Progreso para las comunidades rurales

sábado, 27 de junio de 2009

Las recientes movilizaciones de protesta en la selva primero, y en la sierra después, tienen como agenda inmediata el rechazo a la masiva ola de privatización de tierras y de explotación de petróleo, gas y metales en condiciones ambientales y sociales negativas.
Pero hay otro telón de fondo: la ausencia de políticas del Estado orientadas a promover el desarrollo económico y social de esas comunidades rurales. Una agenda mínima en el aspecto económico debe considerar un aumento significativo de los recursos presupuestales destinados a esas zonas, con el fin de:
1. Mejorar caminos rurales y otras vías de comunicación, abriendo y rehabilitando trochas y dándoles mantenimiento permanente, de manera que las familias puedan sacar sus productos, puedan ir a los mercados y ferias regionales a comprar insumos, y la asistencia a los colegios y centros de salud se facilite.
2. Construir infraestructura de riego, con pequeñas irrigaciones, represas y canales, y sistemas de riego tecnificado de bajo costo, que permitan tener agua controlada y segura, y producir varias cosechas al año mejorando la productividad.
3. Transferencia de tecnología aplicando la capacitación de campesino a campesino, con paquetes como el de Sierra Productiva y otros, que permiten mejorar la productividad agropecuaria y hacer productos semi-procesados.
4. Promover nuevas iniciativas de negocios, familiares y comunales en turismo ecológico y cultural, piscigranjas, artesanías, textiles y otros, y mejorar las condiciones de comercialización promoviendo la asociatividad.
5. Facilitar el crédito para que puedan desarrollarse nuevos emprendimientos y mejorar su producción.
6. Asegurar a las familias frente a riesgos como heladas, friajes, sequías y otros desastres naturales, así como ante enfermedades, para que no pierdan sus activos (semillas, vacas, otros animales, etc) cuando esto sucede.
7. Impulsar fuertemente la investigación de nuevas alternativas productivas, partiendo de registrar la biodiversidad y los conocimientos tradicionales.
Hacer esto realidad en forma eficaz requiere dar un nuevo impulso a la descentralización, hacia los gobiernos regionales y municipalidades, con asistencia técnica y apoyo del gobierno central y de la cooperación internacional.
Es posible una nueva política orientada al desarrollo rural, que tendría enormes efectos sobre la pobreza. Solo es cuestión de voluntad política, que este gobierno no tiene.
Publicado en la Coordinadora Nacional de Radios (CNR)

Revisar las concesiones extractivas en la selva

lunes, 22 de junio de 2009

Instalada la Comisión de Diálogo con los pueblos indígenas, hay que insistir en la necesidad de revisar las concesiones para la extracción de petróleo y metales en la selva peruana. La derogatoria de los Decretos Legislativos dificulta el que se quiten y afecten más territorios a los pueblos indígenas, pero no atiende los problemas de las concesiones ya hechas y que deben entrar en exploración, y quizás explotación, en los próximos años.

Alan García ha dicho, en su enfrentamiento con los pueblos indígenas, que “el petróleo es de todos los peruanos” y no solo de “los nativos” (término usado por García). Pero un estudio presentado esta semana en el Congreso de la República por la prestigiosa Universidad de Columbia, indica que ese petróleo no era tan peruano después de todo. Este estudio muestra como se distribuye la renta petrolera, las ganancias provenientes de la explotación de petróleo descontando los costos, entre los estados y las trasnacionales comparado el Perú con otros países. Eesulta que en Azebaijan, el Estado se queda con 85%, en Rusia, con 87%, en Egipto, con el 78%, en Venezuela (en contratos firmados antes de Hugo Chávez), con el 95%. En el Perú en los contratos firmados con este gobierno, el estado se queda con sólo un 50 a 55% de la renta petrolera.

Las condiciones bajo las cuales este gobierno ha concesionado lotes petroleros que hoy ocupan tres cuartas partes de nuestra amazonía, no son favorables para el país. En las diplomáticas palabras de los expertos de la Universidad de Columbia, “El contrato modelo está orientado fundamentalmente a conseguir inversión extranjera a un coste quizá demasiado alto”.

Por cierto, estas concesiones petroleras se otorgaron de manera muy poco transparente. El “faenón” de Rómulo León fue su marca de origen. La entrega de casi toda la amazonía de un solo golpe en condiciones desfavorables sugiere que desde quienes están en el gobierno ha habido apuro por hacer negocios, no sólo por facilitar los negocios de otros.

Estas concesiones para extraer materias primas de nuestra selva son el mayor conflicto entre el gobierno y las empresas trasnacionales de un lado, y los pueblos indígenas del otro. Las concesiones han sido otorgadas sin ningún diálogo ni consulta, con el antecedente de que anteriores explotaciones de petróleo y oro han caudado daños ambientales tremendos. En el río Corrientes, hay más de 90% de niños con exceso de Cadmio en la sangre. En Madre de Dios, la extracción de oro daña los ríos tremendamente contaminándolos con mercurio, que es muy dañino. Reclamos indígenas respecto de industrias extractivas se han registrado en el nororiente (minera Dorato), en el norte (Pluspetrol) y en el sur (Camisea) del país.

Por su parte, la extracción ilegal de madera como la caoba, por ejemplo, ha sido tan fenomenal que ha generado reclamos internacionales. A ello se añaden la entrega de grandes extensiones de terreno a sectores empresariales como el grupo Romero, para la producción de palma y biodiesel, añadiendo así a la deforestación. En el colmo, ahora el grupo Romero insiste en que todos los peruanos paguemos más por la gasolina, para que ésta incluya su etanol que es más caro.

Las concesiones otorgadas violan el Convenio 169 de la OIT, que obliga al consentimiento previo de los pueblos indígenas antes de la explotación de recursos naturales en sus territorios. Hasta “The Economist”, la prestigiosa revista inglesa de corte liberal, indica en su último número que hay conflictos porque en algunos lotes se superponen concesiones con territorios indígenas.

Así, las concesiones petroleras son ilegales, son inconvenientes para el país y han sido hechas bajo sospechas de corrupción. Como ha dicho el Premier Yehude Simon y el Presidente García en relación a los Decretos Legislativos, mejor empezar de nuevo. Para que eso sea verdad, el empezar de nuevo también tiene que aplicarse a las concesiones petroleras y mineras.
Publicado en la Coordinadora Nacional de Radio (CNR):

Amazonía: dos modelos en pugna

jueves, 18 de junio de 2009

La magnitud del conflicto amazónico solo puede explicarse porque expresa el conflicto entre dos modelos de desarrollo en pugna.
El modelo primario-exportador, de extracción de materias primas, ha sido llevado a su extremo con la política neoliberal.

Si en la sierra lo que ha sido dominante ha sido la minería, en la selva ha sido el petróleo y el gas. Pero en ambos casos, sierra y selva, minería y petróleo, los efectos económicos y sociales han sido similares: muy pocos empleos generados; severos efectos ambientales que impactan sobre la salud de la población; y deterioro de la agricultura y la pesca de la que viven los indígenas, mestizos y campesinos de esas zonas. En la selva, esto se agrava con la extracción salvaje de madera y oro, con amenazas a futuro provenientes de las nuevas concesiones mineras y para etanol.

En ambas regiones hay casos emblemáticos. En la selva, la zona del río Corrientes explotada por Pluspetrol, ha generado que más del 90% de los niños tengan niveles tóxicos de cadmio en la sangre; en la sierra, ha sido Doe Run en La Oroya el que se lleva el premio. En ambos casos, se ha logrado alguna vigilancia ambiental gracias a la presión ciudadana, pero las empresas y el estado incumplen los compromisos asumidos de limpieza y reparación de los daños ocasionados.

“Perro del hortelano”

La teoría del “perro del hortelano” de Alan García lleva al extremo este neoliberalismo. Según lo escrito por nuestro Presidente, todos esos efectos ambientales negativos no existen, porque “en la actualidad las minas conviven con las ciudades sin que existan problemas…” (seguramente se refiere al caso de La Oroya, ¿o será a Cerro de Pasco?). A su juicio, los indígenas no basan su economía en esas tierras: “Hay millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar”, ¿de qué creerá García que viven los indígenas y campesinos?, ¿del aire?

Progreso y oportunidades

El propio Antonio Brack Egg, actual ministro (desaparecido) del Ambiente, nos mostró en decenas de reportajes las posibilidades económicas de la selva peruana.

Varias de estas experiencias se desarrollan con los indígenas. En Madre de Dios, hay negocios de turismo ecológico hechos en convenio entre empresarios extranjeros y comunidades nativas. En la selva de Loreto, hay pueblos indígenas explotando de manera sostenible la madera. El desarrollo de piscigranjas, por parte de comunidades nativas, ha sido favorecido por nuevas tecnologías del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) y promovido por gobiernos regionales como el de San Martín. Comunidades awajún han avanzado en su actividad productiva con piscigranjas y mejoras de su cultivo del cacao apoyados por la ONG SAIPE. La propia AIDESEP, hoy reconocida por representar a los indígenas y organizar su movilización, tiene décadas de experiencias exitosas en proyectos de salud y educación.

Hay, además, una gran riqueza por aprovechar en nuestra amazonía. El bosque es un sumidero de carbono, prestando así un gran servicio a la humanidad en estos tiempos de calentamiento global, servicio que debe ser pagado por los países desarrollados que son los grandes contaminantes. La biodiversidad nos puede permitir desarrollar muchos productos de gran valor, sobre todo medicinales, nutricionales y de cuidado personal.

Aprovechar la riqueza ecológica de la amazonía, priorizando sus recursos renovables en vez de limitarse a extraer petróleo, oro y madera “a la mala”, tiene como gran ventaja su sostenibilidad. El petróleo y el oro, con toda seguridad, se acabarán. El bosque, si se le cuida, no.

Petróleo: ¿de todos los peruanos?

El último argumento de Alan García es que el petróleo es de todos los peruanos, y que 400 mil nativos (así dice él en su desinformación o demagogia) no pueden ir en contra de 26 millones de peruanos.

Bueno, yo soy parte de esos millones de peruanos que no somos indígenas. Pero resulta que cuando se vende la empresa Petro-Tech, que extrae el petróleo peruano, su dueño el sr. Kallop dejó de pagar US$ 270 millones de dólares de impuestos. Así lo estableció una Comisión Investigadora del Congreso dirigida por un aprista, es decir, no de la oposición sino del gobierno. Pero no se ha movido un dedo para cobrar ese dinero. ¿Tendrá esto alguna relación con los vínculos de Mr. Kallop con la campaña electoral de Alan García que un medio de circulación nacional revelara semanas atrás?

Además, por cierto, prácticamente toda la explotación petrolera en el Perú es hecha por trasnacionales. Petroperú ya no explora ni explota petróleo, como sí lo hacen ENAP de Chile, Pemex de México, Petrobras de Brasil o Ecopetrol de Colombia, para hablar solamente de países vecinos que no registran cambios políticos más nacionalistas como Venezuela, Bolivia o Ecuador.

Además, cuando se concesionaron los lotes petroleros, el ex ministro y congresista aprista Rómulo León, junto con el aprista Manuel Químper vicepresidente de Perúpetro, y el sr. Fortunato Canaán a quien el ex premier aprista Jorge del Castillo visitaba en su suite y que hacía costosos regalos al ex ministro aprista Hernán Garrido-Lecca, hicieron un “faenón”.

¿Disculpe, Sr. García, ese petróleo que pertenece a los 26 millones de peruanos, podría decirnos más o menos cuánto nos beneficia a los 25 millones 999 mil 900 peruanos que no somos del cogollo del gobierno? Lo cierto es que los impuestos y regalías pagados por el petróleo en las últimas décadas no llegan ni al 5% de los ingresos del Estado.

Democracia y economía

Pero la gran cuestión en debate hoy es si cualquier propuesta de desarrollo para la selva peruana puede hacerse en contra de sus habitantes, indígenas y mestizos. Para el neoliberalismo extremo, como el petróleo y el oro valen mucho, no importa que su explotación les cueste la vida a los pueblos que allí habitan desde milenios atrás. Al extremismo ideológico le sale su vena autoritaria.

Hay otra posibilidad. La de un desarrollo de la amazonía y de la sierra que sea económico y social, con su gente y no contra ella, mediante acuerdos y no puras imposiciones, que respete el medio ambiente y sea sostenible. La extracción de petróleo, oro y madera pueda darse, en este esquema, de una manera limitada, cuidadosamente regulada y en acuerdo con los pueblos indígenas. Solo así, la riqueza de nuestra amazonía servirá para que la mayoría de peruanos, y sobre todo los más pobres, se vean beneficiados por esa riqueza que, como dice la Constitución, le pertenecen a la Nación, y no al señor Alan García.


Publicado en el Diario La República:
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20090614/26/pagina/14

Dos abusos económicos LAN y el Grupo Romero

jueves, 4 de junio de 2009

Dos noticias económicas llaman la atención esta semana. La primera, el estudio de ASPEC sobre los costos de los viajes aéreos internos en el Perú: resulta que pagamos precios mayores que los que se pagan, por kilómetro, en Colombia, Argentina y Chile. Pagamos casi el doble de lo que se paga en Chile, mientras resulta que el 83% del mercado lo tiene la empresa chilena Lan.

En muchas rutas, Lan vuela sin competencia, porque las compañías aéreas peruanas son débiles y no tienen apoyo, y porque ya no hay empresa pública. En muchos casos, las alternativas de viaje terrestre son inexistentes o significan tiempos de viaje realmente enormes, como en varios destinos de la sierra y selva: Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Cusco. Es evidente que se trata de un monopolio. Y LAN nos cobra mucho más de lo que cobra en su propio país. ¿Hasta cuándo? ¿Qué espera el gobierno, vía Indecopi o el Ministerio e Transportes, de poner coto a estos abusos?

La segunda noticia es que el Grupo Romero está reclamando para asegurarse los subsidios que el gobierno le daría por su producción de etanol. En efecto, aunque en los medios periodísticos se dijo repetidamente que el Perú era un lugar donde se podía producir etanol en forma muy competitiva, el Grupo Romero no quiere eso. No quiere limitarse a vender en el mercado internacional, en EEUU donde el TLC que tanto defendieron los favorece. No, quieren vender en el Perú, con precios ventajosos y un mercado asegurado mediante una ley que obliga a que los combustibles que usamos todos los peruanos, tengan un porcentaje obligatorio de etanol. De esa manera, seríamos los usuarios de combustibles los que pagaríamos un precio mayor por la gasolina, con las ganancias yendo al Grupo Romero.

No importa que, como se ha denunciado, en varios casos ese etanol se está produciendo a costa de dejar sin agua a otros productores agropecuarios, y concentrando grandes cantidades de tierras. No importa que se haga en tierras donde se está quitando sus tierras a pueblos indígenas y cortando el bosque amazónico, generando así no menos sino mayores problemas de gases invernadero y aceleración de lo cambio climático. No importa que sean los Estados Unidos los primeros contaminadores del planeta mediante el uso del petróleo, y no los peruanos. Lo que el Grupo Romero quiere son sus ganancias. Adiós al discurso del libre mercado, la no intervención del estado en la economía, etcétera, etcétera. Ellos defienden las ideas que convengan a sus bolsillos, y nada más.

Dos engreídos Alan, dos abusos más.