La situación de la salud en el Perú es dramática. Cada año hay más de mil muertes maternas perfectamente evitables. Si nuestros niños nacieran en Cuba, de los 25 mil que se mueren anualmente antes de cumplir un año, se morirían solo 5 mil. La cantidad de muertes y discapacidades generadas por accidentes o enfermedades no atendidas a tiempo es enorme. La ciudadanía está crónicamente disconforme por la baja calidad de la atención en hospitales y centros de salud, pero sólo unos pocos que pueden pagar tienen la posibilidad de recurrir a una clínica privada. El derecho a la salud y a la vida, el primer derecho humano, es casi inexistente en el Perú.
Con sucesivos cambios de ministros y un EsSalud por su cuenta, el gobierno ha carecido de una propuesta de reforma sanitaria que cambie la lógica como actúa el estado en relación a la salud. Una reforma de este tipo tiene que combinar varios cambios fundamentales. Debe establecer la salud como una prioridad para el desarrollo asignándole el presupuesto y la atención política necesaria; y su énfasis debe estar en prevenir y promover la salud, antes que en curar. Estos cambios demandan una nueva relación del sector salud con la población, mucho más dinámica y horizontal, entendiendo que la política de salud debe ser decidida y puesta en práctica por el estado y la sociedad juntos. Esto también implica establecer una clara prioridad hacia los sectores más necesitados, que paradójicamente es a quienes llegan menos los servicios públicos de salud.
Por otro lado, la reforma del estado debe llegar al sector salud. Es absurdo que existan una gran diversidad de entidades responsables de la salud: Ministerio de Salud, EsSalud, sanidades de las fuerzas armadas, etc. Incluso al interior del ministerio de salud, el desorden y la superposición entre organismos es caótica. Es necesaria una reforma que constituya un sistema integrado de salud y haga que el conjunto del estado – y en particular sectores como educación, saneamiento y transporte - asuman sus responsabilidades con la salud. La reforma debe también ser descentralista, otorgando responsabilidades claramente delimitadas a los gobiernos regionales, a las municipalidades y a la comunidad organizada. Estas son las ideas que la II Conferencia Nacional de Salud discutió y aprobó en agosto pasado, perfilando una propuesta de reforma integral de la salud pública (ver más detalles en www.forosalud.org.pe).
El país necesita una reforma sanitaria por el derecho a la salud. Si bien las expectativas generales en este gobierno son ya pocas, la sociedad y en particular la sociedad civil en salud no puede quedarse inactiva. Si nos quedamos de brazos cruzados, la política de salud del próximo quinquenio corre el alto riesgo de decidirse, como en el pasado, por allegados partidarios que carecen de alternativas consistentes y que están más interesados en colocar amigos en puestos públicos que en hacer de la salud un derecho de todos. En el año y medio que viene tenemos la enorme responsabilidad de avanzar en los cambios posibles y en lograr un amplio consenso, político y social, para la realización de una reforma sanitaria que haga realidad el objetivo de salud para todos.
* Coordinador nacional del Foro de la sociedad civil en Salud – ForoSalud.
Con sucesivos cambios de ministros y un EsSalud por su cuenta, el gobierno ha carecido de una propuesta de reforma sanitaria que cambie la lógica como actúa el estado en relación a la salud. Una reforma de este tipo tiene que combinar varios cambios fundamentales. Debe establecer la salud como una prioridad para el desarrollo asignándole el presupuesto y la atención política necesaria; y su énfasis debe estar en prevenir y promover la salud, antes que en curar. Estos cambios demandan una nueva relación del sector salud con la población, mucho más dinámica y horizontal, entendiendo que la política de salud debe ser decidida y puesta en práctica por el estado y la sociedad juntos. Esto también implica establecer una clara prioridad hacia los sectores más necesitados, que paradójicamente es a quienes llegan menos los servicios públicos de salud.
Por otro lado, la reforma del estado debe llegar al sector salud. Es absurdo que existan una gran diversidad de entidades responsables de la salud: Ministerio de Salud, EsSalud, sanidades de las fuerzas armadas, etc. Incluso al interior del ministerio de salud, el desorden y la superposición entre organismos es caótica. Es necesaria una reforma que constituya un sistema integrado de salud y haga que el conjunto del estado – y en particular sectores como educación, saneamiento y transporte - asuman sus responsabilidades con la salud. La reforma debe también ser descentralista, otorgando responsabilidades claramente delimitadas a los gobiernos regionales, a las municipalidades y a la comunidad organizada. Estas son las ideas que la II Conferencia Nacional de Salud discutió y aprobó en agosto pasado, perfilando una propuesta de reforma integral de la salud pública (ver más detalles en www.forosalud.org.pe).
El país necesita una reforma sanitaria por el derecho a la salud. Si bien las expectativas generales en este gobierno son ya pocas, la sociedad y en particular la sociedad civil en salud no puede quedarse inactiva. Si nos quedamos de brazos cruzados, la política de salud del próximo quinquenio corre el alto riesgo de decidirse, como en el pasado, por allegados partidarios que carecen de alternativas consistentes y que están más interesados en colocar amigos en puestos públicos que en hacer de la salud un derecho de todos. En el año y medio que viene tenemos la enorme responsabilidad de avanzar en los cambios posibles y en lograr un amplio consenso, político y social, para la realización de una reforma sanitaria que haga realidad el objetivo de salud para todos.
* Coordinador nacional del Foro de la sociedad civil en Salud – ForoSalud.
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