El gobierno ha anunciado la fusión de programas sociales. El Presidente García ha dicho que la coexistencia de decenas de programas, que subsisten debido a que cada ministerio busca su herramienta de publicidad y soporte político, produce exceso de burocracia y gasto administrativo. La próxima semana se conocerían los cambios.
La fusión y reorganización de los programas sociales es necesaria pero insuficiente. Es necesario además aumentarles el presupuesto, afinar sus objetivos y estrategias, hacerlos parte de la promoción de derechos sociales, incluirlos integralmente en el proceso de descentralización y abrir las puertas a la participación ciudadana.
Según un reciente estudio del Banco Mundial, el Perú es uno de los países de América Latina con menor nivel de gasto en programas sociales: apenas 0,7% del PBI. No es de extrañar entonces que a millones de peruanos pobres no les llegue un apoyo básico por parte del estado, o que los programas que alcanzan a más gente – como el vaso de leche – den una ayuda muy pequeña.
Los programas sociales deben tener como objetivo dar un apoyo a quienes viven en pobreza extrema o atraviesan una situación familiar o personal crítica, reducir la desnutrición infantil y permitir que las zonas y familias pobres tengan también capacidades y oportunidades para progresar y sostenerse con dignidad. Su objetivo no es hacer publicidad o que algún ministro, presidente o partido gane respaldo o aplausos. Tal vez la ministra Borra y el Presidente García debieran tener esto en cuenta antes de llenar al MIMDES de carnetizados sin experiencia ni conocimientos especializados.
Los programas sociales deben tener como una orientación fundamental establecer derechos sociales, es decir, garantizar a todos los peruanos el acceso a condiciones básicas de salud, nutrición, educación y seguridad social. Para ello, antes que muchos programas que se sobreponen en algunas localidades pero que no llegan a todo el país, debe asegurarse que todos los niños tengan la alimentación, cuidado, atención de salud y educación inicial que necesitan, y que haya apoyo de emergencia a quienes están en pobreza extrema por haber sufrido un desastre natural, pérdida de empleo o enfermedad o pérdida de quienes sostienen la familia.
Finalmente, los programas sociales deben tener una estrategia nacional y un fuerte presupuesto, pero deben ser descentralizados hacia los municipios y gobiernos regionales y ser dirigidos y gestionados con una amplia participación ciudadana.
Los retos son grandes. La fusión y reorganización de programas sociales debe ser una oportunidad para enfrentar estos retos, y no concentrarse en reducir el número de empleados que trabajan en ellos.
La fusión y reorganización de los programas sociales es necesaria pero insuficiente. Es necesario además aumentarles el presupuesto, afinar sus objetivos y estrategias, hacerlos parte de la promoción de derechos sociales, incluirlos integralmente en el proceso de descentralización y abrir las puertas a la participación ciudadana.
Según un reciente estudio del Banco Mundial, el Perú es uno de los países de América Latina con menor nivel de gasto en programas sociales: apenas 0,7% del PBI. No es de extrañar entonces que a millones de peruanos pobres no les llegue un apoyo básico por parte del estado, o que los programas que alcanzan a más gente – como el vaso de leche – den una ayuda muy pequeña.
Los programas sociales deben tener como objetivo dar un apoyo a quienes viven en pobreza extrema o atraviesan una situación familiar o personal crítica, reducir la desnutrición infantil y permitir que las zonas y familias pobres tengan también capacidades y oportunidades para progresar y sostenerse con dignidad. Su objetivo no es hacer publicidad o que algún ministro, presidente o partido gane respaldo o aplausos. Tal vez la ministra Borra y el Presidente García debieran tener esto en cuenta antes de llenar al MIMDES de carnetizados sin experiencia ni conocimientos especializados.
Los programas sociales deben tener como una orientación fundamental establecer derechos sociales, es decir, garantizar a todos los peruanos el acceso a condiciones básicas de salud, nutrición, educación y seguridad social. Para ello, antes que muchos programas que se sobreponen en algunas localidades pero que no llegan a todo el país, debe asegurarse que todos los niños tengan la alimentación, cuidado, atención de salud y educación inicial que necesitan, y que haya apoyo de emergencia a quienes están en pobreza extrema por haber sufrido un desastre natural, pérdida de empleo o enfermedad o pérdida de quienes sostienen la familia.
Finalmente, los programas sociales deben tener una estrategia nacional y un fuerte presupuesto, pero deben ser descentralizados hacia los municipios y gobiernos regionales y ser dirigidos y gestionados con una amplia participación ciudadana.
Los retos son grandes. La fusión y reorganización de programas sociales debe ser una oportunidad para enfrentar estos retos, y no concentrarse en reducir el número de empleados que trabajan en ellos.
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