Es necesario financiar la salud pública de manera que se afirmen los derechos de todos los peruanos a la salud. Para ello, la orientación central debe ser promover un financiamiento basado en el gasto público. Bajo esta orientación, los ciudadanos no ven limitados sus derechos a la salud porque contribuyen o no, y mas bien es el Estado que, como defensor del interés público y poder constituido, recauda los ingresos de sus ciudadanos para mantener la salud.
Sin embargo, dado que este gasto público en salud será insuficiente durante algunas décadas más, es conveniente buscar nuevas formas de financiamiento que promuevan el aseguramiento y que puedan otorgar ventajas a los contribuyentes en función de su aporte.
Tres medidas centrales deben tomarse al respecto: obligación de aseguramiento de los independientes de ingresos medianos y altos, reforma laboral que efectivamente promueva la formalidad, y nuevos esquemas para aseguramiento de informales de manera grupal.
Los independientes, o más exactamente todos aquellos que trabajan como “servicios no personales”, en la actualidad no contribuyen ni tienen derecho al seguro de salud. Esto no es justificado, dado que diferencias en el tipo de régimen laboral no deben dar lugar a diferencias en contribuciones ni en derechos. Peor aún, esta diferencia promueve la informalidad y la ilegalidad en las relaciones laborales, como se ha demostrado en la propia experiencia de los médicos contratados por Salud Básica para Todos. Este sector independiente debe tener la misma obligación de contribuir y los mismos derechos que el resto de trabajadores.
¿Es esto viable? Para todos aquellos que prestamos nuestros servicios y nos retiene, la empresa contratante, nuestros impuestos a la renta e IES, sería perfectamente factible, dado que ya nos cobran impuestos que no nos generan un beneficio directo. En este caso habría que rebalancear la carga de contribuciones sobre los independientes de ingresos medios, de tal manera que no aumente excesivamente nuestro aporte total, al mismo tiempo que se vincula ese aporte a una contraprestación efectiva: el seguro de salud.
Simultáneamente, debe realizarse una reforma laboral que efectivamente promueva la formalidad con plenos derechos a la salud y seguridad social, modificando esquemas como los contratos de “formación laboral juvenil” donde estos derechos no están asegurados. En ese sentido, este cambio legal debe especificar con claridad que todo contrato laboral debe contribuir y tener derechos plenos a la seguridad social. También deben promoverse mecanismos de fiscalización de los derechos laborales, incluyendo los derechos a la seguridad social, mecanismos que debe involucrar a los propios trabajadores organizados. Los mecanismos de intermediación laboral, como “services” y otros, no debe en ningún caso permitir que este derecho fundamental, el derecho a la salud y la seguridad social, sea escamoteado.
Por último deben desarrollarse nuevos esquemas para el aseguramiento de informales de manera grupal. El aseguramiento individual voluntario no funciona, debido a que genera un fuerte sesgo de selección, afiliándose principalmente aquellos que tiene enfermedades crónicas o altos riesgos de salud. La experiencia de EsSalud al respecto es aleccionadora. La alternativa es proponer nuevos mecanismos, basado en afiliaciones grupales por rama (taxistas, artesanos, etc) o por zona (ambulantes de un distrito o de determinado mercado, campesinos o productores agropecuarios de un valle o sector), que eliminan este problema y reducen los costos de administración significativamente.
Con estos mecanismos que promueven las contribuciones al seguro de salud no solamente aumentaríamos el financiamiento para la salud, sino que además se reduciría la demanda sobre el Ministerio de Salud, liberando recursos para los más pobres y la salud pública.
Sin embargo, dado que este gasto público en salud será insuficiente durante algunas décadas más, es conveniente buscar nuevas formas de financiamiento que promuevan el aseguramiento y que puedan otorgar ventajas a los contribuyentes en función de su aporte.
Tres medidas centrales deben tomarse al respecto: obligación de aseguramiento de los independientes de ingresos medianos y altos, reforma laboral que efectivamente promueva la formalidad, y nuevos esquemas para aseguramiento de informales de manera grupal.
Los independientes, o más exactamente todos aquellos que trabajan como “servicios no personales”, en la actualidad no contribuyen ni tienen derecho al seguro de salud. Esto no es justificado, dado que diferencias en el tipo de régimen laboral no deben dar lugar a diferencias en contribuciones ni en derechos. Peor aún, esta diferencia promueve la informalidad y la ilegalidad en las relaciones laborales, como se ha demostrado en la propia experiencia de los médicos contratados por Salud Básica para Todos. Este sector independiente debe tener la misma obligación de contribuir y los mismos derechos que el resto de trabajadores.
¿Es esto viable? Para todos aquellos que prestamos nuestros servicios y nos retiene, la empresa contratante, nuestros impuestos a la renta e IES, sería perfectamente factible, dado que ya nos cobran impuestos que no nos generan un beneficio directo. En este caso habría que rebalancear la carga de contribuciones sobre los independientes de ingresos medios, de tal manera que no aumente excesivamente nuestro aporte total, al mismo tiempo que se vincula ese aporte a una contraprestación efectiva: el seguro de salud.
Simultáneamente, debe realizarse una reforma laboral que efectivamente promueva la formalidad con plenos derechos a la salud y seguridad social, modificando esquemas como los contratos de “formación laboral juvenil” donde estos derechos no están asegurados. En ese sentido, este cambio legal debe especificar con claridad que todo contrato laboral debe contribuir y tener derechos plenos a la seguridad social. También deben promoverse mecanismos de fiscalización de los derechos laborales, incluyendo los derechos a la seguridad social, mecanismos que debe involucrar a los propios trabajadores organizados. Los mecanismos de intermediación laboral, como “services” y otros, no debe en ningún caso permitir que este derecho fundamental, el derecho a la salud y la seguridad social, sea escamoteado.
Por último deben desarrollarse nuevos esquemas para el aseguramiento de informales de manera grupal. El aseguramiento individual voluntario no funciona, debido a que genera un fuerte sesgo de selección, afiliándose principalmente aquellos que tiene enfermedades crónicas o altos riesgos de salud. La experiencia de EsSalud al respecto es aleccionadora. La alternativa es proponer nuevos mecanismos, basado en afiliaciones grupales por rama (taxistas, artesanos, etc) o por zona (ambulantes de un distrito o de determinado mercado, campesinos o productores agropecuarios de un valle o sector), que eliminan este problema y reducen los costos de administración significativamente.
Con estos mecanismos que promueven las contribuciones al seguro de salud no solamente aumentaríamos el financiamiento para la salud, sino que además se reduciría la demanda sobre el Ministerio de Salud, liberando recursos para los más pobres y la salud pública.
0 comentarios:
Publicar un comentario