El sistema de pensiones peruano, incluyendo AFPs, Sistema Nacional de Pensiones (ley 19990 - ONP) y todo lo que quieran añadir, no funciona. En primer lugar, porque apenas uno de cuatro peruanos mayores de 65 años recibe alguna pensión que lo ayude en su vejez: Tres de cada cuatro, no tienen apoyo económico alguno. Como es obvio, cualquier sistema que deje en el desamparo a la mayoría de los ancianos, y sobretodo a los pobres, adolece de una falla fundamental.
Lo peor es que la reforma que instituyó las AFPs no ha mejorado la cobertura, es decir el alcance, de los sistemas de pensiones. Al revés, hemos retrocedido. Si un 25% de los ancianos recibe una pensión, apenas un 17% de los trabajadores activos contribuye a uno de sistemas de jubilación vigentes.
Sumemos a ello otros problemas. La introducción de las AFPs desequilibró el Sistema Nacional de Pensiones, ya que en este sistema los trabajadores activos con sus cotizaciones sostienen a los jubilados. Por eso es conocido como un “sistema de reparto”. Como más de la mitad de los trabajadores activos se retiró del Sistema nacional para irse a una AFP, el sistema nacional perdió más de la mitad de sus ingresos, y ahora vive dependiendo del erario público.
Peor aún. Como el sistema de las AFPs no resultó bueno y cobra comisiones exageradamente elevadas que afectan la pensión, se estableció una pensión mínima. Solo que esta pensión mínima no es sustentada por las enormes ganancias de las AFPs, sino por todos los contribuyentes. De tal manera que, hoy en día, el campesino pobre extremo, que paga impuestos al comprar bienes sujetos a IGV, subsidia al trabajador urbano que cotizó unos cuantos años a la AFP y no logró una cantidad suficiente para jubilarse dignamente.
A este desaguisado ahora se suma el hecho de que varios miles de afiliados a las AFPs quieren salirse, porque los engañaron prometiéndoles el oro y el moro, y a la hora de la verdad, no les alcanza tampoco para una pensión adecuada. Ahora quieren regresar al sistema nacional de pensiones, pero no para realizar aportes sino para cobrar pensiones, añadiendo más presión a un sistema que ya está en déficit. Mientras tanto, las AFPs, que gracias al engaño ya cobraron durante varios años sus buenas comisiones, se piensan quedar con esas ganancias.
Frente a estos problemas, la clase política ha reaccionado en los últimos años con una política de parches. Parchecito por aquí, parchecito por allá, sin siquiera analizar como lo que se hace con un sistema afecta a los otros. Y por cierto, sin que los peruanos pobres sin pensión les hayan merecido alguna atención.
Ya es tiempo de una revisión general a los esquemas de jubilación vigentes, que en vez de estar constituido por varios pedazos fragmentados, debería articularse en un sistema con varios mecanismos vinculados. Uno primero debería ser un sistema contributivo que financie una pensión básica, de tal manera que otorgue un sustento de ingresos que impida la pobreza. Sobre ello, los trabajadores deberían poder ahorrar fondos adicionales, con descuento tributario, para su vejez. Estos ahorros pueden muy bien ser administrados por bancos, que tienen una extensa red de servicios con menores costos y más competencia que las actuales AFPs. Las contribuciones deberían ser recolectadas por una sola entidad, que podría ser la propia SUNAT que brinda este servicio a EsSalud. Finalmente, el tesoro público debería hacer un esfuerzo – tal vez sustentado por una mayor responsabilidad social de las empresas mineras como sugiere PPK – para brindar una pensión de sobrevivencia a los ancianos pobres.
Alternativas hay, y se han probado con éxito en otros países. Lo que hace falta es voluntad política de priorizar el desarrollo social y las necesidades de los pobres frente a las ganancias de las AFPs.
Lo peor es que la reforma que instituyó las AFPs no ha mejorado la cobertura, es decir el alcance, de los sistemas de pensiones. Al revés, hemos retrocedido. Si un 25% de los ancianos recibe una pensión, apenas un 17% de los trabajadores activos contribuye a uno de sistemas de jubilación vigentes.
Sumemos a ello otros problemas. La introducción de las AFPs desequilibró el Sistema Nacional de Pensiones, ya que en este sistema los trabajadores activos con sus cotizaciones sostienen a los jubilados. Por eso es conocido como un “sistema de reparto”. Como más de la mitad de los trabajadores activos se retiró del Sistema nacional para irse a una AFP, el sistema nacional perdió más de la mitad de sus ingresos, y ahora vive dependiendo del erario público.
Peor aún. Como el sistema de las AFPs no resultó bueno y cobra comisiones exageradamente elevadas que afectan la pensión, se estableció una pensión mínima. Solo que esta pensión mínima no es sustentada por las enormes ganancias de las AFPs, sino por todos los contribuyentes. De tal manera que, hoy en día, el campesino pobre extremo, que paga impuestos al comprar bienes sujetos a IGV, subsidia al trabajador urbano que cotizó unos cuantos años a la AFP y no logró una cantidad suficiente para jubilarse dignamente.
A este desaguisado ahora se suma el hecho de que varios miles de afiliados a las AFPs quieren salirse, porque los engañaron prometiéndoles el oro y el moro, y a la hora de la verdad, no les alcanza tampoco para una pensión adecuada. Ahora quieren regresar al sistema nacional de pensiones, pero no para realizar aportes sino para cobrar pensiones, añadiendo más presión a un sistema que ya está en déficit. Mientras tanto, las AFPs, que gracias al engaño ya cobraron durante varios años sus buenas comisiones, se piensan quedar con esas ganancias.
Frente a estos problemas, la clase política ha reaccionado en los últimos años con una política de parches. Parchecito por aquí, parchecito por allá, sin siquiera analizar como lo que se hace con un sistema afecta a los otros. Y por cierto, sin que los peruanos pobres sin pensión les hayan merecido alguna atención.
Ya es tiempo de una revisión general a los esquemas de jubilación vigentes, que en vez de estar constituido por varios pedazos fragmentados, debería articularse en un sistema con varios mecanismos vinculados. Uno primero debería ser un sistema contributivo que financie una pensión básica, de tal manera que otorgue un sustento de ingresos que impida la pobreza. Sobre ello, los trabajadores deberían poder ahorrar fondos adicionales, con descuento tributario, para su vejez. Estos ahorros pueden muy bien ser administrados por bancos, que tienen una extensa red de servicios con menores costos y más competencia que las actuales AFPs. Las contribuciones deberían ser recolectadas por una sola entidad, que podría ser la propia SUNAT que brinda este servicio a EsSalud. Finalmente, el tesoro público debería hacer un esfuerzo – tal vez sustentado por una mayor responsabilidad social de las empresas mineras como sugiere PPK – para brindar una pensión de sobrevivencia a los ancianos pobres.
Alternativas hay, y se han probado con éxito en otros países. Lo que hace falta es voluntad política de priorizar el desarrollo social y las necesidades de los pobres frente a las ganancias de las AFPs.
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