El Presidente García ha anunciado un paquete de medidas anti-crisis. ¿Nos resguardará de la crisis? Evitará los despidos, el empobrecimiento de los agricultores, la pérdida de posibilidades para las micro y pequeñas empresas? Ayudará a las familias pobres a capear el temporal?
El discurso de García con el paquete anti-crisis implica un reconocimiento de que no estábamos “blindados”, como lo repitiera tantas veces. Más vale tarde que nunca, aunque el tiempo perdido en responder a la crisis internacional tiene un alto costo, haciendo que algunos de los golpes que nos dará esta crisis sean irremediables.
El centro del paquete son los 10,000 millones de soles de impulso fiscal, que resultaría necesario para compensar la caída de exportaciones e inversiones. Pero buena parte de eso ya estaba programado. Por ejemplo, los 10,000 millones incluyen 2,200 millones de soles de Foniprel, que ya estaban previstos.
Hay que recordar que, según el Presupuesto 2009 aprobado, el Gasto de Inversión era de solo S/. 16,2 mil millones, frente a un Presupuesto 2008 Modificado (con Créditos Suplementarios) de S/. 26.5 mil millones. En esta línea, aun si hubieran S/. 10 mil millones adicionales, éstos sólo nos pondrían en un nivel de inversión pública igual que el 2008.
Finalmente, cabe la duda si ese impulso fiscal, principalmente vía inversiones, llegará a tiempo. La experiencia del “shock de inversiones” fue aleccionadora respecto de cómo demora aumentar la inversión pública, aunque tal vez la máquina pública ya está más aceitada y acelerar proyectos en marcha sea más fácil que iniciar nuevos proyectos.
En suma, grandes dudas sobre este tema. ¿Hay impulso fiscal? Pienso que sí, aunque mucho menos de lo anunciado ¿Llegará a tiempo? Dudo que sea significativo antes de fines del 2009, cuando ya sería demasiado tarde.
Ahora bien, si hay dudas, hay también certezas. Está claro que el paquete tiene muy poco componente redistributivo y anti-pobreza, y por el contrario con alto énfasis en el gran capital y la inversión privada.
Respecto de lo primero, hay pocos respecto de programas sociales, empleo y agricultura, nada sobre educación y salud. Tal vez 300 millones de soles extra para nutrición, cuando ya el presupuesto recorta 400 millones de soles a los municipios para programas sociales. Apenas 100 millones de soles de “apoyo a trabajadores en áreas afectadas”. Se anuncia el programa Sierra Productiva, pero sin presupuesto ¡ Se destina menos a estos sectores, que a las viviendas de US$ 100,000 para los sectores de altos ingresos, que recibirían 900 millones de soles!. Y claro, se les permite a las mineras y otras empresas pagar impuestos con obras que no serán fiscalizadas, mientras ya no pagarán el “óbolo minero”.
La poca atención a los despidos y empobrecimiento de los agricultores y microempresas que traerá la crisis, será sin duda una de las razones para que 2009 sea recordado como el año en que el segundo gobierno de García consolidó el rechazo popular.
Primero lo primero
Vale la pena insistir en que la política económica debe tener como objetivo mejorar la vida de la gente. Si en los últimos años de crecimiento económico la educación y la salud no han mejorado y los niños, los ancianos y las personas con discapacidad han estado desatendidos, por lo menos deben ser protegidos durante la crisis. Si muchas familias pobres no se beneficiaron durante los años de “vacas gordas”, pues que no sufran ahora las consecuencias en los tiempos de “vacas flacas”. Si ya la economía, por los ciclos provocados por el mercado, dejará a cientos de miles sin empleo y reducirá los magros precios que los campesinos reciben por sus productos, pues que tengan un alivio con mejor educación, salud y programas sociales.
En una situación de crisis, aumentar el gasto social tiene también una lógica macroeconómica. Es claro que cualquier paquete anti-crisis tiene que aumentar el gasto público. Así lo están haciendo Estados Unidos, Europa, China y muchos otros países. Sólo así se podrá compensar la caída en la demanda agregada, que se está produciendo por las menores compras de nuestras productos en el exterior y por la disminución y el encarecimiento del crédito.
Pero especial énfasis tiene que ponerse en defender el empleo y los salarios, las micro y pequeñas empresas y la agricultura. En relación a los trabajadores, la medida principal es evitar la recesión. Junto con ello, el gobierno puede dar un apoyo especial al empleo y los salarios, estableciendo pactos con sectores productivos para que mantengan el empleo y los salarios, no hayan despidos ni recortes en beneficios laborales, lo que puede tener como contrapartida que el Tesoro Público asuma parte de las contribuciones a la seguridad social, tanto de salud como de pensiones.
El gobierno debe asegurar que el crédito llegue, y en mejores condiciones, a agricultores y mypes, y evitar que se les remate tierras o maquinarias por causa de la crisis. Programas de compras estatales, de alimentos para programas sociales que deben ser ampliados, y de uniformes y calzado escolar, mobiliario y otros, deben servir para mantener el mercado a estos sectores. El gobierno también debe intervenir para abaratar los insumos, por ejemplo con la úrea, que mantiene un alto precio en el Perú a pesar de haber caído mucho a nivel internacional. La reducción de precio de los combustibles también puede ayudar, tanto a productores como a consumidores.
La crisis posiblemente golpee en mayor medida a algunas ciudades de la costa, que han crecido fuertemente en los últimos años en base a la agroexportación y la construcción. Un monitoreo continuo de las condiciones sociales en el país y una respuesta rápida con programas de empleo temporal en pequeñas obras de infraestructura, debería establecerse como un sistema permanente ante emergencias sociales.
El ver a unos cuantos concentrar los beneficios económicos del crecimiento, sin que se beneficie la mayoría, ya ha causado fuertes tensiones en la sociedad peruana. Que ahora, por la crisis, empeoren las condiciones de estas mayorías, puede resultar insoportable. Un programa reactivador es necesario, pero éste no puede consistir en que se destinen los recursos fiscales principalmente a grandes empresas constructoras asegurándoles altos beneficios, con el pretexto de las “Alianzas Público-Privadas”. El énfasis de un programa anti-crisis tiene que estar en mayor gasto social para mejorar la educación y la salud y proteger a los más vulnerables, y en defender el empleo, los salarios y los ingresos de la mayoría de peruanos que viven del autoempleo.
El discurso de García con el paquete anti-crisis implica un reconocimiento de que no estábamos “blindados”, como lo repitiera tantas veces. Más vale tarde que nunca, aunque el tiempo perdido en responder a la crisis internacional tiene un alto costo, haciendo que algunos de los golpes que nos dará esta crisis sean irremediables.
El centro del paquete son los 10,000 millones de soles de impulso fiscal, que resultaría necesario para compensar la caída de exportaciones e inversiones. Pero buena parte de eso ya estaba programado. Por ejemplo, los 10,000 millones incluyen 2,200 millones de soles de Foniprel, que ya estaban previstos.
Hay que recordar que, según el Presupuesto 2009 aprobado, el Gasto de Inversión era de solo S/. 16,2 mil millones, frente a un Presupuesto 2008 Modificado (con Créditos Suplementarios) de S/. 26.5 mil millones. En esta línea, aun si hubieran S/. 10 mil millones adicionales, éstos sólo nos pondrían en un nivel de inversión pública igual que el 2008.
Finalmente, cabe la duda si ese impulso fiscal, principalmente vía inversiones, llegará a tiempo. La experiencia del “shock de inversiones” fue aleccionadora respecto de cómo demora aumentar la inversión pública, aunque tal vez la máquina pública ya está más aceitada y acelerar proyectos en marcha sea más fácil que iniciar nuevos proyectos.
En suma, grandes dudas sobre este tema. ¿Hay impulso fiscal? Pienso que sí, aunque mucho menos de lo anunciado ¿Llegará a tiempo? Dudo que sea significativo antes de fines del 2009, cuando ya sería demasiado tarde.
Ahora bien, si hay dudas, hay también certezas. Está claro que el paquete tiene muy poco componente redistributivo y anti-pobreza, y por el contrario con alto énfasis en el gran capital y la inversión privada.
Respecto de lo primero, hay pocos respecto de programas sociales, empleo y agricultura, nada sobre educación y salud. Tal vez 300 millones de soles extra para nutrición, cuando ya el presupuesto recorta 400 millones de soles a los municipios para programas sociales. Apenas 100 millones de soles de “apoyo a trabajadores en áreas afectadas”. Se anuncia el programa Sierra Productiva, pero sin presupuesto ¡ Se destina menos a estos sectores, que a las viviendas de US$ 100,000 para los sectores de altos ingresos, que recibirían 900 millones de soles!. Y claro, se les permite a las mineras y otras empresas pagar impuestos con obras que no serán fiscalizadas, mientras ya no pagarán el “óbolo minero”.
La poca atención a los despidos y empobrecimiento de los agricultores y microempresas que traerá la crisis, será sin duda una de las razones para que 2009 sea recordado como el año en que el segundo gobierno de García consolidó el rechazo popular.
Primero lo primero
Vale la pena insistir en que la política económica debe tener como objetivo mejorar la vida de la gente. Si en los últimos años de crecimiento económico la educación y la salud no han mejorado y los niños, los ancianos y las personas con discapacidad han estado desatendidos, por lo menos deben ser protegidos durante la crisis. Si muchas familias pobres no se beneficiaron durante los años de “vacas gordas”, pues que no sufran ahora las consecuencias en los tiempos de “vacas flacas”. Si ya la economía, por los ciclos provocados por el mercado, dejará a cientos de miles sin empleo y reducirá los magros precios que los campesinos reciben por sus productos, pues que tengan un alivio con mejor educación, salud y programas sociales.
En una situación de crisis, aumentar el gasto social tiene también una lógica macroeconómica. Es claro que cualquier paquete anti-crisis tiene que aumentar el gasto público. Así lo están haciendo Estados Unidos, Europa, China y muchos otros países. Sólo así se podrá compensar la caída en la demanda agregada, que se está produciendo por las menores compras de nuestras productos en el exterior y por la disminución y el encarecimiento del crédito.
Pero especial énfasis tiene que ponerse en defender el empleo y los salarios, las micro y pequeñas empresas y la agricultura. En relación a los trabajadores, la medida principal es evitar la recesión. Junto con ello, el gobierno puede dar un apoyo especial al empleo y los salarios, estableciendo pactos con sectores productivos para que mantengan el empleo y los salarios, no hayan despidos ni recortes en beneficios laborales, lo que puede tener como contrapartida que el Tesoro Público asuma parte de las contribuciones a la seguridad social, tanto de salud como de pensiones.
El gobierno debe asegurar que el crédito llegue, y en mejores condiciones, a agricultores y mypes, y evitar que se les remate tierras o maquinarias por causa de la crisis. Programas de compras estatales, de alimentos para programas sociales que deben ser ampliados, y de uniformes y calzado escolar, mobiliario y otros, deben servir para mantener el mercado a estos sectores. El gobierno también debe intervenir para abaratar los insumos, por ejemplo con la úrea, que mantiene un alto precio en el Perú a pesar de haber caído mucho a nivel internacional. La reducción de precio de los combustibles también puede ayudar, tanto a productores como a consumidores.
La crisis posiblemente golpee en mayor medida a algunas ciudades de la costa, que han crecido fuertemente en los últimos años en base a la agroexportación y la construcción. Un monitoreo continuo de las condiciones sociales en el país y una respuesta rápida con programas de empleo temporal en pequeñas obras de infraestructura, debería establecerse como un sistema permanente ante emergencias sociales.
El ver a unos cuantos concentrar los beneficios económicos del crecimiento, sin que se beneficie la mayoría, ya ha causado fuertes tensiones en la sociedad peruana. Que ahora, por la crisis, empeoren las condiciones de estas mayorías, puede resultar insoportable. Un programa reactivador es necesario, pero éste no puede consistir en que se destinen los recursos fiscales principalmente a grandes empresas constructoras asegurándoles altos beneficios, con el pretexto de las “Alianzas Público-Privadas”. El énfasis de un programa anti-crisis tiene que estar en mayor gasto social para mejorar la educación y la salud y proteger a los más vulnerables, y en defender el empleo, los salarios y los ingresos de la mayoría de peruanos que viven del autoempleo.
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