El Plan Anti-crisis del gobierno ha sido tardío, y aún está por verse si tendrá efecto hacia fines de este año. Mientras tanto, han sido despedidos 6 mil trabajadores mineros, 30 mil textiles y otros miles en la agroindustria (al menos mil sólo en Ica). En la mayor parte de los casos, se trata de trabajadores que carecen de cualquier derecho a la sindicalización y que pierden el empleo sin indemnización alguna. Así opera el casi ilimitado poder que otorga a los empresarios la ley peruana. Nada importa que muchas de esas empresas hayan hecho ganancias extraordinarias los años anteriores. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo mira hacia otro lado
Por otro lado, a las alzas de precios de los alimentos del año pasado, han seguido otros golpes a las familias más pobres. Los cafetaleros, bananeros y mangueros reciben menores precios por sus productos.
¿Qué se puede hacer ante esta dura situación social, como parte de un programa que efectivamente mantenga el crecimiento económico y la creación de empleos, pero que atiende a los más golpeados por la crisis?
Programas de promoción del empleo y salarios
Diversos países de América Latina están tomando medidas al respecto. En Argentina, para limitar los despidos el gobierno va a subsidiar el empleo cubriendo las contribuciones a la seguridad social (10% del salario). En Chile se ha establecido un subsidio a trabajadores jóvenes con ingresos bajos y se otorga 60 dólares por carga familiar a las familias más vulnerables. En el Perú, el gobierno podría pagar con fondos del Tesoro Público las contribuciones para pensiones y aumentar así los salarios efectivos que reciben los trabajadores.
El incremento del salario mínimo, como están haciendo Colombia, Brasil y Bolivia, es otra medida importante. En Bolivia y Brasil se aumenta el salario mínimo en 12%; en Colombia el aumento es de 8% más 26 dólares de subsidio de transporte. La disminución de la producción y los despidos se produce fundamentalmente por falta de demanda, y aumentar el salario mínimo puede ayudar a recuperar la demanda. Tal alza de salarios no tiene porque representar una pérdida de competitividad de la industria nacional, si va acompañada de un aumento en el tipo de cambio, el drawback y los aranceles (los dos primeros ya se vienen produciendo).
El apoyo a pequeñas empresas y a sectores en crisis también es una medida conveniente. El sector textil por ejemplo, ha perdido decenas de miles de empleos, y eso va a seguir. Un respaldo a empresas en crisis a condición de que mantengan el empleo, como en México, puede servir de complemento a programas de protección del mercado interno frente al dumping chino, de compras estatales de buzos, uniformes y calzado escolar, y de facilitación del crédito. Cubrirles la mayor parte de sus contribuciones a la seguridad social con fondos del estado, como hace Argentina, o subsidiar los salarios bajos como en Chile, podría servir para mantener y ampliar el empleo formal, y aumentar la competitividad empresarial.
Programas sociales
Dos tipos de programas sociales parecen particularmente adecuados a esta situación de crisis. En aquellas zonas donde se están perdiendo empleos masivamente, programas orientados a construir y mejorar caminos rurales, infraestructura de riego, colegios y centros de salud pueden generar cientos o miles de empleos temporales. De esta manera, se combina la necesidad de las familias de tener un sostén económico con la mejora de la infraestructura pública.
Por otro lado, para pequeños productores, campesinos y ganaderos, un empleo temporal no es la mejor solución: ellos tienen que seguir cuidando su negocio, sus cultivos y sus animales. En estos casos, programas de transferencias en dinero, como Juntos, pueden ser más efectivos. En los distritos golpeados por la crisis donde no hay Juntos, debería establecerse con prontitud, pero incluyendo (temporalmente) a las familias sin hijos. De esta manera, se evita que estas familias pobres se vean obligadas a vender a precio de remate los animales que con tanto esfuerzo han juntado, o que los niños sean sacados del colegio para trabajar.
Además, la salud y la seguridad social para los ancianos, que son políticas sociales que debieran estar siempre funcionando, ahora se vuelven más necesarias. Las familias que ya en tiempos normales requieren hacer un gran esfuerzo para comprar sus medicinas, están mucho más en riesgo cuando hay desempleo. Si hay un año en el cual la seguridad social, en salud y pensiones, debería reforzarse, es precisamente éste, el 2009. Hacer realidad un aseguramiento universal en salud que brinde buena atención de manera gratuita y dar pensiones a los ancianos pobres con dinero del estado, son dos buenas alternativas.
Hay que recordar, por cierto, que más gasto social es una medida reactivadora: aumenta el consumo de las familias pobres, que se gastará en bienes nacionales, compensando así los efectos de la crisis sobre la demanda.
Defender el bienestar de las familias trabajadoras debe ser una prioridad ante la crisis. El paquete anti-crisis de Carranza se centra en la reducción de controles en proyectos millonarios que se encargan a las grandes empresas constructoras, con lo que la corrupción irá de la mano con el aumento de la pobreza. Hay otras formas de hacerle frente a la crisis defendiendo el trabajo digno y los programas sociales, y casi todos los países vecinos las aplican, ¿por qué el Perú es la excepción?
Por otro lado, a las alzas de precios de los alimentos del año pasado, han seguido otros golpes a las familias más pobres. Los cafetaleros, bananeros y mangueros reciben menores precios por sus productos.
¿Qué se puede hacer ante esta dura situación social, como parte de un programa que efectivamente mantenga el crecimiento económico y la creación de empleos, pero que atiende a los más golpeados por la crisis?
Programas de promoción del empleo y salarios
Diversos países de América Latina están tomando medidas al respecto. En Argentina, para limitar los despidos el gobierno va a subsidiar el empleo cubriendo las contribuciones a la seguridad social (10% del salario). En Chile se ha establecido un subsidio a trabajadores jóvenes con ingresos bajos y se otorga 60 dólares por carga familiar a las familias más vulnerables. En el Perú, el gobierno podría pagar con fondos del Tesoro Público las contribuciones para pensiones y aumentar así los salarios efectivos que reciben los trabajadores.
El incremento del salario mínimo, como están haciendo Colombia, Brasil y Bolivia, es otra medida importante. En Bolivia y Brasil se aumenta el salario mínimo en 12%; en Colombia el aumento es de 8% más 26 dólares de subsidio de transporte. La disminución de la producción y los despidos se produce fundamentalmente por falta de demanda, y aumentar el salario mínimo puede ayudar a recuperar la demanda. Tal alza de salarios no tiene porque representar una pérdida de competitividad de la industria nacional, si va acompañada de un aumento en el tipo de cambio, el drawback y los aranceles (los dos primeros ya se vienen produciendo).
El apoyo a pequeñas empresas y a sectores en crisis también es una medida conveniente. El sector textil por ejemplo, ha perdido decenas de miles de empleos, y eso va a seguir. Un respaldo a empresas en crisis a condición de que mantengan el empleo, como en México, puede servir de complemento a programas de protección del mercado interno frente al dumping chino, de compras estatales de buzos, uniformes y calzado escolar, y de facilitación del crédito. Cubrirles la mayor parte de sus contribuciones a la seguridad social con fondos del estado, como hace Argentina, o subsidiar los salarios bajos como en Chile, podría servir para mantener y ampliar el empleo formal, y aumentar la competitividad empresarial.
Programas sociales
Dos tipos de programas sociales parecen particularmente adecuados a esta situación de crisis. En aquellas zonas donde se están perdiendo empleos masivamente, programas orientados a construir y mejorar caminos rurales, infraestructura de riego, colegios y centros de salud pueden generar cientos o miles de empleos temporales. De esta manera, se combina la necesidad de las familias de tener un sostén económico con la mejora de la infraestructura pública.
Por otro lado, para pequeños productores, campesinos y ganaderos, un empleo temporal no es la mejor solución: ellos tienen que seguir cuidando su negocio, sus cultivos y sus animales. En estos casos, programas de transferencias en dinero, como Juntos, pueden ser más efectivos. En los distritos golpeados por la crisis donde no hay Juntos, debería establecerse con prontitud, pero incluyendo (temporalmente) a las familias sin hijos. De esta manera, se evita que estas familias pobres se vean obligadas a vender a precio de remate los animales que con tanto esfuerzo han juntado, o que los niños sean sacados del colegio para trabajar.
Además, la salud y la seguridad social para los ancianos, que son políticas sociales que debieran estar siempre funcionando, ahora se vuelven más necesarias. Las familias que ya en tiempos normales requieren hacer un gran esfuerzo para comprar sus medicinas, están mucho más en riesgo cuando hay desempleo. Si hay un año en el cual la seguridad social, en salud y pensiones, debería reforzarse, es precisamente éste, el 2009. Hacer realidad un aseguramiento universal en salud que brinde buena atención de manera gratuita y dar pensiones a los ancianos pobres con dinero del estado, son dos buenas alternativas.
Hay que recordar, por cierto, que más gasto social es una medida reactivadora: aumenta el consumo de las familias pobres, que se gastará en bienes nacionales, compensando así los efectos de la crisis sobre la demanda.
Defender el bienestar de las familias trabajadoras debe ser una prioridad ante la crisis. El paquete anti-crisis de Carranza se centra en la reducción de controles en proyectos millonarios que se encargan a las grandes empresas constructoras, con lo que la corrupción irá de la mano con el aumento de la pobreza. Hay otras formas de hacerle frente a la crisis defendiendo el trabajo digno y los programas sociales, y casi todos los países vecinos las aplican, ¿por qué el Perú es la excepción?
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