Nada menos que 15 millones de hectáreas están otorgadas en concesión a empresas mineras. Es decir, se trata de áreas reservadas en las que una empresa tiene, con exclusividad, el derecho a explorar y, si encuentra mineral, a explotarlo tras obtener los permisos correspondientes. Hay 15 millones de hectáreas reservadas como concesiones: casi no queda distrito de la sierra peruana que no tenga de esta manera lo que podemos considerar un “dueño minero”.
Pero apenas 5% de toda esa superficie, está en exploración o producción. El 95%, solo está “separadito”, “guardado” para más tarde. Por si acaso, las cifras son del ministro del sector.
El Presidente García en su artículo del perro del hortelano nos contó que si las comunidades campesinas vendieran sus tierras “en grandes lotes, traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero”. Pero resulta que mediante las concesiones mineras, esas tierras ya tienen lo que es muy similar a una propiedad privada sobre los recursos del subsuelo: sólo las empresas que tienen la concesión tienen derecho a explotarla, y nadie más. Pero solo se explora el 5% de las tierras, la veinteava parte. Más de 14 millones de hectáreas están concesionadas sin que se esté realizando ninguna exploración en ellas. Es decir, en la mayor parte del país ¿quiénes son los dueños que no comen ni deja comer? ¿quienes han separado millones de hectáreas de subsuelo para sí pero no les dan una utilidad social? Las empresas mineras, evidentemente con el fin de especular con ellas, esperando pacientemente que esos derechos sobre el subsuelo se valoricen con descubrimientos aledaños, alza de precios de metales o desarrollo de nuevas tecnologías.
El gobierno ha decidido poner un plazo de 12 años para explorar y poner en marcha una concesión minera. Quieren acelerar la inversión, aún cuando la injusticia social en la minería, con las sobreganancias mineras, las subcontratas y services abusivas, la contaminación ambiental y la falta de respeto a los campesinos y comuneros que viven en el entorno, se mantienen en muchos lugares. Quieren que los negocios se hagan rápido, rápido, mientras ellos están en el gobierno, para poder sacar provecho de ello.
Pero la pregunta más de fondo es: ¿porqué bienes que pertenecen a toda la nación, como son los minerales, han sido privatizados, entregados en exclusividad a empresas mineras por el simple hecho de que ellas dijeron “nos reservamos este pedazo de tierra”? ¿Bajo que criterio se ha entregado esos terrenos a unos y no a otros, que podrían trabajarlos mejor?.
Pero apenas 5% de toda esa superficie, está en exploración o producción. El 95%, solo está “separadito”, “guardado” para más tarde. Por si acaso, las cifras son del ministro del sector.
El Presidente García en su artículo del perro del hortelano nos contó que si las comunidades campesinas vendieran sus tierras “en grandes lotes, traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero”. Pero resulta que mediante las concesiones mineras, esas tierras ya tienen lo que es muy similar a una propiedad privada sobre los recursos del subsuelo: sólo las empresas que tienen la concesión tienen derecho a explotarla, y nadie más. Pero solo se explora el 5% de las tierras, la veinteava parte. Más de 14 millones de hectáreas están concesionadas sin que se esté realizando ninguna exploración en ellas. Es decir, en la mayor parte del país ¿quiénes son los dueños que no comen ni deja comer? ¿quienes han separado millones de hectáreas de subsuelo para sí pero no les dan una utilidad social? Las empresas mineras, evidentemente con el fin de especular con ellas, esperando pacientemente que esos derechos sobre el subsuelo se valoricen con descubrimientos aledaños, alza de precios de metales o desarrollo de nuevas tecnologías.
El gobierno ha decidido poner un plazo de 12 años para explorar y poner en marcha una concesión minera. Quieren acelerar la inversión, aún cuando la injusticia social en la minería, con las sobreganancias mineras, las subcontratas y services abusivas, la contaminación ambiental y la falta de respeto a los campesinos y comuneros que viven en el entorno, se mantienen en muchos lugares. Quieren que los negocios se hagan rápido, rápido, mientras ellos están en el gobierno, para poder sacar provecho de ello.
Pero la pregunta más de fondo es: ¿porqué bienes que pertenecen a toda la nación, como son los minerales, han sido privatizados, entregados en exclusividad a empresas mineras por el simple hecho de que ellas dijeron “nos reservamos este pedazo de tierra”? ¿Bajo que criterio se ha entregado esos terrenos a unos y no a otros, que podrían trabajarlos mejor?.
Esta propiedad pública debe aprovecharse de acuerdo a un plan estratégico y con participación ciudadana, respetando los derechos de los pueblos indígenas y comunidades, decidiendo qué partes del territorio deben abrirse a la actividad minera, cuando y cómo. En ese momento, como se viene haciendo con los lotes petroleros, esos territorios puede ser entregada a privados, totalmente o en asociación con el Estado, para que empiecen la exploración que permitirá su aprovechamiento, pero de manera transparente y competitiva: mediante licitaciones públicas. Así, el que esté dispuesto a pagar más se queda con el derecho y el estado logra mayores recursos. También debe obligarse a las empresas privadas a entregar la información generada al estado, generándose así una base de datos y conocimientos que permita un mejor aprovechamiento de nuestros recursos.
