Versiones totalmente erróneas sobre el costo administrativo en los programas sociales vienen circulando en los últimos tiempos. Fritz Du Bois en reciente artículo afirma que “60% de los recursos de los programas sociales se los queda la burocracia, se pierden en las compras o en la distribución de alimentos” (“El Comercio, 13/02/05). Coincide así con el propio Presidente Toledo, que habría dicho que en América Latina “entre un 40% y un 60% de los costos de los programas sociales se va en gastos burocráticos” (diarios 12/02/05). Hace unos meses, el ministro Bruce había afirmado que el porcentaje era de 70%. Estas afirmaciones son falsas. Simple y llanamente falsas.
Sobre los gastos burocráticos, el propio Du Bois en un reciente libro encuentra que apenas 3% de los gastos de Pronaa son en personal. De un estudio que hice con algunos colaboradores el año 2003, se puede ver que en 6 principales programas sociales, el gasto en administración es menor al 10% en promedio: aunque algunos malos programas como Coopop superaban el 60% de gasto administrativo, en Foncodes apenas era del 5% y en Pronaa era 14% (ver http://www.consorcio.org/Presupuesto/gasto.htm). Para este año 2005, incluso los injustificados 214 millones de soles que el MIMDES ha presupuestado para “gestión administrativa” suman el 20% del gasto en programas de asistencia. Como vemos, eso es mucho menos que 60% o 70%.
Sobre pérdidas en la distribución, el estudio sobre el vaso de leche de Alcázar y Wachtenteim encuentra que 30% de los recursos no puede demostrarse que hayan llegado a las familias participantes. Pero eso es sólo para ese programa, y el dato está lejos de 60%. Además, debería considerarse también todo lo que las madres aportan de su bolsillo al programa en gastos de combustible, utensilios de cocina, local donde funcionan y horas de trabajo. No todo son pérdidas, también hay aportes que deben contabilizarse.
Si bien los costos de administración de un programa social dependen mucho de la característica que éste tenga, incluso para un programa complejo éstos costos no deben pasar de 20%. En programas de empleo temporal, alrededor del 10% a 15% es una cifra razonable, y en programas de entrega de subsidios, este porcentaje no debe pasar el 5% e incluso para la entrega de pensiones 1% de gasto administrativo es usual. Estas son las cifras que se encuentran en América Latina, y no las enormes cantidades señaladas gratuitamente por Toledo.
En relación a la administración, el principal problema de los programas sociales peruanos no es su excesiva burocracia: es su escaso presupuesto y su mala gestión. Claro que sobran algunos burócratas, pero lo más grave es que hacen muy mal su trabajo. Muy mal. Esa mala gestión es resultado de usar los puestos públicos para colocar parientes y amistados de congresistas y políticos del gobierno, y de dejar de lado los aspectos técnicos y gerenciales requeridos para un manejo eficiente. Es resultado, también, de que se trabaje sin las transparencia y la rendición de cuentas indispensable en cualquier organismo público y función de gobierno.
Finalmente, esta mala gestión es resultado de la carencia total de orientación y planificación en los programas sociales: ¿qué rol deben jugar en el desarrollo nacional? ¿qué queremos que logren?¿qué mecanismos son los mejores para ello? No basta decir “lucha contra la pobreza”, porque este concepto es muy amplio. ¿Queremos concentrarnos en los niños, en los ancianos, en las familias, en quienes tienen capacidad de trabajar? ¿qué queremos para cada uno de esos grupos? ¿debemos dar igual respuesta a la pobreza urbana que la rural?
Quienes de verdad quieran dirigir el país deben aprender de la experiencia y la investigación nacional e internacional, y no andar gritando cifras equivocadas y que desvían la atención del problema central.
Sobre los gastos burocráticos, el propio Du Bois en un reciente libro encuentra que apenas 3% de los gastos de Pronaa son en personal. De un estudio que hice con algunos colaboradores el año 2003, se puede ver que en 6 principales programas sociales, el gasto en administración es menor al 10% en promedio: aunque algunos malos programas como Coopop superaban el 60% de gasto administrativo, en Foncodes apenas era del 5% y en Pronaa era 14% (ver http://www.consorcio.org/Presupuesto/gasto.htm). Para este año 2005, incluso los injustificados 214 millones de soles que el MIMDES ha presupuestado para “gestión administrativa” suman el 20% del gasto en programas de asistencia. Como vemos, eso es mucho menos que 60% o 70%.
Sobre pérdidas en la distribución, el estudio sobre el vaso de leche de Alcázar y Wachtenteim encuentra que 30% de los recursos no puede demostrarse que hayan llegado a las familias participantes. Pero eso es sólo para ese programa, y el dato está lejos de 60%. Además, debería considerarse también todo lo que las madres aportan de su bolsillo al programa en gastos de combustible, utensilios de cocina, local donde funcionan y horas de trabajo. No todo son pérdidas, también hay aportes que deben contabilizarse.
Si bien los costos de administración de un programa social dependen mucho de la característica que éste tenga, incluso para un programa complejo éstos costos no deben pasar de 20%. En programas de empleo temporal, alrededor del 10% a 15% es una cifra razonable, y en programas de entrega de subsidios, este porcentaje no debe pasar el 5% e incluso para la entrega de pensiones 1% de gasto administrativo es usual. Estas son las cifras que se encuentran en América Latina, y no las enormes cantidades señaladas gratuitamente por Toledo.
En relación a la administración, el principal problema de los programas sociales peruanos no es su excesiva burocracia: es su escaso presupuesto y su mala gestión. Claro que sobran algunos burócratas, pero lo más grave es que hacen muy mal su trabajo. Muy mal. Esa mala gestión es resultado de usar los puestos públicos para colocar parientes y amistados de congresistas y políticos del gobierno, y de dejar de lado los aspectos técnicos y gerenciales requeridos para un manejo eficiente. Es resultado, también, de que se trabaje sin las transparencia y la rendición de cuentas indispensable en cualquier organismo público y función de gobierno.
Finalmente, esta mala gestión es resultado de la carencia total de orientación y planificación en los programas sociales: ¿qué rol deben jugar en el desarrollo nacional? ¿qué queremos que logren?¿qué mecanismos son los mejores para ello? No basta decir “lucha contra la pobreza”, porque este concepto es muy amplio. ¿Queremos concentrarnos en los niños, en los ancianos, en las familias, en quienes tienen capacidad de trabajar? ¿qué queremos para cada uno de esos grupos? ¿debemos dar igual respuesta a la pobreza urbana que la rural?
Quienes de verdad quieran dirigir el país deben aprender de la experiencia y la investigación nacional e internacional, y no andar gritando cifras equivocadas y que desvían la atención del problema central.
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