El Perú no tiene un sistema de pensiones, sino tres: la vilipendiada 20530, el sistema privado de las AFPs y el Sistema Nacional de Pensiones regido por la ley 19990 y hoy administrado por la ONP. Tres sistemas para que apenas una cuarta parte de la población tenga sustento económico seguro durante su vejez, mientras tres cuartas partes de los trabajadores no están cubiertos por ninguno de estos sistemas. Debido a ello, 300 mil ancianos de más de 70 años trabajan en el Perú porque no tienen otra forma de sobrevivir.
Esta problemática debe abordarse de una manera integral. Por un lado, porque cambios en una parte del sistema afectarán al resto; cambios en el sistema de AFPs, por ejemplo, pueden hacer que menos gente tenga seguro de vejez, o que mas gente se pase a la 19990, o que más gente presione por ingresar a la 20530.
El neoliberalismo de Carlos Boloña, Camet y Cía propugnaba que las AFPs eran la gran reforma, el sistema que debía absorber al resto y convertirse en el sistema único existente. La reforma que creó las AFPs dijo que este nuevo sistema iba a aumentar la cobertura y otorgar pensiones a más peruanos. Sin embargo, el nuevo sistema resultó tan poco atractivo que nadie realiza aportes voluntarios, que son poquísimos los independientes que se afilian al mismo y que las AFPs tienen que resistir con uñas y dientes un proyecto de ley que lo único que quiere es devolverles a los afiliados la posibilidad de escoger algo diferente. La gente no es tonta: resulta que las AFPs cobran el 30% de lo que aportamos por administrar nuestros fondos, lo que resulta ser el servicio más caro de toda la región, y sin darnos mejores servicios sus propietarios obtienen las ganancias más altas del continente (ver artículo de Humberto Campodónico en esta misma edición).
En función a ello, sectores de trabajadores han presionado y logrado que el Congreso apruebe una ley que permita el traslado de las AFPs al Sistema Nacional de Pensiones de la 19990. Gracias a la presión de las AFPs y del MEF, la ley aprobada establece que estos traslados deberán ser previamente aprobados por una “Comisión”. Los congresistas que defienden esta comisión afirman que ella servirá para asegurar que el traslado le conviene a los trabajadores, como si fuéramos tan idiotas que no pudiésemos pensar por nosotros mismos. En realidad, buscan encubrir el verdadero objetivo de la comisión: frenar y poner trabas al traslado de los trabajadores de las AFPs al Sistema Nacional de Pensiones, para así mantener el negocio de las AFPs.
En ese contexto, el poder ejecutivo ha planteado una reforma constitucional para que la 20530, la famosa “cédula viva”, tenga topes y sus pensiones ya no se igualen a los salarios de los activos sino que pueda tener sus pensiones fijadas por decreto. La desconfianza cunde, sin embargo, porque junto al recorte de las excesivas, injustificadas e inmorales pensiones de 20 000 soles, esta reforma también permitirá que sean recortadas, o simplemente no ajustadas en el futuro, las pensiones de 500 soles de las enfermeras jubiladas y otros sectores de bajos ingresos. Y aunque se promete lo contrario, la historia del estado peruano en cuanto a respeto por quienes han trabajado toda una vida deja mucho que desear, y por tanto, muchas razones para desconfiar.
Debido a ello, la reforma de la 20530 debe incluir, para quienes reciben pensiones reducidas, garantías de que sus pensiones no serán recortadas ni congeladas sino que serán reajustadas con criterio de justicia. Al mismo tiempo, esta reforma debe aprobarse como parte de un cambio general de los sistemas de pensiones que asegure dos cosas fundamentales.
Por un lado, establecer una pensión mínima para todos los ancianos pobres del Perú. Hay en el Perú 360 mil personas mayores de 70 años que carecen de una pensión y se encuentran sumidas en la pobreza. Una pensión de 200 soles mensuales, que los sacaría de la pobreza y le cambiaría la vida a muchísima gente, costaría al año cerca de 250 millones de dólares, suma cercana a lo que se podría ahorrar con la reforma de la 20530. La reducción de los costos que afronta hoy el Estado por pensiones bastantes elevadas, así como el controlar los costos que podría tener el Estado por “rescatar” a quienes se trasladaron a las AFPs y no han logrado acumular fondos que les permitan una pensión decente.
Esta problemática debe abordarse de una manera integral. Por un lado, porque cambios en una parte del sistema afectarán al resto; cambios en el sistema de AFPs, por ejemplo, pueden hacer que menos gente tenga seguro de vejez, o que mas gente se pase a la 19990, o que más gente presione por ingresar a la 20530.
El neoliberalismo de Carlos Boloña, Camet y Cía propugnaba que las AFPs eran la gran reforma, el sistema que debía absorber al resto y convertirse en el sistema único existente. La reforma que creó las AFPs dijo que este nuevo sistema iba a aumentar la cobertura y otorgar pensiones a más peruanos. Sin embargo, el nuevo sistema resultó tan poco atractivo que nadie realiza aportes voluntarios, que son poquísimos los independientes que se afilian al mismo y que las AFPs tienen que resistir con uñas y dientes un proyecto de ley que lo único que quiere es devolverles a los afiliados la posibilidad de escoger algo diferente. La gente no es tonta: resulta que las AFPs cobran el 30% de lo que aportamos por administrar nuestros fondos, lo que resulta ser el servicio más caro de toda la región, y sin darnos mejores servicios sus propietarios obtienen las ganancias más altas del continente (ver artículo de Humberto Campodónico en esta misma edición).
En función a ello, sectores de trabajadores han presionado y logrado que el Congreso apruebe una ley que permita el traslado de las AFPs al Sistema Nacional de Pensiones de la 19990. Gracias a la presión de las AFPs y del MEF, la ley aprobada establece que estos traslados deberán ser previamente aprobados por una “Comisión”. Los congresistas que defienden esta comisión afirman que ella servirá para asegurar que el traslado le conviene a los trabajadores, como si fuéramos tan idiotas que no pudiésemos pensar por nosotros mismos. En realidad, buscan encubrir el verdadero objetivo de la comisión: frenar y poner trabas al traslado de los trabajadores de las AFPs al Sistema Nacional de Pensiones, para así mantener el negocio de las AFPs.
En ese contexto, el poder ejecutivo ha planteado una reforma constitucional para que la 20530, la famosa “cédula viva”, tenga topes y sus pensiones ya no se igualen a los salarios de los activos sino que pueda tener sus pensiones fijadas por decreto. La desconfianza cunde, sin embargo, porque junto al recorte de las excesivas, injustificadas e inmorales pensiones de 20 000 soles, esta reforma también permitirá que sean recortadas, o simplemente no ajustadas en el futuro, las pensiones de 500 soles de las enfermeras jubiladas y otros sectores de bajos ingresos. Y aunque se promete lo contrario, la historia del estado peruano en cuanto a respeto por quienes han trabajado toda una vida deja mucho que desear, y por tanto, muchas razones para desconfiar.
Debido a ello, la reforma de la 20530 debe incluir, para quienes reciben pensiones reducidas, garantías de que sus pensiones no serán recortadas ni congeladas sino que serán reajustadas con criterio de justicia. Al mismo tiempo, esta reforma debe aprobarse como parte de un cambio general de los sistemas de pensiones que asegure dos cosas fundamentales.
Por un lado, establecer una pensión mínima para todos los ancianos pobres del Perú. Hay en el Perú 360 mil personas mayores de 70 años que carecen de una pensión y se encuentran sumidas en la pobreza. Una pensión de 200 soles mensuales, que los sacaría de la pobreza y le cambiaría la vida a muchísima gente, costaría al año cerca de 250 millones de dólares, suma cercana a lo que se podría ahorrar con la reforma de la 20530. La reducción de los costos que afronta hoy el Estado por pensiones bastantes elevadas, así como el controlar los costos que podría tener el Estado por “rescatar” a quienes se trasladaron a las AFPs y no han logrado acumular fondos que les permitan una pensión decente.
A ello debe sumársele una reforma que permita que los bancos entren a competir con las AFPs y una acción decidida de Indecopi frente al oligopolio actualmente existente. Las AFPs podrían reducir sus comisiones a la mitad y todavía tendrían utilidades. Con comisiones menores el sistema privado sería más atractivo y podría empezar a constituirse en una verdadera alternativa para que los peruanos ahorremos para nuestra vejez.
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