Uno de los slogans más socorridos de estos tiempos es el de “cambio de modelo neoliberal”. Es también uno de los temas más polémicos, ya que en su contra se alude a menudo que todos los intentos de acabar con el capitalismo han fracasado.
Pero, ¿es acaso válida la identidad neoliberalismo = capitalismo? O para decirlo de otra manera, ¿hay una sola forma de que un país sea capitalista? El neoliberalismo es, por así decirlo, la política que lleva al extremo la idea de que los mercados deben funcionar sin intervención del estado, y que este debe limitarse a resguardar el orden público y la propiedad privada. La doctrina de Reagan y Thatcher que privatizó empresas públicas y desreguló mercados, y que luego invadió América Latina bajo la mano, o mejor dicho el puño, del FMI.
En el Perú, el modelo neoliberal significó la rebaja de aranceles y barreras a las importaciones, la libre movilidad de capitales, la flexibilización laboral y las privatizaciones. Su principal resultado han sido una economía re-primarizada donde una minería que crea muy pocos empleos es el sector privilegiado. Ha sido también una economía donde la Telefónica y las empresas eléctricas gozan de altas tarifas y casi no pagan impuestos, una economía donde la enorme mayoría de los trabajadores formales en la práctica carecen de derechos y ganan salarios irrisorios, y una economía donde estamos obligados a pagar enormes comisiones a las AFPs para que administren nuestro dinero. Es también una economía dolarizada, frágil para enfrentar los vaivenes de la economía internacional que así como ahora nos tratan felizmente con gentileza, en un par de años pueden azotarnos con un vendaval que no podremos enfrentar con éxito. Finalmente, es una economía desnacionalizada, dominada por el capital extranjero.
Este no es, por cierto, un modelo estrictamente liberal. En muchos aspectos, en un modelo en el que el estado interviene, pero para favorecer a determinadas empresas e intereses, antes que al bien común y al desarrollo nacional. Permitir doble depreciación para que empresas privilegiadas paguen menos impuestos, establecer tarifas telefónicas extremadamente altas en beneficio de una empresa pero en desmedro de la competencia y de todo el resto de sectores económicos, otorgarle un poder oligopólico a las AFPs, no es propio de quienes creen en la competencia y en el libre mercado, sino de quienes favorecen que las grandes empresas, y en particular las más conectadas al Estado, concentren la riqueza. Es propio de un Estado patrimonialista, en el que los intereses particulares prevalecen sobre los públicos.
El actual gobierno ha hecho, es cierto algunos cambios a esta situación. En particular bajo presión social y de la opinión pública, una nueva política monetaria que favorece la reactivación y desdolarización, algunas medidas tributarias, las regalías mineras y algunas tímidas políticas sectoriales que empiezan a atisbarse. Pero es claro que las características y problemas centrales del modelo se mantienen. Modelo que no solo es capitalista, sino más en particular neoliberal en su política económica, primario-exportador en su estructura económica y patrimonialista en su relación estado-sociedad.
Este es el modelo que hay que cambiar. ¿Cambiar el capitalismo es un tema en cuestión hoy? No. Una economía en la que el mercado y la iniciativa privada con fines de lucro sean ampliamente difundidas y tengan un rol central seguirán (y discutir hoy si debemos modificarlas por otras no es lo más importante). Pero queremos otro modelo de capitalismo. Un capitalismo en el que exista una importante regulación pública en resguardo del bien común, de nuestros bosques y medio ambiente, de una inclusión que otorgue derechos para todos, del interés del consumidor, etc. Un capitalismo en el que el estado oriente y promueva el desarrollo nacional, buscando una economía más estable y sólida, que tenga amplia y diversificada base productiva dando empleo creciente, que genere una dinámica de cambio e innovación tecnológica y nos ubique competitivamente en el mundo. Un capitalismo en el que el estado efectivamente opere en función del bien común, de todos los peruanos, y no el de algunos inversionistas privilegiados.
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