Cómo la crisis internacional está produciendo despidos y aumentando el desempleo, diversos países de América Latina están tomando medidas al respecto. La CEPAL informa que en México, el gobierno destina 150 millones de dólares para que las empresas en mayor crisis no despidan a sus trabajadores y otros 170 millones para programas de empleo temporal.
En Argentina, el gobierno va a subsidiar el empleo cubriendo por doce meses las contribuciones a la seguridad social (10% del salario), con posible prórroga, y otorga incentivos a la formalización del trabajo.
En Bolivia y Brasil se aumenta el salario mínimo en 12%; en Colombia el aumento es de 8% más 26 dólares de subsidio de transporte.
En Chile se ha establecido un subsidio a trabajadores jóvenes con ingresos bajos y se otorga 60 dólares por carga familiar a las familias más vulnerables.
En Perú: hasta ahora nada.
No es que los despedidos no se hayan iniciado. 6 mil trabajadores mineros, 30 mil textiles, un número desconocido pero que seguramente no baja de decenas de miles en la agroindustria, mientras el Ministerio de Trabajo mira hacia otro lado.
En la mayor parte de los casos, se trata de trabajadores “terciarizados” o con contratos temporales, que por eso carecen de cualquier derecho a la sindicalización y la reclamación colectiva, y que pierden el empleo sin indemnización alguna. Así opera el casi ilimitado poder que otorga a los empresarios la ley peruana. Nada importa que muchas de esas empresas hayan hecho ganancias extraordinarias los años anteriores.
La herramienta que el gobierno tiene más a la mano para enfrentar este problema son programas de empleo temporal. “Construyendo Perú”, que comenzó como “A Trabajar” en el gobierno anterior, puede ampliar rápidamente su cobertura, con énfasis en las zonas de mayor despido, en algunos departamentos mineros y agroindustriales.
Estos programas, como el que hoy aplica México, pueden generar cientos de miles de empleo en pocos meses y rehabilitar o construir caminos, colegios o áreas verdes. Son flexibles para ampliarse o reducirse de acuerdo a las necesidades regionales. Han funcionado bien en el gobierno anterior. Además, son un mecanismo efectivo para aumentar la demanda interna y servir así como empuje contracíclico, porque usan sobretodo insumos nacionales (cemento, palas, picos, etc) y porque dan ingresos a familias pobres que tienen un consumo básico de productos nacionales.
El incremento del salario mínimo, como están haciendo Colombia, Brasil y Bolivia, es otra medida importante. La disminución de la producción y los despidos se produce fundamentalmente por falta de demanda, y aumentar el salario mínimo puede ayudar a recuperar la demanda. Tal alza de salarios no tiene porque representar una pérdida de competitividad de la industria nacional, si va acompañada de un aumento en el tipo de cambio, el drawback y los aranceles (los dos primeros ya se vienen produciendo).
El apoyo a pequeñas empresas y a sectores en crisis también es una medida conveniente. El sector textil por ejemplo, ha perdido decenas de miles de empleos, y eso va a seguir. Un respaldo a empresas en crisis a condición de que mantengan el empleo, como en México, puede servir de complemento a programas de protección del mercado interno frente al dumping chino, de compras estatales de buzos, uniformes y calzado escolar, y de facilitación del crédito. Cubrirles la mayor parte de sus contribuciones a la seguridad social con fondos del estado, como hace Argentina, o subsidiar los salarios bajos como en Chile, podría servir para mantener y ampliar el empleo formal, y aumentar la competitividad empresarial.
Defender el empleo y los salarios debe ser una prioridad ante la crisis. El paquete anti-crisis de Carranza se centra en la reducción de controles en proyectos millonarios que se encargan a las grandes empresas constructoras, con lo que la corrupción irá de la mano con el aumento de la pobreza. Hay otras formas de hacerle frente a la crisis defendiendo el trabajo digno, y casi todos los países vecinos las aplican, ¿por qué el Perú es la excepción?
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