Durante las últimas semanas, se han desatado crecientes protestas contra el SOAT, el Seguro obligatorio de Accidentes de Tránsito. Las primas que deben pagarse a las aseguradoras privadas por el SOAT ha subido espectacularmente y mucha gente siente que se trata de un alza injusta que solo favorece a las dos empresas que dominan el 65% del mercado. El hecho de que más de un tercio de lo que pagamos no se destine a resarcir daños y cubrir gastos de salud sino a los costos y utilidades de las aseguradoras, tampoco ayuda.
Pero cabe una pregunta mayor: ¿las empresas privadas de seguros están cumpliendo su función? Partamos de reconocer que existe un problema que debe ser enfrentado, y es el riesgo que los accidente de tránsito representan para las personas. Frente a esta situación, las empresas aseguradoras deberían tener un rol fundamental: diferenciar los riesgos y cobrar menos a quienes tenemos menos accidentes, y cobrar más a quienes chocan o atropellan más. Esto premiaría a quienes manejamos con cuidado y permitiría que aquellos choferes imprudentes no sigan impunes y sepan que, si arriesgan la vida de sus pasajeros y del público en general, lo van a pagar. Y decimos pagar en un sentido no figurado sino estricto: que les cueste de su bolsillo.
Tal política de las empresas aseguradoras tendría también lógica para ellas mismas. Cobrar más a los más riesgosos contribuye a mantener el seguro en equilibrio financiero y permite reducir las primas a los que manejamos con cuidado, y que les convenimos como clientes porque les generamos menos costos.
Pero resulta que las empresas aseguradora no han hecho su trabajo. En mi caso, no he usado el SOAT mas que para mostrárselo a la policía que hace controles de vez en cuando. Pero no me bajan la prima ni un centavo. A lo más, quieren diferenciar primar por grandes bloques de usuarios, castigando a los microbuseros que manejan bien porque hay otros que manean mal. Además, quieren cargarle la factura a los hospitales públicos, que ya les cobran en muchos casos tarifas subsidiadas y cuyo presupuesto es totalmente insuficiente.
¿Es un sistema privado el mejor sistema? Si las empresas privadas no incentivan el buen comportamiento de los choferes, no. Si se trata solamente de asegurar la atención de emergencia, que es efectivamente un objetivo fundamental, mejor que parte del Impuesto Selectivo a los Combustibles se dirija exclusivamente a financiar la atención de emergencia en los hospitales públicos, y mantengamos gratuita esa atención. Un simple intermediario que cobra 30% por pasar plata de un lado a otro, como es el sistema actual, no es eficiente.
Finalmente, ¿dónde está la acción firme del estado para mejorar el tránsito y prevenir accidentes?
Pero cabe una pregunta mayor: ¿las empresas privadas de seguros están cumpliendo su función? Partamos de reconocer que existe un problema que debe ser enfrentado, y es el riesgo que los accidente de tránsito representan para las personas. Frente a esta situación, las empresas aseguradoras deberían tener un rol fundamental: diferenciar los riesgos y cobrar menos a quienes tenemos menos accidentes, y cobrar más a quienes chocan o atropellan más. Esto premiaría a quienes manejamos con cuidado y permitiría que aquellos choferes imprudentes no sigan impunes y sepan que, si arriesgan la vida de sus pasajeros y del público en general, lo van a pagar. Y decimos pagar en un sentido no figurado sino estricto: que les cueste de su bolsillo.
Tal política de las empresas aseguradoras tendría también lógica para ellas mismas. Cobrar más a los más riesgosos contribuye a mantener el seguro en equilibrio financiero y permite reducir las primas a los que manejamos con cuidado, y que les convenimos como clientes porque les generamos menos costos.
Pero resulta que las empresas aseguradora no han hecho su trabajo. En mi caso, no he usado el SOAT mas que para mostrárselo a la policía que hace controles de vez en cuando. Pero no me bajan la prima ni un centavo. A lo más, quieren diferenciar primar por grandes bloques de usuarios, castigando a los microbuseros que manejan bien porque hay otros que manean mal. Además, quieren cargarle la factura a los hospitales públicos, que ya les cobran en muchos casos tarifas subsidiadas y cuyo presupuesto es totalmente insuficiente.
¿Es un sistema privado el mejor sistema? Si las empresas privadas no incentivan el buen comportamiento de los choferes, no. Si se trata solamente de asegurar la atención de emergencia, que es efectivamente un objetivo fundamental, mejor que parte del Impuesto Selectivo a los Combustibles se dirija exclusivamente a financiar la atención de emergencia en los hospitales públicos, y mantengamos gratuita esa atención. Un simple intermediario que cobra 30% por pasar plata de un lado a otro, como es el sistema actual, no es eficiente.
Finalmente, ¿dónde está la acción firme del estado para mejorar el tránsito y prevenir accidentes?
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