando a sus partidarios.

Institucionalmente, es obvio que una buena fiscalización solo la puede hacer un organismo independiente. Nadie se evalúa objetivamente a sí mismo, tampoco el gobierno. Pero cuando el gobierno es de un partido con una larga tradición corporativista, las sospechas crecen. El establecer a la defensoría del MINSA como la cabeza de un aparato fiscalizador, tiende a reducir la fuerza y capacidad de la Defensoría del Pueblo, el órgano constitucionalmente establecido para cumplir estas funciones de vigilancia, y que cuenta con la autonomía requerida. Promover miles de gobernadores vigilantes, quita piso y fuerza a la red de vigilancia social y ciudadana que se ha forjado por décadas, y que es una de las bases sociales de ForoSalud.

La vigilancia social es una herramienta muy importante para mejorar la gestión pública. Cuando los gobernantes y los funcionarios sienten que pueden hacer lo que quieren, muchas veces priorizan en gran medida sus propios intereses, ya sean estos electorales o económicos.

Retos de ayer y hoy para la Política en Salud

DE JULIO 2006 A NOVIEMBRE 2007

Cuando Alan García inició su gobierno, recibió una situación de salud de la población que seguía siendo peor que la de países vecinos, a pesar de algunos avances en atención institucional de partos y tratamiento de enfermedades como el VIH/SIDA y la Tuberculosis multidrogorresistente. La Tasa de Mortalidad Infantil era todavía superior a 23 por mil, pero en Puno superaba los 53 por mil, indicando las enormes inequidades existentes en salud. La Tasa de Mortalidad materna era de 164, el doble del promedio latinoamericano, y muy lejos de la meta de 66 fijada por los Objetivos del Milenio.

Causas principales de esta dramática situación eran el escaso control de los factores sociales y ambientales que generan riesgos para la salud; el bajo gasto público en salud; la existencia de un sistema de atención de salud segmentado, inequitativo e ineficaz; y un gobierno en salud débil y alejado de la población que recién estaba empezando a descentralizarse y a abrirse a la participación ciudadana. Como si esto fuera poco, aparecieron nuevas amenazas a la salud pública, como un TLC que consideraba protecciones a la propiedad intelectual que tenían un efecto potencial sobre los precios y el acceso a las medicinas que el Ministerio de Salud estimó muy grave[1], nuevos virus y enfermedades de mayor resistencia a las drogas, y cambios sociales que planteaban nuevos riesgos, como en la alimentación, la vida sedentaria, la concentración en las ciudades y el envejecimiento poblacional. Había también oportunidades: un crecimiento económico que genera mayores ingresos al fisco, una población más educada y con mayor acceso a medios masivos de comunicación, un rápido crecimiento en el número de médicos y profesionales de la salud (aunque con serios problemas de regulación y calidad), el inicio de un proceso de descentralización con gobiernos regionales y municipios acumulando capacidades y experiencia, y una sociedad civil activa, organizada y con gran disposición de participación y cooperación

Debe recordarse, además que los problemas de salud del Perú tienen efectos importantes sobre el crecimiento económico sostenido, la lucha contra la pobreza y la gobernabilidad. El hecho que 30% de los niños a los 5 años tenga retardo de crecimiento y que 2 de cada 3 niños menores de 2 años tenga anemia, lleva a dificultades en el aprendizaje, de graves efectos en lo que se ha llamado “la era del conocimiento”. Estos niños sufrirán efectos de largo plazo sobre su productividad e ingresos, que al combinarse con problemas posteriores de accidentes y enfermedades, generan un serio lastre a sus posibilidades de salir de la pobreza. Las debilidades del sistema de salud llevan además a que un alto porcentaje de mujeres, sobretodo en las zonas rurales, tenga más hijos de los que quisiera tener, agravando la carga sobre las familias y dificultando el cuidado de esos niños. Finalmente, el goce (o no) del derecho a la salud determina las posibilidades de las familias de participar más activamente en la vida pública del país así como sus niveles de confianza en el Estado, confianza que resulta indispensable para el respeto al la ley y el orden social.

Frente a los grandes retos de la salud pública peruana, las primeras iniciativas del nuevo gobierno en el terreno de la salud fueron la ampliación de horarios y el shock de inversiones, pero que no llegaron a la red primaria de atención. Posteriormente, se anunció la ampliación del seguro integral de salud (SIS) a nuevos grupos etáreos; sin embargo, la ausencia de reglamentaciones claras en relación a las poblaciones a ser atendidas, los riesgos a cubrir o los paquetes de servicios a ofrecer y, sobre todo, los recursos presupuestales, han generado una notoria falta de orientación en esta iniciativa política. Por otro lado, en el terreno de lo que se conoce como los determinantes sociales de la salud, resultan importantes las iniciativas de Agua para Todos y la priorización de la lucha contra la desnutrición infantil en torno al programa CRECER.

Al mismo tiempo, ha habido notorios vacíos y déficits. La poca prioridad para la salud es particularmente preocupante. El presupuesto para la salud aprobado para el año 2007 fue, en relación con el año 2005, de apenas 0,01% del producto bruto interno (PBI) más, prácticamente nada y muy lejos de lo considerado en el acuerdo de partidos políticos en salud, que establecía un aumento del 3% del PBI en cinco años. Los «créditos suplementarios» posteriores han añadido algunos recursos al sector, pero todavía muy por debajo de las necesidades básicas de este. El presupuesto para el 2008 muestra avances pero aún muy insuficientes en relación a la meta establecida en el Acuerdo de Partidos Políticos en Salud, que establece que el gasto en salud debe alcanzar el 2011 el promedio latinoamericano.

La falta de presupuesto es expresión de una baja prioridad política otorgada a la salud. Síntoma de lo mismo es el que, ante la contaminación causada por actividades como la minería y otras con serios efectos sobre la salud pública, la acción del gobierno ha sido tardía y complaciente. Esta realidad es percibida por la ciudadanía: según la encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, el 74%, casi de tres de cada cuatro personas considera que el gobierno le presta poca o ninguna atención a la salud.

Al mismo tiempo, no hay visión estratégica ni planes para avanzar hacia un aseguramiento universal, que incluya nuevos grupos en el SIS y desarrolle la relación Ministerio de Salud-EsSalud hacia un sistema integral. Tampoco hay un impulso efectivo de la promoción de la salud, y los temas de interculturalidad, equidad de género y derechos se encuentran ausentes de la política de salud. Finalmente, el gobierno no ha registrado avances reales en cuanto a la descentralización (más allá del anuncio de una municipalización que no se sabe ni cómo se hace ni adónde va y de anuncios de transferencias de competencias sin presupuesto) ni ha promovido la participación ciudadana en salud. Esto refleja un problema mayor en el Ministerio de Salud: el notorio deterioro de su capacidad técnica y de gobierno, debido a la desarticulación de varios de los equipos técnicos con experiencia, el despido de algunos de sus mejores profesionales, su reemplazo por personal insuficientemente preparado y la politización exacerbada dentro del Ministerio con distintos grupos en competencia entre sí.

Pero en este año ha habido otro cambio importante en la política de salud: la acumulación de reclamos y la actitud más vigilante de la ciudadanía y de los medios de prensa frente a los servicios de salud. Esto no se limita a las denuncias de corrupción en el SIS, que han sido lo más notorio, sino que incluye pacientes de hospitales públicos que han resultado contaminados por VIH/SIDA, personas vacunadas que posteriormente sufren problemas de salud llegando incluso a la muerte, ensayos clínicos cuyo reglamento es modificado en desmedro de la seguridad de los pacientes, entre otros. En las últimas semanas, esta andanada de demandas desde la ciudadanía ha recibido una respuesta en el proyecto de ley del llamado “SOAT médico”, que el Ejecutivo ha propuesto al Congreso. Pero algunos de estos problemas claramente no se deben a una mala práctica médica, como es el caso de los pacientes contaminados con VIH/ SIDA o los problemas con las vacunas. Siendo necesario una respuesta que resguarde los derechos de los pacientes, esta debe considerar responsabilidad institucionales antes que individuales y garantizar una respuesta rápida a la dramática situación que pasan muchas de estas personas, antes que agotarse en un largo vía crucis burocrático, ya sea por la parte administrativa de los seguros o por la del Poder Judicial. El proyecto de ley que al respecto presentara ForoSalud al Congreso con el respaldo de 50 mil firmas ciudadanas tiene estas características, y ya ha sido previamente aprobada por la Comisón de salud del Congreso, por lo que debe ser considerado en el debate.

En síntesis, frente a una salud pública que debía enfrentar grandes retos, el gobierno ha tomado algunas iniciativas cuyos niveles de avance y eficacia deben aún por evaluarse con detenimiento. Al mismo tiempo, se trata de iniciativas parciales antes que de una estrategia planificada y concertada, y varios de los problemas principales han sido muy insuficientemente enfrentados. El acercarse el final del año, y con ello haber transcurrido casi una tercera parte del período de gobierno, es una buena oportunidad para un nuevo análisis de los retos de la salud pública en el Perú, que ojalá sirva para inspirar una discusión que ilumine a nuestros gobernantes en los próximos años

PRIMER RETO: RESCATAR LA IMPORTANCIA DE LA SALUD PÚBLICA

La salud pública no podrá progresar si no recibe una atención preferente por parte del gobierno y la ciudadanía. Hasta ahora, la salud no es prioritaria ni en relación a la política económica ni como parte de la política social. Desde el punto de vista de las políticas públicas hay cuatro aspectos claves al respecto. El primero se refiere al presupuesto, ya que en el Perú el estado solo destina 1,6% del PBI a la salud pública, frente a un promedio regional de 2,7% o al 4,9% de Brasil y al 5,7% de Costa Rica. El segundo se refiere a la prioridad que debe darse a la salud pública frente a sectores económicos que generan riesgos, como la contaminación ambiental por la minería y otras actividades, o por el transporte público en Lima. Recordemos que el costo económico de la salud perdida por razones ambientales asciende a 3,300 millones de soles anuales por morbilidad y 1,600 millones de soles anuales por mortalidad y provoca alrededor de 6 mil muertes cada año. El tercero se refiere a la inclusión de criterios de salud pública en la promoción de nuevas actividades económicas y políticas sociales, como por ejemplo en relación a promover la producción y el consumo de nuevos productos agrícolas o del mar que pueden ser más saludables, o a iniciativas para mejorar la educación que deben incluir un aumento sustancial en las horas de clase y contenidos curriculares dedicados a la promoción y cuidado de la salud. Finalmente, está la trasmisión de conocimientos y comportamientos saludables por parte de nuestras autoridades y figuras públicas, en relación a por ejemplo a los hábitos de alimentación y ejercicio, y al cuidado de la salud individual y colectiva.

Así, lograr que quienes representan a la nación le den importancia a la salud pública y adecuen las políticas económicas, sectorial-productivas y sociales para ello, resulta un primer reto fundamental.

SEGUNDO RETO: PROMOCION DE LA SALUD

La promoción de la salud debe entenderse de manera amplia como aquella estrategia que, desde la autoridad sanitaria e involucrando a un conjunto de actores estatales y no estatales, se orienta a controlar los factores que generan efectos nocivos sobre la salud y potenciar aquellos que tienen efectos positivos sobre la misma. El agua potable y el saneamiento, la nutrición, la educación en salud y el cuidado del medio ambiente deben ser prioridades centrales de una política integral de promoción de la salud. Otros factores sociales que deben atenderse son el desordenado tránsito que provoca accidentes severos, la violencia familiar y sexual particularmente contra mujeres y niños, los problemas de salud mental provocados por relaciones sociales donde predomina el conflicto, los accidentes y la contaminación dentro de los centros de trabajo, y las viviendas inadecuadas donde se concentra el humo de la cocina, el agua se llena de bacterias y se reproducen los mosquitos del dengue y las vinchucas del Mal de Chagas. Como se ve, los retos son múltiples, diversos y fuertes.

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Atender estos problemas demanda el establecer organismos intersectoriales (al interior del estado) y de concertación con sectores públicos y privados (por ejemplo en la Mesa de Concertación de Lucha contra la pobreza) para promover esfuerzos específicos sobre todos estos temas. La promoción de la salud es una tarea pública donde deben converger el estado y la sociedad. Para ello se requiere un liderazgo político y social, alianzas con empresas privadas y una clara estrategia comunicacional. Dada la necesidad de liderazgo para una estrategia de promoción de la salud, y de su poco desarrollo actual, un primer reto es que las autoridades sanitarias otorguen prioridad a este tema y se logre constituir un fuerte equipo de gobierno y técnico en este tema.

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El gobierno ha anunciado el programa Crecer para hacer frente a la desnutrición infantil, que es un área donde la promoción es fundamental. El inicio de una nueva estrategia intersectorial es positivo; el reto es lograr una coordinación eficaz que no sea simplemente una suma de siglas de distintas instituciones y programas públicos que se reúnen a puertas cerradas, y que logre un compromiso efectivo de gobiernos regionales y municipios. Los retos mayores son transformar los actuales programas alimentarios con una adecuación efectiva de los complementos nutricionales otorgados para que se orienten principalmente a las madres gestantes y niños menores de 2 años, desarrollar estrategias comunicaciones que orienten a las madres y logren cambios de hábitos en nutrición e higiene hacia unos más saludables y lograr un vínculo eficaz con el sistema de salud para la atención preventiva y curativa de los niños.

TERCER RETO: ASEGURAMIENTO CON CALIDAD Y DERECHOS

El acceso universal a la atención de salud de calidad, resolviendo todas las barreras de acceso existentes y estableciendo mecanismos de exigibilidad que permitan asegurar acceso y calidad, es la base para que la población pueda efectivamente gozar del derecho a la salud.
La búsqueda de lo que se ha llamado aseguramiento universal ha tenido como estrategia principal reducir las barreras económicas eliminando los cobros en el momento de entrega del servicio de salud, mediante el Seguro Integral de Salud. Esta iniciativa ha sido un avance importante en relación al aseguramiento, que sin embargo se ha visto muy limitado en sus efectos debido a que al no haberse sustentado con recursos presupuestales suficientes, el aseguramiento ofrecido y su ampliación a nuevos sectores sociales ha generado serios problemas a los establecimientos de salud, terminando por desvirtuar el derecho haciendo que se generen atenciones diferenciadas y colas inatendidas. Al respecto, es impostergable el aumentar significativamente el presupuesto del SIS y precisar las poblaciones, riesgos de salud y paquetes de prestaciones.

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Al mismo tiempo, la gratuidad en el servicio debe ir acompañado de iniciativas para resolver otras barreras, para que haya efectivamente aseguramiento y acceso universal. Las otras barreras de acceso a atender son de tipo geográfico, organizacional y cultural. En relación a las barreras geográficas, permanecen problemas, sobre todo en mediana y alta complejidad. Una inadecuada política de recursos humanos en muchas zonas ha agravado la situación, al facilitar el traslado de médicos a hospitales urbanos y reducir sus incentivos a su permanencia en distritos rurales que es donde hay problemas de acceso geográfico, lo que debe ser revertido. Nuevas alternativas como las ELITEs o brigadas itinerantes, los hogares de espera materna y el mejoramiento de infraestructura y equipos en algunas zonas ha sido hasta la fecha muy limitados y carentes de dirección nacional, requiriendo una evaluación pormenorizada y un impulso y un presupuesto mucho mayor.

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Las barreras geográficas se agravan por problemas organizacionales, con horarios de atención inadecuados y parciales, con redes de servicios débilmente organizadas, y con problemas transporte hacia niveles de mediana y alta complejidad irresueltos en muchos casos. La descentralización con empoderamiento ciudadano y cogestión de los servicios, y la organización de redes que incluyan a los actuales establecimientos y servicios del MINSA, EsSalud, Sanidades y privados y que cuenten con adecuados sistemas de comunicación y transporte, son fundamentales. En ese sentido, tiene que iniciarse una Reforma del sistema de salud que integre los diversos segmentos en los que está dividida la atención de salud en el Perú, situación que genera ineficiencia e inequidad.

Finalmente, ha habido también avances en relación a las barreras culturales con las iniciativas de parto culturalmente adaptado, pero estas iniciativas no se han extendido a otros servicios ni han resuelto el tema de la interculturalidad de los servicios, el que debe ser atendido con prioridad.
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CUARTO RETO: GOBIERNO EFECTIVO Y DEMOCRÁTICO EN SALUD

El gobierno en salud o, como se le llama en el lenguaje salubrista, “rectoría”, implica la capacidad de establecer reglas claras y de lograr el compromiso de los diversos actores, públicos y privados, en torno a las estrategias trazadas. Pero en nuestro país el Ministerio de Salud es débil y no se ha adaptado a la descentralización; existe además otro actor público muy importante como EsSalud que no le hace caso al Ministerio; los problemas de corrupción prevalecen; el Ministerio no tiene una buena relación con los médicos, profesionales y trabajadores; y la regulación de alimentos, medicinas, clínicas privadas, facultades, daños ambientales, es debilísima. ¿Si el gobierno no gobierna, cómo va a mejorar la salud pública?

La descentralización en salud es un primer gran reto a este respecto. El Ministerio debe tener políticas claras y organismos destinados a relacionarse adecuadamente con las direcciones regionales de salud y grandes hospitales, dentro de una política orientada a reducir las grandes inequidades existentes en la salud en el Perú. Por otro lado, los gobiernos regionales tienen que asumir que ellos son los que tienen, en la práctica, el gobierno en salud: tienen el presupuesto y nombran autónomamente a los directores regionales de salud. Deben gobernar en coordinación con el gobierno central y siguiendo las políticas nacionales, es verdad, pero eso no les quita la responsabilidad de gobernar, que en muchos casos las gerencias de desarrollo social y las direcciones regionales de salud no están asumiendo, limitándose a actuar inercialmente.

También tiene que definirse la política en relación a las redes del primer nivel de atención de salud; el gobierno ha oscilado entre una anunciada municipalización que ni se ha iniciado y una nueva Ley de CLAS. Los CLAS han sido una experiencia importante en la que las propias comunidades eligen a sus representantes para cogestionar los centros y puestos de salud con el Ministerio, pero han tenido muy poco apoyo y en algunos casos han llegado a ser espacios de manipulación. Además, en los últimos años con el nombramiento de médicos y profesionales de la salud se les ha quitado toda posibilidad de decisión en este aspecto clave, y se ha regresado a la vieja situación de una rápida migración de médicos de zonas rurales a los hospitales principales. Pero si se apuesta por los CLAS como un espacio en el que convergen Ministerio, regiones y municipios con una amplia participación ciudadana, se establecen metas claras, se les otorga presupuesto, se les da flexibilidad para el manejo de recursos con transparencia y rendición de cuentas, y se establece una nueva legislación laboral que combine adecuadamente derechos fundamentales para los médicos y profesionales con empoderamiento de las poblaciones locales, pueden ser muy eficaces en mejorar la situación de salud.

A nivel central, un primer problema a resolver es el de la corrupción e incapacidad. La creación de una carrera pública en el gobierno en salud, que es distinto a los servicios en salud, es una necesidad urgente. El Ministerio de Salud ha tenido equipos eficientes en varias etapas y varios rubros, pero no tienen continuidad. Una burocracia altamente calificada, motivada y basada en el mérito, es una necesidad urgente. Por cierto, para ello hay que desterrar la idea de que el ministro de salud tiene que ser médico administrador de hospitales, ya que el gobierno en salud es bastante más que la atención hospitalaria. Un gobierno efectivo en salud debe superar la segmentación, estableciéndose claramente la rectoría del MINSA sobre EsSalud: ningún gobierno con dos cabezas es eficaz. Finalmente, last but not least, el gobierno en salud tiene que basarse en la búsqueda activa de consensos políticos y sociales. Ya no se puede gobernar en base a úkases administrativos, sino en base al convencimiento, al diálogo y a la comunión de voluntades.

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Debemos tener un Plan Nacional Concertado en Salud, que no sea solamente un libro técnico sino sobretodo un consenso social, un convencimiento nacional, cuyos forjadores trasciendan al sector. El proceso participativo para lograrlo requiere una construcción descentralizada en todas las provincias del país, y sin duda no será fácil el diálogo entre actores muy disímiles y que han estado desconectados durante mucho tiempo, pero es mejor hacer con paciencia y bien algo que dure y sea consistente técnica y socialmente, que volver a publicar otro “Plan” que será olvidado al primer cambio de ministro, sino antes.

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[1] Las enmiendas introducidas en el 2007 por los demócratas en Estados Unidos ha disminuido sustancialmente este riesgo a la salud pública, el que sin embargo puede reavivarse con los Acuerdos Comerciales con la Unión Europea y el grupo de países llamado EFTA.

Por un ministerio que proteja la salud de las personas

Ante los últimos acontecimientos del sector que muestran hechos flagrantes de corrupción y una gran debilidad en la gestión y liderazgo, la salud pública se encuentra en emergencia. ¡Cuanto tiempo mas los peruanos y peruanas debemos esperar por políticas de estado que protejan la salud y derechos mas elementales de las personas!

El sistema público de salud esta en emergencia. Así lo evidencian las cuatro personas fallecidas después de haberse vacunado contra la fiebre amarilla y los casos comprobados de personas contaminadas con VIH-SIDA en los bancos de sangre de establecimientos públicos de salud, entre ellos una niña contaminada en un hospital público de Chimbote que ha fallecido recientemente. Están también para probarlo el desabastecimiento temporal de insumos de planificación familiar y la violación de derechos humanos de los pacientes de salud mental claramente identificadas en el reporte del Relator de Naciones Unidas y de la Defensoría del Pueblo, entre otros.

El Perú vive un crecimiento sostenido pero la salud sigue siendo relegada en el presupuesto publico, agravándose así los ya graves problemas de un sistema sanitario que no garantiza la salud.

La corrupción no se limita al sonado caso de las compras sobrevaluadas de alimentos del SIS. También está la modificación del reglamento de ensayos clínicos, que resta derechos a las personas que se someten a estos experimentos y que beneficia al propio Ministro del ramo; y la compra de píldoras anticonceptivas en mal estado distribuidas por ESKE Group, de propiedad del médico que atiene al hijo del Presidente García.

Ante esta situación, ForoSalud y las organizaciones de la sociedad civil que suscriben, hacemos un llamado para que los poderes Ejecutivo y Legislativo tomen decisiones que contribuyan al bien público. Creemos necesarios cambios radicales que permitan una profunda reforma sanitaria, por lo que proponemos:

1. Cambio de autoridades en salud, por personas que evidencien capacidad técnica, actitud concertadora, honradez, experiencia en salud pública y vocación de servicio al país.
2. Facilitar el acceso de la población pobre a la salud, aprobando la Ley de Aseguramiento Universal propuesta por el Foro Salud y el Colegio Medico del Perú y respaldada por mas de 52,000 firmas de la ciudadanía.
3. Promover la calidad y asegurar los derechos de los pacientes, mediante la inmediata aprobación de la Ley de Derechos de los Usuarios de los Servicios de Salud, iniciativa legislativa presentada por Foro Salud con el respaldo de mas de 100,000 firmas. El mal llamado SOAT médico sólo asegura beneficios a las aseguradores y costos para los profesionales de salud..
4. Protección de la salud de las comunidades expuestas a la contaminación de la minería y otras actividades económicas de gran escala.
5. Implementar planes y estrategias sanitarias nacionales y regionales en promoción, prevención y mejora continua de la calidad de los servicios de salud, en particular hacia los grupos excluidos.
6. Profundizar y fortalecer la descentralización del sector salud, transfiriendo funciones y competencias a las regiones que aun no se han realizado dada la inacción de las actuales autoridades del MINSA.
7. Fortalecimiento de la red de centros y puestos de salud, promoviendo la participación social mediante los CLAS e invirtiendo en capacidades para la gestión compartida de los centros de salud.
8. La ampliación de la participación ciudadana en salud, abriendo las puertas a los diversos grupos de la sociedad civil en el Consejo Nacional y los Consejos Regionales de Salud.
9. La ampliación del Presupuesto de la República destinado al sector salud, estableciendo mecanismos de transparencia en el gasto público e indicadores de eficiencia y eficacia.
10. Rendición de cuentas por parte del Ministerio de Salud ante la ciudadanía en la próxima Conferencia Nacional de Salud.

Ministro Vallejos: Quizá corrupto, con seguridad incapaz

El Ministro de Salud Carlos Vallejos ha tenido cuestionamientos por corrupción que se han sucedido uno tras otro: compra de ambulancias que tuvo que ser anulada, cambio del reglamento de ensayos clínicos para favorecer al propio ministro arriesgando a los pacientes, compras sobrevaluadas de alimentos del SIS, el SIS pasándole plata al INEI como si no éste no tuviera su propio presupuesto, compras de preservativos malogrados a la empresa de un médico aprista que trata al último hijo del Presidente, etc.

Él responde que eran sus viceministros, jefes, funcionarios nombrados, pero no sabía nada. Puede ser. Poco creíble, pero factible. A lo mejor Vallejos no es corrupto, solo sucede que los funcionarios y su entorno lo son, por docenas.

A ello se suma que salud no ha podido todavía gastar el presupuesto para inversiones que le dieron hace más de un año. Y que los problemas de hospitales que en vez de sanar enferman a la gente, como los varios casos de personas infectadas con VIH / SID, se multiplican. Incapaz de controlar la corrupción, incapaz de gestionar su sector.

Pero lo que no se ha resaltado suficiente es la mala orientación de la política de salud. Para empezar, siguen sin darle al sector salud los fondos presupuestales necesarios para cumplir su misión; salud sigue siendo la última rueda del coche. En segundo lugar, la inexistencia de ninguna propuesta de reforma para el sector salud. La descentralización, bien gracias, mientras la propuesta de municipalización anunciada por Alan García pasó al olvido. La atención primaria de la salud abandonada. En tercer lugar, ninguna respuesta a los serios problemas de calidad en la atención de salud, dejando sin aprobar la ley de derechos de los pacientes que Forosalud presentara con el respaldo de 100 mil firmas ciudadanas hace más de un año. Finalmente, frente a los serios problemas de contaminación ambiental que afectan a la salud, como en el caso de La Oroya y otras zonas mineras, el ministerio que debiera defender la salud pública brilla por su ausencia.

En esas condiciones, no sorprende que la interpelación al ministro Vallejos fuera aprobada en el Congreso. Sorprende más bien que los congresistas de Unidad Nacional no hayan votado a favor: alguna razón tendrán que desconocemos.

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Estando la salud pública abandonada y maltratada por el gobierno, tenemos que ser los peruanos de toda condición, los que defendamos la salud pública. Los ciudadanos debemos informarnos sobre como proteger y mejorar nuestra salud, y reclamar nuestros derechos ante los descuidos del gobierno y de quienes dirigen el ministerio de salud. Empecemos por casa, con una primera acción de reclamo ciudadano: Ministro Carlos Vallejos, váyase a su casa, como merece.

La salud está enferma, el ministro debe irse a su casa

La interpelación al Ministro de Salud Carlos Vallejos responde a la pésima gestión del gobierno actual en relación a la salud pública. No se trata solo de los cuestionamientos por corrupción que se han sucedido uno tras otro: compra de ambulancias que tuvo que ser anulada, cambio del reglamento de ensayos clínicos para favorecer al propio ministro arriesgando a los pacientes, compras sobrevaluadas de alimentos del SIS, el SIS pasándole plata al INEI como si no éste no tuviera su propio presupuesto, compras de preservativos malogrados a la empresa de un médico aprista que trata al último hijo del Presidente, etc.

A ello se suma que salud no ha podido todavía gastar el presupuesto para inversiones que le dieron hace más de un año. Y que los problemas de hospitales que en vez de sanar enferman a la gente, como los varios casos de personas infectadas con VIH / SID, se multiplican.

Pero lo que no se ha resaltado suficiente es la mala orientación de la política de salud. Para empezar, siguen sin darle al sector salud los fondos presupuestales necesarios para cumplir su misión; salud sigue siendo la última rueda del coche. En segundo lugar, la inexistencia de ninguna propuesta de reforma para el sector salud. La descentralización, bien gracias, mientras la propuesta de municipalización anunciada por Alan García pasó al olvido. La atención primaria de la salud abandonada. En tercer lugar, ninguna respuesta a los serios problemas de calidad en la atención de salud, dejando sin aprobar la ley de derechos de los pacientes que Forosalud presentara con el respaldo de 100 mil firmas ciudadanas hace más de un año. Finalmente, frente a los serios problemas de contaminación ambiental que afectan a la salud, como en el caso de La Oroya y otras zonas mineras, el ministerio que debiera defender la salud pública brilla por su ausencia.

En esas condiciones, no sorprende que la interpelación al ministro Vallejos fuera aprobada en el Congreso. Sorprende más bien que los congresistas de Unidad Nacional no hayan votado a favor: alguna razón tendrán que desconocemos.

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Estando la salud pública abandonada y maltratada por el gobierno, tenemos que ser los peruanos de toda condición, los que defendamos la salud pública. La aprobación en el congreso de una ley para los CLAS, que le dan a la gente una forma de opinar y participar en la gestión de su centro de salud, es una noticia favorable. Los municipios y gobiernos regionales tienen que ponerse las pilas, defender la salud pública, reaccionar ante los peligros de la contaminación ambiental y promover los CLAS como una alternativa para mejorar la salud pública. Los ciudadanos debemos informarnos sobre como proteger y mejorar nuestra salud, y reclamar nuestros derechos ante los descuidos del gobierno y de quienes dirigen el ministerio de salud. Carlos Vallejos, que se vaya a su casa, como merece.

Salud sin mejorar

Que los hospitales y centros de salud dan una atención que deja mucho que desear, no es ninguna novedad. La falta de presupuesto y la dejadez gubernamental, junto a necesidades cada vez mayores de la población, han puesto al sistema de salud en una situación crítica. Esto se expresa una vez más en las serias deficiencias de los bancos de sangre.

A pesar de que hace casi tres años 7 niños y una madre se infectaron con VIH / SIDA en un hospital de Lima, hoy nuevamente lamentamos un hecho parecido. El riesgo de contaminación por VIH / SIDA en la sangre que se usa en transfusiones no puede ser eliminado totalmente, debido a que en el llamado “periodo de ventana” las pruebas de laboratorio no pueden identificar la sangre contaminada. Pero sabemos también que en el Perú ese riesgo aumenta debido a que no se usan los métodos e insumos más eficaces, a que el personal que gestiona algunos bancos de sangre no está bien calificado, a la falta de sangre donada voluntariamente y a que la relación con los donantes de sangre para identificar los casos riesgosos no recibe la atención requerida.

La infección de la sra. Judith Rivera muestra que, lamentablemente, la actual gestión del Ministerio de Salud no ha enfrentado este problema sino que ha permitido que continúe. Pero con este ministro de salud esta no es la excepción; es la regla. Carlos Vallejos ha carecido de iniciativas para reformar el sistema de salud en aras de la equidad y la eficiencia. Por el contrario, ha estado atrapado entre compras de ambulancias que tienen que ser anuladas y denuncias de alimentos comprados con sobreprecio, y él mismo se encuentra comprometido por haber emitido un Decreto que restringe los derechos de quienes son sometidos a ensayos clínicos, favoreciéndose personalmente.

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Un cambio es necesario en el Ministerio de Salud, por una gestión ministerial ética y realmente comprometida con la salud pública y capaz de poner en marcha la reforma que asegure a todos los peruanos una atención de salud de calidad.

Seguro de Salud para todos

Todos los peruanos deben poder atender su salud sin pasar por el sufrimiento de tener que agenciárselas para pagar medicinas y tratamientos a precios que muchas veces están fuera de sus posibilidades económicas. El gobierno habla sobre el tema, pero sin decisión. El Congreso discute varios proyectos de ley al respecto. Un seguro de salud de alcance universal es prioritario y debe abordarse con seriedad y rapidez.

Uno de cada cuatro peruanos no puede atenderse cuando se siente enfermo. Esto se debe a que menos del 25% de peruanos está afiliado a EsSalud, donde las medicinas – cuando las hay – son gratis. En el Ministerio de Salud casi todas las medicinas y tratamientos tienen que ser pagados, a precios menores que en un consultorio o clínica privada, pero que muchas veces están fuera del alcance de los más pobres.

El aseguramiento universal no es un sueño imposible. Lo tienen países como Inglaterra, Canadá, Japón o los países europeos. También han avanzado mucho en esa dirección Chile, Costa Rica, Uruguay, Brasil y Colombia, entre los países vecinos.

Se necesita en primer lugar decisión política y presupuesto público. En países con alta informalidad como el nuestro, el aseguramiento en salud tiene que financiarse principalmente por el Tesoro Público. El mayor avance en aseguramiento en los últimos años ha sido el Seguro Integral de Salud, que funciona de esa manera. Ahora que las arcas fiscales están llenas, es un buen momento para hacerlo. Forosalud propone que se asigne 0,5% del PBI para este fin.

En segundo lugar, se necesita que una sola entidad dirija el proceso. Los carros solo tienen un chofer y los países solo tienen un presidente. Pero la salud en el Perú tiene dos entidades paralelas: el Ministerio de Salud y EsSalud. Todas las experiencias exitosas en la región han acabado con ese paralelismo. Se necesita también una gestión modernizadora, que promueva la coordinación y la eficiencia en los hospitales y centros de salud. Finalmente, hay que hacer un esfuerzo especial por llegar adónde aún no hay centro de salud ni médico.

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El derecho a una atención de salud es un elemento básico de la democracia y del desarrollo. No hay que olvidarlo.

Acceso universal a la Salud: Sí se puede

En su mensaje de 180 días de gestión, el Presidente García ha anunciado que este año se iniciará un plan para lograr el acceso universal a la salud. Ojalá se haga realidad, porque 3 millones de peruanos, el 22% de los que registran enfermedad, no tienen atención de salud cuando la necesitan. La III Conferencia Nacional de Salud que organizó ForoSalud en julio pasado discutió cuáles serían las principales iniciativas necesarias para resolver este problema y lograr el derecho a la salud para todos los peruanos:

1. Ampliar el Seguro Integral de Salud – SIS de inmediato, para que las principales enfermedades de ancianos, personas con discapacidad, mujeres y adultos en general sean atendidas en forma gratuita, incluyendo medicinas, cubriendo los costos con presupuesto otorgado en forma oportuna a los hospitales y centros de salud.
2. Mejorar la calidad de los servicios que brindan hospitales y centros de salud, con equipamiento y sistemas de garantía de la calidad. El shock de inversiones ha quedado corto.
3. Garantizar los derechos de los pacientes, aprobando la ley que al respecto ForoSalud y las organizaciones de derechos humanos presentamos al Congreso con el respaldo de cien mil firmas.
4. Abaratar las medicinas esenciales promoviendo el uso de genéricos, garantizando su calidad y levantando las patentes renegociando el TLC.
5. Reforzar la atención de salud en zonas rurales, con más médicos y profesionales en los centros de salud y en equipos itinerantes, pagándoles una bonificación especial y dotándolos de los equipos necesarios.
6. Promover la participación ciudadana en la administración compartida de los servicios de salud, mejorando y generalizando el modelo CLAS.
7. Reorganizar el sistema de salud, terminando con la duplicidad de tener dos instituciones paralelas – Ministerio de Salud y EsSalud -, reduciendo gastos burocráticos y facilitando el acceso de toda la población a los hospitales y centros de salud más cercanos.

Hacer realidad el derecho a la salud requiere firmeza en la decisión política. El presupuesto para salud debe aumentarse en mil millones de soles que se necesitan con urgencia. El Primer Ministro debe encabezar la tarea de relanzar y reorganizar los servicios de salud. Sí se puede.

Salud 2007: Perspectivas Inciertas

El nuevo gobierno ha tomado algunas medidas positivas en el terreno de la salud, como la ampliación de horarios y la compra de equipos (“shock de inversiones”), pero que se centran en los hospitales y no llegan a la red primaria de atención. En el terreno de los determinantes de la salud son importantes las iniciativas de “Agua para Todos” y el anuncio – aún con poca concreción – de priorizar la lucha contra la desnutrición infantil. Sin embargo estas iniciativas, siendo importantes, resultan muy insuficientes para afrontar la dramática crisis que afronta la salud pública en nuestro país.

Es particularmente preocupante la poca prioridad para la salud. El presupuesto para la salud del 2007 es apenas 0,01% del PBI más que este año, prácticamente nada y muy lejos de lo que los partidos políticos, incluyendo al aprista, suscribieron en el acuerdo de partidos políticos en salud, que implica un aumento de 3% del PBI en 5 años. Con el presupuesto aprobado, de acuerdo a la presentación del ministro ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, la mitad de las brigadas itinerantes para atender a los poblados rurales que carecen de posta de salud no podría ser contratada, y sólo se podría comprar una tercera parte de los necesidades en insumos de planificación familiar y medicinas para malaria. Además existe una demanda acumulada de nombramiento de médicos, profesionales y técnicos del sector que implica un importante presupuesto adicional.

Al mismo tiempo, la ausencia de un Plan en salud es notoria. No hay visión estratégica ni planes para avanzar hacia el aseguramiento universal, incluyendo a nuevos grupos en el SIS y desarrollando la relación MINSA-EsSalud hacia un sistema integral. Tampoco hay una propuesta para impulsar de una manera efectiva la promoción de la salud, y ante problemas centrales como la contaminación en La Oroya, la acción del gobierno ha sido tardía y complaciente. Asimismo, los temas de interculturalidad, equidad de género y derechos se encuentran ausentes de la política de salud.

En el terreno de la descentralización, ha habido anuncios de la municipalización de los centros y puestos de salud, los que no fueron explicitados durante la campaña electoral y que además carecen de las formulaciones y sustentaciones técnicas necesarias, así como de un plan de aplicación, demostrando improvisación y falta de claridad al respecto. Hasta ahora no hay nada claro respecto de cómo se aplicaría el plan piloto anunciado en este terreno: ¿serán los centros de salud entregado a la municipalidades distritales o provinciales? ¿cómo establecimientos individuales o microrredes? ¿bajo consorcios de municipios o a cada municipio? ¿incluyendo a EsSalud o solo MINSA? ¿con qué mecanismos de participación ciudadana? ¿los CLAS desaparecerían? Todas estas son preguntas básicas que no tienen respuesta hasta el momento por parte del gobierno.

Por otro lado, el nuevo gobierno no ha tenido una política de promover la participación ciudadana en salud, la que es un gran ausente en las propuestas presentadas hasta el momento. Las instancias de concertación vigentes, como el Consejo Nacional de Salud, han recibido muy poca atención.

En resumen, a los cien días de iniciado el nuevo gobierno, en salud ha habido iniciativas aisladas dentro de un marco de poco presupuesto, inexistencia de un plan de gobierno y deficiencias en la conducción sectorial.

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¿Se mantendrán estas tendencias durante los próximos dos años? El pronóstico es reservado. Todavía no se ha vivido ningún cambio en el gabinete como para saber si es que el presidente García tendrá agilidad para cambiar a los ministros que no desarrollan una gestión eficiente y de reformas, y si será capaz de hacer esos cambios nombrando a nuevos ministros que sí tengan esa capacidad técnica y política, y que además se le otorgue el respaldo necesario para que puedan cumplir una buena labor. Ojalá salud se constituyera en un tema central en la agenda presidencial y gubernamental, tenga la fuerza suficiente para lograr obtener recursos presupuestarios importantes y que las preocupaciones de salud públicas ocupen un lugar preeminente en las regulaciones económicas , sociales y ambientales. Pero hasta el momento hay pocos indicios de que ello vaya efectivamente a suceder.

Salud al garete: Sin prioridad ni plan de gobierno

A los 100 días de iniciado el nuevo gobierno, si bien ha habido algunas iniciativas positivas en salud, la política de salud se caracteriza por su escasa prioridad presupuestal y política, la carencia de un plan de gobierno y deficiencias técnicas en la conducción sectorial.

El nuevo gobierno ha tomado algunas medidas positivas en el terreno de la salud, como la ampliación de horarios de atención, la compra de equipos y la campaña de vacunación contra la rubéola. Son positivas asimismo las iniciativas de “Agua para todos” y el anuncio – aún con poca concreción – de priorizar la lucha contra la desnutrición infantil. Siendo importantes estas iniciativas, consideramos que resultan muy insuficientes para afrontar la dramática crisis que afronta la salud pública en nuestro país.

Al mismo tiempo, la norma técnica de ambulancias ha sido modificada en contra de las necesidades de salud pública, en una decisión que todo indica ha sido tomada para favorecer a una determinada empresa automotriz. En la salud sexual y reproductiva, son de lamentar las recientes declaraciones de la ministra de la mujer pretendiendo recortar el uso de la “píldora del día siguiente” solamente a víctimas de violaciones, yendo en contra de recomendaciones internacionales y del derecho a la salud. Otras acciones en salud, como la ampliación de horarios o la propia campaña de vacunación contra la rubéola se han realizado sin las orientaciones técnicas adecuadas.

Pero lo más grave es la poca prioridad para la salud y falta de rumbo estratégico de la actual gestión. El presupuesto para la salud del 2007 es apenas 0,01% del PBI más que este año, prácticamente nada y muy lejos de lo que los partidos políticos, incluyendo al aprista, suscribieron en el acuerdo de partidos políticos en salud. El propio Ministro Vallejos ha reconocido ante el Congreso que con este presupuesto, sólo se podría comprar una tercera parte de los insumos de planificación familiar, un tercio de medicinas para malaria y apenas 10% de las medicinas necesarias para las personas con VIH/SIDA y tuberculosis multiresistente. Con este presupuesto, la mitad de las brigadas itinerantes para atender a los poblados rurales que carecen de posta de salud, no podría ser contratada.

La ausencia de un Plan de Gobierno en Salud es notoria. No hay visión estratégica ni planes de reforma para avanzar hacia el aseguramiento universal, que considere a los adultos, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Tampoco hay una propuesta para impulsar de una manera efectiva la promoción de la salud, y ante problemas centrales como la contaminación en La Oroya y en el río Corrientes o los accidentes por transporte interprovincial, la acción del gobierno ha sido tardía e insuficiente. Asimismo, los temas de interculturalidad, equidad de género y derechos brillan por su ausencia.

En el terreno de la descentralización, ha habido anuncios de la municipalización de los centros y puestos de salud, los que no fueron explicitados durante la campaña electoral y que además carecen de las formulaciones y sustentaciones técnicas necesarias, así como de un plan de aplicación, demostrando improvisación y falta de claridad al respecto.

Por otro lado, el nuevo gobierno no ha tenido una política de promover la participación ciudadana en salud, la que es un gran ausente en las propuestas del gobierno. Este importante componente de las políticas públicas en salud no fue ni siquiera mencionado en la presentación que hiciera el ministro de salud junto al presidente García. Las instancias de concertación vigentes, como el Consejo Nacional de Salud, han recibido muy poca atención, y el gobierno tiene el desparpajo de anunciar un “Plan Nacional Concertado en Salud” sin siquiera haber reunido a esta instancia de concertación..

Insistimos: a los cien días de iniciado el nuevo gobierno, en salud ha habido iniciativas aisladas dentro de un marco de poco presupuesto, inexistencia de un plan de gobierno y deficiencias en la conducción sectorial. Para que se haga realidad el derecho a la salud de todos los peruanos, esto debe cambiar. De lo contrario, se corre el riesgo, que hoy es muy grave, de que pasemos otro quinquenio sin avances sustanciales en salud pública debido a la dejadez e incapacidad del gobierno, lo que tendría un costo de muerte y enfermedad muy elevado.

Si quisiera rectificarse, el gobierno debería otorgar la prioridad presupuestal y política necesaria a la salud pública, implementar las medidas de emergencia que aprobara la III Conferencia Nacional de Salud y realizar una convocatoria amplia para la discusión y aprobación, de manera participativa y concertada, de un Plan Nacional para hacer realidad el Derecho a la Salud. Dado el claro sesgo a la derecha del segundo alanismo, eso parece, lamentablemente, poco probable.

Hacia una nueva Política de Salud Pública

Dentro de los cambios que demanda el país al nuevo gobierno, uno importante es la salud pública. Las zonas rurales de sierra y selva tienen indicadores de salud mucho peores que el resto del país, y la esperanza de vida de los pobres es 20 años menos que la de sectores más afortunados. La salud ha sufrido un abandono secular por parte de las autoridades nacionales, graficado en el escaso presupuesto que se le asigna – no llega al 1,5% del PBI – y en la poca atención que le han dedicado presidentes y congresos.

¿Qué importancia tiene para la política de salud lo que haga el Presidente de la República? Mucha. En los últimos meses se ha reactivado a nivel mundial y nacional una vieja idea: que la salud de la población depende crucialmente de los determinantes sociales. Por ejemplo, un medio ambiente sin controles adecuados es una causa seria de enfermedad y muerte en el Perú, destacando la contaminación del aire en Lima y en La Oroya, el uso descontrolado de agroquímicos nocivos para la salud y la contaminación de ríos por desechos químicos y aguas servidas no tratadas. Se estima que el costo económico de la salud perdida por razones ambientales asciende a 3,300 millones de soles anuales por enfermedad y provoca alrededor de 6 mil muertes cada año.

Por ello, la salud no se mejora solo ni principalmente curando a los enfermos, sino promoviendo la salud. Resulta por ello necesario reducir la pobreza y la discriminación, controlar la contaminación ambiental, promover hábitos de vida saludables (sin drogas, tabaco o alcohol excesivo, con dieta y ejercicios adecuados, y evitando el stress), abastecer a la población con agua segura, impedir la violencia familiar y social, mejorar la educación de las familias sobre temas de salud, establecer una adecuada alimentación, entre las principales prioridades.

A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha nombrado una Comisión para discutir estos temas y proponer alternativas, comisión en la que participan intelectuales de la talla de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía.

A nivel nacional, es indispensable que el próximo gobierno tenga esta visión amplia de la salud, con un ministro que dedique buena parte de sus energías a promover políticas innovadoras en estos campos y que esté respaldado por un Presidente, Primer Ministro y Congreso que presten atención a esta problemática. Los peruanos necesitamos políticas económicas y sectoriales saludables para mejorar nuestra salud, en especial de los más pobres.

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Este cambio de orientación de la política de salud viene siendo promovido por la sociedad civil, que está organizando para los días 10 al 12 de julio la III Conferencia Nacional de Salud, uno de cuyos temas centrales es precisamente la de los Determinantes Sociales y la Promoción de la Salud. Expertos de diversos países, incluyendo a uno de los miembros de esta comisión de la OMS, el ex - ministro de salud de Mozambique Dr. Pascoal Mocumbi, dialogarán en este evento con gente de todos los departamentos del Perú que están en estas semanas elaborando diagnósticos y planteando alternativas. Estaremos así aportando con voz y propuestas a una política que promueva el derecho a la salud de todos los peruanos.

El Derecho a la Salud y la Salud Ambiental

Un adecuado entendimiento del derecho a la salud incluye no solamente el derecho a la atención de salud, es decir, a recibir el cuidado, la revisión por parte de profesionales, los exámenes diagnósticos, las medicinas y los procedimientos quirúrgicos y médicos necesarios. Si el derecho a la salud establece el derecho a que cada persona puede gozar de las mejores condiciones de salud, de la mayor extensión de vida y de la menor prevalencia de enfermedades posibles, parte de este derecho es el necesario control sobre los factores sociales y ambientales que producen efectos nocivos sobre la salud. El desarrollo de programas, políticas y regulaciones públicas que sustenten el control de los factores ambientales que afectan la salud es, así, parte sustantiva del derecho a la salud.

Como en otros casos, también en el caso de la salud ambiental el derecho a la salud en el Perú no se hace efectivo. En primer lugar, en relación al respeto que debe tener el Estado en las acciones que realiza, ya que en muchas oportunidades es el propio Estado el que afecta el medio ambiente de manera tal que causa efectos nocivos sobre la salud. Uno de los casos más dramáticos al respecto es el de las infecciones intrahospitalarias como las que recientemente han sido responsables del fallecimiento de tres ninhos en hospitales de Lima, particularmente paradójico porque son los propios establecimientos encargados de la atención de la salud los que, debido a su escaso cuidado ambiental, terminan facilitando la propagación de bacterias realmente mortales. El principio de Primum Non Noscere, sobretodo no hacer danho, no se cumple en los hospitales públicos, en buena parte por falta de cuidado ambiental.

Un segundo aspecto es en relación a la protección que el estado debe hacer para que otras personas no violen o afecten el derecho a la salud mediante la contaminación del medio ambiente. Este es posiblemente el aspecto más crítico en el Perú, donde tenemos empresas mineras como Doe Run que emite gases tóxicos al ambiente causando contaminación con plomo que ha afectado gravemente la salud de los ninhos de La Oroyoa y de todo el valle del Mantaro, ya que recientes estudios como el de la Universidad de St. Louis han mostrado concentraciones de plomo en la sangre en proporciones peligrosas incluso en la ciudad de Concepción, a más de 100 kilómetros de distancia. Pero no es el único caso: contaminaciones con Mercurio provocadas por la explotación de Yanacocha, emisiones de gases en Camisea además de la trasmisión de enfermedades a grupos nativos de la zona con poco o ningún contacto previo, problemas de contaminación senhalados por pobladores cercanos a Tintaya y antiguos problemas con la contaminación del aire en la zona de Ilo, son los casos más conocidos.

Pero no es sólo la actividad minera la que emite contaminantes peligrosos para la salud, y el control sobre emisiones industriales, el procesamiento de la coca con uso de insumos químicos y emisión de contaminantes, el uso de agroquímicos y de materiales construcción peligrosos para la salud es muy limitado. Incluso en Lima hay problemas de contaminación por plomo en zonas del Callao (por el transporte cerca del puerto) y de Carabayllo (por procesadoras informales de baterías de carro). En Lima, particularmente agudo es el problema de la contaminación del aire por el transporte urbano y por las fábricas industriales, tema este último poco estudiado pero que se siente en aquellos días del anho en que barrios enteros de la ciudad huelen a harina de pescado, del mismo modo que se siente en Chimbote o en Chancay. En el campo, el caso de los 14 ¿? Ninhos fallecidos por contaminación del vaso de leche con un órgano fosforado en la comunidad de XXXX ha sido emblemático sobre el tema de falta de control de agroquímicos. Entre los materiales de construcción, el asbesto sigue siendo permitido a pesar de sus efectos cancerígenos.

Finalmente, el derecho a la salud es también la promoción que debe hacer el estado para reducir los riesgos ambientales existentes. En este caso, el tema del agua potable y el saneamiento es particularmente importante, considerando que todavía 30% de los hogares peruanos todavía no tienen agua por red pública, y que no sabemos que porcentaje del agua de red pública es efectivamente saludable. El problema del agua potable es particularmente agudo en las áreas rurales, donde en los últimos anhos el gobierno ha avanzado muy poco a pesar de contar con un préstamo del Banco Mundial por US$ 50 millones del cual, por incapacidad de gestión, no se ha utilizado ni la décima parte. En ciudades como Lima, todavía un décimo de la población no tiene agua potable y deben comprarla a precios mucho mayores a camiones aguateros, que además no tienen garantía de calidad del agua, estableciéndose una discriminación de precio y de acceso absolutamente inaceptable desde el punto de vista del derecho a la salud y al agua.

Otros temas de salud ambiental que deben ser vistos desde la promoción del derecho han merecido más atención desde las autoridades de salud, en particular el control de vectores trasmisores de enfermedades como la malaria y el dengue, y en menor medida otras como el mal de Chagas o la rabia. Un caso particular ha sido el del dengue, que ha llegado hasta la ciudad de Lima a pesar de que había el conocimiento del riesgo y la posibilidad de tomar acciones preventivas que lo evitaran.

Dos causas intermedias queremos anotar por estos problemas. La primera, la escasa atención que las autoridades sanitarias y la sociedad salubrista en su conjunto ha prestado a los temas de salud ambiental, a contracorriente de su enorme importancia. Desde el sector salud hemos descuidado ese tema. Al mismo tiempo, una segunda causa es la debilidad institucional del estado en relación al tema ambiental en general, y en particular la poca coordinación y respaldo del Ministerio de Salud y la DIGESA con el CONAM.

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La causa de fondo es la poca importancia que el Estado y la sociedad peruana prestan a la salud pública y al derecho a la salud. Las decisiones económicas pasan por encima, muy por encima, de las necesidades de la salud pública, y la contaminación ambiental ni siquiera se toma en cuenta al momento de autorizar una fábrica o regular una industria. La salud sigue siendo una cuestión que las familias postergan para cuando aparecen los problemas, y los gobiernos locales, regionales y nacional no priorizan. Poco o nada hemos oído y estamos oyendo en la actual campanha electoral al respecto. La sociedad civil tiene el reto de analizar y discutir el tema a profundidad, de forjar alianzas amplias entre los distintos sectores involucrados en este esfuerzo, y de llamar la atención a la ciudadanía y obligar al gobierno a darle a este tema la importancia que se merece.