Un adecuado entendimiento del derecho a la salud incluye no solamente el derecho a la atención de salud, es decir, a recibir el cuidado, la revisión por parte de profesionales, los exámenes diagnósticos, las medicinas y los procedimientos quirúrgicos y médicos necesarios. Si el derecho a la salud establece el derecho a que cada persona puede gozar de las mejores condiciones de salud, de la mayor extensión de vida y de la menor prevalencia de enfermedades posibles, parte de este derecho es el necesario control sobre los factores sociales y ambientales que producen efectos nocivos sobre la salud. El desarrollo de programas, políticas y regulaciones públicas que sustenten el control de los factores ambientales que afectan la salud es, así, parte sustantiva del derecho a la salud.
Como en otros casos, también en el caso de la salud ambiental el derecho a la salud en el Perú no se hace efectivo. En primer lugar, en relación al respeto que debe tener el Estado en las acciones que realiza, ya que en muchas oportunidades es el propio Estado el que afecta el medio ambiente de manera tal que causa efectos nocivos sobre la salud. Uno de los casos más dramáticos al respecto es el de las infecciones intrahospitalarias como las que recientemente han sido responsables del fallecimiento de tres ninhos en hospitales de Lima, particularmente paradójico porque son los propios establecimientos encargados de la atención de la salud los que, debido a su escaso cuidado ambiental, terminan facilitando la propagación de bacterias realmente mortales. El principio de Primum Non Noscere, sobretodo no hacer danho, no se cumple en los hospitales públicos, en buena parte por falta de cuidado ambiental.
Un segundo aspecto es en relación a la protección que el estado debe hacer para que otras personas no violen o afecten el derecho a la salud mediante la contaminación del medio ambiente. Este es posiblemente el aspecto más crítico en el Perú, donde tenemos empresas mineras como Doe Run que emite gases tóxicos al ambiente causando contaminación con plomo que ha afectado gravemente la salud de los ninhos de La Oroyoa y de todo el valle del Mantaro, ya que recientes estudios como el de la Universidad de St. Louis han mostrado concentraciones de plomo en la sangre en proporciones peligrosas incluso en la ciudad de Concepción, a más de 100 kilómetros de distancia. Pero no es el único caso: contaminaciones con Mercurio provocadas por la explotación de Yanacocha, emisiones de gases en Camisea además de la trasmisión de enfermedades a grupos nativos de la zona con poco o ningún contacto previo, problemas de contaminación senhalados por pobladores cercanos a Tintaya y antiguos problemas con la contaminación del aire en la zona de Ilo, son los casos más conocidos.
Pero no es sólo la actividad minera la que emite contaminantes peligrosos para la salud, y el control sobre emisiones industriales, el procesamiento de la coca con uso de insumos químicos y emisión de contaminantes, el uso de agroquímicos y de materiales construcción peligrosos para la salud es muy limitado. Incluso en Lima hay problemas de contaminación por plomo en zonas del Callao (por el transporte cerca del puerto) y de Carabayllo (por procesadoras informales de baterías de carro). En Lima, particularmente agudo es el problema de la contaminación del aire por el transporte urbano y por las fábricas industriales, tema este último poco estudiado pero que se siente en aquellos días del anho en que barrios enteros de la ciudad huelen a harina de pescado, del mismo modo que se siente en Chimbote o en Chancay. En el campo, el caso de los 14 ¿? Ninhos fallecidos por contaminación del vaso de leche con un órgano fosforado en la comunidad de XXXX ha sido emblemático sobre el tema de falta de control de agroquímicos. Entre los materiales de construcción, el asbesto sigue siendo permitido a pesar de sus efectos cancerígenos.
Finalmente, el derecho a la salud es también la promoción que debe hacer el estado para reducir los riesgos ambientales existentes. En este caso, el tema del agua potable y el saneamiento es particularmente importante, considerando que todavía 30% de los hogares peruanos todavía no tienen agua por red pública, y que no sabemos que porcentaje del agua de red pública es efectivamente saludable. El problema del agua potable es particularmente agudo en las áreas rurales, donde en los últimos anhos el gobierno ha avanzado muy poco a pesar de contar con un préstamo del Banco Mundial por US$ 50 millones del cual, por incapacidad de gestión, no se ha utilizado ni la décima parte. En ciudades como Lima, todavía un décimo de la población no tiene agua potable y deben comprarla a precios mucho mayores a camiones aguateros, que además no tienen garantía de calidad del agua, estableciéndose una discriminación de precio y de acceso absolutamente inaceptable desde el punto de vista del derecho a la salud y al agua.
Otros temas de salud ambiental que deben ser vistos desde la promoción del derecho han merecido más atención desde las autoridades de salud, en particular el control de vectores trasmisores de enfermedades como la malaria y el dengue, y en menor medida otras como el mal de Chagas o la rabia. Un caso particular ha sido el del dengue, que ha llegado hasta la ciudad de Lima a pesar de que había el conocimiento del riesgo y la posibilidad de tomar acciones preventivas que lo evitaran.
Dos causas intermedias queremos anotar por estos problemas. La primera, la escasa atención que las autoridades sanitarias y la sociedad salubrista en su conjunto ha prestado a los temas de salud ambiental, a contracorriente de su enorme importancia. Desde el sector salud hemos descuidado ese tema. Al mismo tiempo, una segunda causa es la debilidad institucional del estado en relación al tema ambiental en general, y en particular la poca coordinación y respaldo del Ministerio de Salud y la DIGESA con el CONAM.
Como en otros casos, también en el caso de la salud ambiental el derecho a la salud en el Perú no se hace efectivo. En primer lugar, en relación al respeto que debe tener el Estado en las acciones que realiza, ya que en muchas oportunidades es el propio Estado el que afecta el medio ambiente de manera tal que causa efectos nocivos sobre la salud. Uno de los casos más dramáticos al respecto es el de las infecciones intrahospitalarias como las que recientemente han sido responsables del fallecimiento de tres ninhos en hospitales de Lima, particularmente paradójico porque son los propios establecimientos encargados de la atención de la salud los que, debido a su escaso cuidado ambiental, terminan facilitando la propagación de bacterias realmente mortales. El principio de Primum Non Noscere, sobretodo no hacer danho, no se cumple en los hospitales públicos, en buena parte por falta de cuidado ambiental.
Un segundo aspecto es en relación a la protección que el estado debe hacer para que otras personas no violen o afecten el derecho a la salud mediante la contaminación del medio ambiente. Este es posiblemente el aspecto más crítico en el Perú, donde tenemos empresas mineras como Doe Run que emite gases tóxicos al ambiente causando contaminación con plomo que ha afectado gravemente la salud de los ninhos de La Oroyoa y de todo el valle del Mantaro, ya que recientes estudios como el de la Universidad de St. Louis han mostrado concentraciones de plomo en la sangre en proporciones peligrosas incluso en la ciudad de Concepción, a más de 100 kilómetros de distancia. Pero no es el único caso: contaminaciones con Mercurio provocadas por la explotación de Yanacocha, emisiones de gases en Camisea además de la trasmisión de enfermedades a grupos nativos de la zona con poco o ningún contacto previo, problemas de contaminación senhalados por pobladores cercanos a Tintaya y antiguos problemas con la contaminación del aire en la zona de Ilo, son los casos más conocidos.
Pero no es sólo la actividad minera la que emite contaminantes peligrosos para la salud, y el control sobre emisiones industriales, el procesamiento de la coca con uso de insumos químicos y emisión de contaminantes, el uso de agroquímicos y de materiales construcción peligrosos para la salud es muy limitado. Incluso en Lima hay problemas de contaminación por plomo en zonas del Callao (por el transporte cerca del puerto) y de Carabayllo (por procesadoras informales de baterías de carro). En Lima, particularmente agudo es el problema de la contaminación del aire por el transporte urbano y por las fábricas industriales, tema este último poco estudiado pero que se siente en aquellos días del anho en que barrios enteros de la ciudad huelen a harina de pescado, del mismo modo que se siente en Chimbote o en Chancay. En el campo, el caso de los 14 ¿? Ninhos fallecidos por contaminación del vaso de leche con un órgano fosforado en la comunidad de XXXX ha sido emblemático sobre el tema de falta de control de agroquímicos. Entre los materiales de construcción, el asbesto sigue siendo permitido a pesar de sus efectos cancerígenos.
Finalmente, el derecho a la salud es también la promoción que debe hacer el estado para reducir los riesgos ambientales existentes. En este caso, el tema del agua potable y el saneamiento es particularmente importante, considerando que todavía 30% de los hogares peruanos todavía no tienen agua por red pública, y que no sabemos que porcentaje del agua de red pública es efectivamente saludable. El problema del agua potable es particularmente agudo en las áreas rurales, donde en los últimos anhos el gobierno ha avanzado muy poco a pesar de contar con un préstamo del Banco Mundial por US$ 50 millones del cual, por incapacidad de gestión, no se ha utilizado ni la décima parte. En ciudades como Lima, todavía un décimo de la población no tiene agua potable y deben comprarla a precios mucho mayores a camiones aguateros, que además no tienen garantía de calidad del agua, estableciéndose una discriminación de precio y de acceso absolutamente inaceptable desde el punto de vista del derecho a la salud y al agua.
Otros temas de salud ambiental que deben ser vistos desde la promoción del derecho han merecido más atención desde las autoridades de salud, en particular el control de vectores trasmisores de enfermedades como la malaria y el dengue, y en menor medida otras como el mal de Chagas o la rabia. Un caso particular ha sido el del dengue, que ha llegado hasta la ciudad de Lima a pesar de que había el conocimiento del riesgo y la posibilidad de tomar acciones preventivas que lo evitaran.
Dos causas intermedias queremos anotar por estos problemas. La primera, la escasa atención que las autoridades sanitarias y la sociedad salubrista en su conjunto ha prestado a los temas de salud ambiental, a contracorriente de su enorme importancia. Desde el sector salud hemos descuidado ese tema. Al mismo tiempo, una segunda causa es la debilidad institucional del estado en relación al tema ambiental en general, y en particular la poca coordinación y respaldo del Ministerio de Salud y la DIGESA con el CONAM.
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La causa de fondo es la poca importancia que el Estado y la sociedad peruana prestan a la salud pública y al derecho a la salud. Las decisiones económicas pasan por encima, muy por encima, de las necesidades de la salud pública, y la contaminación ambiental ni siquiera se toma en cuenta al momento de autorizar una fábrica o regular una industria. La salud sigue siendo una cuestión que las familias postergan para cuando aparecen los problemas, y los gobiernos locales, regionales y nacional no priorizan. Poco o nada hemos oído y estamos oyendo en la actual campanha electoral al respecto. La sociedad civil tiene el reto de analizar y discutir el tema a profundidad, de forjar alianzas amplias entre los distintos sectores involucrados en este esfuerzo, y de llamar la atención a la ciudadanía y obligar al gobierno a darle a este tema la importancia que se merece.
La causa de fondo es la poca importancia que el Estado y la sociedad peruana prestan a la salud pública y al derecho a la salud. Las decisiones económicas pasan por encima, muy por encima, de las necesidades de la salud pública, y la contaminación ambiental ni siquiera se toma en cuenta al momento de autorizar una fábrica o regular una industria. La salud sigue siendo una cuestión que las familias postergan para cuando aparecen los problemas, y los gobiernos locales, regionales y nacional no priorizan. Poco o nada hemos oído y estamos oyendo en la actual campanha electoral al respecto. La sociedad civil tiene el reto de analizar y discutir el tema a profundidad, de forjar alianzas amplias entre los distintos sectores involucrados en este esfuerzo, y de llamar la atención a la ciudadanía y obligar al gobierno a darle a este tema la importancia que se merece.
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