Justicia en las pensiones

Está en plena discusión la reforma de la 20530, debate en el cual el tema del equilibrio fiscal debe ir aparejado de una consideración sobre sus efectos sobre la pobreza y la justicia social.

Sobre este tema, hay dos criterios de justicia social contrapuestos necesarios de dilucidar. Por un lado, está el criterio de que la pensión debe ser igual al aporte realizado. Este es un criterio de justicia estrictamente contractual, que podemos asociar a la concepción ultraliberal de Nozick: cualquier situación social es justa si proviene de arreglos contractuales realizados por individuos libres[1]. Solo si cada uno tiene aquello por lo que pagó, un sistema es justo. Este es sin duda el criterio que se utiliza en un sistema como el de las AFPs. Es también el criterio utilizado cuando se presentan datos que resaltan la diferencia entre el aporte y las pensiones recibidas, mostrando de esa manera la injusticia de mantener pensiones altas en la 20530.

Pero, ¿es ese el único criterio de justicia social a tener en cuenta en un sistema de pensiones? ¿es siquiera el principal? ¿estamos de acuerdo que quien vivió en la pobreza extrema toda su vida y no logró ahorrar para su vejez, se muera de hambre o de enfermedades curables, porque no tiene el dinero necesario para subsistir?

Frente al enfoque ultraliberal, otra concepción de justicia social pone énfasis en los derechos. El derecho a la seguridad social está inscrito dentro de los principios establecidos en la Convención Universal de los Derechos Humanos. Tras esta convención se encuentra la idea de que todos los seres humanos debemos tener las condiciones básicas para poder vivir y desarrollar nuestra vida con dignidad, lo que se asocia al objetivo de los sistemas de pensiones de evitar la pobreza entre las personas de edad avanzada.

Es claro que bajo ninguno de estos dos criterios de justicia social, es sostenible la existencia de pensiones excesivamente altas dentro del régimen de la 20530, que como se sabe es mayoritariamente subsidiado por el fisco. Ello debe dar lugar a la imposición de topes razonables sobre las pensiones y la revisión de los casos irregulares.

Pero hay otros dos elementos adicionales en la reforma pensionaria propuesta que es fundamental discutir. El primero es la eliminación del llamado “efecto espejo” o “cédula viva”. Esto es razonable, sin embargo, la propuesta del MEF es francamente abusiva contra los pensionistas: establece que los reajustes dependerán de “la disponibilidad de la caja fiscal”. Sin embargo, a la hora del presupuesto, siempre resulta que dinero para fragatas Lupo y pagar la deuda externa, mientras que se reajusta poco las pensiones (caso de la 19990). Lo mínimo aceptable es que las pensiones se reajusten con la inflación medida por el índice de precios al consumidor: los jubilados tienen derecho a una seguridad básica respecto del valor real de su pensión.

La otra discusión que debe plantearse es respecto de qué se debe hacer con el dinero que se ahorre de recortar las pensiones excesivas. Una propuesta surgida del Congreso es darle una parte – no todo - a los pensionistas de la 20530 que reciben las pensiones más bajas. Se pierde de vista que las pensiones más bajas son las que valen cero. Tres de cada cuatro personas mayores de 65 años carecen de pensión alguna que les ayude en su vejez. Si el estado tiene recursos, ¿por qué debería aumentar el subsidio una “huérfana” de 40 años, mientras hay ancianos extremadamente pobres a los que el estado no les da ningún apoyo? ¿acaso esos ancianos pobres no han pagado a lo largo de su vida impuestos a través del IGV, ISC, aranceles y demás tributos indirectos? Ya es tiempo que el estado peruano empiece a dar algún apoyo a los ancianos pobres, como se hace en Brasil, Bolivia o Argentina, donde han tenido un tremendo efecto en reducir la pobreza.

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La reforma de la 20530 es necesaria pero debe hacerse sobre la base de la justicia. Junto al recorte de pensiones excesivas, otorgar seguridad del valor real de la pensión y atender a los más necesitados es la base para ello.

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[1] Incluso en este caso, Nozick criticaría que se obligue a las personas a ahorrar para la vejez, y no dejarlos tomar sus propias decisiones.

Punta y Base

No hay problema más importante para el desarrollo económico nacional que la difícil combinación entre los sectores de punta de la economía nacional, y la enorme base de peruanos empobrecidos que se refugia obligadamente en su pequeña chacra o negocio ambulante.

Para la derecha, hay que dejar que los grandes capitales arrastren al resto. Toda la iniciativa corresponde a ellos, y todo el bienestar proviene de los empleos que ellos generan y los impuestos que pagan. Parten del preconcepto ideológico que todo lo que hagan será siempre bueno, sin importar si generan poco empleo, causan daño al medio ambiente o – incluso- se involucran en actos de corrupción.

La historia ha demostrado, sin embargo, que ese enfoque no ha logrado incorporar a la mayoría de peruanos a un empleo digno y una vida decente. Todavía tres cuartas partes de los peruanos se gana la vida en condiciones inadecuadas, sin seguridad social. La pobreza no se ha reducido en la última década. La enorme desigualdad, con una minoría privilegiada y un estado que no tiene recursos para cumplir su función, no puede mantenerse.

Una propuesta de desarrollo que incluya a las mayorías tiene que otorgar un lugar central a los mecanismos para que este desarrollo tenga una ancha base. El objetivo no es que “chorree más”, es decir, que el crecimiento económico siga concentrado en pocos mientras la mayoría espera que le caigan algunas gotas de mejora social. Lo que debe buscarse es que el desarrollo sea de todos, también y sobretodo de los campesinos pobres, los pequeños y microempresarios de la ciudad y del campo, y de los trabajadores industriales, del comercio y los servicios. Todos los peruanos debemos ser actores y beneficiarios de ese desarrollo.

Del mismo modo, la derecha piensa que el crecimiento económico determina todo, y que una vez que este llegue, mejorara también la salud, la educación y la seguridad social. No es así. Siendo cierto que el crecimiento económico promueve el desarrollo social, este tiene también su propia dinámica. Países del mismo nivel económico tienen diferencias en su esperanza de vida de 20 años. La educación puede estar divorciada del quehacer económico de un país, como sucede mucho en nuestra patria, o puede ser un gran promotor de ella. Una visión integrada de desarrollo económico y desarrollo social es fundamental, y no puede pensarse ni que lo social vendrá solo con lo económico, ni que sólo debe existir en función a éste

Una propuesta de desarrollo alternativo no puede ignorar, sin duda, la necesidad de que también se incrementen las inversiones de gran volumen. Aunque sea poco, generan empleo, aportan al fisco, traen divisas y promueven la modernización. Pero hay que ir más allá de la simpleza derechista y considerar que lo que queremos como sociedad no es maximizar inversiones sino maximizar bienestar. Considerar también que las mayorías también tienen potencial económico y pueden producir más y mejorar sus negocios e ingresos.

En este esquema, atraer grandes capitales al país es importante, siempre que aporten al desarrollo nacional: que no sean corruptos, que paguen impuestos, que generen empleo, que transfieran tecnología. Para ello, hacer que estos sectores no se encapsulen sino que se alíen y trabajen con los pequeños productores, es fundamental.

Los Precios de Combustibles ¿Quién gana, quién pierde?

El aumento de precio del petróleo en el mercado internacional, sobrepasando largamente los US$ 50 el barril, tiene efectos serios sobre la economía peruana, sobre los cuales el gobierno ha sido totalmente incapaz de articular una alternativa sensata.

Estos efectos son dos. Por un lado, reduce la capacidad adquisitiva de las mayorías, sobretodo al trasladarse a pasajes y precios en general. Por el otro, aumenta la inflación, poniendo en riesgo el cumplimiento de la meta establecida por el banco central que es de 3,5% anual como tope.

Frente a ello, el gobierno debió tomar medidas al respecto. En mayo de este año se puso en marcha un mecanismo de estabilización de precios de combustibles, consistente en la reducción del ISC. De acuerdo a lo afirmado en el reporte de inflación del BCR, el costo fiscal durante el presente año de esta medida es nulo, ya que la menor recaudación por ISC se compensó con mayor recaudación por IGV y aranceles. En otras palabras lo que se le ahorró a los ciudadanos por el ISC se recuperó por el IGV y aranceles.

Si el efecto fiscal neto es nulo, eso quiere decir que la política fiscal es neutra frente al shock de oferta negativo que implica un alza de precio del petróleo: ni lo amplifica (cosa que ocurriría automáticamente vía IGV y aranceles si no se reduce el ISC) ni lo modera (cosa que ocurriría si la reducción del ISC fuera mayor que la recaudación generada por IGV y aranceles).

De esta manera, el mecanismo de estabilización, estabilizó poco. Lo único que logró fue no amplificar el shock de oferta negativo, que es lo que hacia el mecanismo antiguo de estabilización de los precios de los combustibles hoy liquidado. Para un país con nuestra lamentable experiencia, eso era un gran avance en la política fiscal.

Mejor todavía seria moderar el shock aprovechando la holgura fiscal actual. La meta fiscal se va a sobrecumplir en el 2004 con un déficit de 1.2 o 1.3 del PBI, pero eso ya es política ficción dado el dominio de PPK y el neoliberalismo ramplón sobre el MEF actual.

Por el contrario, las cosas en vez de mejorar, han empeorado. El gobierno eliminó este débil mecanismo de estabilización hace mes y medio. Desde entonces, los precios internacionales de los combustibles se han incrementado en 5 por ciento. En ausencia de un mecanismo de estabilización, las empresas refinadoras han aumentado sus precios desde esa fecha. Petroperú ha subido las gasolinas en 10 por ciento, el diesel en 7 por ciento y el kerosene en 2 por ciento; Relapasa lo ha hecho en 4, 2 y 7 por ciento respectivamente. Pero aún así, tienen un rezago respecto de los precios internacionales de entre 5 y 10 por ciento, el que tendería a cerrarse rápidamente en ausencia de un mecanismo de estabilización efectivo, y entre el MEF y Energía y Minas están cocinando una propuesta que, según parece, no sería nada efectiva.

El principal efecto que esto tendría es el de aumentar los precios de los pasajes, lo que aún no ha ocurrido. La última vez que aumentaron los pasajes fue hace año y medio, y el aumento acumulado del diesel podría generar un aumento de 10 por ciento en el precio del pasaje urbano, lo que tendría un impacto inflacionario de cerca de uno por ciento, con lo que la meta de inflación sería imposible de cumplir.

La política de PPK se muestra una vez más torpe y ciega. Eliminó un mecanismo de estabilización de precios de los combustibles sin tener una propuesta alternativa, justo cuando el precio internacional vuelve a subir. Amenaza con afectar negativamente la economía, frenando su crecimiento y promoviendo la inflación.