Pro-Perú: ¿Cómo evitar el Clientelismo?

viernes, 4 de marzo de 2005

Uno de los mayores desafíos nacionales es superar el clientelismo en los programas sociales. El clientelismo, esa práctica mediante la cual se condiciona la entrega de beneficios sociales a un respaldo al partido de gobierno, tiene varias consecuencias muy negativas para el país:
Socava la democracia al promover una relación vertical partidos políticos y masas y sostener la confusión entre estado y partido. Es, por ello, el camino contrario al que se necesita para construir ciudadanía, que es de los derechos que permitan a las personas relacionarse horizontalmente con el estado.
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Destruye la autoestima y la confianza de los pobres, a quienes se les enseña que para mejorar sus condiciones de vida tienen que dejar de lado sus derechos políticos, en vez de poner el énfasis en que amplíen y aprovechen sus propias capacidades económicas y sociales.
Impide la eficiencia y eficacia de los programas sociales, pues hace que en los cargos de dirección se nombre a quienes profesan fidelidad partidaria y están dispuestos a ser artífices de la manipulación, en vez de colocar a quienes tienen las capacidades técnicas y gerenciales necesarias.

Pero ahora el tema ha regresado al debate público con el programa Pro-Perú, que aunque el gobierno lo niegue, muchos pensamos tiene intenciones clientelistas.¿Cómo podría el gobierno despejar nuestras dudas? Mucho ayudaría que se aprueben estrictas normas de neutralidad política que castiguen cualquier uso partidarista de los programas, se establezca una política de transparencia que permita a la ciudadanía vigilar de cerca todos los procedimientos y se encargue la dirección del programa a un directorio plural e independiente que sirva como aislante frente a las presiones que los partidos de gobierno podrían ejercer para reeditar un esquema clientelista.

El gobierno ha propuesto una comisión de transparencia en el manejo de Pro-Perú. Me parece claramente insuficiente. Por un lado, porque la transparencia debe ser hacia toda la ciudadanía. Por otro lado, porque comisiones como ésta tienen serias dificultades en garantizar que no haya corrupción o clientelismo cuando la alta dirección de la institución está comprometida en tales actividades. Esto se ha visto, por ejemplo, en el caso de Foncodes en el 2003, que tenía una comisión de transparencia a pesar de lo cual han salido pruebas recientes (filmadas) del reparto de cargos a peruposiblistas en Abancay. Si Perú Posible nombra a uno de sus partidarios encargado de Pro-Perú y dirigiendo todo su aparato administrativo, va a ser muy difícil que una comisión de transparencia evite el clientelismo. En todo caso, si el gobierno quiere manejar este programa seriamente, ¿cuál es el problema en nombrar un directorio de 5 o 7 personas, de diversas preferencias políticas y orígenes sociales y gremiales, a que lo dirija, seleccionando a un gerente que asegure la calidad de la gestión?
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Estas alternativas, por cierto, deberían ser aplicadas a todos los programas sociales, donde el riesgo de manipulación política aumenta a medida que se acercan las elecciones y sobretodo con el nombramiento de ministros de Perú Posible, como Juan Sheput de quien hoy dependen los 150 millones de soles de presupuesto de “ A Trabajar Urbano”.

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