La semana pasada, el ministerio de economía y finanzas aprobó el reajuste de las pensiones de la 20530 correspondiente a este año. Anteriormente, el reajuste era automático: cada vez que subían los sueldos públicos, las pensiones los seguían. De acuerdo a la ley de reforma de la 20530 recientemente aprobada, ahora ya no hay esta igualación automática entre sueldos y pensiones, y es el gobierno el que decide cuánto reajustar las pensiones. El reajuste para este año oscila entre 0 (cero) y 1,5%, bastante menos que la inflación que fue en el 2004 de 3,5%, y se aplica para los pensionistas que reciben entre 800 y 6,600 que son la mayoría. Se trata principalmente de ex-empleados públicos que no reciben más que una pensión decente.
Aumentar las pensiones por debajo de la inflación es una manera efectiva de irlas reduciendo poco a poco, ya que el valor real de las pensiones, es decir lo que efectivamente pueden comprar esas pensiones, va disminuyendo paulatinamente en el tiempo. Con un reajuste 2% debajo de la inflación como el de este año, en 20 años el MEF lograría recortarle a los pensionistas un tercio de su pensión. Así, un pensionista llegaría a los 80 u 85 años de edad con una pensión disminuida, cuando precisamente es a esa edad avanzada cuando las necesidades aumentan, porque la discapacidad se multiplica, es más difícil usar transporte público, se necesita el cuidado de otras personas y los gastos en salud aumentan.
De esta manera, el MEF empieza a incumplir la propaganda según la cual la reforma de la 20530 solo iba a afectar a unos cuantos privilegiados. En realidad, esto estaba pensado desde un comienzo, razón por la cual en la ley que propusieron y que el bloque Perú Posible – Apra - Unidad Nacional aprobó, se establecía que el reajuste de las pensiones debía hacerse “en función de la inflación y de la disponibilidad de la caja fiscal”, siendo este último argumento – la caja fiscal - la fórmula para poder reajustar las pensiones en la proporción que les viniera en gana. Había que ser muy tonto para no darse cuenta de la intención de ese articulado.
El país demandaba una reforma del sistema de la 20530, por el cual un grupo de personas recibía pensiones francamente abusivas, sin relación con sus verdaderos aportes. La reforma ha puesto – correctamente- un límite a las pensiones más altas, que deben irse reduciendo gradualmente. La reforma de la 20530 incluyó también el desvincular las pensiones pagadas de los sueldos de los trabajadores activos, de tal manera que los necesarios cambios remunerativos para tener un sistema de carrera público justo y eficiente pudiera hacerse realidad.
Pero ello no debía significar el regreso al reino de la arbitrariedad, como cuando en el gobierno aprista las pensiones se “licuaron” reduciéndose a la quinta parte o menos de su valor real. Por el contrario, debía establecerse una fórmula de reajuste automático que no fuera inferior a la inflación, como existe en casi la totalidad de sistemas pensionarios del mundo. Porque si los ciudadanos no tenemos una mínima seguridad de las pensiones que nos pagarán, ¿cómo esperan que contribuyamos al sistema?
Aumentar las pensiones por debajo de la inflación es una manera efectiva de irlas reduciendo poco a poco, ya que el valor real de las pensiones, es decir lo que efectivamente pueden comprar esas pensiones, va disminuyendo paulatinamente en el tiempo. Con un reajuste 2% debajo de la inflación como el de este año, en 20 años el MEF lograría recortarle a los pensionistas un tercio de su pensión. Así, un pensionista llegaría a los 80 u 85 años de edad con una pensión disminuida, cuando precisamente es a esa edad avanzada cuando las necesidades aumentan, porque la discapacidad se multiplica, es más difícil usar transporte público, se necesita el cuidado de otras personas y los gastos en salud aumentan.
De esta manera, el MEF empieza a incumplir la propaganda según la cual la reforma de la 20530 solo iba a afectar a unos cuantos privilegiados. En realidad, esto estaba pensado desde un comienzo, razón por la cual en la ley que propusieron y que el bloque Perú Posible – Apra - Unidad Nacional aprobó, se establecía que el reajuste de las pensiones debía hacerse “en función de la inflación y de la disponibilidad de la caja fiscal”, siendo este último argumento – la caja fiscal - la fórmula para poder reajustar las pensiones en la proporción que les viniera en gana. Había que ser muy tonto para no darse cuenta de la intención de ese articulado.
El país demandaba una reforma del sistema de la 20530, por el cual un grupo de personas recibía pensiones francamente abusivas, sin relación con sus verdaderos aportes. La reforma ha puesto – correctamente- un límite a las pensiones más altas, que deben irse reduciendo gradualmente. La reforma de la 20530 incluyó también el desvincular las pensiones pagadas de los sueldos de los trabajadores activos, de tal manera que los necesarios cambios remunerativos para tener un sistema de carrera público justo y eficiente pudiera hacerse realidad.
Pero ello no debía significar el regreso al reino de la arbitrariedad, como cuando en el gobierno aprista las pensiones se “licuaron” reduciéndose a la quinta parte o menos de su valor real. Por el contrario, debía establecerse una fórmula de reajuste automático que no fuera inferior a la inflación, como existe en casi la totalidad de sistemas pensionarios del mundo. Porque si los ciudadanos no tenemos una mínima seguridad de las pensiones que nos pagarán, ¿cómo esperan que contribuyamos al sistema?
