Si uno le pregunta a cualquier político, sea este el presidente, el primer ministro o congresista, dirá que sin duda la salud es una primerísima prioridad en el país. Pero si uno mira las cifras económicas, el asunto es muy diferente.
En el Perú, el gasto público en salud apenas si bordea el uno por ciento (1%) del PBI. Debido a la escasez de recursos fiscales, desde hace más de una década los hospitales y centros de salud trasladan una buena parte de los costos a los pacientes. Cerca de una quinta parte del presupuesto de salud en el Perú es pagado no por el estado sino directamente por los enfermos, y hay algunos hospitales en Lima que ya reciben más dinero de sus usuarios que del estado. El problema es que esta privatización fáctica se ha hecho sin que existan criterios claros para determinar quién debe pagar y quién no, provocando que los hospitales públicos se orientan cada vez más a la clase media y no a los sectores populares.
La escasez de presupuesto de salud ha llevado, además, a que muchas veces falten médicos y enfermeras en las zonas rurales más necesitadas, y ha agravado la debilidad en la atención de prioridades de salud pública como la malaria y la tuberculosis.
Dramática expresión de esta falta de presupuesto es lo que sucede con el Seguro Integral de Salud - SIS. El SIS debió ser la solución al problema de los cobros en los centros de salud públicos, reestableciendo la atención gratuita a quienes lo necesitan. La inadecuación entre los escasos recursos que tiene y las promesas efectuadas de hacer gratuitas un grupo amplio de atenciones de salud, han llevado a que en la práctica la población tiene que seguir pagando o comprando sus medicinas. El SIS se ha convertido en una gran mentira: no es seguro ni, mucho menos, integral.
Pero el SIS no es, desde luego, la única expresión de la crisis presupuestal en salud. El Ministerio de Salud ha anunciado recientemente el establecimiento de un programa especial para dar tratamiento con antirretrovirales a las personas con VIH/ SIDA, tratamiento que es indispensable para prolongar su vida. Este es, literalmente y sin ninguna exageración, un asunto de vida o muerte. A pesar de ello, el estado peruano recién empieza a aplicar este programa tras haber obtenido donaciones externas, y para sostenerse en los próximos años requerirá fondos adicionales que aún no están asegurados.
La cifra de 1% del PBI para salud pública es una cantidad ínfima. En América Latina, son pocos los países en los que el estado gaste menos en salud. Por ejemplo, Bolivia, país mucho más pobre que el Perú, gasta 1,7% del PBI en salud; Chile gasta 2,5% del PBI, Cuba gasta 5,5% del PBI y Costa Rica destina más de 7% del PBI en gasto público en salud. Un cálculo indica que países latinoamericanos con un PBI como el nuestro gastan en promedio más de 2% del PBI en salud. El Perú gasta poco en salud no solamente en relación a nuestras necesidades, sino también en relación a nuestras posibilidades.
En el Perú, el gasto público en salud apenas si bordea el uno por ciento (1%) del PBI. Debido a la escasez de recursos fiscales, desde hace más de una década los hospitales y centros de salud trasladan una buena parte de los costos a los pacientes. Cerca de una quinta parte del presupuesto de salud en el Perú es pagado no por el estado sino directamente por los enfermos, y hay algunos hospitales en Lima que ya reciben más dinero de sus usuarios que del estado. El problema es que esta privatización fáctica se ha hecho sin que existan criterios claros para determinar quién debe pagar y quién no, provocando que los hospitales públicos se orientan cada vez más a la clase media y no a los sectores populares.
La escasez de presupuesto de salud ha llevado, además, a que muchas veces falten médicos y enfermeras en las zonas rurales más necesitadas, y ha agravado la debilidad en la atención de prioridades de salud pública como la malaria y la tuberculosis.
Dramática expresión de esta falta de presupuesto es lo que sucede con el Seguro Integral de Salud - SIS. El SIS debió ser la solución al problema de los cobros en los centros de salud públicos, reestableciendo la atención gratuita a quienes lo necesitan. La inadecuación entre los escasos recursos que tiene y las promesas efectuadas de hacer gratuitas un grupo amplio de atenciones de salud, han llevado a que en la práctica la población tiene que seguir pagando o comprando sus medicinas. El SIS se ha convertido en una gran mentira: no es seguro ni, mucho menos, integral.
Pero el SIS no es, desde luego, la única expresión de la crisis presupuestal en salud. El Ministerio de Salud ha anunciado recientemente el establecimiento de un programa especial para dar tratamiento con antirretrovirales a las personas con VIH/ SIDA, tratamiento que es indispensable para prolongar su vida. Este es, literalmente y sin ninguna exageración, un asunto de vida o muerte. A pesar de ello, el estado peruano recién empieza a aplicar este programa tras haber obtenido donaciones externas, y para sostenerse en los próximos años requerirá fondos adicionales que aún no están asegurados.
La cifra de 1% del PBI para salud pública es una cantidad ínfima. En América Latina, son pocos los países en los que el estado gaste menos en salud. Por ejemplo, Bolivia, país mucho más pobre que el Perú, gasta 1,7% del PBI en salud; Chile gasta 2,5% del PBI, Cuba gasta 5,5% del PBI y Costa Rica destina más de 7% del PBI en gasto público en salud. Un cálculo indica que países latinoamericanos con un PBI como el nuestro gastan en promedio más de 2% del PBI en salud. El Perú gasta poco en salud no solamente en relación a nuestras necesidades, sino también en relación a nuestras posibilidades.
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Los problemas de la salud pública peruana no se resuelven solamente con más dinero. Pero no será posible tener una buena salud sin fondos adicionales. Una reforma democrática de la salud pública, que haga eficiente el sistema y haga efectivo el derecho a la salud de todos los peruanos, es indispensable. Parte de esa reforma consiste precisamente en lograr que la salud pública peruana tenga los recursos que necesita para ser viable.
Los problemas de la salud pública peruana no se resuelven solamente con más dinero. Pero no será posible tener una buena salud sin fondos adicionales. Una reforma democrática de la salud pública, que haga eficiente el sistema y haga efectivo el derecho a la salud de todos los peruanos, es indispensable. Parte de esa reforma consiste precisamente en lograr que la salud pública peruana tenga los recursos que necesita para ser viable.
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