La mayor dificultad contrala pobreza

“La mayor dificultad en la lucha contra la pobreza es la dispersión poblacional y la distancia andina”: Alan García, 28/07/08.

He ahí la nueva teoría de nuestro Presidente: ya no son los perros del hortelano, ahora son las distancias, las que mantienen la pobreza en el Perú. No se debe haber dado cuenta que, no muy lejos de Palacio de Gobierno, en los callejones y casas ruinosas del Rímac y en los asentamientos humanos de San Juan de Lurigancho, persiste la pobreza.

Podríamos recordarle que en las ciudades del Perú, mas de 25% son pobres según las cifras oficiales. Esos obreros que siguen ganando los mismos salarios que una década atrás y esas madres de familia que en un barrio marginal ven los precios subir sin una respuesta del gobierno, se quedaron fuera del discurso presidencial. Dejar los salarios y la inflación, dos cuestiones claves si queremos realmente hablar de la economía popular, fuera del mensaje, han sido una grave omisión. ¿Está el presidente desconectado de las preocupaciones populares, o es que simplemente carece de alternativas ante esta situación? Tal vez ambos.

Es verdad que la pobreza es mayor en las zonas rurales, y es verdad que existen una serie de dificultades en hacer llegar a las comunidades campesinas y nativas, buenos servicios de educación y salud, vías de transporte y desarrollo económico. Pero lo que mantiene elevada la pobreza rural es la penosa inacción del Estado: apenas 15% de los cien mil kilómetros de caminos rurales tienen apoyo estatal para su rehabilitación y mantenimiento. Ni que hablar de las deficiencias de la salud y educación rurales.

Frente a esta realidad, García se ha justificado diciendo que construir más caminos demandaría “un esfuerzo tributario que la inmensa mayoría no estaría dispuesto a hacer”. Pero quienes deberían sostener con impuestos la necesaria acción publica para incluir a los pueblos rurales, por cuestión de justicia, debieran ser las empresas mineras y petroleras que hoy obtienen ganancias extraordinarias, así como quienes han ganado millones en la bolsa de valores y que no pagan ningún impuesto por eso. A Alan García, claro, no se le ocurre tal posibilidad.

El Presidente olvida que cerca a las carreteras y a las ciudades también podemos encontrar muchos campesinos pobres, porque su productividad es baja y porque el gobierno sigue prefiriendo la importación de alimentos que apoyar la producción nacional. En el absurdo, Alan García habla de promover la asociatividad agraria, al mismo tiempo que ha promulgado diversos decretos legislativos afectando a las comunidades campesinas, facilitando que sus tierras les sean arrebatadas por grandes empresas. Y por cierto, no ha dicho palabra sobre los yachachiqs y la capacitación de campesino a campesino, con tecnologías adaptadas y baratas, que son las experiencias que desde abajo han venido logrando sacar a los campesinos de la pobreza.

La mayor dificultad en la lucha contra la pobreza, es que tenemos un gobierno y un estado al que, mas allá de los discursos, la desigualdad y la exclusión le importan muy poco. El argumento de la dispersión y la distancia no es mas que un mal pretexto. Como un estudiante que justifica su mala nota diciendo que la prueba estuvo muy difícil, y no reconociendo su falta de dedicación y esfuerzo.

Deficiencia inexcusable

Durante 3 años, el gobierno ha ninguneado a la política social. La salud pública está en tan mal estado que cientos mueren de frío en el sur. La crisis genera despidos masivos y empobrece a cientos de miles de agricultores, y no hay respuesta alguna. Ica y el sur esperan todavía por la reconstrucción. Los programas alimentarios, el vaso de leche y los comedores populares no han tenido una sola propuesta de mejora. La desnutrición crónica no disminuye y, en contradicción a lo que dice el gobierno, las propias encuestas del INEI muestran que el acceso al agua potable y el alfabetismo casi no han aumentado.

Toda la atención del gobierno ha estado centrada en atraer la inversión, sobre todo extranjera, dándole condiciones más y más favorables. Alan García cree en la teoría del “chorreo”, que los pobres esperen nomás que algún día les llegará el empleo que buscan, que se conformen con las migajitas que caen para algunos y que con esos centavos mejoren su vida. O, quién sabe, simplemente no le importan.

Política Social: Déficit del Gobierno
Desde luego que uno puede recordar iniciativas sociales del gobierno, revisando periódicos pasados. Como el anuncio del 28 de julio del 2006 de que se municipalizaría la salud, o la decisión de desaparecer Foncodes tomada año y medio atrás. Pero no solo hay anuncios que nunca se concretaron, como estos. También hay los programas chambones, como el de alfabetización, que Alan García insiste en defender cuando usa una metodología absolutamente ineficaz, o el de Sierra Exportadora, que tras su fracaso está tan escondido que nadie se acuerda de él. Pero muy poco, casi nada, puede uno recordar políticas sociales exitosas, bien pensadas, con estrategias claras, equipos técnicos sólidos y respaldo presupuestal y político.

Por esto creo que, en un análisis de la política social, no hay que darle importancia a esta idea de los Núcleos Ejecutores recientemente lanzada. Es, igual que otras, una idea apresurada, sin sustento técnico y precisión respecto de cómo debe hacerse, y sin profesionales que lo puedan llevar a cabo. Ni siquiera saben, García y Arana, las evaluaciones que se hicieron en el pasado y las reformas que se promovieron. Podrá ser una forma burda de repartir plata a dirigencias que buscan cooptar a su partido, pero nada más.

Debo confesar que esta dejadez y torpeza del gobierno alanista en lo social me sorprendió a inicios de su gobierno. No esperaba de Alan García otra cosa que la traición de su promesa de revisar el TLC línea por línea y renegociarlo a favor de los agricultores, pero sí pensé que tendría más iniciativa social. Total, hasta un gobierno de derecha puede ser innovador en lo social; no redistribuye mucho, pero puede mejorar la eficacia de lo existente. De esa manera, además, se ganaría algo de apoyo popular.

Pero no. Resultó que Alan García tenía una ceguera ideológica completa, una fe absoluta en las trasnacionales y los monopolios como los únicos agentes de progreso. El problema es que la crisis económica contradice cada día su visión, a pesar de lo cual él se aferra tercamente a su ideología: esperemos dice, la crisis pasará y regresaremos al paraíso del crecimiento económico, aunque para la enorme mayoría los beneficios de ese crecimiento hayan sido pocos o nulos.

Repaso Necesario
Valga la oportunidad para recordarle a Alan García la importancia de la política social y algunas de sus leyes fundamentales. La educación, la salud y la seguridad social son componentes esenciales de la calidad de vida. El progreso en ellos no deviene naturalmente del crecimiento económico y menos de uno con alta concentración de la riqueza; se necesita una acción pública fuerte y coherente. Cuando un país tiene sus sectores sociales bien parados, hay una defensa social frente a las crisis económicas: las familias tienen dónde guarecerse cuando llueve.

Una política social fuerte y eficaz es indispensable para la sobrevivencia y fortalecimiento de la democracia. Son un pilar básico de la legitimidad del Estado, que hace sentir a los ciudadanos que la democracia trabaja para ellos. Son un elemento fundamental para establecer condiciones de equidad mediante derechos sociales y redistribuir la riqueza creada.

Pero las políticas sociales exitosas no son improvisadas. La vinculación entre el aparato del estado y la sociedad es vital en ellas, pero para su eficacia hace falta liderazgo, planificación y gerencia. La participación ciudadana es importante en las políticas sociales, pero no reemplaza al conocimiento técnico y a la buena organización estatal; al revés, solo es útil cuando la complementa. La conducción política debe articular la organización estatal con la ciudadanía mediante mensajes claros y no lanzando ideas sin estrategia.

Lo único que a Alan le importa
Y bueno, como Alan cree que la economía es lo único que importa, acá una repasada de los efectos que la política social tiene sobre la economía.

La inversión social en capital humano es indispensable para que la economía pueda progresar en el largo plazo. Sin gente educada, el progreso tecnológico se hace muy lento, y para que nuestros niños aprendan, necesitan buena salud y nutrición.

El gasto social es también un componente importante de una política fiscal anticrisis, que estimula la demanda agregada de la misma forma que el gasto en infraestructura. Si se requiere, como ahora, un impulso fiscal fuerte, hacer efectivo el aseguramiento universal en salud y que la gente no tenga que pagar por exámenes y medicinas en los hospitales públicos, limpiar los pasivos ambientales y prevenir la contaminación, reforzar los wawawasis, mejorar y hacer universales los desayunos escolares, establecer buenas bibliotecas escolares y pagar maestros para que hagan actividades extracurriculares y ayuden a los alumnos con dificultad, hacer masivos programas como Sierra Productiva y otros orientados a aumentar la productividad e ingresos campesinos, son buenas formas de hacerlo.

Finalmente, no hay que olvidar que servicios sociales como la educación, la salud o el cuidado infantil son intensivos en empleo y tienen fuertes eslabonamientos internos. Son por eso también una alternativa al desempleo y la desarticulación productiva.

Otra Mirada
Se requiere otra mirada para el desarrollo. Una que dé más prioridad a mejorar la educación, la salud y la vida, y que equilibre mejor lo económico y lo social, potenciando ambos.

Hacerlo exige, por cierto, también considerar de otra manera a los actores del desarrollo: las grandes empresas privadas no son eficaces en lo social; hace falta un Estado más comprometido y que trabaje estrechamente con la población, con los promotores de salud, los maestros y las comunidades y pueblos indígenas. Ya va a llegar el día, ponte el sol.

Publicado en el diario La República
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20090809/20/pagina/14

Haciendo frente a la inflación y a la pobreza

En los últimos meses, una inflación que sigue creciendo y que ya sobrepasó el 7%, ha agravado la pobreza de millones de familias peruanas.

El gobierno afirmó, hace unos meses atrás, que la pobreza se había reducido bastante. Pero la medición, cuestionada, del INEI, se refería a un periodo anterior al alza de precios. Ahora, las cosas evidentemente han cambiado, y para peor.

El Presidente García, en su mensaje a la nación, le ha echado la culpa del alza de precios a factores externos, señalando con el dedo a las empresas trasnacionales del petróleo, sin mencionar que a esas mismas empresas, que según García "han declarado la guerra al pueblo" su gobierno las trata muy pero muy bien, dándoles innumerables ventajas. Pero el presidente se ha visto obligado a reconocer que el crecimiento exagerado del consumo, favorecido por su política económica, también ha hecho lo suyo en aumentar la inflación.

Olvidando su función, frente a este serio problema el Presidente no ha dado ninguna alternativa. El haber cambiado al ministro de economía por uno proveniente del Fondo Monetario Internacional no auguraba nada bueno. Ya el nuevo ministro Valdivieso empezó con la misma receta que el FMI recomienda en todo lugar y en toda circunstancia: recortar el gasto público. Si sanar economías enfermas fuera tan fácil como aplicar siempre el mismo remedio.Tanto Valdivieso como García pierden de vista en esta coyuntura, dos elementos esenciales.

El primero es que el alza de precios de las materias primas a nivel internacional tiene dos lados de la medalla: si por un lado encarece productos como el trigo, que importamos, por otro lado también han subido de precio los productos, como el cobre que exportamos.

El detalle está en que quienes pagan harina de trigo, pan y fideos más caros son todos los peruanos, y sobretodo los más pobres, mientras quienes están ganando con el cobre más caro son solamente los accionistas de las empresas mineras. En el caso del petróleo, el asunto es escandaloso, porque aunque el petróleo es peruano, las ganancias se las llevan las empresas trasnacionales que lo extraen y lo refinan, mientras que el costo lo pagamos todos los peruanos - en este caso, cubierto principalmente por la caja fiscal. Es evidente que ante este problema, lo que corresponde es distribuir mejor los costos y los beneficios, sobretodo cuando las grandes ganancias se están haciendo con minerales y petróleo que, constitucionalmente, pertenecen a la nación y no a las trasnacionales.

El segundo elemento que ocultan García y Valdivieso es que, si bien es verdad que ha habido un aumento demasiado acelerado del consumo, es evidente que hay grandes diferencias entre quienes ganan el mismo mísero salario de antes pero ahora pueden comprar departamentos o electrodomésticos a crédito, y quienes están obteniendo enormes ganancias, cinco mil millones de dólares de las cuales se van del país.

Reducir un consumo que está creciendo demasiado rápido debe hacerse con medidas selectivas orientadas a los sectores de mayores ingresos, a quienes se les pueden cobrar mayores impuestos, y a controlar el crecimiento del crédito que sostiene consumos insostenibles o a un alto costo futuro para las familias. No tiene porqué hacerse a costa de los salarios, la educación, la salud, el apoyo al agro o la construcción de caminos que tanta falta le hacen al país.

Publicado en Ideeleradio

http://www.ideeleradio.org.pe/look/portal/33_lbp_columnista.tpl?IdLanguage=13&IdPublication=7&tpid=46

Gotea para abajo, diluvia hacia arriba

¿Cuánto han mejorado los ingresos de los pobres? ¿De cuánto dinero adicional en los bolsillos de los pobres estamos hablando, ahora que el gobierno se vanagloria de una “gran” reducción de la pobreza? En los últimos 3 años los pobres sólo han logrado una mejora de 21 soles mensuales, menos de 75 centavos diarios. Esto es lo que dicen las mismas cifras oficiales que sustentan esa reducción de la pobreza que tanto dio que hablar.

A este ritmo, para mejorar su “diario” en apenas 10 soles, los peruanos pobres deberán esperar cuarenta años ¡hasta el 2048! Un joven pobre, de 25 años, que hoy trabaja arduamente para ganarse la vida, recién cuando tenga 65 años de edad, podrá disponer de 10 soles diarios más que hora.

Llamar chorreo a eso es evidentemente un exceso. Apenas si gotea.
Compárese eso con las sobreganancias mineras. Por el aumento de precios de los minerales, las empresas mineras han tenido ingresos este año por ¡40 mil millones de soles más! Una parte de eso fue a impuestos, de tal manera que las sobreganancias para sus dueños fueron de 25 mil millones de soles en el 2007.

Todos los pobres del Perú, contados por el INEI, 11 millones de peruanos, aumentaron sus ingresos sumados, todos juntos, en menos de 3 mil millones de soles. Los dueños de una veintena de empresas aumentaron sus ingresos en 25 mil millones de soles: 8 veces más.

Eso no es chorreo: eso es diluvio.
En los últimos 3 años las empresas mineras han acumulado 62 mil millones de soles de sobreganancias. Supongamos que el Perú decidiera cobrarle a las empresas mineras la mitad de eso. Con esa suma se podría invertir en cada hogar pobre del país ¡15 mil soles¡ ¡más de 5 mil dólares para cada familia pobre peruana! Imagínense ustedes todo lo que las familias, sus comunidades y el estado juntos podrían hacer con ese dinero.

Mientras este sueño sigue siendo un sueño, se discute si la pobreza se redujo 5% o 2%. Poco relevante: si las sobreganancias mineras dejaran de concentrarse en unas pocas manos y fueran utilizadas para combatir la pobreza, podríamos realmente cambiar las condiciones de vida de millones de peruanos en un quinquenio.

Lourdes Flores propone una mejor política social…pero sin tocar las sobreganancias.
Hoy los peruanos tenemos la posibilidad de dar un salto gigantesco en la lucha contra la pobreza. Cuestión de compartir un poco mejor la riqueza y de invertir para que el Estado sea capaz de hacer su trabajo y mejorar la vida de la gente. Para eso, necesitamos un gobierno que esté al servicio de las mayorías y no al de los grandes grupos de poder.

Familias lejos: POBREZA. Cobre y oro lejos: RIQUEZA

La pobreza sigue siendo un problema central en nuestra patria, y así lo reconoció el Presidente en su reciente mensaje a la nación. Lo más importante, sin embargo, es cuales son las causas de la pobreza y como enfrentarla. El 28 de julio, el presidente García planteó una nueva tesis al respecto, diciendo que “La mayor dificultad en la lucha contra la pobreza es la dispersión poblacional y la distancia andina”. En consecuencia, la receta, que sus ministros que nada le discuten tratan de seguir, es entonces tratar de juntar la población y llevarla toda a las capitales de distrito o de provincia.

Nuestro Presidente no se debe haber dado cuenta que, en cualquier capital de departamento, sea Piura, Puno, Huánuco o Pucallpa, persiste la pobreza. Tampoco parece haberse dado cuenta que casi todas las familias rurales, tienen hoy también un pie en la ciudad, adonde estudian sus hijos la secundaria o el instituto superior, adonde venden sus productos, adonde van a curarse, adonde van a trabajar temporalmente y adonde, muchas veces, uno o mas familiares a se quedaron permanentemente a trabajar y a vivir. Podríamos recordarle al Presidente que en las ciudades del Perú, más de 25% son pobres según las cifras oficiales. Esos obreros que siguen ganando los mismos salarios que una década atrás y esas madres de familia que en un barrio marginal ven los precios subir sin una respuesta del gobierno, se quedaron fuera del discurso presidencial. Dejar los salarios y la inflación, dos cuestiones claves si queremos realmente hablar de la economía popular, fuera del mensaje, han sido una grave omisión.

Es verdad que la pobreza es mayor en las zonas rurales. Pero lo que mantiene elevada la pobreza rural es la penosa inacción del Estado: apenas 15% de los cien mil kilómetros de caminos rurales tienen apoyo estatal para su rehabilitación y mantenimiento. Ni que hablar de las deficiencias de la salud y educación rurales.

Frente a esta realidad, García se ha justificado diciendo que construir más caminos demandaría “un esfuerzo tributario que la inmensa mayoría no estaría dispuesto a hacer”. Pero quienes deberían sostener, mediante el pago de impuestos, la infraestructura y los servicios básicos que los pueblos rurales necesitan, debieran ser las empresas mineras y petroleras que hoy obtienen ganancias extraordinarias.

El argumento de que es la dispersión y la distancia a la que se encuentran las familias peruanas, lo que causa la pobreza, no es más que un mal pretexto. Porque cuando se trata de extraer oro, petróleo o gas, bien que el estado brinda todo el apoyo necesario y se encuentran las tecnologías e inversiones para lograrlo. La mayor dificultad en la lucha contra la pobreza, es que tenemos un gobierno y un Estado al que, más allá de los discursos, la desigualdad y la exclusión le importan muy poco, prefiriendo atender a las grandes empresas trasnacionales. El problema es que, como ha dicho Lourdes Flores, tenemos un “Presidente de los ricos”.

Pequeñas Sumas

Gotea para abajo, diluvia hacia arriba

¿Cuánto han mejorado los ingresos de los pobres? ¿De cuánto dinero adicional en los bolsillos de los pobres estamos hablando, ahora que el gobierno se vanagloria de una “gran” reducción de la pobreza? En los últimos 3 años los pobres sólo han logrado una mejora de 21 soles mensuales, menos de 75 centavos diarios. Esto es lo que dicen las mismas cifras oficiales que sustentan esa reducción de la pobreza que tanto dio que hablar ('La Pobreza en el Perú en 2007', Informe Técnico INEI, Cuadro 4, p. 30.)

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A este ritmo, para mejorar su “diario” en apenas 10 soles, los peruanos pobres deberán esperar cuarenta años ¡hasta el 2048! Un joven pobre, de 25 años, que hoy trabaja arduamente para ganarse la vida, recién cuando tenga 65 años de edad, podrá disponer de 10 soles diarios más que ahora.

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Si esas cifras son escalofriantes, esperen un poco. Ese cálculo es referido al 40% más pobre de la población. Pero si concentramos la mirada solamente en los más pobres, en ese 10% (2,7 millones de peruanos) muy muy pobres, sus ingresos han mejorado en solamente 25 céntimos diarios. Media china. Ni un pan.
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Gracias a esa mejora, estos peruanos ahora disponen para vivir de la enorme suma de 2 soles cincuenta por día. ¿Alguno de nuestros lectores puede imaginarse como vivir con esa suma diaria? ¿Dos soles cincuenta para pagar agua y luz, pasajes, ropa, comida, medicinas, útiles escolares? Por cierto, ni hablar de comprarse La República, y menos en domingo.
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Llamar chorreo a eso es evidentemente un exceso. Apenas si gotea.

Compárese eso con las sobreganancias mineras. Entre el 2002 y el 2007, el valor de la producción minera aumentó de 15 mil millones a 59 mil millones de soles, en un 286 por ciento. Eso no se debió fundamentalmente a que los precios internacionales de los metales se triplicaron.
Si los precios de los minerales fueran los del 2002, las empresas mineras hubieran tenido ingresos por 19 mil millones de soles; en vez de eso, tuvieron 59 mil millones: ¡40 mil millones de soles más! Una parte de eso fue a impuestos, de tal manera que las sobreganancias para sus dueños fueron de 25 mil millones de soles en el 2007.

Todos los pobres del Perú, contados por el INEI, 11 millones de peruanos, aumentaron sus ingresos sumados, todos juntos, en menos de 3 mil millones de soles. Los dueños de una veintena de empresas aumentaron sus ingresos en 25 mil millones de soles: 8 veces más.

Eso no es chorreo: eso es diluvio.

Sumando a favor de los pobres

Supongamos que el Perú decidiera cobrarle a las empresas mineras la mitad de sus sobreganancias. Ojo, eso quiere decir que aún se quedarían con la otra mitad de las sobreganancias, obtenidas por los altos precios de los metales y que no se deben a ningún esfuerzo de su parte sino a la pura suerte.

En los últimos 3 años las empresas mineras han acumulado 62 mil millones de soles de sobreganancias. Dejémosle a sus accionistas que se queden con 31 mil millones (un recontra montón de dinero) y cobremos 31 mil millones a favor de los peruanos. Y eso que no hemos contado las mayores ganancias de petroleras, pesqueras, bancos y AFPs, cuya rentabilidad excede en todos los casos lo razonable.

Con esa suma se podría invertir en cada hogar pobre del país ¡15 mil soles¡ ¡más de 5 mil dólares para cada familia pobre peruana! Imagínense ustedes todo lo que las familias, sus comunidades y el estado juntos podrían hacer con ese dinero. La Federación Campesina del Cusco con la experiencia de riego por aspersión con tecnologías simples, y capacitación de campesino a campesino con los yachachiqs, probada durante varios años, invierte apenas 600 soles por familia campesina y con eso multiplica sus ingresos varias veces. Con 1,100 soles se podrían añadir otras 10 tecnologías de transformación de productos, como la leche en yogurt y quesos. ¡Y podríamos tener 15 mil soles por familia, 14 veces esa suma!

Para quienes piensan que invertir en los pobres es ineficiente, hay otra alternativa: poner la plata en un banco. Con los intereses (al 8% anual), se podría dar 100 soles mensuales a 2 millones de familias peruanas pobres ¡eternamente! ¡para siempre! No se usaría el capital, sólo se usarían los intereses. La plata estaría guardada en un banco y cada familia pobre peruana podría estar segura que, pase lo que pase, llueva o truene, tendría todos los meses 100 soles.

Mientras tanto, las sobreganancias mineras siguen acumulándose, mes tras mes y año tras año. Si hiciéramos lo mismo el 2008, seguramente podríamos subir esos 100 soles a 140 soles. Y en un par de años más, a 200 soles. Todos los meses, a todas las familias pobres peruanas, por siempre. Parece un sueño.

¿1% de pobreza o eficiencia del gasto social?

Mientras este sueño sigue siendo un sueño, se discute si la pobreza se redujo 5% o 2%. Poco relevante: si las sobreganancias mineras dejaran de concentrarse en unas pocas manos y fueran utilizadas para combatir la pobreza, podríamos realmente cambiar las condiciones de vida de millones de peruanos en un quinquenio.

Lourdes Flores propone una mejor política social…pero sin tocar las sobreganancias. En una entrevista reciente, ha insistido en que los gobiernos regionales y municipios gasten más – aumentando así el déficit fiscal en un momento en que este debe más bien reducirse– y en que el problema es de gestión en las áreas sociales.

Seguro que las ineficiencias en la gestión en educación, salud y programas de lucha contra la pobreza son muy grandes. Pero no tienen comparación con las sobreganancias. Tanto han criticado los partidarios de Lourdes la focalización en el vaso de leche y los comedores populares, y hablan allí de lograr ahorros de 50 u 80 millones de soles al año…!eso se llevan las mineras de sobreganancias en un día!

Más importante, estos neoliberales se olvidan esa gran máxima de su ideólogo number uán, Milton Friedman: no hay lonche gratis. Si queremos tener educación, salud y programas sociales de calidad, hay que invertir en ellos. ¿O de verás creen que centros de salud con equipos obsoletos, profesores mal pagados y colegios sin baño, pueden dar un buen servicio? ¿O que la desnutrición infantil se resuelve con un vaso de leche diario, que no cuesta ni 5 soles al mes?

Hoy los peruanos tenemos la posibilidad de dar un salto gigantesco en la lucha contra la pobreza. Cuestión de compartir un poco mejor la riqueza y de invertir para que el Estado sea capaz de hacer su trabajo y mejorar la vida de la gente. Para eso, necesitamos un gobierno que esté al servicio de las mayorías y no al de los grandes grupos de poder.

El Misterio de la Pobreza

La reducción de la pobreza de 44,5% a 39,3% en solo un año ha dado lugar a un intenso debate donde se cruzan las fronteras de lo político y de lo técnico. El problema es que la medición de la pobreza es un proceso extremadamente complejo, y donde muchas decisiones que pueden tomarse con cierta discrecionalidad por los técnicos afectan las cifras finales de manera importante.

El proceso comienza por una encuesta que en Perú se hace a algo más de 20 mil hogares, y por eso la primera etapa de la decisión – y del debate – técnico- es ¿cómo se seleccionaron esos hogares? ¿los criterios fueron los mismos en el 2007 que en el 2006? Porque si se escogen los hogares de distinta manera, es lógico que habrá distintos resultados, y en este caso, efectivamente, en el 2007 hubo un cambio del “marco muestral”, es decir de la base de datos de la cual se seleccionan los hogares a encuestar.

Otra parte del proceso es comparar los gastos del hogar con el valor de una canasta básica. Pero por ejemplo, en la suma de los gastos del hogar no se incluye los gastos en bienes duraderos – refrigeradoras, televisores, carros, etc-, ni en educación o salud pública. La línea de pobreza, es decir el valor de la canasta básica, es ahora de 229 soles mensuales por persona, que como dice un amigo, equivale a “tres buffets en un hotel importante de lima, o llenar dos veces el tanque de gasolina de un yaris, ó un saco en saga falabella, ó tres pasajes de lima a huancayo en cruz del sur, ó una entrada para ver a un reguetonero famoso en la zona vip, ó pasajes para 19 días en micro para una familia de 5 personas, ó la séptima parte de una computadora compatible, ó la mitad de una mensualidad promedio de un instituto en Lima, ó el 20% de una mensualidad promedio en una universidad de prestigio”. Pero el problema mayor para saber si la pobreza bajó o subió entre 2006 y 2007 es saber cuánto aumentó de precio esa canasta, que como ven es bastante misia. El INEI calcula un aumento de sólo 1,5%, que parece un poco bajo a la luz de la inflación en Lima y sobretodo en provincias.

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¿Será verdad entonces una reducción de la pobreza tan maravillosa?

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Los datos implican que en Perú por cada punto de crecimiento económico la pobreza se reduciría en 0,37 puntos porcentuales, mientras que en la experiencia chilena de los últimos veinte años, por cada punto de crecimiento la pobreza se reduce en menos de la mitad (0,15 puntos porcentuales). Talvez lo mejor sea pensar que una golondrina no hace verano.

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Las cifras de pobreza llaman la atención por lo acelerado de la reducción: entre 1994 y 1997, el anterior periodo de crecimiento económico nacional, la pobreza se redujo 1.5 puntos al año. Transparencia en los datos y el procesamiento otorgarían la seguridad requerida en las cifras.

Una reducción mayor de la pobreza era esperada, dada la aceleración del crecimiento en construcción, agroexportación y turismo, que están generando más empleo. Posiblemente el programa Juntos también haya aportado a los resultados.

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Preocupantes: el aumento de la desigualdad, de las brechas regionales y del déficit calórico. Una estrategia que aumente la productividad y los ingresos de los campesinos y mypes, derechos universales de acceso a educación y salud de calidad, y una red de protección social fuerte, son las claves para lograr una mejora social sostenible.

Preguntas sobre la Estimación de Pobreza

1. Se afirma que la línea de pobreza es de 229 soles (página 3, Informe Técnico INEI). ¿Es una línea única nivel nacional? ¿No hay diferencias por regiones o dominios? Siempre las ha habido. Además, hay 3 normas calóricas diferentes.

2. ¿El cambio de marco muestral no afecta la comparabilidad de las cifras? [Referencia: cuadro 9 pagina 25 del Informe Técnico.].

- El cambio de marco implica un cambio de 14,3% de la población, una proporción significativa (cuadro 8, página 25 del informe técnico INEI).
- Para responder esta pregunta, el Informe Técnico presentan datos de gastos promedio, pero ¿que sucede con la pobreza en esos nuevos sectores encuestados? ¿Por qué no se presentan, más claramente, los datos de pobreza en esos sectores?
- Es de esperarse que la incorporación de nuevos asentamientos humanos recién formados, y de hogares más jóvenes, representan gastos e ingresos menores, y por lo tanto la pobreza debiera aumentar con su inclusión. Pero en este cuadro se muestra que en el “Resto Urbano” ha sucedido lo contrario!, lo cual tiende a reducir la cifra de pobreza. El hecho de que efectivamente estos sectores tengan menos gastos promedio en Lima no compensaría ese sesgo, dado que la pobreza en Lima es porcentualmente bastante menor que en el resto urbano.

3. El Informe Técnico no aclara sobre el reajuste de precios de la canasta completa para el cálculo de la línea de pobreza:

- El nivel de pobreza es altamente sensible a la definicón de la línea, se estima que 1% de aumento en la línea de pobreza genera un aumento de 3% de incremento en la cifra de pobreza.
- El programa de cálculo de la línea de pobreza y de la pobreza (“actualizacion de las lineas de pobreza.do”, en “5. Actualizacion.lineas-pobreza.zip”, bajado de Sintaxis - Rutinas para estimar la pobreza 2007 en Stata), incluye la variable liinali07, con el nivel de la línea para gastos no alimentarios. Esta variable no está definida ni en ese mismo programa, ni en el referido al cálculo de precios implícitos.
- El reajuste del valor de la canasta según el informe técnico es de 1,5% (página 3, punto 3.vi). Se indica un solo nivel de reajuste de precios, cuando habiendo varias líneas debiera haber varios reajustes diferentes. El mismo programa referido a “Cálculo de los precios implícitos” indica que se hace para cada área rural y urbana de cada departamento.
- Recordemos que según algunas aproximaciones (ver Schuldt), la inflación considerando provincias sería 1 punto porcentual superior a la de Lima, que fue en promedio 2007 vs 2006 de 1,78%.
- En las zonas rurales, con alta pobreza, el gasto entre el 2006 y el 2007 aumenta 5%, pero el gasto en alimentos cae 0,6% y el gasto en alimentos dentro del hogar cae 4%. Como sabemos, en todos los hogares y sobretodo en los pobres, a más gasto, más gasto en alimentos. Estos resultados parecen indicar una inconsistencia.

4. Tampoco está claro el procedimiento y efectos de la renta o alquiler imputado, y la consideración de este componente en el cálculo del valor de la línea de pobreza.

- El informe señala que se usa el criterio de precios hedónicos pero la escasa cantidad de viviendas alquiladas en zonas rurales lo dificulta.
- Si las viviendas y alquileres han subido de precio entre 2007 y 2006 como se registra, y ese incremento de precio está incluido en el gasto de las familias pero no en el reajuste de la línea de pobreza, podría haber una fuente importante de sobreestimación de la reducción de la pobreza.
- Una cuarta parte del aumento de gasto entre 2006 y 2007 de las familias rurales, corresponde al rubro “alquileres y combustible” (cuadro 5 página 31 del informe técnico del INEI). ¿Si las familias rurales no tienen carro propio, cocinan con leña y el precio de los combustibles no ha subido sustancialmente, como puede sostenerse esto?

Inflación, Pobreza y Entrega de alimentos

El golpe que la inflación ha dado a la economía de amplios sectores populares ha afectado la popularidad de Alan García y los nervios del régimen. Efectivamente, en las últimas semanas, frente a este hecho el gobierno ha pasado de decir que era temporal y poco importante, a reducir los aranceles (sin éxito), a atacar a quienes resaltaron el tema en los periódicos, a plantear que los alcaldes persigan a las placeras de los mercadillos, y ahora a decir que repartirán directamente alimentos. El régimen no está al borde de un ataque de nervios: ya tiene ese ataque.

Vayamos por partes. La inflación es un fenómeno macroeconómico. Parte de las causas se deben al alza de precios internacionales, pero otra parte es el sobrecalentamiento de la economía a partir de una exagerada expansión del crédito, que ha añadido 6 puntos del PBI a la demanda interna durante el 2007. La política macroeconómica, fiscal y monetaria, son responsables. Y todavía no están haciendo lo que deben para controlar el asunto. Mas bien han optado por dejar caer el dólar como método antiinflacionario, lo que sin embargo resta competitividad a las exportaciones no tradicionales y a la industria para el mercado interno, ya afectada por la rebaja de aranceles. Y agrava el riesgo de un déficit externo en unos meses plazo.

El efecto de la inflación de alimentos sobre el bienestar es generalizado, afecta negativamente a todos los consumidores urbanos e incluso a buena parte de los rurales, ya que las familias del campo hoy consumen fideos, aceite y arroz como una parte importante de su dieta. Como se ha demostrado, además, la inflación ha sido mayor sobre los más pobres y sobre las provincias. El problema en este caso es que : 1) ese efecto no se limita a los pobres o pobres extremos, también a quienes sin ser clasificados como tales, apenas si lograr ingresos superiores a la línea de pobreza; 2) ese golpe negativo se suma a muchos meses de crecimiento económico con muy poco chorreo, o lo que es lo mismo, de un crecimiento económico que no beneficia al 50% o más de la población. Es este sector, ya fastidiado por no ver ninguna mejora en sus bolsillos mientras el Presidente, sus ministros y los medios repiten día tras día buenas noticias macroeconómicas, el que ahora ha elevado varios decibeles su malestar.

En ese sentido, la inflación reciente es como llover sobre mojado, poniendo de relieve el problema central del actual modelo económico: la distribución de la riqueza, que ya era muy injusta, hoy tiene niveles de injusticia escandolosos. La pobreza extrema no baja mientras las empresas mineras y otras obtienen ganancias elevadísimas. La respuesta a este problema no es ninguna “curita”, ningún “mejoral”, sino una modificación profunda del modelo económico y social.

Entregar alimentos en forma directa a las familias: de las ideas desesperadas que podía tener el gobierno, esta es probablemente la peor. ¿Van a llenar los estadios de comida para repartirla a las 12 millones de pobres que hay en el Perú? ¿A quién le van a entregar y a quien no?.

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El gobierno ha despreciado, con esta propuesta, el aporte que día tras día hacen cientos de miles de madres organizadas en los comités del vaso de leche y en los comedores populares, que son las vías por donde con mucha mayor facilidad y eficiencia podría distribuirse ayuda a los más pobres. Pero eso no es novedad: ese desprecio es el mismo desde comienzos del actual gobierno.

Fusión de Programas Sociales: ¿Reduce la pobreza?

Como parte de un paquete mayor de fusión y desaparición de OPDs, el gobierno anuncia la fusión de los programas sociales. Evaluarla demanda hacer una pregunta central: ¿cómo estas fusiones nos acercan al objetivo de reducir la pobreza?

Una primera respuesta posible es que, suponiendo que esas fusiones reducen un gasto administrativo innecesario, suponiendo que ese dinero ahorrado se destina a gasto social que efectivamente llega a las personas y suponiendo además que no hay reducciones del gasto social por otras razones, entonces esta medida aumentará el gasto destinado a la reducción de la pobreza. Pero, como se indica, esto depende de que:

1. Haya reducción del gasto administrativo, porque bien pueden juntarse varios organismos en uno solo y no haber menos burocracia inútil.
2. Este dinero ahorrado se destine al gasto social, porque bien podría destinarse a la compra de fragatas o a otros usos.
3. La campaña política que significa resaltar una supuesta ineficiencia del gasto social no desemboque en que se recorten otros presupuestos sociales.

La otra respuesta posible es que la fusión de programas sociales aumentaría la eficiencia y eficacia de los mismos. Es decir, que al juntar tres o cinco o más programas sociales en uno solo, estos cambiarán sus estrategias hacia una mejor relación con la población, se dirigirán con mayor precisión a quienes más lo necesitan, lograrán una mayor participación ciudadana, tendrán actividades mejor orientadas al logro de resultados, coordinarán mejor con otros organismos del sector público y gobiernos regionales y locales, tendrán sistemas de monitoreo y evaluación que los conviertan en organismos inteligentes y tendrán gerencias técnicas más capaces. Pero esto también depende de muchas otras decisiones, es evidente que no es nada automático ni directo. Es verdad que una reducción del número de programas sociales puede hacer que estos estén mejor vigilados por la ciudadanía, lo que promueve su eficiencia, y que a su vez se puede concentrar allí los mejores cuadros técnicos, la cooperación internacional y el aprendizaje para elevar su eficacia. Pero también puede suceder que, concentrados, los programas sean aún más apetitosos para que el gobierno los utilice clientelistamente y los puestos de trabajo sean repartidos partidaristamente. También hay el riesgo de que se junten demasiadas actividades diferentes con objetivos separados en una sola entidad, lo que dificultará una buena gestión.

La fusión de programas sociales trae oportunidades, pero no es una panacea en sí misma, y también trae consigo serios riesgos. Lo fundamental en la lucha contra la pobreza es, además de un crecimiento económico inclusivo e intensivo en empleo, aumentar el gasto social que en el Perú es apenas 5,5% del PBI frente a un promedio latinoamericano de 8,2%. Mejorar la eficacia de ese gasto pasa por reorientar los programas para que tengan objetivos claros y actividades orientadas al logro de resultados, mejorar la participación ciudadana en los programas – lo que requiere su descentralización- y asegurar una gerencia técnica con supervisión y evaluación permanentes. Es en esto que debería enfocarse la acción del gobierno.

Punta y Base

No hay problema más importante para el desarrollo económico nacional que la difícil combinación entre los sectores de punta de la economía nacional, y la enorme base de peruanos empobrecidos que se refugia obligadamente en su pequeña chacra o negocio ambulante.

Hasta el momento, el crecimiento económico no ha logrado incorporar a la mayoría de peruanos a un empleo digno y una vida decente. Todavía tres cuartas partes de los peruanos se gana la vida en condiciones inadecuadas, sin seguridad social. La pobreza no se ha reducido en la última década. Un reciente trabajo del gobierno, el Mapa de Pobreza, ha ratificado que la pobreza sigue estando concentrada en al sierra y la selva, y sobretodo en las zonas rurales de esas regiones. La enorme desigualdad, con una minoría privilegiada y un estado que no tiene recursos para cumplir su función, no puede mantenerse.

Una propuesta de desarrollo que incluya a las mayorías tiene que otorgar un lugar central a los mecanismos para que este desarrollo tenga una ancha base. El objetivo no es que “chorree más”, es decir, que el crecimiento económico siga concentrado en pocos mientras la mayoría espera que le caigan algunas gotas de mejora social. Lo que debe buscarse es que el desarrollo sea de todos, también y sobretodo de los campesinos pobres, los pequeños y microempresarios de la ciudad y del campo, y de los trabajadores industriales, del comercio y los servicios. Todos los peruanos debemos ser actores y beneficiarios de ese desarrollo.

Una propuesta de desarrollo alternativo no puede ignorar, sin duda, la necesidad de que también se incrementen las inversiones de gran volumen. Aunque sea poco, generan empleo, aportan al fisco, traen divisas y promueven la modernización. Pero hay que considerar que lo que queremos como sociedad no es maximizar inversiones sino maximizar bienestar. Considerar también que las mayorías también tienen potencial económico y pueden producir más y mejorar sus negocios e ingresos.

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En este esquema, atraer grandes capitales al país es importante, siempre que aporten al desarrollo nacional: que no sean corruptos, que paguen impuestos, que generen empleo, que transfieran tecnología. Para ello, hacer que estos sectores no se encapsulen sino que se alíen y trabajen con los pequeños productores, es fundamental. Una estrategia de desarrollo inclusiva, pro-pobre pasa por reforzar las conexiones entre los sectores y empresas de mayor productividad, muchos de ellos vinculados a la explotación de recursos naturales, y las microempresas del campo y la ciudad. Vínculos que pasan por la elevar en forma progresiva la recaudación tributaria para dedicarla a educación y salud, y por promover la inversión de esas familias ampliando el mercado interno y facilitándoles el crédito.

Pobres en problemas para votar

La pobreza es una enorme barrera para que la gente pueda ejercer sus derechos políticos, empezando por el más elemental de todos: el voto.

La forma más dura como se manifiesta esta barrera es en el día mismo de la votación. Muchos peruanos han migrado luego de obtener su DNI, por lo que tienen que regresar a su lugar de origen si quieren votar. El costo de los pasajes y del tiempo que ello significa en días de trabajo, simplemente lo hace imposible.

La alternativa es anticipadamente cambiar el domicilio legal, y por tanto el lugar de votación. Ello tiene también costos importantes, empezando por lo que cobra la RENIEC, ya que absurdamente para el Estado peruano la identidad no es un derecho sino un servicio que debe pagarse.

Sin embargo, los problemas de la votación misma no son el único obstáculo de los pobres para ejercer sus derechos políticos. La falta de educación y de tiempo dificultan que los pobres puedan estar bien enterados de las distintas alternativas políticas existentes. Mucho mayor aún es la dificultad de que ellos mismos sean candidatos o partícipes de partidos, cuestiones que demandan mucho más tiempo y dinero.

La dificultad en el voto y en la participación política de los pobres es, a su vez, causa importante de su pobreza. Muchas políticas se aplican sin que los pobres sean tomados en cuenta, y muchas cosas que podrían hacerse desde el estado para reducir la pobreza no se hacen. Una gran razón para ello es que los pobres cuentan poco políticamente hablando. Por ello, favorecer el voto de los pobres sería, al mismo tiempo, una importante herramienta de lucha contra la pobreza.

“Sin Agua” Bruce

En el último quinquenio, la cobertura de agua potable en el país casi no ha aumentado. A nivel nacional, uno de cada tres peruanos no tiene conexión de agua potable, porcentaje similar al del 2001. En Lima, más de 600 mil personas carecen de conexión de agua potable. El responsable: Carlos Bruce, hoy aspirante al parlamento.

Primero desde el ministerio de la presidencia y luego desde el ministerio de la construcción, Carlos Bruce ha sido responsable político de Sedapal desde que se inició este gobierno. Hasta hace poco, el presidente del directorio de Sedapal fue su propio viceministro de saneamiento, Jorge Villacorta, quien ha renunciado para dirigir la campaña electoral de Bruce.

Más de una denuncia ha sido publicada en relación al copamiento de puestos claves en Sedapal por dirigentes de Perú Posible. El resultado: Sedapal ofreció en su plan quinquenal aumentar la cobertura de agua potable de 88% a 95%, pero no ha logrado aumentarla ni en 2% (Datos: SUNASS). Medio millón de limeños a quienes se había planeado dar agua potable, se quedaron sin ella, gracias a Carlos Bruce. El mismo plan indicaba que Sedapal debía reducir el agua no contabilizada – que se pierde en el camino o no se factura – de 38% a 25%, pero no la han reducido en nada. En el 2003-2004, cuando debía invertir según su plan US$ 820 millones, no invirtió sino US$ 310 millones, mucho menos de la mitad. Así, una mala gestión, dedicada a hacer clientelismo barato con el dinero de los usuarios, ha mantenido a Sedapal sin recursos para invertir impidiendo la ampliación de cobertura. Peor aún, a última hora a los funcionarios designados por Bruce se les ocurre presentar una propuesta para subir las tarifas de agua a más del doble, supuestamente para que en el próximo gobierno se hagan las inversiones cuya mala gestión impidió en 5 años. Claro que la opinión pública los mandó a rodar.

A nivel nacional, la gestión de Carlos Bruce ha hecho que en provincias las Empresas Públicas de Saneamiento sigan cuesta abajo, con costos administrativos que son el doble y el triple que en otros países latinoamericanos y 43% de agua no contabilizada. La inversión pública en saneamiento ha caído de más de US$ 350 millones anuales, a menos de 50 millones anuales. Igual que en Lima, la cobertura de agua no ha aumentado.

¿Falta de financiamiento? Antes que Bruce se encargara del ministerio de construcción, se negoció un crédito del Banco Mundial para dotar de agua potable y saneamiento a poblados rurales por 50 millones de dólares. Bruce apenas ha podido gastar 3 millones.

En resumen, una gestión politizada y carente de iniciativas, que ni ha hecho inversiones ni ha permitido las concesiones, trae como resultado una empresa pública desprestigiada mientras millones de peruanos siguen si agua. Esta es la candidatura que acompaña a Rafael Belaunde, el renovador que corre con las banderas del gobierno al que hace pocos meses criticaba. Que bonita familia.

Hacer realidad el derecho al agua requiere darle prioridad al sector, tener empresas públicas fortalecidas con una buena gestión técnico-empresarial que haga tratos justos para atraer la inversión privada, y en las zonas rurales una fuerte inversión que vaya de la mano con organizar y capacitar a las comunidades en la gestión del agua. Y no olvidar a quienes incumplieron una responsabilidad fundamental con los más pobres, como Carlos Bruce.

¿Cuál es la madre de todas las batallas?

El Perú tiene, en su ordenamiento político y social problemas muy profundos. Quienes queremos cambiar esta situación necesitamos concentrar nuestras fuerzas en un punto crítico que desate el cambio, así como el picapedrero escoge el lugar donde golpear la piedra para partirla o el tallador de diamantes ataca para pulir su gema. Se trata de establecer cuál es la madre de todas las batallas, aquella que permita desatar el nudo gordiano que nos amarra al atraso y el subdesarrollo. Propongo dos batallas-madre: 1) la lucha contra la exclusión y 2) la lucha contra la corrupción.

Nuestra sociedad es tremendamente excluyente. Hay una fuerte desigualdad y grandes diferencias sociales. La propia estructura económica reproduce esa exclusión: la mitad del país vive en pobreza y tres cuartas partes no tiene un empleo decente. Esto ha generado una débil identidad nacional: mientras buena parte de la clase alta se siente más cerca de Miami que al Perú; las grandes mayorías sienten que el país no es suyo porque quienes lo dominan lo hacen a sus espaldas y en su contra. Hay así un sentimiento de desconfianza y de desprecio hacia lo público, que hace que la gobernabilidad esté en riesgo y nuestro crecimiento económico no sea sostenible. De ahí la importancia de luchar contra la exclusión y la desigualdad.

Por otro lado, una segunda característica clave de nuestro país es que los gobernantes utilizan su acceso a cargos públicos en provecho propio. El estado es visto como patrimonio propio de los gobernantes, que actúan otorgando favores con cargo al tesoro público, despilfarrando nuestros recursos naturales y dejando de cobrar impuestos. Por ello, nuestro estado es sumamente débil e incapaz de dirigir la transformación social que necesitamos.

Para la acción política, estas dos visiones dan como resultado distintas propuestas de cambio y diferentes alianzas. Siguiendo la visión de que la exclusión es lo prioritario, lo adecuado sería una propuesta que podríamos llamar “de izquierda”: una acción fuerte del estado en lo económico y social que ponga énfasis en la reducción de la pobreza y en derechos a la educación y la salud. Con esta orientación, la principal forma de acción política es buscar acceder al estado, para lo que el medio fundamental son las elecciones.

Pero si se tiene la visión de que la corrupción y el patrimonialismo son los principales problemas, lo fundamental es establecer una nueva forma de funcionamiento del estado, con dirigentes públicos que rinden cuentas y una ciudadanía activa demandándolas. Promover la vigilancia ciudadana sería tan importante como participar electoralmente. En este caso las alianzas con Patria Roja resultan más difíciles (dado su comportamiento patrimonialista vía SUTEP en la Derrama Magisterial), mientras que hacia el centro y más débilmente hasta en la derecha pueden encontrarse personajes y fuerzas honestas.

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Cuando en el día de la patria buscamos respuestas a sus problemas, nos encontramos con esta difícil pregunta: ¿cuál es la madre de todas las batallas en el Perú de hoy? Tal vez el reto sea volar con estas dos alas de la lucha contra la exclusión y contra la corrupción, desde el Estado y desde la sociedad, con alianzas amplias y sin olvidar que los excluidos y explotados del Perú merecen nuestra atención.

Pobres Sí, Programa “Juntos” No

El gobierno insiste en iniciar masivamente el programa “Juntos” que entregaría dinero en efectivo a familias pobres. El Consejo de Ministros ha pedido al Congreso que le apruebe un presupuesto de 140 millones para los 6 meses que quedan del año.

Que los pobres necesitan y debe dársele más, mucho más ayuda de la que hasta ahora se les da: POR SUPUESTO. Que más vale tarde que nunca: también. Pero hay indicios de sobra de la improvisación y uso clientelista de este programa, y hay mejores opciones para atacar la pobreza. Por eso, debe aumentarse el presupuesto de los programas sociales y servicios básicos para los pobres, pero no debe aprobarse el programa “Juntos”.

Sobre la improvisación, los hechos gritan. Se anunció hace cuatro meses y hasta ahora ni la opinión pública ni el Congreso conocen en qué provincias funcionará, a cuántas familias llegará este año, cómo se seleccionará a esas familias, si se exigirá o no asistencia al colegio y controles de salud, que se hará donde no hay esos servicios básicos, cómo se entregará el dinero a las madres que no tienen DNI. A pesar de ello, son más de 20 millones de soles mensuales, que a 100 soles por familia, alcanza para 200 mil hogares. Es un montón de gente. Si se quiere hacer bien, identificar a 200 mil familias, comprobar su situación de necesidad, establecer mecanismos de control que impidan abusos y corrupción y abrir cuantas bancarias, demora más de seis meses.

El presupuesto pedido para “Juntos” incluye, por supuesto, fondos para comprar camionetas, sueldos de directivos y consultores, oficinas y demás gastos burocráticos. Pero el gobierno no dice nada respecto de qué se hará con el resto de programas sociales: ¿si funcionan bien, ¿porqué no les aumentan el presupuesto en vez de experimentar con algo nuevo? Si funcionan mal ¿qué esperan para reformarlos? El gobierno pretende dejar que sigan estas burocracias, llenas de peruposibilistas, y crear otro aparato burocrático para más peruposibilistas. ¡ Por favor !

El uso clientelista de “Juntos” es obvio. No sólo porque se inicia en vísperas de la campaña electoral, sin también porque, en vez de depender de un ministerio social como el MIMDES, depende de la Presidencia del Consejo de Ministros y en particular del jefe de asesores de Carlos Bruce, secretario colegiado de Perú Posible. No se va manejar técnicamente sino políticamente.

A mí, que no me vengan con cuentos. Lo que el gobierno quiere no es ayudar a los pobres, sino conseguir con malas artes los votos que no puede conseguir legítimamente. Una vez más los pobres como pretexto. No estoy de acuerdo.

Los congresistas deben aprobar los 140 millones de soles, o más si fuera posible, para los pobres. Pero deberían hacerlo otorgando fondos para que todos los niños pobres tengan un desayuno o almuerzo escolar – uno de cada tres no recibe ninguno-, para que los programas nutricionales hacia niños menores de 3 años lleguen a todas las provincias pobres del país, para que los centros de salud y brigadas itinerantes tengan personal, insumos anticonceptivos, vacunas efectivas y medicinas, para ampliar la educación inicial, para dar empleo temporal y para proyectos de empleo sostenible. Esto se puede hacer mucho mejor y más rápido que comenzar de manera improvisada un nuevo programa y podría evitar sus peores ribetes clientelistas.

Pobres Uno por Uno: ¿Es tan buena la idea?

Pro-Perú identificaría una por una a las familias pobres para darles el subsidio. A muchos esto les parece una idea genial. ¿Es tan buena la idea?

Efectivamente, los escasos recursos del estado deben estar dirigidos prioritariamente a quienes más lo necesitan. Pero el asunto de identificar una por una a las familias pobres, tiene más de una complicación:

1. Falta de DNI: Hay de 800 mil a un millón de peruanos sin DNI, que no lo tienen porque viven en zonas alejadas y la Reniec cobra 22 soles por cada uno. Primero hay que darles identificación ciudadana antes de clasificarlos como pobres.
2. El costo administrativo. Recoger la información necesaria para separar, en cada barrio y cada manzana, quien es pobre, demanda en primer lugar hacer un censo detallado. Además, todos los días hay parejas que se separan, padres que fallecen y gente que pierde su trabajo o su cosecha, empobreciéndose. También hay familias que salen de la pobreza. Por ello, además del censo, hay que tener un sistema que esté todo el tiempo revisando y certificando la información.
3. El riesgo de corrupción. Si algún funcionario gubernamental decide quien recibe la ayuda y quien no, esa persona decide por 6 mil soles (100 soles x 12 meses x 5 años) en cada caso. Si atiende mil casos, decide por 6 millones de soles. La tentación es grande.
4. El debilitamiento de los lazos sociales. Una comunidad o barrio en el que se están ayudando unos a otros, se debilita cuando se establecen beneficios diferenciados a su interior, creciendo envidias y malentendimientos. Sobretodo cuando la diferencia entre alguien clasificado como “pobre” y otra “no pobre” no es tan grande; en realidad puede ser muy similares, porque sabemos que todo el tiempo las familias están cambiando su situación un poco: se ganan o pierden empleos o mini-negocios, nacen niños o se van jóvenes, etc.

Por cierto, se puede recurrir a otros mecanismos para focalizar mejor los recursos públicos. En Lima, todos sabemos que donde la gente vive en esteras, no tiene agua potable y las calles son de tierra, las familias son pobres. Otro método se le conoce como auto-selección: si el vaso de leche demanda estar todos los días tempranos a ayudar en la preparación, hay quienes prefieren quedarse en su casa.

En las zonas rurales la pobreza es muy extendida y los lazos comunitarios son más fuertes, de tal manera que un sistema individual sería muy costoso, lograría pocos ahorros al fisco y además debilitaría las comunidades. En las zonas urbano-marginales, primero hay que insistir en la infraestructura pública y en promover los lazos sociales; de requerirse la identificación de familias pobres, debe hacerse involucrando a las organizaciones comunitarias en la decisión.

Lo más difícil, sin embargo, es construir la institucionalidad que asegure que no haya corrupción, la gestión sea técnica y transparente, y los costos administrativos no sean excesivos. Eso se hace poco a poco, y no para 120 mil familias en 3 meses como pretende el gobierno.

Un sistema de focalización individual puede ayudar, si se hace bien y con cuidado. No es el rey Midas, que convierte en oro todo programa social que toca. Es más bien una fórmula que debe usarse con cuidado, en las ocasiones adecuadas y combinado con otros remedios para lograr los resultados deseados.

100 soles mensuales: ¿algo es algo, peor es nada?

Considerando la absoluta dejadez que desde 3 años atrás ha mostrado el actual gobierno frente a la pobreza, la iniciativa de los 100 soles mensuales pareciera buena. Como si al fin el gobierno se hubiera dado cuenta de que existe una mitad del país que es pobre. El propio gobierno, ante las críticas, dice que no se puede seguir esperando: “más vale tarde que nunca” podría ser su lema.

Por supuesto, resalta la casualidad ¡oh sorpresa! de que los pobres reaparecen en la mente del gobierno sólo cuando falta un año para las elecciones. Pero no es sólo el gobierno quien parece haberse olvidado completamente de los pobres. No hemos visto, en los años que han pasado, ninguna iniciativa relevante sobre este tema de parte de los principales partidos políticos y el Acuerdo Nacional se ha preocupado de hablar de un pacto para promover la inversión, pero no de uno para combatir la pobreza. Salvo algunos grupos de centro-izquierda, entre los que destaca el tesonero combate de Javier Diez Canseco contra las evasiones de las grandes empresas y por una reforma tributaria que permitan redistribuir la riqueza, nada más hay al respecto.

En esas circunstancias, bien podríamos decir: algo es algo, peor es nada. Eso es lo que, sin duda, pensarán las familias pobres cuando reciban su chequecito a fin de mes, a quienes las discusiones que se han venido sosteniendo estas semanas sobre la conveniencia o no de Pro-Perú les tiene sin cuidado, y a quienes esa idea de hacerlo despacio o dejarlo para después les sabe a un nuevo pretexto para postergar la atención a sus problemas.

Creo que no debemos conformarnos con un mal programa social. Es verdad que algo es mejor que nada, pero también es verdad que hay mejores alternativas, incluyendo algunas que pueden funcionar muy rápido. Una de las más obvias es simplemente ponerle más plata y mejor dirección a lo que hoy funciona aceptablemente y que podría mejorarse con un poco de esfuerzo. Por ejemplo, los desayunos escolares no llegan a uno de cada tres niños de primaria, ni a dos de cada tres en inicial, y se ha demostrado que, además de mejorar la nutrición infantil, logran que las familias manden más sus hijos al colegio. Otro ejemplo es el programa PACFO, que reparte papillas a niños menores de 3 años en 8 departamentos pobres del país, pero que no llega a otras 16 regiones. Estos programas, por cierto, tienen mucho que mejorar. Pero mejorar estos dos programas sería mucho más fácil y rápido que establecer algo totalmente nuevo. Pido disculpas a los lectores por sólo referirme a estos dos casos por razones de espacio, pero puedo asegurarles que hay muchas más posibilidades de este tipo, entre las que destacan por cierto la mejora de los servicios de salud y educación tan degradados en nuestra patria.

Se nos quiere poner en este dilema terrible: “si quieres que haya rápida ayuda para los pobres, debes aceptar Pro-Perú”. El mismo dilema visto desde el ángulo de PPK diría: “ya que Pro-Perú es malo, mejor no aumentamos el gasto social”. No señor. Ninguna de las dos. El gobierno debe aumentar el gasto social YA, estableciendo mejoras que son perfectamente factibles en el corto plazo. Que Toledo, flanqueado por Bruce y PPK, se debata entre el populismo y el neoliberalismo es estrictamente su problema.

Corrupción y Pobreza

Pedro Francke y Alexandro Saco

INTRODUCCION

El presente trabajo aborda los mecanismos mediante los cuales la corrupción agrava y reproduce la pobreza. Estos mecanismos son de dos tipos. En primer lugar, se analizan los mecanismos directos, que son las formas mediante las cuales los programas y servicios sociales del estado orientados a reducir la pobreza, terminan desviándose de su objetivo y orientando sus recursos hacia otros fines. En segundo lugar, se discuten los mecanismos a través delos cuales la corrupción afecta el funcionamiento global del sistema económico y político, agravando una distribución desigual e injusta de los ingresos y frenando el crecimiento económico.

I. CORRUPCIÓN EN PROGRAMAS Y SECTORES SOCIALES

La corrupción en los programas sociales y servicios básicos es especialmente dolorosa, porque implica un enriquecimiento ilícito que atenta contra vidas humanas. Entendemos en este caso la corrupción como toda desviación, de estos programas, de su objetivo declarado cual es el de reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población objetivo. En ese sentido, la corrupción no es solamente la desviación de recursos públicos para bolsillos particulares, son también desvíos hacia otros fines, como la manipulación clientelista.

Clientelismo y reflejo corruptor

Estos problemas se vienen arrastrando desde hace varias décadas, y llegaron a su cenit cuando el gobierno autoritario de Fujimori convirtió la asistencia social en una de sus principales armas de capitalización política, no dudando para ello utilizar prebendas y consolidar el clientelismo entre justamente los sectores más necesitados. Además, este uso distorsionado de una política estatal, no tuvo reparo alguno para condicionar los procesos electorales que en esas épocas se dieron. Es decir, un instrumento clave de apoyo social sobre sectores necesitados, pasó así a ser claramente un foco de irregularidades. Para lograr este fin, el gobierno fujimorista armó una amplia organización política, sustentada desde el aparato público, que comprendió la casi totalidad de instituciones y dependencias públicas.

La corrupción en estos programas entonces debe de ser vista desde dos ángulos: uno el que podríamos definir como el aprovechamiento por parte de dirigentes sociales adscritos al gobierno de turno, y otro mayor y más grave que le da origen, el del reflejo corruptor que las altas esferas de poder trasmiten a los encargados de hacer efectivo el apoyo social. Así, no está de más recordar aquellas protestas multitudinarias manipuladas desde el gobierno que trasmitieron sobre el candidato opositor la bandera de la clausura de los programas sociales como el vaso de leche. Acaso eso en parte pueda explicar las dificultades que luego de caído el gobierno autoritario existieron para readecuar el correcto funcionamiento de los programas de apoyo social. Al anteponerse entonces intereses ajenos al problema de fondo de la asistencia social, se configuró así una situación irregular que más allá de sus implicancias legales atenta contra la dignidad de las personas, convirtiéndolas en instrumentos de un proyecto político que poco a poco se fue desbaratando.

La transición democrática, desde el gobierno de transición hasta el actual, ha controlado y reducido buena parte de las versiones más extremas de esas prácticas. La sensibilización de la población y de los medios de prensa frente a esas prácticas clientelares y manipulatorias ha jugado un gran rol en este desenlace.

Aprovechamiento privado de los recursos públicos: la gran corrupción

Podemos pensar que hay dos clases de corrupción en programas y sectores sociales: la gran corrupción y la pequeña corrupción.
La mecánica de la gran corrupción ocurre de dos maneras: haciendo lobbies para que los productos o servicios a comprar sean los que una empresa o grupo particular produce sin que sean los más adecuados al objetivo del programa, o directamente haciendo trampa en la licitación.

Las presiones para modificar los productos a comprar de acuerdo a intereses particulares es especialmente fuerte en los programas alimentarios. En el caso del PRONAA se han producido enormes presiones para la compra de determinados alimentos como la leche UHT, a un costo mayor que otras alternativas y producida por pocos y determinados proveedores. Estas compras implican un aumento del costo de los desayunos del 55% frente a lo que cuesta otra opción, el enriquecido lácteo, a pesar de que la leche UHT se reparte en Lima y el enriquecido lácteo en zonas rurales donde el costo de transporte es mucho mayor. Si se reemplazara la leche UHT por el enriquecido lácteo, 110 mil niños adicionales podrían recibir desayuno escolar.

En el caso de influencias directas en la licitación, se ha podido observar irregularidades en grandes licitaciones para construcciones de colegios y hospitales, compras de equipos médicos, medicinas, materiales educativos o alimentos en grandes cantidades.

Cabe mencionar que ante la posibilidad de la firma de TLC con Estados Unidos, cobra importancia el asunto de las compras estatales. Ya que si los empresarios nacionales mantienen esos lobbies y prácticas irregulares, no habrá modo de poder exigir con el ejemplo frente a otros intereses, ahora mucho más poderosos, que desplazarían por un lado a la producción nacional y por otro puede que acentúen maniobras que se ya se vienen dando internamente de manera constante.

La “pequeña corrupción” causa gran destrucción

Llamaremos pequeña corrupción a aquella en la cual cada acto de corrupción no genera sino efectos reducidos, tanto para el estado como para el corrupto. Sin embargo, su efecto destructor se debe a que estos pequeños actos de corrupción se producen diariamente, permanentemente, repitiéndose miles y miles de veces.

La pequeña corrupción, a diferencia de la anterior, es mucho más difícil de detectar y de sancionar por la pequeña escala de servicios que en la que se da. Un estudio sobre el programa del vaso de leche determinó que un 30% de los recursos (equivalente a 100 millones de soles) se pierde antes de llegar a las madres encargadas de su distribución.

En todos estos casos, se tiende a caer fácilmente en una trampa conceptual: como son pobres, entonces se disculpa que puedan caer en estas prácticas . Como si el bajo sueldo de los policías justificara que cobren una coima, y no fuera que cada uno debe responder por las responsabilidades y obligaciones legal o socialmente asumidas.

Otro aspecto que podría enmarcarse en alguna faceta de la corrupción es el de las prácticas aceptadas como comunes en sectores como educación y salud. En el sector salud, en una de las negociaciones entre trabajadores de ESSALUD y los responsables políticos del sector, los médicos lograron que no se les exija marcar tarjeta ni a su llegada ni a su retiro de los hospitales y centros asistenciales de la referida entidad. Si bien esto puede verse desde algún sector reivindicativo como un derecho que le asiste al profesional de la salud, lo cierto es que se trata de un pésimo precedente que no contribuye en lo más mínimo a generar confianza en la población y que dista mucho de una legitima reivindicación laboral. Es, en realidad, una forma de legalizar el hecho de que los médicos llegan tarde, salen temprano o se ausentan durante el trabajo por atender a sus clientes particulares.

En el sector educación un estudio demuestra una inasistencia de entre 15 y 30% de los maestros a los colegios. Dato que refuerza otras estadísticas acerca de las pocas horas de clase que reciben los estudiantes en el Perú, y que debe ponerse sobre el tapete al momento de responder a las exigencias docentes. Más aun en un sector tan poco permeable a una real reforma que se ha negado y se sigue negando a cualquier propuesta que tenga que ver con evaluar a los docentes para sobre esa base seleccionar a los que asciendan en el escalafón magisterial.

Si bien la corrupción es un delito tipificado por las leyes penales y puede que conductas como las evidenciadas por trabajadores del sector salud y educación no se enmarquen en una categoría punible por la ley penal, estas acciones sí se inscriben en lo que podemos delimitar como ámbitos de corruptelas apañados en reivindicaciones sectoriales. Señalar entonces estas situaciones de hecho, es llamar la atención de prácticas al interior del Estado que generan perdidas económicas reflejadas en las horas de trabajo efectivo y en una sensación por parte de la población de que laborar en el Estado otorga carta blanca para desde una posición de fuerza obtener prebendas claramente reñidas con la trasparencia que debe primar en el sector público. Médicos y maestros no puede ser pues identificados con exigencias que no contribuyen al sentido de sus responsabilidades, en las que en la actualidad siguen desenvolviéndose.

Trabajadores victimizados y realidad laboral

Hay una idea constante que ronda en el imaginario social, y es aquella que señala que como los trabajadores judiciales, policías o maestros perciben ingresos bajos, en cierto sentido las ventajas que estos obtienen por medios cuestionables se justifican porque tienen que llevar el pan a sus hijos. Si aceptáramos estos presupuestos justificativos, no tendría sentido ninguna política estatal sobre la corrupción. Hay pues estándares mínimos de convivencia cívica que no resisten los postulados de partes interesadas como en los casos mencionados.

Los policías, trabajadores judiciales o maestros, que es cierto que perciben ingresos bajos, sabían a lo que se atenían cuando decidieron ingresar a laborar en esos sectores de la administración pública. No es algo reciente esta limitación presupuestal sobre sectores clave como educación justicia o seguridad, es una carencia que se arrastra desde hace casi medio siglo. Los trabajadores de estos sectores entonces conocían muy bien de antemano la realidad a la que destinaban su profesión. En tanto estos trabajadores continúen con un discurso en el que ellos son únicamente víctimas de un sistema injusto, y no también actores responsables de desarrollo y cambio social, no habrá posibilidad de iniciar los pasos serios para ir remontando esa triste realidad.

En conclusión, debemos tener muy en claro que el bajo nivel de los sueldos en la administración publica no es justificación de la corrupción sea esta grande pequeña o mediana. La corrupción o cualquier otra mala práctica social deben ser vistas desde un ángulo impermeable para poder crear así una cultura de legalidad. Pero al mismo tiempo el Estado y sus representantes deben asumir obligatoria y perentoriamente que para desincentivar la corrupción, mientras contemos con sistemas de acceso a la formalidad a la justicia o la seguridad que se constituyen en trabas para el poblador común, será más arduo hacerlo. Urge entonces eslabonar la lucha contra la corrupción a políticas claras de desconcentración de requerimientos administrativos para todo tipo de tramites que el ciudadano deba enfrentar en la administración local regional o central.

La Corrupción y las organizaciones sociales de base

La corrupción es un hecho social que no sólo atraviesa al Estado peruano en diversos escalafones, sino que se trata de una actitud frente a la cual la nación ha sido y es permeable. Por eso los límites entre la buena gestión pública y la corrupción no son percibidos claramente por la sociedad, que en mucha medida justifica algunas conductas reprobables.

En la misma línea de lo tratado en párrafos anteriores, podemos identificar un estado de cosas al interior de nuestro tejido social que tiene que ver con la permeabilidad de la opinión pública y de los propios inmersos en esta problemática, que en términos generales podemos identificar como una corrupción socialmente aceptada. Este género de corrupción tiene uno de sus puntos de partida en una serie de reglas de juego administrativas poco definidas, que por su complicación o indefinición permiten el afloramiento de situaciones frente a las que la sociedad puede hacer muy poco. En ese sentido es conocido que muchas veces se prefiere aceptar ciertas prácticas o los llamados "favores" en aras de conseguir por parte de la administración estatal la abreviación de los tiempos que los trámites pre establecidos tomarían.

Es incuestionable el vigor que las organizaciones populares le imprimen al tejido social, tanto así que sus aspiraciones no son aún debidamente interpretadas por los que pretender convertirse en sus representantes. Es la desorganización proveniente de un Estado que no cuenta con los medios para estar presente en cada espacio en el que se le requiera, la que hace surgir formas paralelas de autoorganización que suplen en la medida de sus posibilidades la ausencia. Pero estas organizaciones tanto de comedores populares como de vasos de leche, al pertenecer a nuestra sociedad, no están exentas de la realidad y pueden padecer anomalías comunes a nuestra realidad. Una cultura democrática no ha asentado sus bases ni en las dirigencias políticas centralizadas, ni en las organizaciones de base.

Hay una conexión intrínseca que como en un juego de espejos conecta dimensiones de la práctica social y es un impedimento latente para que una fluidez mayor de los recursos se haga realidad. Quien haya podido desarrollar alguna actividad que lo vincule con estas organizaciones, podrá haber comprobado que existen pugnas locales por el control de las provisiones que el Estado hace llegar. Esa realidad natural en los grupos humanos, se ve influida también por una ausencia educacional respecto de las maneras más efectivas en las que utilizar los escasos recursos en beneficio del conjunto necesitado. Lo que sucede entonces es que el voluntarismo admirable que estas organizaciones despliegan a lo largo y ancho de nuestro territorio, se confronta con una forma no uniforme de proceder para maximizar los beneficios que pueden traer los programas de apoyo social. El límite entre lo público y lo privado se hace confuso, y junto con él, el límite entre la corrupción y la probidad se hacen poco claros.

Urge en ese sentido implementar una noción de administración de recursos simple, que pueda ser asimilada por los o las dirigentes de los sectores populares. Esta noción de administración de la asistencia social podría así contribuir a que las filtraciones que acumulan porcentajes elevados de pérdidas de la ayuda estatal, puedan ir reduciéndose, o ampliado su campo de asistencia. La duplicidad de labores o funciones con la consecuente pugna que de ella se puede generar, sí debe ser sometida a una observación inmediata por parte de los órganos estatales.

Si bien la primera etapa del presente gobierno, acorde con sus mensajes de campaña electoral, pareció entender que la única forma de evitar el desperdicio de los recursos destinado a la asistencia social es despolitizarla lo más que se pueda, al cabo de unos meses de ejercicio del poder prefirió adoptar las mismas formas que gobiernos anteriores utilizaron. Se frenó así en gran medida, como en otros varios sectores, una oportunidad de modificar este proceder político. El control y la administración de los programas sociales sigue siendo ante todo una herramienta de llegada del partido en el poder a lo sectores que puede manipular y condicionar.

Corrupción y Focalización

Uno de los temas que más se ha discutido en los últimos años en relación a la política social es el de la focalización, habiéndose propuesto avanzar con mecanismos de focalización individual que discriminen entre quienes necesitan la ayuda del estado y quienes tendrían medios suficientes para su propio sostenimiento.

Al respecto, existe todo un debate sobre la focalización individual del apoyo social que cuenta con argumentos a favor y en contra. Las posiciones favorables a la determinación lo más exacta posible de a quiénes debe ser otorgada la ayuda social tienen como antecedente el trabajo realizado en México sobre el tema. Allá, una de las acciones implementadas por los encargados de la asistencia social, en particular con el programa Oportunidades (antes conocido como Progresa) ha sido la de establecer vía estudios de campo las personas a las que efectivamente debe de considerarse pasibles de la asistencia social que el Estado está en la obligación de otorgar.

La posición contraria a esta focalización como se ha planteado, sustenta su escepticismo frente a estas medidas, señalando que es muy difícil determinar realmente a los que debieran ser los beneficiarios, ya que las mediciones en este sentido se enfrentan a una serie obstáculos que la dinámica social pone al frente. Es decir, resulta arriesgado definir dentro de determinados grupos o comunidades quiénes son los que poseen la calidad de pobres a los que corresponde asistir, porque existen una serie de factores dinámicos que podrían terminar por excluir a personas que si bien no llegan a un estado de indigencia, se ven apoyadas y su desarrollo vital será mucho más adecuado si es que son pasibles de estos alcances de la asistencia social.

El gobierno recientemente ha promulgado un Decreto Supremo poniendo en marcha este sistema. Al respecto, una de las cuestiones que habrá que supervisar con mucho cuidado en ese proceso es precisamente el de la corrupción: dado que ser calificado como sujeto de ayuda social del estado implica una serie de beneficios, quienes califican tendrán un poder en sus manos que podrán utilizar en provecho personal.

II. CORRUPCIÓN Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Ello nos lleva a plantear la relación entre la corrupción y el bajo crecimiento económico de los últimos años, pero no como una secuencialidad irrebatible, sino como un factor más dentro de una gama de aspectos que condicionan el crecimiento. Para decirlo de otra manera, la corrupción si bien frena en crecimiento económico porque puede extraer recursos públicos hacia fines delictivos, no es la razón única de la falta de crecimiento económico. Esta falta de crecimiento tiene que ver con muchos otros factores, en los cuales la corrupción es uno de ellos, importante pero no concluyente. Al respecto podría señalarse experiencias como la japonesa e italiana, países en los que la corrupción ha sido grave, y sin embargo durante las últimas décadas han crecido considerablemente.

En nuestro país, el problema de la corrupción se inscribe dentro de un ámbito mayor que para el caso podríamos enfocar en una Reforma del Estado aún pendiente sólo sacada a la luz cada nueva campaña electoral; y en el poder de los valores y relaciones sociales con los que vivimos.

Corrupción e ineficiencia estatal

Un elemento sustancial en las experiencias modernas de desarrollo económico es el funcionamiento del estado, que de proveer bienes públicos e infraestructura, garantizar la equidad y vigencia de los derechos humanos incluyendo los económicos y sociales, resolver las fallas de mercado y actuar como agente promotor del desarrollo. Un estado ineficiente será por ello un lastre para el crecimiento económico.

Como el Estado sigue siendo visto como un medio orientado a satisfacer compromisos sobre todo surgidos en etapas pre electorales antes que al bien común, existe una relación de complicidad que engloba en ella a los diversos grupos que logran acceder sea al poder local regional o central. Es decir, se prefiere no confrontar este tipo de acciones que generan corruptelas, ya que, o bien cuando se fue gobierno se uso las mismas, o bien en la expectativa de ser gobierno se asume que estas prácticas también podrán ser utilizadas. Un círculo vicioso es el sustento de este modo de operar común en las entidades estatales, que cuando se rompe generalmente se hace por el lado más débil, es decir funcionarios atrapados infraganti que es casi imposible que desenreden la compleja madeja que al interior de cada institución se desenvuelve. Así se ha construido en el país y en muchos otros de nuestra región en conocido razonamiento: roba pero hace obra, que finalmente es la justificación de todo autoritarismo habido y latente.

En este punto encontramos uno de los aspectos otra vez obviados ante la postergada y urgente reforma del Estado, lo que no es impedimento para que en la medida de las posibilidades y de la creatividad de los funcionarios públicos se puedan diseñar esquemas que permitan acortar esa ineficiencia. Ese mal uso de los escasos recursos que conlleva a la limitada acción estatal puede dividirse en dos vertientes.

La primera para el presente análisis la llamaremos endógena, por inscribirse en lo que la administración pública hace con sus recursos en asuntos que conciernen a su administración interna.

Esa incapacidad de las instituciones estatales para dotarse a sí mismas de una organización en la que el privilegiado sea el usuario del servicio brindado por el Estado, por un lado se confronta con la excesiva tramitología que los funcionarios públicos deben enfrentar, y que ciertamente puede basarse en un justificado temor de que un error de procedimiento termine costándole el puesto. Ello resta capacidad expeditiva a los trámites que le conciernen y genera al interior de las instituciones una suerte de responsabilidad a medias que hace las decisiones extemporáneas en algunos casos.

El funcionario público y sus trabajadores se encuentran entre dos frentes que les exigen y cuestionan por igual. Por un lado los funcionarios públicos de mayor responsabilidad dentro del aparato estatal para los cuales lo principal no es que los indicadores de gestión deben evidenciar efectividad sino evitar acusaciones y problemas que pueden costarles el puesto. Por otro lado los sectores de la sociedad que requieren del servicio por parte de determinada entidad pública, pero que terminan no siendo prioritarios a la luz de las normas y demandas provenientes de arriba.

Otra variante de este problema de ineficiencia estatal tiene que ver con las inversiones públicas, que se desarrollan específicamente hacia fuera de cada institución pública legalmente amparada para esos fines. Esa poca actividad que nuestro magro porcentaje de inversión pública nos permite (alrededor de 11% del presupuesto nacional) se encuentra condicionada a una serie de urgencias y presiones de diferentes actores estatales y sociales que la hacen en muchos casos de nula rentabilidad. Se sigue privilegiando lo que podríamos llamar la obra visible a contrapelo de lo que una lógica económica y social del siglo XXI debiera impulsar. Antecedentes de este tipo de obra son los maga proyectos de irrigación que han permanecido y permanecen estancados por la enorme inversión que necesitan para operar, cuya poca rentabilidad ha hecho que los privados no se involucren en estas necesarias obras de infraestructura.

Los nombramientos de favor

Un tema que tiene cada vez más importancia a este respecto es el nombramiento de funcionarios públicos, y las presiones partidarias y familiares por un aprovechamiento particular del estado. Siendo un punto que nos puede desviar del tema central abordado en este análisis, quizá baste con señalar que los presupuestos para acceder a la función pública deben ser revisados, ya que antes que la filiación partidaria o la titulación exhibida, por sobre eso debiera existir un examen integral que busque en el candidato a determinado puesto una cabal capacidad de enfrentarse a los retos del cargo antes que una categoría política o académica específica.

El problema de que genera el nombramiento de funcionarios por conexiones partidarias o personales es múltiple. Por un lado, se escogen personas que no son las más idóneas, lo que ya es un tremendo problema (sobretodo porque a veces sus limitaciones son tan grandes!). En segundo lugar, el ejemplo hace que ese comportamiento se repita: los funcionarios de alto o medio escalón nombrados por favor, hacen eso mismo a su vez, agravando el problema. Finalmente, al ser nombrados por una conexión política, sus incentivos no están en tener el mejor desempeño, sino en servir mejor y tener mejores relaciones con el contacto político que los apoyó.

El caso más sonado dada la cantidad de familiares y allegados que un ministro hizo ingresar a la planilla estatal fue el de Jesús Alvarado, que sirvió para que toda la acumulación de incomodidad social generada por estas prácticas se le viniera encima cual alud glacial. El problema es que esta ha sido durante décadas una práctica común en el estado peruano, marca central del llamado patrimonialismo

No es extraño así que ante el primer atisbo de poseer un cargo público se echen a andar las presiones para que los familiares o allegados sean los primeros en ser tomados en cuenta dado el caso de que se requiera personal para determinada labor. O en un caso peor, y evadiendo las secuenciales normas estatales que imposibilitan la contratación, se recurra a crear nuevos puestos para contentar a grupos políticos de influencia o familiares. Las limitaciones que el sentido común debiera imponer sobre estas acciones que van en la mayoría de los casos en desmedro de los fondos públicos por no reunir los contratados las calidades suficientes, han sido superadas imponiéndose sobre ellas la adversa concepción de los fines del Estado respecto a la sociedad. El Estado no es reconocido como el actor crucial para el desarrollo del país, sino ha pasado a ser percibido como un agente más de la actividad económica, del que el beneficio debe ser extraído antes de que los vientos políticos cambien.

La corrupción y la inestabilidad jurídica en los inversionistas

Debido a la corrupción, aumentan los costos de transacción, los contratos no son seguros y hay un costo adicional para hacerlos valer: “la coima”. Ello dificulta las inversiones y el funcionamiento del sistema económico, reduciendo el ritmo de crecimiento económico.

Las inversiones en nuestro país deben sortear muchas vallas extralegales para poder efectivizarse. Esas vallas se pueden inscribir dentro de una manera de operar burocrática, de la cual estamos enterados, en todos los niveles del aparato estatal, pero frente a la que poco se puede hacer con acciones y voluntades aisladas. La fragilidad de una relación contractual que el inversor inicia con determinado ente estatal tiene un primer obstáculo al no ser publicada en la página web del Diario Oficial El Peruano sino hasta diez días después de su publicación impresa. Si bien es un aspecto formal este que se menciona, grafica el distanciamiento que existe entre la mentalidad estatal en general y la dinámica con la que debe contar un Estado promotor de la inversión.

En las relaciones con la administración pública, aquellos interesados en acceder a algún tipo de contratación, conocen muy bien que existe toda una costumbre institucionalizada en que a la propuesta contractual debe añadirse un costo: la retribución para aquel o aquellos encargados de determinar la selección de la mejor oferta, que en muchos casos no termina siendo la oferta optima para el servicio requerido.

El llamado contacto al interior de la administración pública es toda una institución no reconocida formalmente pero que opera con atribuciones mayores a su puesto en el Estado. Las conversaciones de café en las que se tratan asuntos referidos a la coima a otorgarse para asegurar el otorgamiento del contrato son una costumbre de la que se puede dar cuenta fácilmente. Ante esta realidad el inversor o contratante con el Estado debe mantener un doble estándar, ya que asumiendo lo irregular de este accionar, debe sopesar entonces el riesgo que ello implica con su futura ganancia. Así la relación con el Estado se vicia de origen y una vez envuelto en esa práctica el empresario tiende a proseguirla.
Esta debilidad en muchas de las relaciones de los privados frente al Estado, hace que los contratos se tornen inseguros, ya que pueden ser sometidos al escrutinio de los órganos de control interno o externo a la institución y terminar siendo cuestionados legalmente.

La debilidad de origen es un aspecto central que se conjuga con otros. Entre ellos podemos señalar el complicado sistema de formularios administrativos con que el Estado trabaja. Si bien en este nivel de contratación es necesario especificar lo más posible cada punto de la relación, persiste una formalidad que tiende a la confusión por parte del no iniciado en estas lides, y justamente crea una dependencia frente a los tramitadores oficiales u oficiosos que pululan alrededor de la actividad estatal. Este sistema de formulariado debiera ser un eje central que se puede trabajar paralelamente a la Reforma del Estado, ya que unido a la variante contacto-comisión funcionan como una puerta de entrada desgastante frente a la que muchos empresarios con intenciones de contratar con el Estado simplemente prefieren obviar esta posibilidad, limitando así la capacidad electiva que sustenta la competencia comercial.

La democracia se afecta y se genera inestabilidad política y social.

La democracia se deslegitima cuando los estados que se consideran democráticos no hacen mucho por ir desmontando las situaciones de hecho conocidas que corrompen la relación del Estado con el sector privado que finalmente somos todos. Los regímenes democráticos deben entonces colocar en un primer plano de sus agendas acciones que, conjugando fiscalización desburocratización y ejemplo en la celeridad, puedan hacer frente a la institucionalización de prácticas en las que se pierde mucho de lo que el Estado está urgido por ahorrar.

Si en una de las bases de la construcción de un sistema democrático, como es la de las relaciones contractuales con el Estado, seguimos manteniendo unas prácticas por decir lo menos poco trasparentes, estamos condenando al sistema que decimos proteger a una ilegitimidad corrosiva, ya que ésta se trasmite de boca en boca colaborando así a legitimar los discursos antisistémicos que en su radical cuestionamiento a la formalidad encuentran sustento real en casos como el abordado.

Ese cuestionamiento, tomado por los ámbitos extremistas del espectro político, tiene un sustento en una realidad fácilmente constatable por las mayorías. Con un mayor y decidido trabajo en aspectos esenciales que vayan desmontando estructuras pseudo legales que funcionan en la práctica como una tela impermeable entre el Estado y los que se relacionan con él, se generaría un efecto social en el que poco a poco la deslegitimación y lejanía del Estado pueda recobrar en cada espacio ganado el vigor que la sociedad ve perdido. Siendo un aspecto que parece no tener incidencia directa en el conjunto del régimen político que deseamos afianzar, esta relación deteriorada con el Estado en las contrataciones o en los simples trámites que en muchos casos cuestan más de lo que la ley autoriza, es un aspecto crucial que cual trabajo de hormiga merma la credibilidad en el sistema en general.

ALGUNAS CONCLUSIONES

UNO
La corrupción pública o privada es un fenómeno muy imbricado en las sociedades sean estas desarrolladas o en vías de desarrollo como la nuestra. Este hecho comprobable no es óbice alguno para que exista por parte del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil una voluntad y una estrategia que permita ir aminorando y arrinconando este fenómeno.

DOS
La pobreza no es justificación de la corrupción. Desmontar esta idea generalizada en la sociedad peruana es un requisito primordial, ya que esta justificación atraviesa transversalmente a todo el tejido social y genera la mantención de un estado de cosas, en el que la victimización de los trabajadores públicos da paso al consiguiente abuso por parte de estos a los ciudadanos en general.

TRES
El efecto de reflejo corruptor que se genera por los actos de personajes políticos de primera línea, es un claro incentivo a la corrupción y a que se cuestione la legalidad vigente. Las medidas ejemplificadoras al interior de las entidades como el Congreso de la República, al no funcionar se suman a incentivar la irregularidad. Es un imperativo entonces obrar con el ejemplo en el campo de las acciones publicas, y así haya actos que no constituyan corrupción pero se puedan ver mal a los ojos de la población, tratar de evitarlos en la mayoría de los casos aplicando la ley del costo sobre el beneficio general.

CUATRO
La asistencia social debe ser totalmente neutra en términos partidarios y contar con atribuciones que le permitan accionar independientemente de los vientos y ánimos electorales. Más allá de opciones políticas validas, en la lucha anticorrupción se requiere consensos clave que persistan en el tiempo en Políticas de Estado, y éste es uno de ellos.

CINCO
Establecer claramente la prioridad de los programas sociales de cumplir sus objetivos, frente a cualquier presión de empresas o grupos por aprovecharse de esos recursos siendo privilegiados en las compras, es fundamental.

SEIS
La corrupción, mediante diversos mecanismos frena el desarrollo económico e impide soluciones sostenibles al problema de la pobreza. Una política de lucha contra la pobreza, por ello, debe necesariamente involucrar también el tema de la lucha anticorrupción.