Pobreza y riqueza minera

Las empresas mineras han obtenido ganancias extraordinarias durante el año pasado, 2007, por 20 mil millones de soles. Es decir, exclusivamente por el hecho de que los precios internacionales de los metales están altos, triplicando o cuadruplicando los niveles que tenían 5 años atrás, las ganancias de las empresas mineras se han incrementado en esta enorme cantidad de dinero. Entre los años 2004-2007, las empresas mineras han acumulado sobreganancias por 60 mil millones de soles.

Esta cantidad es tan fabulosa que los conflictos por algunas pequeñas porciones de esa enorme torta se multiplican. Para que los lectores se hagan una idea, si el estado estableciera un impuesto extraordinario y se quedara con solo la mitad de esa suma, podría invertir en cada hogar pobre del país ¡15 mil soles¡ ¡más de 5 mil dólares para cada familia pobre peruana! Imagínense ustedes todo lo que las familias, sus comunidades y el estado juntos podrían hacer con ese dinero: basta para pagar toda la carrera universitaria de los jóvenes en una buena institución educativa, para invertir en los sistemas de riego y capacitación campesina que la Federación Campesina del Cusco ha probado con éxito y que multiplica los ingresos campesinos por 4 y para resolver los problemas de falta de agua y electricidad en las zonas rurales y urbano-marginales. Mientras tanto, las sobreganancias mineras siguen acumulándose, mes tras mes y año tras año. Discutir en este contexto si la pobreza se redujo 5% o 1% centra en el debate en algo accesorio: si las sobreganancias mineras dejaran de concentrarse en unas pocas manos y fueran utilizadas para combatir la pobreza, podríamos realmente reducir la pobreza mucho más rápidamente.

Estas enormes ganancias mineras están generando conflictos muy intensos. El más notorio de ellos es el de la familia Tudela: la fortuna del padre (hoy anciano) supera los 60 millones de dólares, principalmente en acciones de una empresa minera, que los hijos no quieren compartir con la esposa de su padre. Algunos llamarían a eso el pecado de la avaricia. Paradójicamente, los millones de dólares que el anciano Tudela repartió como adelanto de herencia a sus hijos, sirven ahora para financiar abogados y campañas para despojarlo del resto (porque Francisco Tudela, el ex-vicepresidente del Fujimori re-reelecto con fraude, no tiene trabajo conocido).

La riqueza minera está siendo disputada por quienes ya tienen algún derecho a ella en virtud de las leyes existentes. Accionistas, trabajadores, gobiernos regionales, municipios cercanos a las minas, se pelean nos contra otros, y no faltan disputas al interior de cada uno de estos grupos. Pero la gran mayoría de peruanos está totalmente marginada de estos beneficios. Recientemente, con 5 meses de atraso, el banco Central de Resera ha reportado los datos de sueldos y salarios del 2007, y estos indican que tanto empleados como obreros no tuvieron aumentos reales durante el año pasado.

60 mil millones de soles de sobreganancias. Con la mitad, alcanza para invertir 15 mil soles en cada familia pobre peruana. 15 mil soles por familia. Dejemos a Alan García con su 5% de reducción de la pobreza: es una ridiculez en relación a lo que se podría haber logrado.

Los grandes riesgos que debemos controlar para que la minería genere desarrollo

¿Cualquier negocio es bueno para el desarrollo? ¿Toda acumulación de riqueza que se haga en nuestro territorio debe ser aceptada y promovida? ¿No importa cual y como se haga?

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Muchos negocios y empresas traen algunos inconvenientes. Unos más, otros menos. Un prostíbulo al lado de nuestra casa difícilmente nos gustaría. Tampoco un local para fiestas que ponga la música a todo volumen hasta las 6 de la mañana.

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Algunos negocios de plano están prohibidos: no hay una tienda donde se vendan riñones, hígados o corazones. Tampoco donde se puedan comprar legalmente películas o fotos de sexo con niños (pedofilia). Otras empresas están reguladas: no podemos poner un letrero en la puerta de nuestra casa y decir que somos un banco y recibimos depósitos, ni podemos decir que somos doctores y recibir pacientes.

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En todos estos casos, el Estado actúa para evitar aquellos negocios que traen más daños que beneficios, y para asegurarse en otros casos que los efectos perniciosos sean controlados.

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La minería tiene algunos efectos perniciosos que saltan a la vista, como la contaminación ambiental o el desplazamiento de campesinos de sus tierras sin su consentimiento y sin una compensación económica justa. Pero puede generar otros problemas que son casi invisibles, como lo fue la propia contaminación ambiental durante siglos, tiempo en el que no fue considerada un problema hasta que los problemas empezaron a reventar en nuestra cara. Este artículo se orienta a discutir no los riesgos visibles, sino los invisibles, que por eso mismo suelen ser los más peligrosos.

RECUADRO: “Si la orientación de un gobierno es tal que probablemente haya pocos beneficios para la gente de la extracción de los recursos naturales, entonces los grupos nacionales y la comunidad internacional no deben dar ayuda a esa extracción. Presumiblemente, las posibilidades de que el dinero se use mejor después son mayores, así que lo recomendable es paciencia”. J. Stiglitz, J. Sachs y M. Humphreys, “Escaping the resource curse” (“Escapando de la maldición de los recursos naturales”), página 15. Traducción propia. Joseph Stiglitz recibió el Premio Nobel de Economia y Jeffrey Sachs dirije el Proyecto Milenio de las Naciones Unidas y publicó recientemente el libro “El fin de la pobreza¨.

La maldición de los recursos naturales

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Una década atrás, dos economistas norteamericanos, Jeffrey Sachs y Andrew Warner, hicieron una investigación para ver qué factores influenciaban que unos países crecieran más que otros, e incluyeron como uno de los posibles factores, la cantidad de recursos naturales que tenían. Pensaban que, mientras más riqueza natural poseía un país, mejor podría irle a su economía. Pero resultó que era al revés, y esta sorpresa la llamaron la maldición de los recursos naturales”. Algunos años después, Gavin y Hausman vieron si esta teoría se aplicaba en Latinoamérica: encontraron que efectivamente los países que tenían más minería tendían a crecer menos, y los que se basaban en la minería metálica, como el Perú, menos todavía.

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Pero es una maldición de la que se pueda escapar. Botswana es un país cuya riqueza se basa en la explotación de diamantes y cobre, y es al mismo tiempo el país con mayor crecimiento económico de mundo entre 1960 y el 2000. Chile fue durante mucho tiempo un país cuyas exportaciones eran 50% cobre, al punto que se decía que el cobre era “el salario de Chile”, y ha logrado también un importante despegue económico (aunque con mucha desigualdad). Pero en muchos otros lugares la explotación de recursos naturales como la minería y el petróleo, no han llevado al desarrollo. El Perú no es el único país minero poco desarrollado, ni posiblemente el peor: Nigeria, Angola, Chad o Sierra Leona en África comparten esta triste situación. Los estudiosos han identificado a nivel mundial las posibles causas por las cuales la mayoría de países mineros crece menos que el resto, que son los riesgos que debemos controlar si queremos que nuestra minería sea un factor de desarrollo y no de subdesarrollo.

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La minería: Sin querer queriendo afecta negativamente al resto de sectores económicos

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La minería peruana (incluyendo la actividad petrolera y gasífera) tiene características por las que se le ha llamado de enclave, porque no tiene mayores efectos positivos sobre el desarrollo productivo y tecnológico nacional. Cuando un país tiene, por ejemplo, una industria automotriz, esta industria tiene que comprar muchas piezas: motores, carburadores, frenos, bujías, pistones, amortiguadores, etc. Tiene también que usar muchos ingenieros y técnicos, que aprenden mientras trabajan, en lo que se ha llamado “aprender haciendo”. Así, esta industria promueve el desarrollo de industrias que hagan todas esas piezas, y esas industrias a su vez pueden aplicar esa tecnología u otra parecida, a otras industrias: motos, mototaxis, ferrocarriles, lanchas, aviones, buses, tanques y muchas otras. Mediante estos dos efectos, la industria, así como sectores como los de la informática, tienen un amplio efecto sobre la economía. Eso sucede muy poco con la minería, que compra pocos insumos o materiales a otras industrias, cuyos equipos son importados y cuya tecnología se aplica muy difícilmente a otros sectores. Por ejemplo, una pala mecánica que carga 2 toneladas no usan muchos insumos y una planta concentradora es una tecnología que casi no se aplica a otra cosa. A pesar de que somos un país minero, las especialidad de ingeniería de minas no tiene muchos alumnos en las universidades peruanas.
Hay otra razón por la cual la minería, el gas y el petróleo tienden a generar poco desarrollo económico: tiene un límite natural, lo que no sucede con la industria. Una industria de carros en un país puede ampliarse y producir más y más, casi sin límites, si se dirige a la exportación. Al producir cantidades cada vez mayores, puede reducir cada vez más sus costos unitarios. Una mina no puede hacer eso: su producción está limitada y su productividad y costos está determinada por el yacimiento.

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Por todo ello la minería no es muy buena para el crecimiento económico, pero eso no nos dice que pueda tener efectos negativos. Que otros sectores sean mejores no quiere decir que la minería haga daño, aún cuando pensando en una estrategia de desarrollo, es un señal de que no debe ser priorizada.
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Pero si puede haber efectos negativos de un crecimiento acelerado de la minería sobre sectores industriales, mediante la llamada “enfermedad holandesa”, conocida así porque se estudió por primera vez tras el descubrimiento y explotación de unos pozos de gas en Holanda en los años 70. Esta “enfermedad” se produce porque los yacimientos de minerales, petróleo o gas pueden traer muchas muchos dólares a la economía, haciendo que el tipo de cambio caiga, es decir, el dólar baje de precio. El problema es que cuando el precio del dólar cae, a la industria, a la agricultura de exportación, al turismo, a los que hacen software para vender internacionalmente, se les hace más difícil competir: las importaciones salen más baratas y vender en el exterior se hace más caro. Y justamente sufre la industria, aquella actividad que a largo plazo genera, como hemos visto, más dinamismo económico y más cambio tecnológico.

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¿Qué hacer frente a estos riesgos? Tener una política que promueva a la industria y sectores dinámicos de los servicios, como los de la informática, mediante créditos, facilidades para la innovación tecnológica, protección del mercado interno y promoción de exportaciones. Para ello, se puede usar el dinero que nos otorga la explotación minera y de hidrocarburos. La ausencia de una política de este tipo en los últimos 15 años ha sido uno de los grandes pecados del neoliberalismo peruano. Chile y Botswana si han tenido esas políticas. Frente al problema del tipo de cambio que cae, políticas del Banco Central destinadas a evitar o controlar esa caída son muy importantes, como han hecho los países asiáticos en general. Esto se ha hecho en Perú en los últimos años, desde la gestión de Oscar Dancourt en el Banco Central, y ha estado muy bien.
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Los subibajas de los minerales y otras materias primas

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Un segundo problema de los países que tienen una importante proporción de su producción y exportaciones vinculados a los minerales, es que los precios de estos suben y bajan con mucha fuerza en el mercado internacional. Hoy el cobre se vende en el mundo a 3,50 dólares la onza, pero hace pocos años no llegaba ni a la cuarta parte. Algo similar pasa con el zinc, el oro o el plomo. Esto puede ser bueno, ya que las empresas reciben más plata y pagan más impuestos y podrían más fácilmente reinvertir o aumentar salarios. Pero el problema es que estas alzas de precios no suelen durar, y al cabo de unos años los precios caen, a veces muy fuertemente. Otras veces, los yacimientos se agotan.

Gotea para abajo, diluvia hacia arriba

¿Cuánto han mejorado los ingresos de los pobres? ¿De cuánto dinero adicional en los bolsillos de los pobres estamos hablando, ahora que el gobierno se vanagloria de una “gran” reducción de la pobreza? En los últimos 3 años los pobres sólo han logrado una mejora de 21 soles mensuales, menos de 75 centavos diarios. Esto es lo que dicen las mismas cifras oficiales que sustentan esa reducción de la pobreza que tanto dio que hablar.

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A este ritmo, para mejorar su “diario” en apenas 10 soles, los peruanos pobres deberán esperar cuarenta años ¡hasta el 2048! Un joven pobre, de 25 años, que hoy trabaja arduamente para ganarse la vida, recién cuando tenga 65 años de edad, podrá disponer de 10 soles diarios más que hora.
Llamar chorreo a eso es evidentemente un exceso. Apenas si gotea.

Compárese eso con las sobreganancias mineras. Por el aumento de precios de los minerales, las empresas mineras han tenido ingresos este año por ¡40 mil millones de soles más! Una parte de eso fue a impuestos, de tal manera que las sobreganancias para sus dueños fueron de 25 mil millones de soles en el 2007.

Todos los pobres del Perú, contados por el INEI, 11 millones de peruanos, aumentaron sus ingresos sumados, todos juntos, en menos de 3 mil millones de soles. Los dueños de una veintena de empresas aumentaron sus ingresos en 25 mil millones de soles: 8 veces más.

Eso no es chorreo: eso es diluvio.

En los últimos 3 años las empresas mineras han acumulado 62 mil millones de soles de sobreganancias. Supongamos que el Perú decidiera cobrarle a las empresas mineras la mitad de eso. Con esa suma se podría invertir en cada hogar pobre del país ¡15 mil soles¡ ¡más de 5 mil dólares para cada familia pobre peruana! Imagínense ustedes todo lo que las familias, sus comunidades y el estado juntos podrían hacer con ese dinero.

Mientras este sueño sigue siendo un sueño, se discute si la pobreza se redujo 5% o 2%. Poco relevante: si las sobreganancias mineras dejaran de concentrarse en unas pocas manos y fueran utilizadas para combatir la pobreza, podríamos realmente cambiar las condiciones de vida de millones de peruanos en un quinquenio.

Lourdes Flores propone una mejor política social…pero sin tocar las sobreganancias.

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Hoy los peruanos tenemos la posibilidad de dar un salto gigantesco en la lucha contra la pobreza. Cuestión de compartir un poco mejor la riqueza y de invertir para que el Estado sea capaz de hacer su trabajo y mejorar la vida de la gente. Para eso, necesitamos un gobierno que esté al servicio de las mayorías y no al de los grandes grupos de poder.

Pobreza y Riqueza Minera

Las empresas mineras han obtenido ganancias extraordinarias durante el año pasado, 2007, por 20 mil millones de soles. Es decir, exclusivamente por el hecho de que los precios internacionales de los metales están altos, triplicando o cuadruplicando los niveles que tenían 5 años atrás, las ganancias de las empresas mineras se han incrementado en esta enorme cantidad de dinero. Entre los años 2004-2007, las empresas mineras han acumulado sobreganancias por 60 mil millones de soles.

Para que los lectores se hagan una idea, si el estado estableciera un impuesto extraordinario y se quedara con solo la mitad de esa suma, podría invertir en cada hogar pobre del país ¡15 mil soles¡ ¡más de 5 mil dólares para cada familia pobre peruana! Imagínense ustedes todo lo que las familias, sus comunidades y el estado juntos podrían hacer con ese dinero: basta para pagar toda la carrera universitaria de los jóvenes en una buena institución educativa, para invertir en los sistemas de riego y capacitación que la Federación Campesina del Cusco ha probado que multiplica los ingresos campesinos por 4, y para dotar de agua y electricidad a todas las zonas rurales y urbano-marginales. Mientras tanto, las sobreganancias mineras siguen acumulándose, mes tras mes y año tras año. Discutir en este contexto si la pobreza se redujo 5% o 1% centra en el debate en algo accesorio: si las sobreganancias mineras dejaran de concentrarse en unas pocas manos y fueran utilizadas para combatir la pobreza, podríamos realmente reducir la pobreza mucho más rápidamente.

Estas enormes ganancias mineras están generando conflictos muy intensos. El más notorio de ellos es el de la familia Tudela: la fortuna del padre (hoy anciano) supera los 60 millones de dólares, principalmente en acciones de una empresa minera, que los hijos no quieren compartir con la esposa de su padre. Algunos llamarían a eso el pecado de la avaricia. Paradójicamente, los millones de dólares que el anciano Tudela repartió como adelanto de herencia a sus hijos, sirven ahora para financiar abogados y campañas para despojarlo del resto (porque Francisco Tudela, el ex-vicepresidente del Fujimori re-reelecto con fraude, no tiene trabajo conocido).

La riqueza minera está siendo disputada por quienes ya tienen algún derecho a ella en virtud de las leyes existentes. Accionistas, trabajadores, gobiernos regionales, municipios cercanos a las minas, se pelean nos contra otros, y no faltan disputas al interior de cada uno de estos grupos. Pero la gran mayoría de peruanos está totalmente marginada de estos beneficios. Recientemente el Banco Central de Reserva ha reportado los datos de sueldos y salarios del 2007, y estos indican que tanto empleados como obreros no tuvieron aumentos reales durante el año pasado. Cero de aumentos a los trabajadores el 2007.

Volvamos a lo principal: 60 mil millones de soles de sobreganancias. Con la mitad, alcanza para invertir 15 mil soles en cada familia pobre peruana. 15 mil soles por familia. Dejemos a Alan García con su 5% de reducción de la pobreza: es una ridiculez en relación a lo que se podría haber logrado.

Conflictos en torno a la riqueza minera

Las empresas mineras han obtenido ganancias extraordinarias durante el año pasado, 2007, por 20 mil millones de soles. Es decir, exclusivamente por el hecho de que los precios internacionales de los metales están altos, triplicando o cuadruplicando los niveles que tenían 5 años atrás, las ganancias de las empresas mineras se han incrementado en esta enorme cantidad de dinero. Entre los años 2004-2007, las empresasmineras han acumulado sobreganancias por 60 mil millones de soles.

Esta cantidad es tan fabulosa que los conflictos por algunas pequeñas porciones de esa enorme torta se multiplican. Para que los lectores se hagan una idea, si el estado estableciera un impuesto extraordinario y se quedara con solo la mitad de esa suma, podría invertir en cada hogar pobre del país ¡15 mil soles¡ ¡más de 5 mil dólares para cada familia pobre peruana! Imagínense ustedes todo lo que las familias, sus comunidades y el estado juntos podrían hacer con ese dinero: basta para pagar toda la carrera universitaria de los jóvenes en una buena institución educativa, para invertir en los sistemas de riego y capacitación campesina que la Federación Campesina del Cusco ha probado con éxito y que multiplica los ingresos campesinos por 4 y para resolver los problemas de falta de agua y electricidad en las zonas rurales y urbano-marginales. Mientras tanto, las sobreganancias mineras siguen acumulándose, mes tras mes y año tras año. Discutir en este contexto si la pobreza se redujo 5% o 1% centra en el debate en algo accesorio: si las sobreganancias mineras dejaran de concentrarse en unas pocas manos y fueran utilizadas para combatir la pobreza, podríamos realmente reducir la pobreza mucho más rápidamente.

Estas enormes ganancias mineras están generando conflictos muy intensos. El más notorio de ellos es el de la familia Tudela: la fortuna del padre (hoy anciano) supera los 60 millones de dólares, principalmente en acciones de una empresa minera, que los hijos no quieren compartir con la esposa de su padre. Paradójicamente, los millones de dólares que el anciano Tudela repartió como delante de herencia a sus hijos, sirven ahora para financiar abogados y campañas para despojarlo del resto (porque Francisco Tudela, el ex-vicepresidente del Fujimori re-reelecto con fraude, no tiene trabajo conocido).

El otro conflicto ha sido en torno a la ley relativa al reparto del 8% (menos de la décima parte) de las utilidades mineras a los trabajadores, que busca eliminar las diferencias entre trabajadores en planilla y de subcontratas, pero reduciendo las cantidades derivadas a algunos gobiernos regionales y al Fondoempleo, que promueve proyectos de generación de empleo en los departamentos.

La riqueza minera está siendo disputada por quienes ya tienen algún derecho a ella en virtud de las leyes existentes. Accionistas, trabajadores, gobiernos regionales, municipios cercanos a las minas, se pelean nos contra otros, y no faltan disputas al interior de cada uno de estos grupos. Pero la gran mayoría de peruanos está totalmente marginada de estos beneficios. Recientemente, con 5 meses de atraso, el banco Central de Resera ha reportado los datos de sueldos y salarios del 2007, y estos indican que tanto empleados como obreros no tuvieron aumentos reales durante el año pasado.

60 mil millones de soles de sobreganancias. Con la mitad, alcanza para invertir 15 mil soles en cada familia pobre peruana. Dejemos a Alan García con su 5% de reducción de la pobreza: es una ridiculez en relación a lo que se podría haber logrado.

Creación del Ministerio del Ambiente Bajo La Lupa

El Ministerio del Ambiente está por nacer en un ambiente poco favorable. Tras 20 meses de gobierno, hemos visto la falta de un auténtico interés en priorizar la dimensión ambiental como parte de las políticas nacionales de desarrollo.

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El último número de la revista Bajo La Lupa resalta 10 PECADOS AMBIENTALES DEL ACTUAL GOBIERNO:

1. Desde hace más de 10 años las fábricas de harina de pescado no tienen los límites máximos permisibles para los efluentes, es decir, pueden contaminar las aguas todo lo que quieran. resultado de las operaciones para la producción de harina de pescado.
2. Las grandes empresas pescan cada vez más impunemente dentro de las 5 primeras millas que son de uso exclusivo para la pesca artesanal, a pesar de existir un sistema satelital de seguimiento autoproclamado exitoso.
3. No se han establecido Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP) en 29 rubros. Semejante ineficiencia (que a veces no es solamente eso) es uno de los factores críticos de la gestión ambiental en el Perú.
4. Para favorecer a las empresas mineras, el Gobierno Nacional dejó sin efecto el registro de las Áreas de Conservación Municipal, desconociendo competencias municipales.
5. Se ha permitido que la empresa Doe Run siga postergando la ejecución de las inversiones para limpiar el aire en La Oroya, mientras que el dueño de la empresa compró 2 departamentos de 30 millones de dólares para sus hijas en Manhattan.
6. El gobierno recorta la participación ciudadana en la discusión de los Estudios de Impacto Ambiental en la minería (D.S. Nº 014-2007-EM) y plantea proyecto de ley para priorizar 20 proyectos mineros aunque no cuentas con estudios de impacto ambiental.
7. El gobierno planteó un proyecto de ley que proponía recortar 209,000 hectáreas del Parque Nacional Bahuaja Sonene en Madre de Dios, para permitir la explotación de hidrocarburos en el río Candamo. El Intendente de Áreas Naturales Protegidas Luis Alfaro, opinó que la propuesta implicaba debilitar la legislación ambiental. Al día siguiente de dar su opinión Alfaro fue cesado.
8. El Estudio de Impacto Ambiental del gas de Camisea fue groseramente incumplido por Pluspetrol. Julio Bonelli, Director General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas se negaba a convalidar la fechoría. Para ello el gobierno creó la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, que autorizó un EIA en “vía de regularización”.
9. La Interoceánica Sur ya se está construyendo y aún se discute realizar la evaluación ambiental estratégica de la misma. Esta evaluación debería ser previa al inicio de la obra pues es la base para la prevención de impactos no deseados.
10. Remoción de 10 funcionarios del INRENA por oponerse a la tala ilegal, y al mismo tiempo “legalizando” esta tala al que posterga por un año la aplicación de los coeficientes de Rendimiento del Cedro y la Caoba, lo que provocó la renuncia del Jefe del INRENA.

Tampoco es bueno el escenario cuando la idea del nuevo ministerio surge para cumplir las exigencias del TLC con Estados Unidos o los compromisos el BID respecto al gas de Camisea. La propuesta de Alan García no es resultado de priorizar el manejo de nuestro patrimonio ambiental y diversidad biológica como base de las nuevas formas de crecimiento con equidad e inclusión.

El ambiente no es bueno. Pero puede cambiar. Ojalá los ciudadanos y el gobierno podamos darle más prioridad a este tema indispensable, si queremos asegurar un futuro con desarrollo sostenible.

Contratos, Recursos Naturales y Desarrollo

Uno de los temas que ha entrado con fuerza en el debate electoral es el del cambio de condiciones bajo las cuales operan las grandes empresas, principalmente extranjeras, que explotan recursos naturales como el oro, el cobre, el petróleo y el gas.

Tal discusión es en realidad parte de una discusión mayor: cómo se desarrolla un país rico en recursos naturales. Una de las características del Perú es precisamente tener abundancia de estos recursos. Pero como lo muestra nuestra historia, tener muchos recursos naturales no es ninguna garantía de desarrollo. Es más, estudios internacionales comparativos parecen indicar que los países con muchos recursos naturales, en especial minerales, tienden a crecer menos y no más que los que no tiene esos recursos.

Para los economistas, esta es sin duda una gran paradoja: ¿cómo es posible que quien tiene más riquezas – en este caso naturales – no le vaya mejor económicamente? Las explicaciones sugeridas por quienes han estudiado el tema son que hay una apropiación privada de esos recursos debido a gobiernos corruptos que no privilegian el interés público, que los esfuerzos de las empresas privadas se orientan más a capturar las rentas que otorgan esos recursos que a buscar una competitividad basada en progreso tecnológico, y que estos recursos tienen y precios y condiciones de mercado inestables que luego se trasmiten en fuertes crisis económicas en los países.

La historia reciente de la explotación de los recursos naturales en el Perú parece apoyar sobretodo la primera explicación sugerida: los beneficios de la explotación de los recursos naturales se concentran en muy pocas manos, a pesar de que se trata de riquezas que pertenecen a todos los peruanos.

En esta campaña electoral se han propuesto dos formas para este cambio de condiciones: la primera es establecer nuevas reglas tributarias, tales como las regalías mineras o el impuesto a las sobreganancias por los altos precios internacionales actuales; la segunda es renegociar los contratos. Ambas formas están vinculadas, ya que los contratos de estabilidad tributaria o jurídica que han firmado algunas empresas establecen limitaciones al cobro de nuevos impuestos. Sin embargo, esta limitación no alcanza a todas las empresas, y el pago de las regalías – según ha fallado el Tribunal Constitucional - no puede ser exceptuado amparándose en contratos de estabilidad (a pesar de lo cual este gobierno lo les quiere cobrar).

Quienes defienden el statu quo y quieren que las cosas sigan como están, suelen utilizar el argumento de que cambiar la situación incomodaría a los capitalistas dueños de las empresas y ahuyentaría la inversión. Efectivamente, todo cambio es costoso en cierta medida, y a los inversionistas les gusta que les cobren pocos impuestos y obtener las mayores ganancias posibles. La cuestión es que para el país es más costoso aún quedarse para siempre estancados en la situación actual, permitiendo que nuestras riquezas naturales se vayan aportando muy poco o nada al desarrollo nacional.

Por otro lado, el argumento de que no se puede plantear una renegociación de los contratos porque perdemos credibilidad, es totalmente hipócrita; ya que las grandes empresas han planteando decenas de modificaciones a los contratos y leyes en su favor, incluyendo algunas con “nombre propio” como el Decreto Supremo que se ha dado para favorecer a Doe Run y permitirle que siga contaminando el aire y envenenando a los niños en La Oroya.

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Nuestro país requiere una mejor distribución de los ingresos, en particular de los provenientes de recursos naturales. El estado debe cumplir un rol clave en ese sentido, captando esos recursos y destinándolos con eficiencia a mejorar la educación, la salud y la protección social, y la lucha contra la pobreza y por el desarrollo de las zonas más pobres del país. Como dicen todos los candidatos es hora del cambio, pero sin este cambio fundamental, los cambios que se prometen serán epidérmicos.

Stiglitz, Minería y Desarrollo

Joseph Stiglitz vino al Perú a dar algunas conferencias, una de ellas sobre “Recursos Naturales, Desarrollo y democracia”. ¿Qué dijo el Premio Nobel de Economía?

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Como dijo el propio Stiglitz, la ciencia económica pensaba que los recursos minerales y de petróleo facilitaban el desarrollo. Pero han surgido estudios diversos mostrando que es al revés, y a esta sorpresa la llamaron “la maldición de los recursos naturales”. El Perú no es el único país minero o petrolero poco desarrollado, ni posiblemente el peor: Nigeria, Angola, Chad o Sierra Leona en África comparten esta triste situación.

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¿Cómo es esto posible? La minería tiene algunos efectos perniciosos que saltan a la vista, como la contaminación ambiental o el desplazamiento de campesinos de sus tierras sin su consentimiento y sin una compensación económica justa. Pero también puede generar otros problemas que no están tan obviamente vinculados, como el aumento de la desigualdad, el descuido de la educación, la mayor corrupción, los conflictos en torno a la captura de la renta y la menor estabilidad macroeconómica.
Uno de los efectos más importantes mencionados por Stiglitz es que el predominio de la gran minería genera una fuerte concentración de la riqueza. Unas pocas empresas, la mayoría extranjeras y de apenas una docena de familias peruanas, se apropian de la riqueza de nuestros recursos naturales, pero al mismo tiempo el empleo generado no alcanza ni a 1 de cada 100 peruanos buscando trabajo. Los problemas que trae la minería de contaminación ambiental, empeoramiento de la salud de la población y desalojo de campesinos de sus tierras, agravan la situación de pobreza. Los impuestos que paga esta minería no alcanzan a sustentar una educación, salud o seguridad social decentes.

La extrema desigualdad económica se traduce a su vez en extrema desigualdad política, al hacer que unos pocos puedan financiar grandes campañas electorales para que luego los presidentes electos defiendan sus privilegios y riquezas. Como en el reciente cambio de gabinete, nombrando como Ministro de Trabajo a un abogado destacado por trabajar a favor de las empresas en sus juicios y lobbies contra los trabajadores. Veremos que pasa con el anunciado Ministerio del Medio Ambiente, al que las empresas mineras ya manifestaron su oposición.

Resolver el tema de la desigualdad favorecida por la minería rentista pasa por que el estado sea quien se apropie de esa riqueza y la utilice para financiar la educación, la salud y la seguridad social, en especial los más pobres. Esto debe ir reforzado por políticas para reducir la desigualdad en otros campos, como asegurar el acceso indiscriminado a la justicia, democratizar lo medios de comunicación masivos e implantar reglas claras que limiten el financiamiento de grandes empresas a los partidos y campañas electorales.

La minería puede ser buena para el desarrollo. Para ello, tiene que controlarse los efectos negativos que puede generar sobre su entorno inmediato: los problemas medioambientales y sociales sobre las comunidades y zonas aledañas. También es necesario que la riqueza generada por la minería sea distribuida con justicia y se evite que las empresas mineras tengan una desmedida influencia sobre el Estado, como sucede actualmente.

La Huelga Minera

La Federación de Trabajadores Mineros inicia una huelga nacional el lunes 5 de noviembre próximo. Más allá de los reclamos específicos, las coordenadas de esta huelga la ubican en el centro de dos debates políticos nacionales. El primero son las demandas por una mejor distribución de las extraordinarias ganancias que están teniendo la empresas mineras debido a los altos precios de los metales en el mercado mundial. El segundo es la necesidad de reestablecer derechos laborales básicos, violentados por el abuso que significa el sistema de services, el despido de sindicalistas y los bajos salarios pagados.

Buena parte de los reclamos que sustenta la huelga minera están orientados, precisamente, a que los trabajadores mineros reciban una mayor parte de la renta minera. Los mecanismos son varios, destacando la distribución de utilidades a los trabajadores y la defensa de un régimen especial de jubilación para los trabajadores mineros. Dado que las empresas mineras generan pocos empleos, sus costos laborales son una pequeña proporción de sus costos totales, y pueden dar fuertes beneficios a los trabajadores sin que ello melle de manera importante sus ganancias. Al mismo tiempo, no debe olvidarse que la minería depende principalmente de la riqueza del recurso natural, que pertenece a toda la nación, por lo que el principal espacio hacia el que debe distribuirse mejor las ganancias extraordinarias de las empresas mineras es hacia la sociedad en su conjunto, y en particular hacia las regiones y provincias de nuestra serranía, donde esos recursos se encuentran. Por ello, la demanda común de una mejor distribución, compartida por trabajadores mineros, y por campesinos y pobladores, debe llevar a redoblar esfuerzos por mejorar las conexiones y alianzas entre ambos grupos.

Por otro lado, sin embargo, la huelga minera exige que se acabe el sistema de las services y se respeten los derechos laborales. En este sentido, comparten una demanda con el conjunto de trabajadores peruanos, y en particular con el movimiento sindical. No es sólo en la minería donde este sistema de services y despido de sindicalistas ha frenado enormemente la capacidad de los trabajadores de organizarse y defender derecho básicos y buscar mejores condiciones salariales, de trabajo y de seguridad y salud. También en los textiles, la agroindustria y diversos otros sectores, ha habido estos abusos, que el propio Alan García denunciara durante su campaña electoral y prometiera acabar con ellos. Recientemente, hemos visto a la ministra de Trabajo Susana Pinilla, en una actuación a saludar, fiscalizando e insistiendo en el respeto a los derechos básicos en la empresa Textil San Sebastián, aunque todavía no logra que efectivamente se repongan a los trabajadores y dirigentes despedidos. La huelga minera se justifica en este demanda por la lenidad del gobierno que sigue permitiendo situaciones completamente abusivas contra los trabajadores.

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Según un artículo reciente del Presidente García, los trabajadores mineros con esta medida de huelga serían unos perros del hortelano, que no comen ni dejan comer. En realidad, el problema está en la enorme injusticia de como se apropian de la riqueza minera quienes, en alianza con el gobierno, se apropian de recursos naturales que pertenecen a todos los peruanos. Y en la enorme injusticia de reglas laborales que impiden derechos laborales básicos. No hay que olvidar que es gracias al trabajo y esfuerzo de los trabajadores que las empresas mineras pueden terminar haciendo sus enormes ganancias. Los trabajadores no solo no son el perro del hortelano, son un componente esencial en la extracción del recurso y generación de las ganancias. Hacerles un espacio en la mesa con reglas más justa para su contratación, debe ser parte de nuevas reglas nacionales que repartan mejor la riqueza y aseguren los derechos laborales fundamentales para todos los peruanos.

Minería: Entre la Convención de Arequipa y Majáz

Esta semana, en escenarios distintos, se han debatido aspectos claves relacionados con la minería. Por un lado, la Convención Minera de Arequipa que convocó a las principales empresas y autoridades del sector. Por otro lado, el conflicto en la sierra de Piura, que también ocupó la atención de los medios y provocó una visita apurada del primer ministro que buscaba desactivar la consulta anunciada. Estos escenarios reflejan las brechas que existen en la minería en el Perú.

¿El crecimiento minero se detiene?

En los pasados quince años la minería peruana ha estado en el mayor ciclo expansivo de los últimos sesenta años. En la década del 90 el crecimiento del producto minero alcanzó un promedio anual de 8.6% y en los primeros seis años de la presente década llegó a 7.6%. Las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual 2008-2010 del MEF, señalan que el sector minería e hidrocarburos crecerá 6.4% el 2008, 7% el 2009 y 12% en el 2010.

El proyecto es que la expansión siga y para los próximos cinco años se anuncian más de 11 mil millones de dólares en inversiones. Para lograr la meta, la idea fuerza del gobierno y las empresas es blindar el marco legal, esperando que los recursos vía canon, aportes voluntarios y regalías, ayudarán a generar la aceptación de las poblaciones locales. Por lo tanto, la consigna parece ser no mover nada y olvidarse de cualquier reforma.

Sin embargo, todo indica que algo viene fallando. El crecimiento minero comienza a mostrar síntomas de agotamiento: el año pasado el PBI minero creció apenas 0.5% y en lo que va del año viene cayendo en más de 2 puntos porcentuales, destacando el derrumbe de la producción del oro (-23 %).

La respuesta del gobierno y las empresas es que el estancamiento de la producción se debe a los conflictos y no les falta razón. El problema es que a continuación explican que estos conflictos son en realidad provocados por la acción de organizaciones antimineras, que desinforman y manipulan a las poblaciones. La figura es casi una confrontación entre buenos contra malos; o como ha dicho esta semana el primer ministro, patriotas contra antipatriotas, que no quieren que el Perú se desarrolle. ¿Es así de simple? La realidad parece ser más compleja.

Los verdaderos problemas

Un análisis del Banco Mundial concluye que los conflictos mineros se producen porque: (1) los ingresos generados por la minería no llegan a las comunidades afectadas; (2) se realiza minería en áreas socialmente sensibles; (3) la degradación ambiental es un serio problema; (4) un sistema de regulación inadecuado y una débil capacidad gubernamental que limita la contribución de la minería al desarrollo. Cualquier parecido con nuestra realidad no es coincidencia.

Un primer punto de la agenda pendiente de la minería en el Perú es la gobernabilidad: es necesario recuperar capacidad efectiva de gestión pública. Entre otras dimensiones, creando una autoridad independiente que enfrente el gran reto de la degradación ambiental en el país. Según el Banco Mundial, el costo de la degradación ambiental en el Perú es de 8,200 millones de soles, lo que equivale al 3.9% del PBI. Este mismo organismo acaba de cuestionar aspectos técnicos de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y la limitada capacidad del Ministerio de Energía y Minas para revisar, realizar consultas y evaluar estos estudios de manera eficiente.
Otro tema relevante de la agenda minera es cómo promover mecanismos de participación ciudadana que sean al mismo tiempo serios, oportunos e informados. El debate sobre la consulta de Majaz expresa en parte esta frustración de poblaciones que no son adecuadamente informadas y cuyas opiniones no tienen ninguna influencia en la toma de decisiones. Parte de la agenda también está relacionada con el tema laboral y la necesidad de mejorar las condiciones del mayoritario empleo precario que se da en el sector.

. RECUADRO: EL APORTE FISCAL DE LA MINERIA El tema de los ingresos fiscales provenientes de la minería debe retomarse con seriedad, más aún en una situación de bonanza de precios. Las sobreganancias obtenidas por las empresas, debido al incremento de las cotizaciones, suman US$ 10,563 millones en el período 2002-2006. En este contexto, entre los distintos impuestos que se recaudan en minería, el que ha mostrado mayor dinamismo es el Impuesto a la Renta, que se aplica sobre las ganancias. La participación del sector en la recaudación total de este impuesto, de apenas 7.7% durante 1998-2001, subió a 22.9% durante el período 2002-2006, alcanzando un 37.0% durante 2005-2006. Sin embargo, en un reciente estudio realizado por CooperAccion, se destaca que la participación relativa del sector minero en la recaudación total de tributos internos es aún baja: entre 1998-2006, la presión tributaria promedio de la minería (11.1%) estuvo por debajo de la presión tributaria promedio del país para ese mismo período (13.1%). Tres factores explican esta baja participación de la minería en la recaudación de tributos internos: 1) el Impuesto a la Renta no es el más importante dentro de la estructura tributaria del país, 2) una mínima participación en la recaudación del IGV, impuesto que es el de mayor importancia en la estructura tributaria del país; y 3) una política tributaria sectorial muy permisiva. .

Se hace necesario abordar estos y otros puntos adicionales, ausentes hoy en día en los mecanismos de la política minera en el Perú. A estas alturas, está claro que el marco legal e institucional que se creó a inicios de la década pasada y que demostró ser sumamente eficaz para captar inversiones muestra síntomas de agotamiento.

Todo indica que será muy difícil revertir esta situación sin abordar cambios en las reglas de juego y sin tener una actitud de mayor apertura y tolerancia en temas cruciales que están a la base de los conflictos. Las empresas y el gobierno deberían ser los primeros interesados en proponer un debate serio que permita abordar estos y otros temas.

Poniendo la Mineria bajo la lupa

Hay siete ejecutivos en el Perú que ganan más de un millón de soles anuales. Se concentran principalmente en el sector minero, según la consultora Deloitte. El sueldo más alto de un gerente en el Perú es de un millón 400 mil soles anuales: el equivalente a 120 mil soles mensuales.

Trato de imaginarme qué haría si recibiera 120 mil soles todos los meses, mes tras mes, año tras año. ¿Me compraría un departamento y lo amoblaría todos los meses? Con 120 mil soles lo puedo hacer. ¿O mejor ahorro y me compro una casa grande cada tres meses? ¿Pero qué me haría con tantas casas? ¿Gastaría en yates, playas completas para mí solo, mayordomos? ¿En qué puede una persona gastar 120 mil soles TODOS los meses del año?

Pero si lo que ganan los gerentes parece mucho, miren lo que ganan los dueños de las empresas. Los propietarios de las acciones tipo C de Southern Peru Copper Corp han visto cómo sus acciones han pasado de valer 10 mil millones de dólares hace un año, a valer 27 mil millones hoy: una ganancia de 17 mil millones de dólares, más de 50 mil millones de soles. Esta cifra definitivamente escapa a mi imaginación. No sé calcular cuántas maletas llenas de billetes se necesitarían para poner todo ese dinero. ¿En obreros, cuanto sería?

Pues lo que ha ganado ese grupo con sus acciones, solo de esa empresa, en el último año, es más que lo que ganan TODOS los obreros del Perú, de todos los sectores y empresas, en un año. Un obrero en el Perú gana en promedio 980 soles mensuales. Si juntamos los salarios de un millón de trabajadores peruanos, mes a mes, durante todo el año, no alcanzamos la suma de lo que han ganado un grupo de accionistas de Southern.

Felizmente, pensarán nuestros lectores, el Estado obtiene parte de esas ganancias mediante impuestos. De esa manera, dirán, algo nos toca al resto de los peruanos. ERROR. Quien piensa así está equivocado. La ley peruana establece que quienes tienen acciones en la bolsa y obtienen ganancias porque estas suben de precio no pagan impuestos por eso. A usted y a mí, trabajadores dependientes, cada vez que recibimos nuestro cheque mensual ya nos descontaron el impuesto a la renta. Pero por las ganancias obtenidas en la bolsa de valores no se paga nada, ni un sol, cero, nil.

Southern es una de las tres grandes empresas mineras del Perú, junto con Antamina y Yanacocha concentran la mitad de toda la producción minera nacional, pero no podemos dar cifras similares de Antamina porque no cotiza en la bolsa de valores. Sin embargo sabemos que Antamina aumentó sus ingresos en US$ 2,500 millones anuales solo por efecto del aumento internacional de los precios del cobre: dinero llovido del cielo, lotería feliz.

Y no olvidemos que muchas de estas grandes empresas mineras se han beneficiado a menudo con cuestionables privilegios tributarios que les han permitido reducir indebidamente su pago de impuestos. Ahí esta fresco el caso de Barrick Misquichilca, que recurrió mañosamente a una obscura ley dictada durante el fujimorismo -que permitía depreciar dos veces los activos de empresas que se fusionaban- para mañosamente crear una empresa de papel, que no existía, con la cual fusionarse y así, indebidamente dejar de pagar US$ 140 millones de dólares en impuestos, de los que la mitad (US$ 70 millones) le correspondían al canon minero de Ancash. Así, ha sido la región la principal perjudicada por esta injusticia, que es sólo una de las muchas que han sucedido cuando las poderosas empresas mineras han inclinado para su lado la balanza de una justicia que no es ni ciega ni equitativa.

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Óbolo voluntario: si solo nos dieran la mitad

El año pasado, las principales empresas mineras tuvieron ganancias por 22 mil millones de soles. Diez mil millones de soles más que el año anterior, gracias a que los precios del cobre y el zinc se cuadruplicaron y los precios de los otros metales se duplicaron.

El gobierno aprista ha negociado que las empresas aporten 500 millones de soles anuales al "Programa minero de solidaridad con el pueblo", apenas el 5% de las sobreganancias. En cambio en Ecuador las empresas petroleras deben pagar un impuesto a las sobreganancias del 50%. En Botswana el Estado recibe el 80% de las utilidades de la principal mina de diamantes, que es su riqueza mineral, gracias a lo cual es el país del mundo que más ha crecido económicamente desde 1960.

Esto haríamos con S/. 5 mil millones

Si nuestro gobierno hubiera hecho como Ecuador, recibiría no 500 sino 5 mil millones de soles ANUALES. ¿Cuál es la diferencia?

Con este dinero se podría:

Otorgar S/. 100 mensuales a TODAS las familias pobres extremas del Perú: Un total de S/. 900 millones.

Hacer gratis la atención, medicinas, diagnósticos y operaciones en los hospitales y centros del Ministerio de Salud, y tener brigadas de salud itinerantes en 100 provincias con zonas alejadas: S/. 600 millones.

Dar pensiones básicas de S/. 200 mensuales a todos los peruanos mayores de 65 años que habitan en el campo: Un total de S/. 800 millones.

Dar mil soles por aula, para su refacción y mobiliario, a las asociaciones de padres de familias y directores de colegios públicos: Un total de S/. 300 millones.

Construir sistemas de agua potable para 3 mil pueblos rurales donde viven millón y medio de familias: S/. 1,000 millones.

Duplicar los beneficios entregados a los comités del vaso de leche y comedores populares, otorgando a las madres organizadas recursos para proyectos sociales y económicos: S/. 400 millones.

PPK: ¿Orden a palos?

En sus primeras palabras públicas, el nuevo premier Pedro Pablo Kuczynski ha puesto énfasis en la necesidad de “poner orden” ante las protestas sociales, reaccionando en particular contra los reclamos de campesinos que se sienten afectados por la minería, movimiento que antes estuvo activo en el sur (Espinar- Cusco) y ahora lo está en el norte (Majaz –Piura).

Todos queremos orden. También queremos seguridad para nuestras cosas y para nuestras vidas. Pero hay dos ideas sobre cómo se puede obtener ese orden: una es imponer ese orden por la fuerza; la otra es lograrlo a partir del consenso, la equidad y el trato justo. Es verdad que mantener el orden requiere una dosis de ambas recetas. Ni la más dura de las dictaduras puede dejar de hacer algo para la mayorías y sobretodo dar la imagen que “gobierna para todos”. Por otro lado, la más abierta de las democracias tiene también que defender el orden con la fuerza pública. Pero para los demócratas, el orden tiene que basarse sobretodo en el consenso y la equidad, dejando para la fuerza un rol secundario.

La relativa falta de orden en el Perú, ¿es por falta de fuerza o por falta de consenso y equidad? Si los campesinos protestan, no es por capricho ni por manipulación; es porque sienten que la tierra que ha sido suya por siglos les es arrebatada y porque creen que una mina en su zona no los va a beneficiar - como Cerro de Pasco o La Oroya parecen demostrar. Si las enfermeras y los docentes universitarios protestan, es porque su sueldo mensual no es ni el 5% del que recibirá PPK. Según una encuesta de Latinobarómetro, el 82% de los peruanos opina que las políticas se hacen en función de los intereses de los poderosos económicamente. La multiplicación de marchas, movilizaciones y protestas sociales no se debe a la falta de fuerza, sino a la injusticia social existente y al rechazo masivo a las políticas vigentes.

Sin embargo, en sus primeras palabras al país como Premier, PPK ha hablado de las protestas sociales como si fueran lo mismo que los secuestros y los robos. Estas frases traslucen claramente la idea de que para reestablecer el orden en el Perú, hace falta más represión, más botas y más balas.

Esta visión de PPK parece estar influenciada por el respaldo que en semanas anteriores obtuvo de las principales fuerzas políticas, recibiendo frases elogiosas de Alan García y Lourdes Flores. Posiblemente ha recibido también el respaldo de su compatriota Rumsfeld, el secretario de defensa de Bush. La soberbia de PPK, que ya era grande, parece haberse desarrollado aceleradamente, por lo que piensa que en base a este respaldo en las alturas de la clase política puede defender con más violencia el orden injusto que caracteriza al Perú actual. Seguramente se siente incluso más poderoso que el propio presidente Toledo.

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PPK parece no haberse dado cuenta del enorme descrédito de la clase política que lo respalda. Tal vez debiera recordar el Arequipazo de junio 2002, o mirar lo que sucede en Bolivia y Ecuador, para percatarse que la “mano dura” no salvó a Gonzalo Sánchez de Lozada ni a Lucio Gutiérrez de perder el cargo. Aunque claro, PPK no es presidente y siempre puede regresarse a su patria, los Estados Unidos, a su rancho de Minnesota.

Tintaya, las Instituciones y el desarrollo Rural Andino

Al analizar los problemas en Espinar con la mina Tintaya, se ha resaltado con razón los problemas que una respuesta violenta y la falta de respeto a acuerdos pactados. La promoción del diálogo y la concertación entre los actores involucrados parece fundamental.

Sin embargo, falta buscar explicaciones y soluciones a otro problema fundamental: ¿porqué si desde hace año y medio hay fondos para ejecutar proyectos en la zona, una de las más necesitadas y pobres del país, estos proyectos no se han hecho realidad? Porque la municipalidad - en manos del Apra que bien debería estar dando explicaciones y dando soluciones al problema – no ha podido gastar ni un tercio de los fondos recibidos entregados por la empresa minera. Al fin y al cabo, lo que las comunidades y la población de la zona quieren no es papeles firmados ni dinero depositado en cuentas, sino proyectos que mejoren su calidad de vida. En primer lugar, proyectos de infraestructura – caminos, pequeñas irrigaciones, agua potable, colegios – y en segundo lugar proyectos que mejoren la productividad y los ingresos de los campesinos. La democracia tiene que ir de la mano con la eficacia, porque una democracia inefectiva simplemente no es sostenible.

¿Es acaso que el plazo es muy corto, que ha pasado demasiado poco tiempo desde que se firmó el convenio? Tras el terremoto que asoló el sur del país en el 2001, desde agosto de ese año Foncodes se abocó a la tarea de reconstruir los colegios afectados en las zonas rurales. Entre febrero y marzo, apenas 8 meses después, se inauguraban más de 120 pequeños colegios, a tiempo para el año escolar. En un lapso menor, de 5 meses, se logró poner en marcha más de mil proyectos de empleo temporal en más de 700 distritos, dando trabajo a más de 50 mil personas. Para infraestructura rural, que es en lo que Foncodes tiene experiencia, el plazo en Tintaya-Espinar no ha sido muy corto. ¿FONCODES tuvo que negociar, ponerse de acuerdo con alguien sobre qué hacer? Me parece que no es adecuado comparar una respuesta a una emergencia –donde es evidente que hay colegios que reconstruir- que un proceso de toma de decisión en un tiempo normal.

En este caso, afirmar que sí se puede dar una respuesta rápida y eficaz a las necesidades básicas de los pobres rurales no es sólo una afirmación de la voluntad sino una constatación de la realidad.

Sin embargo, respuestas de emergencia no son suficientes, deben engancharse con proyectos sostenibles de desarrollo rural. Una acción eficaz y duradera de esta índole requiere que los proyectos respondan a la voluntad de la población a la que deben beneficiar y ser parte de un plan más amplio de desarrollo que incluya no sólo una comunidad, sino una microcuenca y sus conexiones hacia el exterior. Para ello, es indispensable un fortalecimiento de la institucionalidad local, dando más capacidades a las municipalidades y comunidades y estableciendo espacios de concertación entre ellas. En Espinar eso es lo que se avanzó, más aún estaba presente la empresa privada, cosa que no sucede en la mayoría de experiencias de concertación. El problema es que el segundo convenio (con la municipalidad provincial y las organizaciones sociales de carácter provincial) no fue discutido ampliamente, tampoco difundido, cosa que hubiera requerido un poco más de tiempo antes de firmarlo.

En este terreno, instituciones como la Red-Perú, la REMURPE, el proyecto Fortalece y decenas de ONGs tienen amplia experiencia, como de hecho sucedió en el caso del convenio de Tintaya con 5 comunidades que no ha generado protestas y reclamos violentos.

A ello habría que sumar proyectos orientados a desarrollar productiva y empresarialmente a las zonas rurales pobres. Ello demanda un trabajo orientado a identificar productos que puedan colocarse en el mercado y promover, con capacitación, asistencia técnica y crédito, que las familias campesinas puedan elevar su productividad, adecuarse a los requerimientos del mercado y vender exitosamente no sólo productos agropecuarios sino también servicios turísticos, artesanías y otros. También en este caso hay experiencia, instituciones y proyectos exitosos como Marenass y el del Corredor Puno-Cusco que opera muy cerca de Espinar, entre muchos otros.

Que lograr el desarrollo rural en los Andes es difícil, lo muestran décadas de experiencias pocas veces exitosas. Pero en estas décadas, hemos acumulado conocimientos e instituciones capaces; el problema es que no se utilizan. Como si cada vez hubiera que reinventar la rueda y volver a establecer la organización que las pueda fabricar y utilizar. Esto es lo que pasó en el caso de Espinar y Tintaya, donde el mecanismo escogido en el acuerdo hoy cuestionado fue otorgar la responsabilidad de ejecutar los proyectos a la municipalidad, que con las elecciones eligió a un alcalde cuyos resultados muestran una notoria incapacidad de ejecutar obras.

Combinar formas eficaces para ejecutar proyectos y aprovechar el know-how de instituciones públicas y ONGs, junto con las experiencias de concertación y fortalecimiento de la institucionalidad local es el camino para un esfuerzo rápido, masivo y eficaz como el que requiere la lucha contra la pobreza rural. El Estado tiene una responsabilidad central en este terreno, porque las empresas mineras no tienen porque ser especialistas en desarrollo rural en comunidades campesinas. Las empresas mineras deben ser responsables con la sociedad que los acoge, cuidando el medio ambiente y aportando financieramente al desarrollo. Pero no podemos demandarles que sean también responsables de hacer proyectos sociales y hacer realidad el desarrollo en la zona. Además, no hay minas sino en una pequeña proporción de nuestros distritos rurales ¿acaso sólo ellos tienen derecho al desarrollo? Una institucionalidad pública, nacional y local, construida desde abajo y desde arriba, es indispensable para que este proceso tenga éxito. Para ello, no hay que reinventar la rueda, basta con juntar las partes que ya están listas y darles una organización adecuada.

Estoy de acuerdo con esto. Sin embargo habría que precisar algunas cosas:

a) ¿Había participación de las organizaciones? Sí había, pero al parecer ello no es suficiente. Se requiere que sus dirigentes sean capaces de construir acuerdos entre sí.

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b) ¿Dónde estaba el ministerio de agricultura, FONCODES, el ministerio de salud, Pronamachcs y el gobierno regional, cuando se discutía qué hacer con el dinero? Hay que acercar estas competencias del Estado fortaleciendo el GR y la municipalidad provincial. Pero ¿Si hubieran estado presentes habrían sido parte del problema o de la solución? . Posiblemente cada uno habría también jalado para su lado: se requiere reforzar una mirada más integral/transversal del desarrollo en el Estado.

Regalias Mineras y Modelo Primario-Exportador

El debate actual sobre las regalías mineras remite a la discusión sobre el modelo minero-exportador. Este modelo o estilo de desarrollo ha sido criticado porque: 1. los beneficios están altamente concentrados y la mayor parte terminan se remite al exterior en vez de reinvertirse en el país, 2. hay escasa demanda de insumos y procesamiento de materias primas que lleve a la generación de valor agregado, 3. se generan costos ambientales significativos, 4. hay poca tributación y poco empleo, por lo que se produce una elevada desigualdad económica y social, 5. hay fuertes fluctuaciones económicas asociadas a la alta variabilidad de los precios internacionales de los minerales.

Un problema adicional es la llamada “enfermedad holandesa”, que se produce cuando un país descubre un recurso natural (en el caso famoso de Holanda fue el gas) que puede ser exportado a bajo costo. Esa exportación produce una entrada masiva de divisas que reduce el tipo de cambio, lo que su vez hace que la industria nacional sea menos competitiva. En otras palabras, el equilibrio cambiario, debido a que la minería produce muchas divisas a muy bajo costo, se produce con un tipo de cambio relativamente bajo, el mismo que no permite el desarrollo de amplios sectores industriales cuyos costos son mayores porque no tienen como base un recurso natural especialmente abundante como puede ser una veta minera. Así, exportar productos no tradicionales o competir con textiles chinos se vuelve más difícil gracias a este virus.

La respuesta a esta problemática no es, obviamente, abandonar la minería. Eso sería una necedad. Lo que se critica no es la minería, sino una estrategia económica que, al afectar otras actividades como la industria, el turismo y el agro, termina frenando el desarrollo nacional. La minería debe servir para promover desarrollo nacional, y no para detenerlo.

Esto implica alternativas a dos niveles. Por un lado, en relación a la dinámica propia de la actividad minera, hay que controlar los riesgos ambientales, promover una mejor relación con las comunidades vecinas, favorecer el desarrollo tecnológico minero nacional y buscar una mayor integración con los productores nacionales de insumos. Por otro lado, hay que utilizar la minería como una palanca para el desarrollo nacional, en particular como una palanca financiera hacia el resto de la economía.

Las regalías pueden servir a varios de estos objetivos. Al generar recursos que en parte serán destinados a las regiones y municipios donde están localizadas las minas, permitirá un mayor equilibrio entre explotación minera y comunidades vecinas.

Además, las regalías permiten amenguar los efectos de la “enfermedad holandesa” sobre el tipo de cambio, ya que reducen la rentabilidad extraordinaria propia de la extracción de recursos minerales para las empresas privadas, y tienden a igualar la rentabilidad económica entre actividades extractivas e industriales. Si al mismo tiempo, las regalías se utilizan para ampliar la presencia del estado y proveer de bienes y servicios básicos a la población, se reducirá la desigualdad y ampliará el mercado interno, disminuyendo la inestabilidad política y económica.

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Las regalías son solo una parte de una alternativa de desarrollo para la actividad minera, pero reflejan una cuestión mayor: si queremos seguir con el actual modelo de desarrollo primario-exportador, o si iniciamos el cambio hacia un modelo más inclusivo y con más perspectivas de futuro. El interés nacional debe sobreponerse al de quienes explotan nuestras riquezas naturales.