Instalada la Comisión de Diálogo con los pueblos indígenas, hay que insistir en la necesidad de revisar las concesiones para la extracción de petróleo y metales en la selva peruana. La derogatoria de los Decretos Legislativos dificulta el que se quiten y afecten más territorios a los pueblos indígenas, pero no atiende los problemas de las concesiones ya hechas y que deben entrar en exploración, y quizás explotación, en los próximos años.
Alan García ha dicho, en su enfrentamiento con los pueblos indígenas, que “el petróleo es de todos los peruanos” y no solo de “los nativos” (término usado por García). Pero un estudio presentado esta semana en el Congreso de la República por la prestigiosa Universidad de Columbia, indica que ese petróleo no era tan peruano después de todo. Este estudio muestra como se distribuye la renta petrolera, las ganancias provenientes de la explotación de petróleo descontando los costos, entre los estados y las trasnacionales comparado el Perú con otros países. Eesulta que en Azebaijan, el Estado se queda con 85%, en Rusia, con 87%, en Egipto, con el 78%, en Venezuela (en contratos firmados antes de Hugo Chávez), con el 95%. En el Perú en los contratos firmados con este gobierno, el estado se queda con sólo un 50 a 55% de la renta petrolera.
Las condiciones bajo las cuales este gobierno ha concesionado lotes petroleros que hoy ocupan tres cuartas partes de nuestra amazonía, no son favorables para el país. En las diplomáticas palabras de los expertos de la Universidad de Columbia, “El contrato modelo está orientado fundamentalmente a conseguir inversión extranjera a un coste quizá demasiado alto”.
Por cierto, estas concesiones petroleras se otorgaron de manera muy poco transparente. El “faenón” de Rómulo León fue su marca de origen. La entrega de casi toda la amazonía de un solo golpe en condiciones desfavorables sugiere que desde quienes están en el gobierno ha habido apuro por hacer negocios, no sólo por facilitar los negocios de otros.
Estas concesiones para extraer materias primas de nuestra selva son el mayor conflicto entre el gobierno y las empresas trasnacionales de un lado, y los pueblos indígenas del otro. Las concesiones han sido otorgadas sin ningún diálogo ni consulta, con el antecedente de que anteriores explotaciones de petróleo y oro han caudado daños ambientales tremendos. En el río Corrientes, hay más de 90% de niños con exceso de Cadmio en la sangre. En Madre de Dios, la extracción de oro daña los ríos tremendamente contaminándolos con mercurio, que es muy dañino. Reclamos indígenas respecto de industrias extractivas se han registrado en el nororiente (minera Dorato), en el norte (Pluspetrol) y en el sur (Camisea) del país.
Por su parte, la extracción ilegal de madera como la caoba, por ejemplo, ha sido tan fenomenal que ha generado reclamos internacionales. A ello se añaden la entrega de grandes extensiones de terreno a sectores empresariales como el grupo Romero, para la producción de palma y biodiesel, añadiendo así a la deforestación. En el colmo, ahora el grupo Romero insiste en que todos los peruanos paguemos más por la gasolina, para que ésta incluya su etanol que es más caro.
Las concesiones otorgadas violan el Convenio 169 de la OIT, que obliga al consentimiento previo de los pueblos indígenas antes de la explotación de recursos naturales en sus territorios. Hasta “The Economist”, la prestigiosa revista inglesa de corte liberal, indica en su último número que hay conflictos porque en algunos lotes se superponen concesiones con territorios indígenas.
Así, las concesiones petroleras son ilegales, son inconvenientes para el país y han sido hechas bajo sospechas de corrupción. Como ha dicho el Premier Yehude Simon y el Presidente García en relación a los Decretos Legislativos, mejor empezar de nuevo. Para que eso sea verdad, el empezar de nuevo también tiene que aplicarse a las concesiones petroleras y mineras.
Alan García ha dicho, en su enfrentamiento con los pueblos indígenas, que “el petróleo es de todos los peruanos” y no solo de “los nativos” (término usado por García). Pero un estudio presentado esta semana en el Congreso de la República por la prestigiosa Universidad de Columbia, indica que ese petróleo no era tan peruano después de todo. Este estudio muestra como se distribuye la renta petrolera, las ganancias provenientes de la explotación de petróleo descontando los costos, entre los estados y las trasnacionales comparado el Perú con otros países. Eesulta que en Azebaijan, el Estado se queda con 85%, en Rusia, con 87%, en Egipto, con el 78%, en Venezuela (en contratos firmados antes de Hugo Chávez), con el 95%. En el Perú en los contratos firmados con este gobierno, el estado se queda con sólo un 50 a 55% de la renta petrolera.
Las condiciones bajo las cuales este gobierno ha concesionado lotes petroleros que hoy ocupan tres cuartas partes de nuestra amazonía, no son favorables para el país. En las diplomáticas palabras de los expertos de la Universidad de Columbia, “El contrato modelo está orientado fundamentalmente a conseguir inversión extranjera a un coste quizá demasiado alto”.
Por cierto, estas concesiones petroleras se otorgaron de manera muy poco transparente. El “faenón” de Rómulo León fue su marca de origen. La entrega de casi toda la amazonía de un solo golpe en condiciones desfavorables sugiere que desde quienes están en el gobierno ha habido apuro por hacer negocios, no sólo por facilitar los negocios de otros.
Estas concesiones para extraer materias primas de nuestra selva son el mayor conflicto entre el gobierno y las empresas trasnacionales de un lado, y los pueblos indígenas del otro. Las concesiones han sido otorgadas sin ningún diálogo ni consulta, con el antecedente de que anteriores explotaciones de petróleo y oro han caudado daños ambientales tremendos. En el río Corrientes, hay más de 90% de niños con exceso de Cadmio en la sangre. En Madre de Dios, la extracción de oro daña los ríos tremendamente contaminándolos con mercurio, que es muy dañino. Reclamos indígenas respecto de industrias extractivas se han registrado en el nororiente (minera Dorato), en el norte (Pluspetrol) y en el sur (Camisea) del país.
Por su parte, la extracción ilegal de madera como la caoba, por ejemplo, ha sido tan fenomenal que ha generado reclamos internacionales. A ello se añaden la entrega de grandes extensiones de terreno a sectores empresariales como el grupo Romero, para la producción de palma y biodiesel, añadiendo así a la deforestación. En el colmo, ahora el grupo Romero insiste en que todos los peruanos paguemos más por la gasolina, para que ésta incluya su etanol que es más caro.
Las concesiones otorgadas violan el Convenio 169 de la OIT, que obliga al consentimiento previo de los pueblos indígenas antes de la explotación de recursos naturales en sus territorios. Hasta “The Economist”, la prestigiosa revista inglesa de corte liberal, indica en su último número que hay conflictos porque en algunos lotes se superponen concesiones con territorios indígenas.
Así, las concesiones petroleras son ilegales, son inconvenientes para el país y han sido hechas bajo sospechas de corrupción. Como ha dicho el Premier Yehude Simon y el Presidente García en relación a los Decretos Legislativos, mejor empezar de nuevo. Para que eso sea verdad, el empezar de nuevo también tiene que aplicarse a las concesiones petroleras y mineras.
Publicado en la Coordinadora Nacional de Radio (CNR):
0 comentarios:
Publicar un comentario