Desde el lado de los subsidios, entregar dinero en efectivo puede ser mejor que entregar alimentos, opción que enfrenta problemas provenientes de tener que comprarlos, almacenarlos, enfrentar las presiones de productores e industriales interesados, etc. Pero la siguiente pregunta es como y a quién entregar el subsidio.
Si queremos mejorar la salud y educación de nuestros niños, la idea de entregar dinero a condición de que los niños vayan al colegio y a los centros de salud no es la mejor forma de hacerlo. Ya hay una atracción para que los niños vayan al colegio, que se llama desayuno escolar. Este programa sirve además para mejorar la nutrición y el aprendizaje combatiendo la anemia, cosa que un dinero en efectivo no lograría. Además, solo un 5% de los niños peruanos no van al colegio, a diferencia de México donde un 15% no lo hacían por trabajar. El problema principal de la educación peruana es su baja calidad y la desnutrición infantil, y no la asistencia. En cuanto a la salud, también es mejor la entrega de papillas, que atiende los temas de desnutrición. Al mismo tiempo, hay que hacer llegar los servicios a todas las comunidades y establecer un serio esfuerzo de promoción de la salud, educando a las madres en temas de alimentación, higiene y salud, cuidado y estimulación temprana, para lo cual las redes sociales del vaso de leche y los comedores populares pueden ser de gran ayuda. En otras palabras, si el objetivo son los niños, mejor resultado obtendremos de otras maneras.
Respecto a quienes serían los beneficiarios, Pro-Perú identificaría una por una a las familias pobres para darles el subsidio. Efectivamente, los escasos recursos del estado deben estar dirigidos prioritariamente a quienes más lo necesitan. Pero el asunto de identificar una por una a las familias pobres, tiene más de una complicación:
- Falta de DNI: Hay de 800 mil a un millón de peruanos sin DNI, que no lo tienen porque viven en zonas alejadas y la Reniec cobra 22 soles por cada uno. Primero hay que darles identificación ciudadana antes de clasificarlos como pobres.
- El costo administrativo. Recoger la información necesaria para separar, en cada barrio y cada manzana, quien es pobre, demanda en primer lugar hacer un censo detallado. Además, todos los días hay parejas que se separan, padres que fallecen y gente que pierde su trabajo o su cosecha, empobreciéndose. También hay familias que salen de la pobreza. Por ello, además del censo, hay que tener un sistema que esté todo el tiempo revisando y certificando la información.
- El riesgo de corrupción. El hecho de que un funcionario público decida quien recibe y quien no abre grandes posibilidades a corrupción económica y al intercambio de favores políticos (clientelismo). Lo más difícil, sin embargo, es construir la institucionalidad que asegure que no haya corrupción, la gestión sea técnica y transparente, y los costos administrativos no sean excesivos. Eso solo puede hacerse paulatinamente, y no para 120 mil familias en 3 meses como pretende el gobierno.
- El debilitamiento de los lazos sociales. Una comunidad o barrio en el que se están ayudando unos a otros, se debilita cuando se establecen beneficios diferenciados a su interior, creciendo envidias y malentendimientos. Sobretodo cuando la diferencia entre alguien clasificado como “pobre” y otra “no pobre” no es tan grande; en realidad puede ser muy similares, porque todo el tiempo las familias están cambiando su situación un poco: se ganan o pierden empleos o mini-negocios, nacen niños o se van jóvenes, etc.
No hay ningún sistema de focalización perfecto, y el sistema de identificación individual tampoco lo es. Hay otros mecanismos de focalización que pueden y deben usarse, como los mapas de pobreza y la autoselección. Como en las zonas rurales la pobreza es muy extendida y los lazos comunitarios son fuertes, una focalización individual sería muy costoso, lograría pocos ahorros al fisco y además debilitaría las comunidades. En las ciudades la identificación de familias pobres tiene más sentido, pero debe hacerse involucrando a las organizaciones comunitarias en la decisión. En ese sentido, un sistema de focalización individual puede ayudar, si se hace bien y con cuidado. No es el rey Midas, que convierte en oro todo programa social que toca. Es más bien una fórmula que debe usarse con cuidado, en las ocasiones adecuadas y combinado con otros mecanismos para lograr los resultados deseados.
Finalmente, la cuestión más polémica acerca de Pro-Perú es el probable uso clientelístico que le podría dar el gobierno. Este es sin duda un problema importante, porque debilita la democracia, afecta la eficiencia y golpea la autoestima y la confianza de los pobres en superar su situación. Siendo un año pre-electoral, las dudas al respecto se acrecientan. Despejar estas dudas, sin embargo, no es difícil: bastaría con que se aprueben estrictas normas de neutralidad política, se establezca una política de transparencia que permita la vigilancia ciudadana y se encargue la dirección del programa a un directorio plural e independiente, de tal manera que sirva como aislante frente a las presiones que los partidos de gobierno podrían ejercer para reeditar un esquema cleintelista.
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