El Ministro de salud Hernán Garrido-Lecca se ha convertido en el primer fiscal de salud. Pero no sólo eso: ha firmado un convenio para que casi 2 mil gobernadores sean “vigilantes de la salud”, y está contratando a otra veintena de personas para que vayan a los hospitales como “defensores de los pacientes”.
Suena bien: la gestión de muchos hospitales y centros de salud es mala, algunos profesionales trabajan displicentemente, la corrupción en pequeña y mediana escala es moneda corriente. Pero el remedio puede ser peor que la enfermedad.
Vamos a ponerlo así: ¿creen ustedes que esos gobernadores, todos ellos nombrados por el cuestionadísimo Ministro del Interior, la enorme mayoría con carné aprista, que han asistido a reuniones con Alan García a los que la prensa no tenía acceso en las que el objetivo declarado era que el APRA vuelva a ganar las elecciones el 2011 (ver Peru 21, fecha...), van a tenerla misma actitud frente a un director de hospital aprista que frente a uno no aprista? ¿No sucederá que serán duros fiscalizadores cuando hay algún aprista queriendo el cargo, y blandos luego de que ese personaje obtenga el cargo?
No es muy distinto el caso de los “defensores de los pacientes” que está contratando el ministerio de salud. La jefa de la oficina de “transparencia y defensoría de los pacientes” del Ministerio de Salud es una alta dirigente aprista, que llegó a ser presidenta de la región Tumbes. No hace falta ser demasiado perspicaz para sospechar que a la mayoría de esos “defensores”, su astro favorito es una estrella de 5 puntas. Y tampoco será raro, que actúen atacando a los opositores al régimen, y apoyando a sus partidarios.
Institucionalmente, es obvio que una buena fiscalización solo la puede hacer un organismo independiente. Nadie se evalúa objetivamente a sí mismo, tampoco el gobierno. Pero cuando el gobierno es de un partido con una larga tradición corporativista, las sospechas crecen. El establecer a la defensoría del MINSA como la cabeza de un aparato fiscalizador, tiende a reducir la fuerza y capacidad de la Defensoría del Pueblo, el órgano constitucionalmente establecido para cumplir estas funciones de vigilancia, y que cuenta con la autonomía requerida. Promover miles de gobernadores vigilantes, quita piso y fuerza a la red de vigilancia social y ciudadana que se ha forjado por décadas, y que es una de las bases sociales de ForoSalud.
La vigilancia social es una herramienta muy importante para mejorar la gestión pública. Cuando los gobernantes y los funcionarios sienten que pueden hacer lo que quieren, muchas veces priorizan en gran medida sus propios intereses, ya sean estos electorales o económicos.
Suena bien: la gestión de muchos hospitales y centros de salud es mala, algunos profesionales trabajan displicentemente, la corrupción en pequeña y mediana escala es moneda corriente. Pero el remedio puede ser peor que la enfermedad.
Vamos a ponerlo así: ¿creen ustedes que esos gobernadores, todos ellos nombrados por el cuestionadísimo Ministro del Interior, la enorme mayoría con carné aprista, que han asistido a reuniones con Alan García a los que la prensa no tenía acceso en las que el objetivo declarado era que el APRA vuelva a ganar las elecciones el 2011 (ver Peru 21, fecha...), van a tenerla misma actitud frente a un director de hospital aprista que frente a uno no aprista? ¿No sucederá que serán duros fiscalizadores cuando hay algún aprista queriendo el cargo, y blandos luego de que ese personaje obtenga el cargo?
No es muy distinto el caso de los “defensores de los pacientes” que está contratando el ministerio de salud. La jefa de la oficina de “transparencia y defensoría de los pacientes” del Ministerio de Salud es una alta dirigente aprista, que llegó a ser presidenta de la región Tumbes. No hace falta ser demasiado perspicaz para sospechar que a la mayoría de esos “defensores”, su astro favorito es una estrella de 5 puntas. Y tampoco será raro, que actúen atacando a los opositores al régimen, y apoyando a sus partidarios.
Institucionalmente, es obvio que una buena fiscalización solo la puede hacer un organismo independiente. Nadie se evalúa objetivamente a sí mismo, tampoco el gobierno. Pero cuando el gobierno es de un partido con una larga tradición corporativista, las sospechas crecen. El establecer a la defensoría del MINSA como la cabeza de un aparato fiscalizador, tiende a reducir la fuerza y capacidad de la Defensoría del Pueblo, el órgano constitucionalmente establecido para cumplir estas funciones de vigilancia, y que cuenta con la autonomía requerida. Promover miles de gobernadores vigilantes, quita piso y fuerza a la red de vigilancia social y ciudadana que se ha forjado por décadas, y que es una de las bases sociales de ForoSalud.
La vigilancia social es una herramienta muy importante para mejorar la gestión pública. Cuando los gobernantes y los funcionarios sienten que pueden hacer lo que quieren, muchas veces priorizan en gran medida sus propios intereses, ya sean estos electorales o económicos.
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