Ante la crisis: más gasto social

jueves, 18 de diciembre de 2008

Está claro que el paquete tiene muy poco componente redistributivo y anti-pobreza, y por el contrario con alto énfasis en el gran capital y la inversión privada. Se anunciaron 300 millones de soles extra para nutrición, pero el presupuesto 2009 recorta 400 millones de soles a los municipios para programas sociales. Mientras tanto, se les permite a las mineras y otras empresas pagar impuestos con obras que no serán fiscalizadas, mientras ya no pagarán el “óbolo minero”.

Seguir desatendiendo lo social en medio de la crisis es un grave error. Si en los últimos años de crecimiento económico la educación y la salud no han mejorado y los niños, los ancianos y las personas con discapacidad han estado desatendidos, por lo menos deben ser protegidos durante la crisis. Si muchas familias pobres no se beneficiaron durante los años de “vacas gordas”, pues que no sufran ahora las consecuencias en los tiempos de “vacas flacas”. Si ya la economía, por los ciclos provocados por el mercado, dejará a cientos de miles sin empleo y reducirá los magros precios que los campesinos reciben por sus productos, pues que tengan un alivio con mejor educación, salud y programas sociales.

En una situación de crisis, aumentar el gasto social tiene también una lógica macroeconómica. Es claro que cualquier paquete anti-crisis tiene que aumentar el gasto público. Así lo están haciendo Estados Unidos, Europa, China y muchos otros países. Sólo así se podrá compensar la caída en la demanda agregada, que se está produciendo por las menores compras de nuestras productos en el exterior y por la disminución y el encarecimiento del crédito.

El gasto social tiene la ventaja de que puede aumentarse con rapidez, de un mes a otro. Incluso programas que den empleo temporal construyendo pequeñas irrigaciones o rehabilitando caminos rurales pueden establecerse en pocos meses, lo que no sucede con las grandes obras de infraestructura. Estas son muy necesarias, pero recordemos lo que pasó con el llamado “shock de inversiones” con el que se estrenó la política económica del actual gobierno: 18 meses después todavía no terminaba de despegar. Y en tiempos de crisis, sólo unas semanas de retraso pueden tener graves consecuencias.

La crisis demanda un aumento del gasto público, pero hay que insistir en mejorar la calidad de este gasto. El mayor gasto social debe orientarse a mejorar la eficiencia y la eficacia. Más gasto sobretodo donde más se necesita, en las zonas rurales más pobres y en las zonas urbanas donde haya mayor pérdida de empleos. Gasto orientado a resolver los problemas críticos de la educación y la salud, contratando personal con bonificaciones especiales para comunidades rurales. Presupuesto para un aseguramiento universal efectivo en salud. Gasto para programas que aprovechen y potencien la red social de los comedores populares, vaso de leche y organizaciones comunitarias.

La crisis posiblemente golpee en mayor medida a algunas ciudades de la costa, que han crecido fuertemente en los últimos años en base a la agroexportación y la construcción. Un monitoreo continuo de las condiciones sociales en el país y una respuesta rápida con programas de empleo temporal en pequeñas obras de infraestructura, debería establecerse como un sistema permanente ante emergencias sociales.
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