Aunque la política social es uno de los temas de mi especialidad, últimamente escribo poco sobre ella. La razón es simple: me deprime. Pasan los meses y pasan los años, y los problemas parecen ser exactamente los mismos, y aunque los diagnósticos son conocidos y las alternativas también, todo sigue igual. El país sigue esperando a que se haga algo efectivo para que los más pobres y vulnerables tengan un apoyo real cuando lo necesitan.
Tras la caída de la dictadura fujimorista, la transición democrática requería una nueva política social, renovada y vigorosa. Se necesitaba pasar del reparto de migajas a quienes asistían a los mítines del chino ladrón, a asegurar derechos básicos a todos los peruanos y promover las redes sociales y las capacidades humanas para el desarrollo en las localidades más pobres y alejadas.
Tres años y medio después, es poco lo que se ha hecho. La reorganización de los programas sociales no se ha efectuado, y seguimos con las mismas siglas duplicando funciones y abultando burocracia. La potencialidad de instituciones como Foncodes, que había sabido llegar a los rincones más apartados del país, no fueron aprovechadas combinando eficiencia con democracia, y por el contrario han ido perdiendo su capacidad institucional y su profesionalismo. Los programas alimentarios siguen sin reorientarse hacia la prevención de la desnutrición infantil, no llegan hacia los sectores más necesitados y carecen del contenido nutricional requerido. Varias otras entidades públicas subsisten como burocracias que carecen totalmente de sentido. La mayor novedad ha sido la política de vivienda, pero ésta ha dejado de lado a los pobres rurales - para quienes no ha habido iniciativa alguna-, y ha alcanzado a apenas el 5% de las necesidades nacionales a un costo elevado.
El desenlace es bastante triste, sobretodo para quienes hemos visto de cerca lo importante que pueden ser estos programas, aun con todas sus debilidades, para mejorar las condiciones de vida de los pobres. Es claro también que ésta ha terminado siendo una de las grandes debilidades del gobierno actual; si Toledo hubiera tenido la visión de mantener un rumbo claro de reforma, hoy podría estar cosechando un respaldo que tanto necesita.
Las alternativas son conocidas. Se necesita una política social reforzada, con mayores recursos presupuestales que permitan extender beneficios básicos para todos. Los programas deben reorganizarse en dos o tres fondos centrales, reduciendo la burocracia y concentrando recursos en pocos objetivos centrales, como la desnutrición infantil y el acceso universal a servicios básicos. Los recursos deben ser descentralizados, entregándose a las propias comunidades para su manejo. Una gerencia calificada debe establecer directrices y normas técnicas que aseguren eficiencia en el uso de los recursos, haciendo supervisión y evaluaciones permanentes. Todo ello en un marco de transparencia que permita a la ciudadanía conocer en detalle lo que se está haciendo y fiscalizar a los funcionarios públicos.
Tras la caída de la dictadura fujimorista, la transición democrática requería una nueva política social, renovada y vigorosa. Se necesitaba pasar del reparto de migajas a quienes asistían a los mítines del chino ladrón, a asegurar derechos básicos a todos los peruanos y promover las redes sociales y las capacidades humanas para el desarrollo en las localidades más pobres y alejadas.
Tres años y medio después, es poco lo que se ha hecho. La reorganización de los programas sociales no se ha efectuado, y seguimos con las mismas siglas duplicando funciones y abultando burocracia. La potencialidad de instituciones como Foncodes, que había sabido llegar a los rincones más apartados del país, no fueron aprovechadas combinando eficiencia con democracia, y por el contrario han ido perdiendo su capacidad institucional y su profesionalismo. Los programas alimentarios siguen sin reorientarse hacia la prevención de la desnutrición infantil, no llegan hacia los sectores más necesitados y carecen del contenido nutricional requerido. Varias otras entidades públicas subsisten como burocracias que carecen totalmente de sentido. La mayor novedad ha sido la política de vivienda, pero ésta ha dejado de lado a los pobres rurales - para quienes no ha habido iniciativa alguna-, y ha alcanzado a apenas el 5% de las necesidades nacionales a un costo elevado.
El desenlace es bastante triste, sobretodo para quienes hemos visto de cerca lo importante que pueden ser estos programas, aun con todas sus debilidades, para mejorar las condiciones de vida de los pobres. Es claro también que ésta ha terminado siendo una de las grandes debilidades del gobierno actual; si Toledo hubiera tenido la visión de mantener un rumbo claro de reforma, hoy podría estar cosechando un respaldo que tanto necesita.
Las alternativas son conocidas. Se necesita una política social reforzada, con mayores recursos presupuestales que permitan extender beneficios básicos para todos. Los programas deben reorganizarse en dos o tres fondos centrales, reduciendo la burocracia y concentrando recursos en pocos objetivos centrales, como la desnutrición infantil y el acceso universal a servicios básicos. Los recursos deben ser descentralizados, entregándose a las propias comunidades para su manejo. Una gerencia calificada debe establecer directrices y normas técnicas que aseguren eficiencia en el uso de los recursos, haciendo supervisión y evaluaciones permanentes. Todo ello en un marco de transparencia que permita a la ciudadanía conocer en detalle lo que se está haciendo y fiscalizar a los funcionarios públicos.
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No es tan difícil de hacer. Solo hace falta voluntad política de poner el bienestar de los pobres por encima de pequeños apetitos de aprovechamiento personal. Que este sea nuestro buen deseo nacional para el 2005.
No es tan difícil de hacer. Solo hace falta voluntad política de poner el bienestar de los pobres por encima de pequeños apetitos de aprovechamiento personal. Que este sea nuestro buen deseo nacional para el 2005.
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