Los afiliados a las AFPs en los últimos doce meses hemos perdido 43% de nuestro fondo. Este es el caso de quienes estamos en el Fondo 3, según los datos oficiales. Lo que hace un año valía 100, hoy apenas vale 57. Quien había llegado a juntar 100 mil soles para su vejez, perdió 43 mil soles. Es el momento de revisar el sistema de pensiones.
El haber jugado las pensiones a una ruleta financiera altamente riesgosa, no es el único problema causado por la privatización del sistema de pensiones. Hay otros problemas igual de serios. El primero: 85% de los trabajadores peruanos no contribuye a un sistema de pensiones, con lo que no tendrá una pensión. Es decir, apenas uno de cada 6 trabajadores tiene su jubilación protegida económicamente. El segundo: establecer las AFPs ha causado que el fisco tenga que destinar 3 mil millones de soles anuales a sustentar las pensiones de los actuales jubilados, que de otra manera serían sustentados por los trabajadores activos, quienes podrían obtener pensiones 30% superiores a las que tienen ahora.
Varios países de Latinoamérica, incluso con sistemas de pensiones privados, han establecido mejores sistemas y reformas importantes. En Uruguay, se mantiene un sistema público obligatorio y las AFPs solo son complementarias, y hay una AFP estatal que regula en el mercado las comisiones, registrando la mitad de los afiliados. En Chile, una reciente reforma ha reforzado sustancialmente las pensiones públicas, asegurando una pensión mínima a todos los chilenos y aumentando – con parte del Tesoro – las pensiones a los sectores de bajos ingresos. Otros países, como Argentina, han optado por una solución radical: desaparecer el sistema privado de pensiones y regresar a un sistema público.
En el Perú, un cambio es necesario. Este cambio debe estar orientado a hacer realidad el derecho universal a la seguridad social, a reestablecer la solidaridad en el sistema de pensiones y a instalar un equilibrio adecuado entre lo público y lo privado, entre el Estado y el mercado, en esta área.
Los cambios básicos implican establecer una pensión mínima universal, reducir los riesgos de los afiliados al sistema privado estableciendo mayores garantías sobre sus fondos y las pensiones, y otorgar un mayor rol del Estado en resguardo de los intereses de los trabajadores. La regulación pública debe ser reforzada, pero también debe hacerse más transparente y participativa: la información actualmente brindada por la Superintendencia es altamente insuficiente, y se necesita que haya un ente de gobierno del sistema de pensiones dirigido por un Directorio plural con participación de los afiliados.
El haber jugado las pensiones a una ruleta financiera altamente riesgosa, no es el único problema causado por la privatización del sistema de pensiones. Hay otros problemas igual de serios. El primero: 85% de los trabajadores peruanos no contribuye a un sistema de pensiones, con lo que no tendrá una pensión. Es decir, apenas uno de cada 6 trabajadores tiene su jubilación protegida económicamente. El segundo: establecer las AFPs ha causado que el fisco tenga que destinar 3 mil millones de soles anuales a sustentar las pensiones de los actuales jubilados, que de otra manera serían sustentados por los trabajadores activos, quienes podrían obtener pensiones 30% superiores a las que tienen ahora.
Varios países de Latinoamérica, incluso con sistemas de pensiones privados, han establecido mejores sistemas y reformas importantes. En Uruguay, se mantiene un sistema público obligatorio y las AFPs solo son complementarias, y hay una AFP estatal que regula en el mercado las comisiones, registrando la mitad de los afiliados. En Chile, una reciente reforma ha reforzado sustancialmente las pensiones públicas, asegurando una pensión mínima a todos los chilenos y aumentando – con parte del Tesoro – las pensiones a los sectores de bajos ingresos. Otros países, como Argentina, han optado por una solución radical: desaparecer el sistema privado de pensiones y regresar a un sistema público.
En el Perú, un cambio es necesario. Este cambio debe estar orientado a hacer realidad el derecho universal a la seguridad social, a reestablecer la solidaridad en el sistema de pensiones y a instalar un equilibrio adecuado entre lo público y lo privado, entre el Estado y el mercado, en esta área.
Los cambios básicos implican establecer una pensión mínima universal, reducir los riesgos de los afiliados al sistema privado estableciendo mayores garantías sobre sus fondos y las pensiones, y otorgar un mayor rol del Estado en resguardo de los intereses de los trabajadores. La regulación pública debe ser reforzada, pero también debe hacerse más transparente y participativa: la información actualmente brindada por la Superintendencia es altamente insuficiente, y se necesita que haya un ente de gobierno del sistema de pensiones dirigido por un Directorio plural con participación de los afiliados.
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