Pobres Sí, Programa “Juntos” No

El gobierno insiste en iniciar masivamente el programa “Juntos” que entregaría dinero en efectivo a familias pobres. El Consejo de Ministros ha pedido al Congreso que le apruebe un presupuesto de 140 millones para los 6 meses que quedan del año.

Que los pobres necesitan y debe dársele más, mucho más ayuda de la que hasta ahora se les da: POR SUPUESTO. Que más vale tarde que nunca: también. Pero hay indicios de sobra de la improvisación y uso clientelista de este programa, y hay mejores opciones para atacar la pobreza. Por eso, debe aumentarse el presupuesto de los programas sociales y servicios básicos para los pobres, pero no debe aprobarse el programa “Juntos”.

Sobre la improvisación, los hechos gritan. Se anunció hace cuatro meses y hasta ahora ni la opinión pública ni el Congreso conocen en qué provincias funcionará, a cuántas familias llegará este año, cómo se seleccionará a esas familias, si se exigirá o no asistencia al colegio y controles de salud, que se hará donde no hay esos servicios básicos, cómo se entregará el dinero a las madres que no tienen DNI. A pesar de ello, son más de 20 millones de soles mensuales, que a 100 soles por familia, alcanza para 200 mil hogares. Es un montón de gente. Si se quiere hacer bien, identificar a 200 mil familias, comprobar su situación de necesidad, establecer mecanismos de control que impidan abusos y corrupción y abrir cuantas bancarias, demora más de seis meses.

El presupuesto pedido para “Juntos” incluye, por supuesto, fondos para comprar camionetas, sueldos de directivos y consultores, oficinas y demás gastos burocráticos. Pero el gobierno no dice nada respecto de qué se hará con el resto de programas sociales: ¿si funcionan bien, ¿porqué no les aumentan el presupuesto en vez de experimentar con algo nuevo? Si funcionan mal ¿qué esperan para reformarlos? El gobierno pretende dejar que sigan estas burocracias, llenas de peruposibilistas, y crear otro aparato burocrático para más peruposibilistas. ¡ Por favor !

El uso clientelista de “Juntos” es obvio. No sólo porque se inicia en vísperas de la campaña electoral, sin también porque, en vez de depender de un ministerio social como el MIMDES, depende de la Presidencia del Consejo de Ministros y en particular del jefe de asesores de Carlos Bruce, secretario colegiado de Perú Posible. No se va manejar técnicamente sino políticamente.

A mí, que no me vengan con cuentos. Lo que el gobierno quiere no es ayudar a los pobres, sino conseguir con malas artes los votos que no puede conseguir legítimamente. Una vez más los pobres como pretexto. No estoy de acuerdo.

Los congresistas deben aprobar los 140 millones de soles, o más si fuera posible, para los pobres. Pero deberían hacerlo otorgando fondos para que todos los niños pobres tengan un desayuno o almuerzo escolar – uno de cada tres no recibe ninguno-, para que los programas nutricionales hacia niños menores de 3 años lleguen a todas las provincias pobres del país, para que los centros de salud y brigadas itinerantes tengan personal, insumos anticonceptivos, vacunas efectivas y medicinas, para ampliar la educación inicial, para dar empleo temporal y para proyectos de empleo sostenible. Esto se puede hacer mucho mejor y más rápido que comenzar de manera improvisada un nuevo programa y podría evitar sus peores ribetes clientelistas.

Segmentación: Lo bizarro como normal

En el imaginario país de Segmentilandia, la educación pública está dividida en dos partes. Cerca de una cuarta parte de la población tiene contratos de trabajo formales, y sus hijos pueden asistir a los colegios del “Sistema de la educación asegurada - SEA” exclusivo para ellos. El resto de las familias trabaja en el campo o de manera informal, y por eso sus hijos no pueden ir a “colegios SEA”; tienen que ir a los “colegios MINEDU” sostenidos por el Ministerio de Educación. Ambos grupos contribuyen a la educación: en el primer caso mediante porcentajes del salario, en el segundo mediante el IGV sobre los productos que compran. Pero estos dos tributos se manejan de distinta manera. Mientras las contribuciones sobre el salario van a un fondo especial destinado solo para las familias de trabajadores formales, los demás impuestos van al tesoro público y de ahí al presupuesto en educación. Como los “colegios MINEDU” tienen poco presupuesto, tienen que cobrar matrícula y pensión; quienes no pueden pagar no se les permite ir al colegio.

En Segmentilandia, además, hay provincias de tamaño mediano – como Talara, digamos - en las que sólo hay Universidades del sistema SEA, a los cuales no pueden ir los jóvenes cuyos padres no tienen trabajo formal. Podría hacerse otra Universidad con cargo al presupuesto público, pero es ineficiente tener dos Universidades en Talara: necesitaría dos administraciones. Mientras tanto, si los jóvenes talareños “No SEA” quieren ir a la Universidad, tienen que irse hasta Piura.

Hay otras provincias menores y más pobres, digamos como Vilcashuamán, donde solo hay colegios MINEDU. Como hay pocos trabajadores formales, el sistema SEA no ha puesto colegios propios. En este caso, los hijos de trabajadores formales, que en otros lugares tienen “colegios SEA” gratuitos, tienen que ir a “colegios MINEDU” y pagar pensión.

A veces pasa que un padre de familia pierde su trabajo formal, y pasa a informal. En ese caso, luego de pocos meses su hijo ya no puede seguir en el “colegio SEA”; tiene que trasladarse a un “colegio MINEDU”. El padre de familia, además de perder su trabajo, ahora se ve obligado a pagar por la educación de su hijo.

Segmentilandia es, definitivamente, un país extraño. Extrañísimo. ¿A quién se le ocurriría hacer una cosa así? ¿Acaso el derecho a la educación debería depender del tipo de trabajo que tiene el padre? ¿Y si uno cambia de trabajo, debe el niño cambiar de un colegio a otro? Además unos pagan por la educación y otros no pagan. Por si eso fuera poco, en la realidad que tipo de colegio tiene una familia no sólo depende de que tipo de trabajo tiene y si contribuye o no, sino además de en qué provincia o localidad reside. Definitivamente, se trata de un sistema muy pero muy extraño, podríamos decir absurdo.

Segmentilandia en educación no existe. Pero la salud en el Perú funciona como Segmentilandia. Exactamente igual. En las líneas anteriores, cambien “Sistema SEA” por “EsSalud”, “MINEDU” por “MINSA”, “colegios” por “centros de salud” y “universidades”por “hospitales”, y verán que la salud en el Perú, en Talara y en Vilcashuamán, funciona como Segmentilandia. Si no fuera por la costumbre que tenemos de ver lo bizarro como normal, diríamos que esto es extraño, muy extraño, hasta podríamos decir absurdo.

Sistema de Pensiones en crisis, ¿hay solución?

El sistema de pensiones peruano, incluyendo AFPs, Sistema Nacional de Pensiones (ley 19990 - ONP) y todo lo que quieran añadir, no funciona. En primer lugar, porque apenas uno de cuatro peruanos mayores de 65 años recibe alguna pensión que lo ayude en su vejez: Tres de cada cuatro, no tienen apoyo económico alguno. Como es obvio, cualquier sistema que deje en el desamparo a la mayoría de los ancianos, y sobretodo a los pobres, adolece de una falla fundamental.

Lo peor es que la reforma que instituyó las AFPs no ha mejorado la cobertura, es decir el alcance, de los sistemas de pensiones. Al revés, hemos retrocedido. Si un 25% de los ancianos recibe una pensión, apenas un 17% de los trabajadores activos contribuye a uno de sistemas de jubilación vigentes.

Sumemos a ello otros problemas. La introducción de las AFPs desequilibró el Sistema Nacional de Pensiones, ya que en este sistema los trabajadores activos con sus cotizaciones sostienen a los jubilados. Por eso es conocido como un “sistema de reparto”. Como más de la mitad de los trabajadores activos se retiró del Sistema nacional para irse a una AFP, el sistema nacional perdió más de la mitad de sus ingresos, y ahora vive dependiendo del erario público.

Peor aún. Como el sistema de las AFPs no resultó bueno y cobra comisiones exageradamente elevadas que afectan la pensión, se estableció una pensión mínima. Solo que esta pensión mínima no es sustentada por las enormes ganancias de las AFPs, sino por todos los contribuyentes. De tal manera que, hoy en día, el campesino pobre extremo, que paga impuestos al comprar bienes sujetos a IGV, subsidia al trabajador urbano que cotizó unos cuantos años a la AFP y no logró una cantidad suficiente para jubilarse dignamente.

A este desaguisado ahora se suma el hecho de que varios miles de afiliados a las AFPs quieren salirse, porque los engañaron prometiéndoles el oro y el moro, y a la hora de la verdad, no les alcanza tampoco para una pensión adecuada. Ahora quieren regresar al sistema nacional de pensiones, pero no para realizar aportes sino para cobrar pensiones, añadiendo más presión a un sistema que ya está en déficit. Mientras tanto, las AFPs, que gracias al engaño ya cobraron durante varios años sus buenas comisiones, se piensan quedar con esas ganancias.

Frente a estos problemas, la clase política ha reaccionado en los últimos años con una política de parches. Parchecito por aquí, parchecito por allá, sin siquiera analizar como lo que se hace con un sistema afecta a los otros. Y por cierto, sin que los peruanos pobres sin pensión les hayan merecido alguna atención.

Ya es tiempo de una revisión general a los esquemas de jubilación vigentes, que en vez de estar constituido por varios pedazos fragmentados, debería articularse en un sistema con varios mecanismos vinculados. Uno primero debería ser un sistema contributivo que financie una pensión básica, de tal manera que otorgue un sustento de ingresos que impida la pobreza. Sobre ello, los trabajadores deberían poder ahorrar fondos adicionales, con descuento tributario, para su vejez. Estos ahorros pueden muy bien ser administrados por bancos, que tienen una extensa red de servicios con menores costos y más competencia que las actuales AFPs. Las contribuciones deberían ser recolectadas por una sola entidad, que podría ser la propia SUNAT que brinda este servicio a EsSalud. Finalmente, el tesoro público debería hacer un esfuerzo – tal vez sustentado por una mayor responsabilidad social de las empresas mineras como sugiere PPK – para brindar una pensión de sobrevivencia a los ancianos pobres.

Alternativas hay, y se han probado con éxito en otros países. Lo que hace falta es voluntad política de priorizar el desarrollo social y las necesidades de los pobres frente a las ganancias de las AFPs.

Urgente: Inyección intravenosa de fe

El espíritu nacional registra una enorme desconfianza hacia todo lo que esté más allá del ámbito del individuo y la familia. Nunca ha sido tan fuerte como ahora un ánimo disolvente y ácidamente critico a todo lo público y colectivo. Por ello, no sólo el presidente tiene un bajísimo rating de aprobación: también el poder judicial, el congreso, los gobiernos regionales, los sindicatos, las empresas, los medios de comunicación y hasta un otro cualquiera. Nadie confía en nadie.

Los movimientos gremiales no piensan más que en sus propias demandas, los grandes empresarios siguen queriendo mayores ganancias sin ninguna conciencia de país, los medios de prensa no vislumbran más allá de sus ventas del día siguiente, los congresistas están concentrados en la loca idea de ser reelectos y los partidos políticos están hiperfragmentados. Cuando esporádicamente hay movimientos sociales, su nivel de irracionalidad es elevadísimo: la desconfianza en el otro - y también la desconfianza en el propio movimiento - hace que la gente quiera TODO YA. Disculpen aquellos afectados por una generalización injusta; considérense excepciones que no hacen sino confirmar la regla.

Dado el desastre en que se ha convertido el manejo del destino colectivo de nuestro país - algo que también podemos llamar “política” - parece racional y lógico alejarse lo más posible de ese ambiente. Esta actitud puede ser muy racional individualmente, pero es totalmente irracional colectivamente. ¿Acaso no parecemos un bando de lemmings (roedores árticos) dirigiéndose al suicidio en masa, felices porque vamos todos juntos? ¿No son suficientes los espejos de Ecuador y Bolivia para reconocer adónde estamos yendo? ¿Enterrar la cabeza en el sueldo salva a los avestruces?

Es esta contradicción entre la razón individual y la colectiva lo que hace que para participar en política hay que tener una dosis de razón y una dosis de fé. La dosis de razón nos dice que si queremos que mejore nuestro país y el mundo, es necesaria una acción colectiva consciente que es, precisamente, de lo que trata la (buena) política. La dosis de fe nos permite creer que eso es posible a pesar de que la mayoría actúa al revés, dedicándose solo a lo suyo sin importarle el resto, incluyendo a muchos de los dirigentes políticos que se supone deberían actuar al revés.

En el Perú de hoy, para insistir en lo realmente razonable marchando a contracorriente del espíritu prevaleciente, necesitamos una dosis extra de fe. Si esta fe se consiguiera en alguna farmacia, pediría ahora mismo una dosis triple inyectada directamente a la vena. A falta de ella, sólo cabe recordar que esta fe es el único camino distinto al desastre o al exilio. Y contagiarnos un optimismo basado en ver a tantos peruanos y peruanas que, orientados por la sensatez y la fe, buscan un nuevo camino para nuestro país.

Esto es lo que debe exigirse a los dirigentes de nuestro país, ya sean estos políticos, sociales, culturales o económicos: que se pongan a la altura de la necesidad urgente que tenemos de volver a creer. Esto es lo que pedimos, también, a nuestros conciudadan@s, amig@s y familiares: no basta con quejarse de la política, hay que participar en ella. Hay que dar la batalla por la reconquista de la fe.

http://www.rioabiertoperu.org/

Tintaya, las Instituciones y el desarrollo Rural Andino

Al analizar los problemas en Espinar con la mina Tintaya, se ha resaltado con razón los problemas que una respuesta violenta y la falta de respeto a acuerdos pactados. La promoción del diálogo y la concertación entre los actores involucrados parece fundamental.

Sin embargo, falta buscar explicaciones y soluciones a otro problema fundamental: ¿porqué si desde hace año y medio hay fondos para ejecutar proyectos en la zona, una de las más necesitadas y pobres del país, estos proyectos no se han hecho realidad? Porque la municipalidad - en manos del Apra que bien debería estar dando explicaciones y dando soluciones al problema – no ha podido gastar ni un tercio de los fondos recibidos entregados por la empresa minera. Al fin y al cabo, lo que las comunidades y la población de la zona quieren no es papeles firmados ni dinero depositado en cuentas, sino proyectos que mejoren su calidad de vida. En primer lugar, proyectos de infraestructura – caminos, pequeñas irrigaciones, agua potable, colegios – y en segundo lugar proyectos que mejoren la productividad y los ingresos de los campesinos. La democracia tiene que ir de la mano con la eficacia, porque una democracia inefectiva simplemente no es sostenible.

¿Es acaso que el plazo es muy corto, que ha pasado demasiado poco tiempo desde que se firmó el convenio? Tras el terremoto que asoló el sur del país en el 2001, desde agosto de ese año Foncodes se abocó a la tarea de reconstruir los colegios afectados en las zonas rurales. Entre febrero y marzo, apenas 8 meses después, se inauguraban más de 120 pequeños colegios, a tiempo para el año escolar. En un lapso menor, de 5 meses, se logró poner en marcha más de mil proyectos de empleo temporal en más de 700 distritos, dando trabajo a más de 50 mil personas. Para infraestructura rural, que es en lo que Foncodes tiene experiencia, el plazo en Tintaya-Espinar no ha sido muy corto. ¿FONCODES tuvo que negociar, ponerse de acuerdo con alguien sobre qué hacer? Me parece que no es adecuado comparar una respuesta a una emergencia –donde es evidente que hay colegios que reconstruir- que un proceso de toma de decisión en un tiempo normal.

En este caso, afirmar que sí se puede dar una respuesta rápida y eficaz a las necesidades básicas de los pobres rurales no es sólo una afirmación de la voluntad sino una constatación de la realidad.

Sin embargo, respuestas de emergencia no son suficientes, deben engancharse con proyectos sostenibles de desarrollo rural. Una acción eficaz y duradera de esta índole requiere que los proyectos respondan a la voluntad de la población a la que deben beneficiar y ser parte de un plan más amplio de desarrollo que incluya no sólo una comunidad, sino una microcuenca y sus conexiones hacia el exterior. Para ello, es indispensable un fortalecimiento de la institucionalidad local, dando más capacidades a las municipalidades y comunidades y estableciendo espacios de concertación entre ellas. En Espinar eso es lo que se avanzó, más aún estaba presente la empresa privada, cosa que no sucede en la mayoría de experiencias de concertación. El problema es que el segundo convenio (con la municipalidad provincial y las organizaciones sociales de carácter provincial) no fue discutido ampliamente, tampoco difundido, cosa que hubiera requerido un poco más de tiempo antes de firmarlo.

En este terreno, instituciones como la Red-Perú, la REMURPE, el proyecto Fortalece y decenas de ONGs tienen amplia experiencia, como de hecho sucedió en el caso del convenio de Tintaya con 5 comunidades que no ha generado protestas y reclamos violentos.

A ello habría que sumar proyectos orientados a desarrollar productiva y empresarialmente a las zonas rurales pobres. Ello demanda un trabajo orientado a identificar productos que puedan colocarse en el mercado y promover, con capacitación, asistencia técnica y crédito, que las familias campesinas puedan elevar su productividad, adecuarse a los requerimientos del mercado y vender exitosamente no sólo productos agropecuarios sino también servicios turísticos, artesanías y otros. También en este caso hay experiencia, instituciones y proyectos exitosos como Marenass y el del Corredor Puno-Cusco que opera muy cerca de Espinar, entre muchos otros.

Que lograr el desarrollo rural en los Andes es difícil, lo muestran décadas de experiencias pocas veces exitosas. Pero en estas décadas, hemos acumulado conocimientos e instituciones capaces; el problema es que no se utilizan. Como si cada vez hubiera que reinventar la rueda y volver a establecer la organización que las pueda fabricar y utilizar. Esto es lo que pasó en el caso de Espinar y Tintaya, donde el mecanismo escogido en el acuerdo hoy cuestionado fue otorgar la responsabilidad de ejecutar los proyectos a la municipalidad, que con las elecciones eligió a un alcalde cuyos resultados muestran una notoria incapacidad de ejecutar obras.

Combinar formas eficaces para ejecutar proyectos y aprovechar el know-how de instituciones públicas y ONGs, junto con las experiencias de concertación y fortalecimiento de la institucionalidad local es el camino para un esfuerzo rápido, masivo y eficaz como el que requiere la lucha contra la pobreza rural. El Estado tiene una responsabilidad central en este terreno, porque las empresas mineras no tienen porque ser especialistas en desarrollo rural en comunidades campesinas. Las empresas mineras deben ser responsables con la sociedad que los acoge, cuidando el medio ambiente y aportando financieramente al desarrollo. Pero no podemos demandarles que sean también responsables de hacer proyectos sociales y hacer realidad el desarrollo en la zona. Además, no hay minas sino en una pequeña proporción de nuestros distritos rurales ¿acaso sólo ellos tienen derecho al desarrollo? Una institucionalidad pública, nacional y local, construida desde abajo y desde arriba, es indispensable para que este proceso tenga éxito. Para ello, no hay que reinventar la rueda, basta con juntar las partes que ya están listas y darles una organización adecuada.

Estoy de acuerdo con esto. Sin embargo habría que precisar algunas cosas:

a) ¿Había participación de las organizaciones? Sí había, pero al parecer ello no es suficiente. Se requiere que sus dirigentes sean capaces de construir acuerdos entre sí.

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b) ¿Dónde estaba el ministerio de agricultura, FONCODES, el ministerio de salud, Pronamachcs y el gobierno regional, cuando se discutía qué hacer con el dinero? Hay que acercar estas competencias del Estado fortaleciendo el GR y la municipalidad provincial. Pero ¿Si hubieran estado presentes habrían sido parte del problema o de la solución? . Posiblemente cada uno habría también jalado para su lado: se requiere reforzar una mirada más integral/transversal del desarrollo en el Estado.

¿Gasto Social excesivo? Ni hablar

Aunque pocos lectores puedan creerlo, hay quienes plantean que el gasto social en el Perú es excesivo. Su argumento es que como en el Perú la pobreza no ha disminuido, los niños aprenden muy poco y la salud de las personas está bastante mal, eso demuestra que el gasto social es un desperdicio y por lo tanto debe reducirse. El gasto ineficiente debe recortarse, dicen ellos.

Este razonamiento lógico puede voltearse con mucha facilidad. Porque precisamente una de las grandes razones por las que la salud y la educación están muy mal, es porque se gasta muy poco en ellas. Mi mujer repite un dicho de su madre: “lo barato cuesta caro”, y cualquiera que haya comprado un DVD bamba que le sale fallado, sabe de lo que estoy hablando. ¿No es acaso obvio que una causa importante de los problemas de los hospitales públicos es la falta de presupuesto para mantener y actualizar sus equipos, mejorar sus instalaciones y tener buen abastecimiento de insumos y medicinas?

A favor de esta interpretación, está la comparación que puede hacerse respecto de otros países vecinos. Por ejemplo, Perú gasta menos del 8 % de su PBI en gasto social; Chile gasta 16%, Costa Rica 18%, Brasil 19%., Argentina 22%. Somos uno de los países latinoamericanos cuyo gasto social, en relación a los recursos disponibles, es menor. ¿Cómo entonces podemos pensar que el gasto social es excesivo?

La verdad es, por cierto, algo más compleja que decir simplemente que en el Perú la educación y la salud están mal porque tienen poca plata. Parece también que en el área social – como en muchas otras – la eficiencia del estado peruano deja mucho que desear. Entre la corrupción, el clientelismo, la alta rotación de funcionarios y la burocracia, los recursos se van sin que se obtenga de ellos todo lo que podríamos sacar. También debería reconocerse que, con sus limitaciones, organismos como Foncodes o programas como A Trabajar han funcionado razonablemente bien. Hablando de eficiencia, pueden encontrarse programas sociales aceptables y también algunos desastrosos.

Pero mejorar la eficiencia en muchos casos demanda más recursos. ¿De qué sirve tener médicos o enfermeras si no tienen los instrumentos para atender adecuadamente a los pacientes? ¿Cuánto puede enseñar un maestro sin pizarra, sin libros, sin carpetas? La solución para hacer más eficiente la educación o la salud no es reducir los sueldos de los maestros o los médicos ni gastar menos en medicinas y textos escolares. La solución tampoco consiste, por cierto, en sólo aumentar sueldos, y mucho menos en aumentar sueldos a costa de los otros gastos que son muy necesarios. La solución pasa por mejorar la dedicación y desempeño de estos profesionales, así como asegurarse que haya medicinas, equipos y textos escolares, mejorar la infraestructura y ampliar el servicio donde no existe. Y para todo eso, hace falta más presupuesto y también mejor gestión.

La idea de que el gasto social es excesivo solo cabe en quienes creen en un estado mínimo en extremo, en un estado tan mínimo que ni siquiera otorgue salud, educación y protección social adecuada a sus habitantes. La idea de reducir el gasto social no tiene sustento lógico en el Perú, y solo puede apoyarse en una ideología ultraliberal a ultranza.

Razón y fe en la Política Peruana de hoy

Para participar en política, hay que tener una dosis de razón y una dosis de fé. La dosis de razón nos dice que si queremos que mejore nuestro país y el mundo, eso no resultará si cada uno presta atención solo a lo suyo y actúa aisladamente. La razón nos dice que es necesaria una acción colectiva consciente que es, precisamente, de lo que trata la (buena) política. La dosis de fé nos dice que eso es posible a pesar de que todos los días vemos que la mayoría actúa al revés, dedicado solo a lo suyo sin importarle el resto, y que cuando hay movimientos de acción colectiva, su actuación está dominada por el interés de quienes lo componen y/o está orientada por lo irracional.

Pareciera que nunca es necesaria una mayor dosis de fé para hacer política en el Perú que en estos días. Es que nunca ha sido tan fuerte el individualismo, que hoy ha devenido en disolvente y ácidamente critico a todo lo público y colectivo. El ánimo nacional registra una enorme desconfianza hacia todo lo que vaya más allá del ámbito del individuo y la familia. Por ello, no sólo el presidente tiene un bajísimo rating de aprobación: también el poder judicial, el congreso, el gobierno, los gobiernos regionales, las municipalidades, los sindicatos, las empresas, los medios de comunicación, las ONGs y, en el extremo, hasta el resto de los peruanos. Nadie confía en nadie. Seguramente por eso, también, la enorme mayoría afirma claramente que quiere irse a otro país.

Por otro lado, cuando se registran movimientos colectivos, su nivel de irracionalidad es elevadísimo. En los andes, esto va desde Ilave hasta Tintaya: la desconfianza en el otro - y también la desconfianza en el propio movimiento - hace que la gente quiera TODO YA, y que además la responsabilidad sea siempre toda de otro al cual poder reclamarle. Actuaciones similares tienen los movimientos sindicales y gremiales de las ciudades que no piensan en nada más que en sus propias demandas, los grandes empresarios que siguen queriendo siempre más y más ganancias sin ninguna conciencia de país, los medios de prensa que no vislumbran más allá de sus ventas del día siguiente y sin percibir su rol como formadores de ciudadanos, los congresistas concentrados en sus bolsillos y en la loca idea de ser reelectos cuando la ciudadanía los repudia, los partidos políticos que se encuentran hiperfragmentados y no alcanzan acuerdos básicos de frentes, los jueces y fiscales cuya incapacidad llama a tanta sospecha. Disculpen la generalización que sin duda golpea injustamente a las valiosas excepciones a lo dicho, excepciones que no hacen sino confirmar la regla. Lo cierto es que a este nivel, las actuaciones colectivas no son sino disfraces que buscan encubrir una suma simple de intereses particulares, disfraces tan burdos que hacen ese intento de encubrimiento francamente patético.

Hay también el espacio de lo estrictamente público: las elecciones que se vienen. Se ve venir un proceso en el que, una vez más, la irracionalidad dominará la escena. Alejada la ciudadanía de una política asqueante y obligados a votar, la mayoría se inclinará según si el joven sea guapo, la señorita hable bien, el orador conmueva a las masas, el slogan guste y la cancioncita pegue. La publicidad nos venderá los candidatos y los símbolos partidarios como nos vende la cerveza: no importa que se rica o fea, cara o barata, buena o mala: sólo que al costado se luzca una despampanante chica en tanga. Que tiene que ver una cosa con la otra: nada. Pero de que vende, venda, dicen los publicistas.


Dado el increíble desastre en que se ha convertido el manejo del destino colectivo de nuestro país gracias a quienes fungen de nuestros líderes, a los medios de comunicación y a la población entera, parece racional alejarse lo más posible de ese ambiente sórdido, asqueante y desgastador. Esto puede ser muy racional individualmente, pero totalmente irracional colectivamente. ¿Acaso no parecemos un bando de lemmings dirigiéndose al suicidio en masa, felices porque vamos todos juntos, el clima está bonito y el ejercicio nos pone alegres?

Quiénes hacemos política con buena voluntad en este escenario nos parecemos a un lemming tratando de llamar a los demás a que cambien de rumbo. Como si no estuviéramos viendo la crisis de gobernabilidad incubándose delante de nuestros ojos, los espejos de Ecuador y Bolivia reflejando nuestro rostro nacional y el país a punto de tropezar otra vez y darse tremendo trastazo.

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Al ver todo eso, para insistir en ser el lemming que marcha a contracorriente y busca un avance ordenado hacia un destino razonable, necesitamos una dosis extra de fe. Si esta fe se consiguiera con alguna receta, pediríamos ahora mismo una dosis triple inyectada directamente a la vena. A falta de ella, sólo cabe recordar que esta fe es el único camino distinto al desastre o al exilio y contagiarnos unos a otros un optimismo basado en ver a tantos otros peruanos y peruanas que, orientados por la sensatez y la fe, buscan un nuevo camino para nuestro país.