Economía 2008

miércoles, 26 de diciembre de 2007

  1. PRONÓSTICO: La economía norteamericana dejará de crecer debido a los efectos del estallido de la burbuja especulativa de hipotecas subprime (créditos difíciles de recuperar). DUDA: ¿Cuánto reducirá su crecimiento la economía china, basada en exportaciones y que tiene en Estados Unidos uno de sus grandes mercados, por esta causa? Ojo que China tiene también sólido comercio con Asia y decidió recientemente priorizar su mercado interno. La solidez que tenga el crecimiento económico de China y el Asia determinarán el ritmo de la economía mundial en el 2008 y podrían marcar el inicio de una nueva dinámica mundial, menos determinada por los ciclos de EEUU y Europa.
  2. PRONÓSTICO: Los precios internacionales de los metales, nuestras principales exportaciones, mantendrán una tendencia a la baja, debido a la menor demanda mundial. DUDA: ¿estos precios aterrizarán en una meseta alta o se estrellarán en el piso? Si se mantiene el dinamismo económico en el Asia, posiblemente lo primero. Una caída suave de los precios de los metales no afectaría sustancialmente al crecimiento de la economía peruana. Durante los años 2005-2007, el alza de precios internacionales ha tenido como efecto principal elevar las ganancias de las empresas mineras. Por ello, la caída en el valor de las exportaciones (por menores precios) se verá en buena medida contrarrestada por menores remesas de utilidades al exterior.
  3. PRONÓSTICO: La recesión de la economía norteamericana reducirá la demanda por nuestras exportaciones no tradicionales, como espárragos y ropa. El TLC no amenguará este efecto negativo, porque ya tenemos las mismas facilidades de acceso y reducción de aranceles desde el ATPDEA. DUDA: ¿Podrá mantenerse el crecimiento de estas exportaciones no tradicionales en base a nuevos destinos, nuevos productos y mayor competititividad? Ojo que sin ese dinamismo de las exportaciones no tradicionales, buena parte del crecimiento del empleo en la costa peruana se perdería. DUDA: ¿Qué pasará con la entrada de capitales extranjeros hacia la economía peruana el 2008? ¿Puede la caída en exportaciones, que se reflejará en la bolsa de valores de Lima, poner nerviosos a los inversionistas extranjeros? ¿Los problemas de los bancos internacionales harán que estos saquen fondos de países como el nuestro?
  4. PRONÓSTICO: Los intentos del gobierno por acelerar la inversión pública finalmente tendrán éxito, luego de año y medio de anunciado el “shock de inversiones”. Por otro lado, los ingresos tributarios del estado, que han crecido fuertemente en los últimos dos años debido al auge de precios internacionales de las materias primas, detendrán su crecimiento. DUDA: ¿Cómo reaccionará el Ministerio de Economía y Finanzas ante esta nueva situación, que produciría un deterioro en las cuentas fiscales?
  5. PRONÓSTICO: Los superávits comercial y fiscal se reducirán, pero sin llegar a convertirse en déficits. Las condiciones de la economía peruana, de crecimiento con alta concentración de los ingresos y exclusión de las mayorías se mantendrán. DUDA: ¿Qué efectos sobre los conflictos sociales y la gobernabilidad tendrá el que un año más, nuevamente el crecimiento ni siquiera “chorree”?

Stiglitz, Minería y Desarrollo

viernes, 21 de diciembre de 2007

Joseph Stiglitz vino al Perú a dar algunas conferencias, una de ellas sobre “Recursos Naturales, Desarrollo y democracia”. ¿Qué dijo el Premio Nobel de Economía?
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Como dijo el propio Stiglitz, la ciencia económica pensaba que los recursos minerales y de petróleo facilitaban el desarrollo. Pero han surgido estudios diversos mostrando que es al revés, y a esta sorpresa la llamaron “la maldición de los recursos naturales”. El Perú no es el único país minero o petrolero poco desarrollado, ni posiblemente el peor: Nigeria, Angola, Chad o Sierra Leona en África comparten esta triste situación.
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¿Cómo es esto posible? La minería tiene algunos efectos perniciosos que saltan a la vista, como la contaminación ambiental o el desplazamiento de campesinos de sus tierras sin su consentimiento y sin una compensación económica justa. Pero también puede generar otros problemas que no están tan obviamente vinculados, como el aumento de la desigualdad, el descuido de la educación, la mayor corrupción, los conflictos en torno a la captura de la renta y la menor estabilidad macroeconómica.
Uno de los efectos más importantes mencionados por Stiglitz es que el predominio de la gran minería genera una fuerte concentración de la riqueza. Unas pocas empresas, la mayoría extranjeras y de apenas una docena de familias peruanas, se apropian de la riqueza de nuestros recursos naturales, pero al mismo tiempo el empleo generado no alcanza ni a 1 de cada 100 peruanos buscando trabajo. Los problemas que trae la minería de contaminación ambiental, empeoramiento de la salud de la población y desalojo de campesinos de sus tierras, agravan la situación de pobreza. Los impuestos que paga esta minería no alcanzan a sustentar una educación, salud o seguridad social decentes.

La extrema desigualdad económica se traduce a su vez en extrema desigualdad política, al hacer que unos pocos puedan financiar grandes campañas electorales para que luego los presidentes electos defiendan sus privilegios y riquezas. Como en el reciente cambio de gabinete, nombrando como Ministro de Trabajo a un abogado destacado por trabajar a favor de las empresas en sus juicios y lobbies contra los trabajadores. Veremos que pasa con el anunciado Ministerio del Medio Ambiente, al que las empresas mineras ya manifestaron su oposición.

Resolver el tema de la desigualdad favorecida por la minería rentista pasa por que el estado sea quien se apropie de esa riqueza y la utilice para financiar la educación, la salud y la seguridad social, en especial los más pobres. Esto debe ir reforzado por políticas para reducir la desigualdad en otros campos, como asegurar el acceso indiscriminado a la justicia, democratizar lo medios de comunicación masivos e implantar reglas claras que limiten el financiamiento de grandes empresas a los partidos y campañas electorales.

La minería puede ser buena para el desarrollo. Para ello, tiene que controlarse los efectos negativos que puede generar sobre su entorno inmediato: los problemas medioambientales y sociales sobre las comunidades y zonas aledañas. También es necesario que la riqueza generada por la minería sea distribuida con justicia y se evite que las empresas mineras tengan una desmedida influencia sobre el Estado, como sucede actualmente.

Retos de ayer y hoy para la Política en Salud

viernes, 16 de noviembre de 2007

DE JULIO 2006 A NOVIEMBRE 2007

Cuando Alan García inició su gobierno, recibió una situación de salud de la población que seguía siendo peor que la de países vecinos, a pesar de algunos avances en atención institucional de partos y tratamiento de enfermedades como el VIH/SIDA y la Tuberculosis multidrogorresistente. La Tasa de Mortalidad Infantil era todavía superior a 23 por mil, pero en Puno superaba los 53 por mil, indicando las enormes inequidades existentes en salud. La Tasa de Mortalidad materna era de 164, el doble del promedio latinoamericano, y muy lejos de la meta de 66 fijada por los Objetivos del Milenio.

Causas principales de esta dramática situación eran el escaso control de los factores sociales y ambientales que generan riesgos para la salud; el bajo gasto público en salud; la existencia de un sistema de atención de salud segmentado, inequitativo e ineficaz; y un gobierno en salud débil y alejado de la población que recién estaba empezando a descentralizarse y a abrirse a la participación ciudadana. Como si esto fuera poco, aparecieron nuevas amenazas a la salud pública, como un TLC que consideraba protecciones a la propiedad intelectual que tenían un efecto potencial sobre los precios y el acceso a las medicinas que el Ministerio de Salud estimó muy grave[1], nuevos virus y enfermedades de mayor resistencia a las drogas, y cambios sociales que planteaban nuevos riesgos, como en la alimentación, la vida sedentaria, la concentración en las ciudades y el envejecimiento poblacional. Había también oportunidades: un crecimiento económico que genera mayores ingresos al fisco, una población más educada y con mayor acceso a medios masivos de comunicación, un rápido crecimiento en el número de médicos y profesionales de la salud (aunque con serios problemas de regulación y calidad), el inicio de un proceso de descentralización con gobiernos regionales y municipios acumulando capacidades y experiencia, y una sociedad civil activa, organizada y con gran disposición de participación y cooperación

Debe recordarse, además que los problemas de salud del Perú tienen efectos importantes sobre el crecimiento económico sostenido, la lucha contra la pobreza y la gobernabilidad. El hecho que 30% de los niños a los 5 años tenga retardo de crecimiento y que 2 de cada 3 niños menores de 2 años tenga anemia, lleva a dificultades en el aprendizaje, de graves efectos en lo que se ha llamado “la era del conocimiento”. Estos niños sufrirán efectos de largo plazo sobre su productividad e ingresos, que al combinarse con problemas posteriores de accidentes y enfermedades, generan un serio lastre a sus posibilidades de salir de la pobreza. Las debilidades del sistema de salud llevan además a que un alto porcentaje de mujeres, sobretodo en las zonas rurales, tenga más hijos de los que quisiera tener, agravando la carga sobre las familias y dificultando el cuidado de esos niños. Finalmente, el goce (o no) del derecho a la salud determina las posibilidades de las familias de participar más activamente en la vida pública del país así como sus niveles de confianza en el Estado, confianza que resulta indispensable para el respeto al la ley y el orden social.

Frente a los grandes retos de la salud pública peruana, las primeras iniciativas del nuevo gobierno en el terreno de la salud fueron la ampliación de horarios y el shock de inversiones, pero que no llegaron a la red primaria de atención. Posteriormente, se anunció la ampliación del seguro integral de salud (SIS) a nuevos grupos etáreos; sin embargo, la ausencia de reglamentaciones claras en relación a las poblaciones a ser atendidas, los riesgos a cubrir o los paquetes de servicios a ofrecer y, sobre todo, los recursos presupuestales, han generado una notoria falta de orientación en esta iniciativa política. Por otro lado, en el terreno de lo que se conoce como los determinantes sociales de la salud, resultan importantes las iniciativas de Agua para Todos y la priorización de la lucha contra la desnutrición infantil en torno al programa CRECER.

Al mismo tiempo, ha habido notorios vacíos y déficits. La poca prioridad para la salud es particularmente preocupante. El presupuesto para la salud aprobado para el año 2007 fue, en relación con el año 2005, de apenas 0,01% del producto bruto interno (PBI) más, prácticamente nada y muy lejos de lo considerado en el acuerdo de partidos políticos en salud, que establecía un aumento del 3% del PBI en cinco años. Los «créditos suplementarios» posteriores han añadido algunos recursos al sector, pero todavía muy por debajo de las necesidades básicas de este. El presupuesto para el 2008 muestra avances pero aún muy insuficientes en relación a la meta establecida en el Acuerdo de Partidos Políticos en Salud, que establece que el gasto en salud debe alcanzar el 2011 el promedio latinoamericano.

La falta de presupuesto es expresión de una baja prioridad política otorgada a la salud. Síntoma de lo mismo es el que, ante la contaminación causada por actividades como la minería y otras con serios efectos sobre la salud pública, la acción del gobierno ha sido tardía y complaciente. Esta realidad es percibida por la ciudadanía: según la encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, el 74%, casi de tres de cada cuatro personas considera que el gobierno le presta poca o ninguna atención a la salud.

Al mismo tiempo, no hay visión estratégica ni planes para avanzar hacia un aseguramiento universal, que incluya nuevos grupos en el SIS y desarrolle la relación Ministerio de Salud-EsSalud hacia un sistema integral. Tampoco hay un impulso efectivo de la promoción de la salud, y los temas de interculturalidad, equidad de género y derechos se encuentran ausentes de la política de salud. Finalmente, el gobierno no ha registrado avances reales en cuanto a la descentralización (más allá del anuncio de una municipalización que no se sabe ni cómo se hace ni adónde va y de anuncios de transferencias de competencias sin presupuesto) ni ha promovido la participación ciudadana en salud. Esto refleja un problema mayor en el Ministerio de Salud: el notorio deterioro de su capacidad técnica y de gobierno, debido a la desarticulación de varios de los equipos técnicos con experiencia, el despido de algunos de sus mejores profesionales, su reemplazo por personal insuficientemente preparado y la politización exacerbada dentro del Ministerio con distintos grupos en competencia entre sí.

Pero en este año ha habido otro cambio importante en la política de salud: la acumulación de reclamos y la actitud más vigilante de la ciudadanía y de los medios de prensa frente a los servicios de salud. Esto no se limita a las denuncias de corrupción en el SIS, que han sido lo más notorio, sino que incluye pacientes de hospitales públicos que han resultado contaminados por VIH/SIDA, personas vacunadas que posteriormente sufren problemas de salud llegando incluso a la muerte, ensayos clínicos cuyo reglamento es modificado en desmedro de la seguridad de los pacientes, entre otros. En las últimas semanas, esta andanada de demandas desde la ciudadanía ha recibido una respuesta en el proyecto de ley del llamado “SOAT médico”, que el Ejecutivo ha propuesto al Congreso. Pero algunos de estos problemas claramente no se deben a una mala práctica médica, como es el caso de los pacientes contaminados con VIH/ SIDA o los problemas con las vacunas. Siendo necesario una respuesta que resguarde los derechos de los pacientes, esta debe considerar responsabilidad institucionales antes que individuales y garantizar una respuesta rápida a la dramática situación que pasan muchas de estas personas, antes que agotarse en un largo vía crucis burocrático, ya sea por la parte administrativa de los seguros o por la del Poder Judicial. El proyecto de ley que al respecto presentara ForoSalud al Congreso con el respaldo de 50 mil firmas ciudadanas tiene estas características, y ya ha sido previamente aprobada por la Comisón de salud del Congreso, por lo que debe ser considerado en el debate.

En síntesis, frente a una salud pública que debía enfrentar grandes retos, el gobierno ha tomado algunas iniciativas cuyos niveles de avance y eficacia deben aún por evaluarse con detenimiento. Al mismo tiempo, se trata de iniciativas parciales antes que de una estrategia planificada y concertada, y varios de los problemas principales han sido muy insuficientemente enfrentados. El acercarse el final del año, y con ello haber transcurrido casi una tercera parte del período de gobierno, es una buena oportunidad para un nuevo análisis de los retos de la salud pública en el Perú, que ojalá sirva para inspirar una discusión que ilumine a nuestros gobernantes en los próximos años

PRIMER RETO: RESCATAR LA IMPORTANCIA DE LA SALUD PÚBLICA

La salud pública no podrá progresar si no recibe una atención preferente por parte del gobierno y la ciudadanía. Hasta ahora, la salud no es prioritaria ni en relación a la política económica ni como parte de la política social. Desde el punto de vista de las políticas públicas hay cuatro aspectos claves al respecto. El primero se refiere al presupuesto, ya que en el Perú el estado solo destina 1,6% del PBI a la salud pública, frente a un promedio regional de 2,7% o al 4,9% de Brasil y al 5,7% de Costa Rica. El segundo se refiere a la prioridad que debe darse a la salud pública frente a sectores económicos que generan riesgos, como la contaminación ambiental por la minería y otras actividades, o por el transporte público en Lima. Recordemos que el costo económico de la salud perdida por razones ambientales asciende a 3,300 millones de soles anuales por morbilidad y 1,600 millones de soles anuales por mortalidad y provoca alrededor de 6 mil muertes cada año. El tercero se refiere a la inclusión de criterios de salud pública en la promoción de nuevas actividades económicas y políticas sociales, como por ejemplo en relación a promover la producción y el consumo de nuevos productos agrícolas o del mar que pueden ser más saludables, o a iniciativas para mejorar la educación que deben incluir un aumento sustancial en las horas de clase y contenidos curriculares dedicados a la promoción y cuidado de la salud. Finalmente, está la trasmisión de conocimientos y comportamientos saludables por parte de nuestras autoridades y figuras públicas, en relación a por ejemplo a los hábitos de alimentación y ejercicio, y al cuidado de la salud individual y colectiva.

Así, lograr que quienes representan a la nación le den importancia a la salud pública y adecuen las políticas económicas, sectorial-productivas y sociales para ello, resulta un primer reto fundamental.

SEGUNDO RETO: PROMOCION DE LA SALUD

La promoción de la salud debe entenderse de manera amplia como aquella estrategia que, desde la autoridad sanitaria e involucrando a un conjunto de actores estatales y no estatales, se orienta a controlar los factores que generan efectos nocivos sobre la salud y potenciar aquellos que tienen efectos positivos sobre la misma. El agua potable y el saneamiento, la nutrición, la educación en salud y el cuidado del medio ambiente deben ser prioridades centrales de una política integral de promoción de la salud. Otros factores sociales que deben atenderse son el desordenado tránsito que provoca accidentes severos, la violencia familiar y sexual particularmente contra mujeres y niños, los problemas de salud mental provocados por relaciones sociales donde predomina el conflicto, los accidentes y la contaminación dentro de los centros de trabajo, y las viviendas inadecuadas donde se concentra el humo de la cocina, el agua se llena de bacterias y se reproducen los mosquitos del dengue y las vinchucas del Mal de Chagas. Como se ve, los retos son múltiples, diversos y fuertes.
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Atender estos problemas demanda el establecer organismos intersectoriales (al interior del estado) y de concertación con sectores públicos y privados (por ejemplo en la Mesa de Concertación de Lucha contra la pobreza) para promover esfuerzos específicos sobre todos estos temas. La promoción de la salud es una tarea pública donde deben converger el estado y la sociedad. Para ello se requiere un liderazgo político y social, alianzas con empresas privadas y una clara estrategia comunicacional. Dada la necesidad de liderazgo para una estrategia de promoción de la salud, y de su poco desarrollo actual, un primer reto es que las autoridades sanitarias otorguen prioridad a este tema y se logre constituir un fuerte equipo de gobierno y técnico en este tema.
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El gobierno ha anunciado el programa Crecer para hacer frente a la desnutrición infantil, que es un área donde la promoción es fundamental. El inicio de una nueva estrategia intersectorial es positivo; el reto es lograr una coordinación eficaz que no sea simplemente una suma de siglas de distintas instituciones y programas públicos que se reúnen a puertas cerradas, y que logre un compromiso efectivo de gobiernos regionales y municipios. Los retos mayores son transformar los actuales programas alimentarios con una adecuación efectiva de los complementos nutricionales otorgados para que se orienten principalmente a las madres gestantes y niños menores de 2 años, desarrollar estrategias comunicaciones que orienten a las madres y logren cambios de hábitos en nutrición e higiene hacia unos más saludables y lograr un vínculo eficaz con el sistema de salud para la atención preventiva y curativa de los niños.

TERCER RETO: ASEGURAMIENTO CON CALIDAD Y DERECHOS

El acceso universal a la atención de salud de calidad, resolviendo todas las barreras de acceso existentes y estableciendo mecanismos de exigibilidad que permitan asegurar acceso y calidad, es la base para que la población pueda efectivamente gozar del derecho a la salud.
La búsqueda de lo que se ha llamado aseguramiento universal ha tenido como estrategia principal reducir las barreras económicas eliminando los cobros en el momento de entrega del servicio de salud, mediante el Seguro Integral de Salud. Esta iniciativa ha sido un avance importante en relación al aseguramiento, que sin embargo se ha visto muy limitado en sus efectos debido a que al no haberse sustentado con recursos presupuestales suficientes, el aseguramiento ofrecido y su ampliación a nuevos sectores sociales ha generado serios problemas a los establecimientos de salud, terminando por desvirtuar el derecho haciendo que se generen atenciones diferenciadas y colas inatendidas. Al respecto, es impostergable el aumentar significativamente el presupuesto del SIS y precisar las poblaciones, riesgos de salud y paquetes de prestaciones.
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Al mismo tiempo, la gratuidad en el servicio debe ir acompañado de iniciativas para resolver otras barreras, para que haya efectivamente aseguramiento y acceso universal. Las otras barreras de acceso a atender son de tipo geográfico, organizacional y cultural. En relación a las barreras geográficas, permanecen problemas, sobre todo en mediana y alta complejidad. Una inadecuada política de recursos humanos en muchas zonas ha agravado la situación, al facilitar el traslado de médicos a hospitales urbanos y reducir sus incentivos a su permanencia en distritos rurales que es donde hay problemas de acceso geográfico, lo que debe ser revertido. Nuevas alternativas como las ELITEs o brigadas itinerantes, los hogares de espera materna y el mejoramiento de infraestructura y equipos en algunas zonas ha sido hasta la fecha muy limitados y carentes de dirección nacional, requiriendo una evaluación pormenorizada y un impulso y un presupuesto mucho mayor.
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Las barreras geográficas se agravan por problemas organizacionales, con horarios de atención inadecuados y parciales, con redes de servicios débilmente organizadas, y con problemas transporte hacia niveles de mediana y alta complejidad irresueltos en muchos casos. La descentralización con empoderamiento ciudadano y cogestión de los servicios, y la organización de redes que incluyan a los actuales establecimientos y servicios del MINSA, EsSalud, Sanidades y privados y que cuenten con adecuados sistemas de comunicación y transporte, son fundamentales. En ese sentido, tiene que iniciarse una Reforma del sistema de salud que integre los diversos segmentos en los que está dividida la atención de salud en el Perú, situación que genera ineficiencia e inequidad.

Finalmente, ha habido también avances en relación a las barreras culturales con las iniciativas de parto culturalmente adaptado, pero estas iniciativas no se han extendido a otros servicios ni han resuelto el tema de la interculturalidad de los servicios, el que debe ser atendido con prioridad.
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CUARTO RETO: GOBIERNO EFECTIVO Y DEMOCRÁTICO EN SALUD

El gobierno en salud o, como se le llama en el lenguaje salubrista, “rectoría”, implica la capacidad de establecer reglas claras y de lograr el compromiso de los diversos actores, públicos y privados, en torno a las estrategias trazadas. Pero en nuestro país el Ministerio de Salud es débil y no se ha adaptado a la descentralización; existe además otro actor público muy importante como EsSalud que no le hace caso al Ministerio; los problemas de corrupción prevalecen; el Ministerio no tiene una buena relación con los médicos, profesionales y trabajadores; y la regulación de alimentos, medicinas, clínicas privadas, facultades, daños ambientales, es debilísima. ¿Si el gobierno no gobierna, cómo va a mejorar la salud pública?

La descentralización en salud es un primer gran reto a este respecto. El Ministerio debe tener políticas claras y organismos destinados a relacionarse adecuadamente con las direcciones regionales de salud y grandes hospitales, dentro de una política orientada a reducir las grandes inequidades existentes en la salud en el Perú. Por otro lado, los gobiernos regionales tienen que asumir que ellos son los que tienen, en la práctica, el gobierno en salud: tienen el presupuesto y nombran autónomamente a los directores regionales de salud. Deben gobernar en coordinación con el gobierno central y siguiendo las políticas nacionales, es verdad, pero eso no les quita la responsabilidad de gobernar, que en muchos casos las gerencias de desarrollo social y las direcciones regionales de salud no están asumiendo, limitándose a actuar inercialmente.

También tiene que definirse la política en relación a las redes del primer nivel de atención de salud; el gobierno ha oscilado entre una anunciada municipalización que ni se ha iniciado y una nueva Ley de CLAS. Los CLAS han sido una experiencia importante en la que las propias comunidades eligen a sus representantes para cogestionar los centros y puestos de salud con el Ministerio, pero han tenido muy poco apoyo y en algunos casos han llegado a ser espacios de manipulación. Además, en los últimos años con el nombramiento de médicos y profesionales de la salud se les ha quitado toda posibilidad de decisión en este aspecto clave, y se ha regresado a la vieja situación de una rápida migración de médicos de zonas rurales a los hospitales principales. Pero si se apuesta por los CLAS como un espacio en el que convergen Ministerio, regiones y municipios con una amplia participación ciudadana, se establecen metas claras, se les otorga presupuesto, se les da flexibilidad para el manejo de recursos con transparencia y rendición de cuentas, y se establece una nueva legislación laboral que combine adecuadamente derechos fundamentales para los médicos y profesionales con empoderamiento de las poblaciones locales, pueden ser muy eficaces en mejorar la situación de salud.

A nivel central, un primer problema a resolver es el de la corrupción e incapacidad. La creación de una carrera pública en el gobierno en salud, que es distinto a los servicios en salud, es una necesidad urgente. El Ministerio de Salud ha tenido equipos eficientes en varias etapas y varios rubros, pero no tienen continuidad. Una burocracia altamente calificada, motivada y basada en el mérito, es una necesidad urgente. Por cierto, para ello hay que desterrar la idea de que el ministro de salud tiene que ser médico administrador de hospitales, ya que el gobierno en salud es bastante más que la atención hospitalaria. Un gobierno efectivo en salud debe superar la segmentación, estableciéndose claramente la rectoría del MINSA sobre EsSalud: ningún gobierno con dos cabezas es eficaz. Finalmente, last but not least, el gobierno en salud tiene que basarse en la búsqueda activa de consensos políticos y sociales. Ya no se puede gobernar en base a úkases administrativos, sino en base al convencimiento, al diálogo y a la comunión de voluntades.
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Debemos tener un Plan Nacional Concertado en Salud, que no sea solamente un libro técnico sino sobretodo un consenso social, un convencimiento nacional, cuyos forjadores trasciendan al sector. El proceso participativo para lograrlo requiere una construcción descentralizada en todas las provincias del país, y sin duda no será fácil el diálogo entre actores muy disímiles y que han estado desconectados durante mucho tiempo, pero es mejor hacer con paciencia y bien algo que dure y sea consistente técnica y socialmente, que volver a publicar otro “Plan” que será olvidado al primer cambio de ministro, sino antes.
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[1] Las enmiendas introducidas en el 2007 por los demócratas en Estados Unidos ha disminuido sustancialmente este riesgo a la salud pública, el que sin embargo puede reavivarse con los Acuerdos Comerciales con la Unión Europea y el grupo de países llamado EFTA.

La Huelga Minera

viernes, 2 de noviembre de 2007

La Federación de Trabajadores Mineros inicia una huelga nacional el lunes 5 de noviembre próximo. Más allá de los reclamos específicos, las coordenadas de esta huelga la ubican en el centro de dos debates políticos nacionales. El primero son las demandas por una mejor distribución de las extraordinarias ganancias que están teniendo la empresas mineras debido a los altos precios de los metales en el mercado mundial. El segundo es la necesidad de reestablecer derechos laborales básicos, violentados por el abuso que significa el sistema de services, el despido de sindicalistas y los bajos salarios pagados.

Buena parte de los reclamos que sustenta la huelga minera están orientados, precisamente, a que los trabajadores mineros reciban una mayor parte de la renta minera. Los mecanismos son varios, destacando la distribución de utilidades a los trabajadores y la defensa de un régimen especial de jubilación para los trabajadores mineros. Dado que las empresas mineras generan pocos empleos, sus costos laborales son una pequeña proporción de sus costos totales, y pueden dar fuertes beneficios a los trabajadores sin que ello melle de manera importante sus ganancias. Al mismo tiempo, no debe olvidarse que la minería depende principalmente de la riqueza del recurso natural, que pertenece a toda la nación, por lo que el principal espacio hacia el que debe distribuirse mejor las ganancias extraordinarias de las empresas mineras es hacia la sociedad en su conjunto, y en particular hacia las regiones y provincias de nuestra serranía, donde esos recursos se encuentran. Por ello, la demanda común de una mejor distribución, compartida por trabajadores mineros, y por campesinos y pobladores, debe llevar a redoblar esfuerzos por mejorar las conexiones y alianzas entre ambos grupos.

Por otro lado, sin embargo, la huelga minera exige que se acabe el sistema de las services y se respeten los derechos laborales. En este sentido, comparten una demanda con el conjunto de trabajadores peruanos, y en particular con el movimiento sindical. No es sólo en la minería donde este sistema de services y despido de sindicalistas ha frenado enormemente la capacidad de los trabajadores de organizarse y defender derecho básicos y buscar mejores condiciones salariales, de trabajo y de seguridad y salud. También en los textiles, la agroindustria y diversos otros sectores, ha habido estos abusos, que el propio Alan García denunciara durante su campaña electoral y prometiera acabar con ellos. Recientemente, hemos visto a la ministra de Trabajo Susana Pinilla, en una actuación a saludar, fiscalizando e insistiendo en el respeto a los derechos básicos en la empresa Textil San Sebastián, aunque todavía no logra que efectivamente se repongan a los trabajadores y dirigentes despedidos. La huelga minera se justifica en este demanda por la lenidad del gobierno que sigue permitiendo situaciones completamente abusivas contra los trabajadores.
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Según un artículo reciente del Presidente García, los trabajadores mineros con esta medida de huelga serían unos perros del hortelano, que no comen ni dejan comer. En realidad, el problema está en la enorme injusticia de como se apropian de la riqueza minera quienes, en alianza con el gobierno, se apropian de recursos naturales que pertenecen a todos los peruanos. Y en la enorme injusticia de reglas laborales que impiden derechos laborales básicos. No hay que olvidar que es gracias al trabajo y esfuerzo de los trabajadores que las empresas mineras pueden terminar haciendo sus enormes ganancias. Los trabajadores no solo no son el perro del hortelano, son un componente esencial en la extracción del recurso y generación de las ganancias. Hacerles un espacio en la mesa con reglas más justa para su contratación, debe ser parte de nuevas reglas nacionales que repartan mejor la riqueza y aseguren los derechos laborales fundamentales para todos los peruanos.

Por un ministerio que proteja la salud de las personas

lunes, 29 de octubre de 2007

Ante los últimos acontecimientos del sector que muestran hechos flagrantes de corrupción y una gran debilidad en la gestión y liderazgo, la salud pública se encuentra en emergencia. ¡Cuanto tiempo mas los peruanos y peruanas debemos esperar por políticas de estado que protejan la salud y derechos mas elementales de las personas!

El sistema público de salud esta en emergencia. Así lo evidencian las cuatro personas fallecidas después de haberse vacunado contra la fiebre amarilla y los casos comprobados de personas contaminadas con VIH-SIDA en los bancos de sangre de establecimientos públicos de salud, entre ellos una niña contaminada en un hospital público de Chimbote que ha fallecido recientemente. Están también para probarlo el desabastecimiento temporal de insumos de planificación familiar y la violación de derechos humanos de los pacientes de salud mental claramente identificadas en el reporte del Relator de Naciones Unidas y de la Defensoría del Pueblo, entre otros.

El Perú vive un crecimiento sostenido pero la salud sigue siendo relegada en el presupuesto publico, agravándose así los ya graves problemas de un sistema sanitario que no garantiza la salud.

La corrupción no se limita al sonado caso de las compras sobrevaluadas de alimentos del SIS. También está la modificación del reglamento de ensayos clínicos, que resta derechos a las personas que se someten a estos experimentos y que beneficia al propio Ministro del ramo; y la compra de píldoras anticonceptivas en mal estado distribuidas por ESKE Group, de propiedad del médico que atiene al hijo del Presidente García.

Ante esta situación, ForoSalud y las organizaciones de la sociedad civil que suscriben, hacemos un llamado para que los poderes Ejecutivo y Legislativo tomen decisiones que contribuyan al bien público. Creemos necesarios cambios radicales que permitan una profunda reforma sanitaria, por lo que proponemos:
  1. Cambio de autoridades en salud, por personas que evidencien capacidad técnica, actitud concertadora, honradez, experiencia en salud pública y vocación de servicio al país.
  2. Facilitar el acceso de la población pobre a la salud, aprobando la Ley de Aseguramiento Universal propuesta por el Foro Salud y el Colegio Medico del Perú y respaldada por mas de 52,000 firmas de la ciudadanía.
  3. Promover la calidad y asegurar los derechos de los pacientes, mediante la inmediata aprobación de la Ley de Derechos de los Usuarios de los Servicios de Salud, iniciativa legislativa presentada por Foro Salud con el respaldo de mas de 100,000 firmas. El mal llamado SOAT médico sólo asegura beneficios a las aseguradores y costos para los profesionales de salud..
  4. Protección de la salud de las comunidades expuestas a la contaminación de la minería y otras actividades económicas de gran escala.
  5. Implementar planes y estrategias sanitarias nacionales y regionales en promoción, prevención y mejora continua de la calidad de los servicios de salud, en particular hacia los grupos excluidos.
  6. Profundizar y fortalecer la descentralización del sector salud, transfiriendo funciones y competencias a las regiones que aun no se han realizado dada la inacción de las actuales autoridades del MINSA.
  7. Fortalecimiento de la red de centros y puestos de salud, promoviendo la participación social mediante los CLAS e invirtiendo en capacidades para la gestión compartida de los centros de salud.
  8. La ampliación de la participación ciudadana en salud, abriendo las puertas a los diversos grupos de la sociedad civil en el Consejo Nacional y los Consejos Regionales de Salud.
  9. La ampliación del Presupuesto de la República destinado al sector salud, estableciendo mecanismos de transparencia en el gasto público e indicadores de eficiencia y eficacia.
  10. Rendición de cuentas por parte del Ministerio de Salud ante la ciudadanía en la próxima Conferencia Nacional de Salud.

El Síndrome del Perro de Presa

Hecho 1: El gobierno rebaja los aranceles (impuestos a la importación) afectando a la industria nacional. Ante las protestas, rebaja los aranceles a nuevos productos, con lo cual desprotege a estos sectores, desvistiendo a un santo para vestir a otro. Hecho 2: Alan García publica un artículo periodístico proponiendo que la clave para el desarrollo nacional es la extracción de madera, minerales y petróleo. Conclusión: el gobierno no tiene política industrial, simplemente porque la industria no le parece importante.

Algunas preguntas claves permiten analizar la política industrial del gobierno. ¿Cuál es la política para promover productos que tengan valor agregado y facilitar el avance tecnológico? No conocemos ninguna. ¿Qué viene haciendo el gobierno para promover la innovación e investigación? Casi nada. ¿Qué planificación estratégica se ha hecho seleccionando ramas que puedan ser puntales del desarrollo y diseñando políticas de promoción? Pero si el Centro de Planeamiento Estratégico sigue sin funcionar.¿A qué estrategia de negociaciones comerciales responde la rebaja de aranceles? Hasta la ministra de comercio exterior ha reconocido que esa medida reduce nuestra capacidad negociadora.

La política del gobierno para favorecer a los industriales es mantener el “cholo barato”, con las services, el despido de dirigentes sindicales y el salario ultra-mínimo. Pero con esta política apenas si se puede competir en productos poco avanzados tecnológicamente, basados en mano de obra no calificada, lo que nos mantiene en el subdesarrollo.

La preferencia del gobierno por la extracción de recursos naturales es clara. En su artículo reciente, Alan García presenta la estrategia: la privatización de los bosques amazónicos, la venta de las tierras comunales y la despreocupación ante la contaminación ambiental minera. Se trata de expropiar o arrinconar a los campesinos, nativos o pobladores que viven junto a recursos naturales, para darles la propiedad y los derechos de extracción a grandes empresas.

Según García, los peruanos pobres y excluidos son como el “perro del hortelano”, que no come ni deja comer. Alan García escribe como si todos estuviéramos invitados a la mesa de las extraordinarias ganancias mineras o petroleras, que comen y dejan comer. Pero bien sabemos que no es así, que falta empleo y que las riquezas naturales de la Nación terminan en unos pocos bolsillos. Mas bien la política de García y las mineras es la del “perro de presa”, actuando para apropiarse del recurso y no compartirlo con nadie, y olvidándose del gran reto económico moderno: crear valor.

Este gobierno le dice no a la industria y al avance tecnológico, y opta por un modelo de extracción y apropiación privada de nuestra riqueza natural, que profundiza el sudesarrollo y la exclusión. Pobre Perú, tener que aguantarlo otros cuatro años.

SOLIDARIDAD CON FARID MATUK

El Presidente García lo llamó prófugo cuando no había cargos en su contra, pero si una polémica abierta en relación a la validez del Censo 2007. Pocos días después, en uno de sus últimos actos como juez, Carolina Lizárraga, quien debe su puesto actual a Alan García, lo somete a juicio. ¡Pero vaya, qué coincidencia! No cabe duda que Farid Matuk es sujeto de una persecución política por no haberse sometido al actual régimen. Eso no debe permitirse.

Ministro Vallejos: Quizá corrupto, con seguridad incapaz

viernes, 26 de octubre de 2007

El Ministro de Salud Carlos Vallejos ha tenido cuestionamientos por corrupción que se han sucedido uno tras otro: compra de ambulancias que tuvo que ser anulada, cambio del reglamento de ensayos clínicos para favorecer al propio ministro arriesgando a los pacientes, compras sobrevaluadas de alimentos del SIS, el SIS pasándole plata al INEI como si no éste no tuviera su propio presupuesto, compras de preservativos malogrados a la empresa de un médico aprista que trata al último hijo del Presidente, etc.

Él responde que eran sus viceministros, jefes, funcionarios nombrados, pero no sabía nada. Puede ser. Poco creíble, pero factible. A lo mejor Vallejos no es corrupto, solo sucede que los funcionarios y su entorno lo son, por docenas.

A ello se suma que salud no ha podido todavía gastar el presupuesto para inversiones que le dieron hace más de un año. Y que los problemas de hospitales que en vez de sanar enferman a la gente, como los varios casos de personas infectadas con VIH / SID, se multiplican. Incapaz de controlar la corrupción, incapaz de gestionar su sector.

Pero lo que no se ha resaltado suficiente es la mala orientación de la política de salud. Para empezar, siguen sin darle al sector salud los fondos presupuestales necesarios para cumplir su misión; salud sigue siendo la última rueda del coche. En segundo lugar, la inexistencia de ninguna propuesta de reforma para el sector salud. La descentralización, bien gracias, mientras la propuesta de municipalización anunciada por Alan García pasó al olvido. La atención primaria de la salud abandonada. En tercer lugar, ninguna respuesta a los serios problemas de calidad en la atención de salud, dejando sin aprobar la ley de derechos de los pacientes que Forosalud presentara con el respaldo de 100 mil firmas ciudadanas hace más de un año. Finalmente, frente a los serios problemas de contaminación ambiental que afectan a la salud, como en el caso de La Oroya y otras zonas mineras, el ministerio que debiera defender la salud pública brilla por su ausencia.

En esas condiciones, no sorprende que la interpelación al ministro Vallejos fuera aprobada en el Congreso. Sorprende más bien que los congresistas de Unidad Nacional no hayan votado a favor: alguna razón tendrán que desconocemos.
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Estando la salud pública abandonada y maltratada por el gobierno, tenemos que ser los peruanos de toda condición, los que defendamos la salud pública. Los ciudadanos debemos informarnos sobre como proteger y mejorar nuestra salud, y reclamar nuestros derechos ante los descuidos del gobierno y de quienes dirigen el ministerio de salud. Empecemos por casa, con una primera acción de reclamo ciudadano: Ministro Carlos Vallejos, váyase a su casa, como merece.

La salud está enferma, el ministro debe irse a su casa

viernes, 19 de octubre de 2007

La interpelación al Ministro de Salud Carlos Vallejos responde a la pésima gestión del gobierno actual en relación a la salud pública. No se trata solo de los cuestionamientos por corrupción que se han sucedido uno tras otro: compra de ambulancias que tuvo que ser anulada, cambio del reglamento de ensayos clínicos para favorecer al propio ministro arriesgando a los pacientes, compras sobrevaluadas de alimentos del SIS, el SIS pasándole plata al INEI como si no éste no tuviera su propio presupuesto, compras de preservativos malogrados a la empresa de un médico aprista que trata al último hijo del Presidente, etc.

A ello se suma que salud no ha podido todavía gastar el presupuesto para inversiones que le dieron hace más de un año. Y que los problemas de hospitales que en vez de sanar enferman a la gente, como los varios casos de personas infectadas con VIH / SID, se multiplican.

Pero lo que no se ha resaltado suficiente es la mala orientación de la política de salud. Para empezar, siguen sin darle al sector salud los fondos presupuestales necesarios para cumplir su misión; salud sigue siendo la última rueda del coche. En segundo lugar, la inexistencia de ninguna propuesta de reforma para el sector salud. La descentralización, bien gracias, mientras la propuesta de municipalización anunciada por Alan García pasó al olvido. La atención primaria de la salud abandonada. En tercer lugar, ninguna respuesta a los serios problemas de calidad en la atención de salud, dejando sin aprobar la ley de derechos de los pacientes que Forosalud presentara con el respaldo de 100 mil firmas ciudadanas hace más de un año. Finalmente, frente a los serios problemas de contaminación ambiental que afectan a la salud, como en el caso de La Oroya y otras zonas mineras, el ministerio que debiera defender la salud pública brilla por su ausencia.

En esas condiciones, no sorprende que la interpelación al ministro Vallejos fuera aprobada en el Congreso. Sorprende más bien que los congresistas de Unidad Nacional no hayan votado a favor: alguna razón tendrán que desconocemos.
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Estando la salud pública abandonada y maltratada por el gobierno, tenemos que ser los peruanos de toda condición, los que defendamos la salud pública. La aprobación en el congreso de una ley para los CLAS, que le dan a la gente una forma de opinar y participar en la gestión de su centro de salud, es una noticia favorable. Los municipios y gobiernos regionales tienen que ponerse las pilas, defender la salud pública, reaccionar ante los peligros de la contaminación ambiental y promover los CLAS como una alternativa para mejorar la salud pública. Los ciudadanos debemos informarnos sobre como proteger y mejorar nuestra salud, y reclamar nuestros derechos ante los descuidos del gobierno y de quienes dirigen el ministerio de salud. Carlos Vallejos, que se vaya a su casa, como merece.

El Terremoto socioeconómico posible

martes, 9 de octubre de 2007

Dos son los grandes retos de largo plazo de la economía peruana actual: mantener el crecimiento económico y mejorar sustancialmente la distribución de ingresos.

El gobierno actual piensa que, para mantener el crecimiento, la prioridad es la exportación de productos primarios, como se ha visto claramente en los recientes debates y medidas en torno a la minería. Para el gobierno y sus aliados de la Confiep esto pasa por sacar del camino a una población reclamona, sin preocuparse ni por los problemas de la pobreza ni por la extrema concentración de la riqueza.

En un contexto en que el precio del cobre supera los 3,50 dólares la libra y el oro se proyecta hasta 1,000 dólares la onza, las empresas mineras logran ganancias extraordinarias. Dada nuestra gran riqueza geológica, la atracción para que las trasnacionales mineras inviertan en nuestro país es enorme, asegurando una base económica para esta propuesta. En el corto plazo, el problema central a resolver en esta estrategia es la resistencia de los pueblos del interior del país a seguir viendo como las empresas mineras se llevan la riqueza dejando muy poco desarrollo y, en demasiados casos, dejando aguas contaminadas. Para ello, el gobierno y las trasnacionales tienen un elemento a su favor: los cientos de millones de dólares de ganancias que representa cada una de estas minas, del que bastaría que inviertan una parte en pro del desarrollo y el bienestar de las comunidades cercanas para ganarse mucha buena fe. La avaricia y la incapacidad de realizar esas inversiones por parte de quienes dirigen el gobierno y las empresas mineras, así como su extendida falta de respeto hacia los campesinos que viven en esas zonas, son sus principales deficiencias para lograrlo.

Pero en este artículo no queremos centrarnos en el corto plazo, sino en el mediano plazo. Esta estrategia de desarrollo tiene dos problemas centrales, que podrían conectarse de una manera trágica dentro de unos (¿pocos?) años. El primero es la insostenibilidad económica del crecimiento, en el caso (probable) de que dentro de un tiempo los precios de los metales empiecen a retroceder en el mundo. Ya sea porque la economía mundial entre en recesión, ya sea porque se desarrollen muchas nuevas minas en otros países, ya sea porque nuevos productos sustitutos aparezcan, este es un futuro probable. Al menos, así ha pasado en los últimos 150 años, y los metales no son lo mismo que el petróleo. A menudo, esas caídas de precios han sido abruptas, ya que los mercados no son para nada eficientes previendo el futuro.

Cuando eso suceda, dos ondas golpearán la economía peruana simultáneamente. La primera será la subida del dólar, que podría ser contenida por el Banco Central dadas sus grandes reservas, pero solo de manera parcial y temporal. El alza del dólar afectará sobretodo a quienes han tomado créditos (hipotecarios y de otro tipo) en dólares. La segunda onda caerá sobre el gobierno, cuyos ingresos hoy dependen en alta proporción de la minería. El gobierno central podría defender parte del gasto incurriendo en algún déficit o elevando algunos impuestos, pero aquellos gobiernos regionales y municipios que hoy se financian básicamente entrarán rápidamente en quiebra.

Salud sin mejorar

lunes, 17 de septiembre de 2007

Que los hospitales y centros de salud dan una atención que deja mucho que desear, no es ninguna novedad. La falta de presupuesto y la dejadez gubernamental, junto a necesidades cada vez mayores de la población, han puesto al sistema de salud en una situación crítica. Esto se expresa una vez más en las serias deficiencias de los bancos de sangre.

A pesar de que hace casi tres años 7 niños y una madre se infectaron con VIH / SIDA en un hospital de Lima, hoy nuevamente lamentamos un hecho parecido. El riesgo de contaminación por VIH / SIDA en la sangre que se usa en transfusiones no puede ser eliminado totalmente, debido a que en el llamado “periodo de ventana” las pruebas de laboratorio no pueden identificar la sangre contaminada. Pero sabemos también que en el Perú ese riesgo aumenta debido a que no se usan los métodos e insumos más eficaces, a que el personal que gestiona algunos bancos de sangre no está bien calificado, a la falta de sangre donada voluntariamente y a que la relación con los donantes de sangre para identificar los casos riesgosos no recibe la atención requerida.

La infección de la sra. Judith Rivera muestra que, lamentablemente, la actual gestión del Ministerio de Salud no ha enfrentado este problema sino que ha permitido que continúe. Pero con este ministro de salud esta no es la excepción; es la regla. Carlos Vallejos ha carecido de iniciativas para reformar el sistema de salud en aras de la equidad y la eficiencia. Por el contrario, ha estado atrapado entre compras de ambulancias que tienen que ser anuladas y denuncias de alimentos comprados con sobreprecio, y él mismo se encuentra comprometido por haber emitido un Decreto que restringe los derechos de quienes son sometidos a ensayos clínicos, favoreciéndose personalmente.
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Un cambio es necesario en el Ministerio de Salud, por una gestión ministerial ética y realmente comprometida con la salud pública y capaz de poner en marcha la reforma que asegure a todos los peruanos una atención de salud de calidad.

Minería: Entre la Convención de Arequipa y Majáz

jueves, 13 de septiembre de 2007

Esta semana, en escenarios distintos, se han debatido aspectos claves relacionados con la minería. Por un lado, la Convención Minera de Arequipa que convocó a las principales empresas y autoridades del sector. Por otro lado, el conflicto en la sierra de Piura, que también ocupó la atención de los medios y provocó una visita apurada del primer ministro que buscaba desactivar la consulta anunciada. Estos escenarios reflejan las brechas que existen en la minería en el Perú.

¿El crecimiento minero se detiene?

En los pasados quince años la minería peruana ha estado en el mayor ciclo expansivo de los últimos sesenta años. En la década del 90 el crecimiento del producto minero alcanzó un promedio anual de 8.6% y en los primeros seis años de la presente década llegó a 7.6%. Las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual 2008-2010 del MEF, señalan que el sector minería e hidrocarburos crecerá 6.4% el 2008, 7% el 2009 y 12% en el 2010.

El proyecto es que la expansión siga y para los próximos cinco años se anuncian más de 11 mil millones de dólares en inversiones. Para lograr la meta, la idea fuerza del gobierno y las empresas es blindar el marco legal, esperando que los recursos vía canon, aportes voluntarios y regalías, ayudarán a generar la aceptación de las poblaciones locales. Por lo tanto, la consigna parece ser no mover nada y olvidarse de cualquier reforma.

Sin embargo, todo indica que algo viene fallando. El crecimiento minero comienza a mostrar síntomas de agotamiento: el año pasado el PBI minero creció apenas 0.5% y en lo que va del año viene cayendo en más de 2 puntos porcentuales, destacando el derrumbe de la producción del oro (-23 %).

La respuesta del gobierno y las empresas es que el estancamiento de la producción se debe a los conflictos y no les falta razón. El problema es que a continuación explican que estos conflictos son en realidad provocados por la acción de organizaciones antimineras, que desinforman y manipulan a las poblaciones. La figura es casi una confrontación entre buenos contra malos; o como ha dicho esta semana el primer ministro, patriotas contra antipatriotas, que no quieren que el Perú se desarrolle. ¿Es así de simple? La realidad parece ser más compleja.

Los verdaderos problemas

Un análisis del Banco Mundial concluye que los conflictos mineros se producen porque: (1) los ingresos generados por la minería no llegan a las comunidades afectadas; (2) se realiza minería en áreas socialmente sensibles; (3) la degradación ambiental es un serio problema; (4) un sistema de regulación inadecuado y una débil capacidad gubernamental que limita la contribución de la minería al desarrollo. Cualquier parecido con nuestra realidad no es coincidencia.

Un primer punto de la agenda pendiente de la minería en el Perú es la gobernabilidad: es necesario recuperar capacidad efectiva de gestión pública. Entre otras dimensiones, creando una autoridad independiente que enfrente el gran reto de la degradación ambiental en el país. Según el Banco Mundial, el costo de la degradación ambiental en el Perú es de 8,200 millones de soles, lo que equivale al 3.9% del PBI. Este mismo organismo acaba de cuestionar aspectos técnicos de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y la limitada capacidad del Ministerio de Energía y Minas para revisar, realizar consultas y evaluar estos estudios de manera eficiente.
Otro tema relevante de la agenda minera es cómo promover mecanismos de participación ciudadana que sean al mismo tiempo serios, oportunos e informados. El debate sobre la consulta de Majaz expresa en parte esta frustración de poblaciones que no son adecuadamente informadas y cuyas opiniones no tienen ninguna influencia en la toma de decisiones. Parte de la agenda también está relacionada con el tema laboral y la necesidad de mejorar las condiciones del mayoritario empleo precario que se da en el sector.


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RECUADRO: EL APORTE FISCAL DE LA MINERIA

El tema de los ingresos fiscales provenientes de la minería debe retomarse con seriedad, más aún en una situación de bonanza de precios. Las sobreganancias obtenidas por las empresas, debido al incremento de las cotizaciones, suman US$ 10,563 millones en el período 2002-2006. En este contexto, entre los distintos impuestos que se recaudan en minería, el que ha mostrado mayor dinamismo es el Impuesto a la Renta, que se aplica sobre las ganancias. La participación del sector en la recaudación total de este impuesto, de apenas 7.7% durante 1998-2001, subió a 22.9% durante el período 2002-2006, alcanzando un 37.0% durante 2005-2006.

Sin embargo, en un reciente estudio realizado por CooperAccion, se destaca que la participación relativa del sector minero en la recaudación total de tributos internos es aún baja: entre 1998-2006, la presión tributaria promedio de la minería (11.1%) estuvo por debajo de la presión tributaria promedio del país para ese mismo período (13.1%). Tres factores explican esta baja participación de la minería en la recaudación de tributos internos: 1) el Impuesto a la Renta no es el más importante dentro de la estructura tributaria del país, 2) una mínima participación en la recaudación del IGV, impuesto que es el de mayor importancia en la estructura tributaria del país; y 3) una política tributaria sectorial muy permisiva.
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Se hace necesario abordar estos y otros puntos adicionales, ausentes hoy en día en los mecanismos de la política minera en el Perú. A estas alturas, está claro que el marco legal e institucional que se creó a inicios de la década pasada y que demostró ser sumamente eficaz para captar inversiones muestra síntomas de agotamiento.

Todo indica que será muy difícil revertir esta situación sin abordar cambios en las reglas de juego y sin tener una actitud de mayor apertura y tolerancia en temas cruciales que están a la base de los conflictos. Las empresas y el gobierno deberían ser los primeros interesados en proponer un debate serio que permita abordar estos y otros temas.

Poniendo la Mineria bajo la lupa

lunes, 13 de agosto de 2007

Hay siete ejecutivos en el Perú que ganan más de un millón de soles anuales. Se concentran principalmente en el sector minero, según la consultora Deloitte. El sueldo más alto de un gerente en el Perú es de un millón 400 mil soles anuales: el equivalente a 120 mil soles mensuales.

Trato de imaginarme qué haría si recibiera 120 mil soles todos los meses, mes tras mes, año tras año. ¿Me compraría un departamento y lo amoblaría todos los meses? Con 120 mil soles lo puedo hacer. ¿O mejor ahorro y me compro una casa grande cada tres meses? ¿Pero qué me haría con tantas casas? ¿Gastaría en yates, playas completas para mí solo, mayordomos? ¿En qué puede una persona gastar 120 mil soles TODOS los meses del año?

Pero si lo que ganan los gerentes parece mucho, miren lo que ganan los dueños de las empresas. Los propietarios de las acciones tipo C de Southern Peru Copper Corp han visto cómo sus acciones han pasado de valer 10 mil millones de dólares hace un año, a valer 27 mil millones hoy: una ganancia de 17 mil millones de dólares, más de 50 mil millones de soles. Esta cifra definitivamente escapa a mi imaginación. No sé calcular cuántas maletas llenas de billetes se necesitarían para poner todo ese dinero. ¿En obreros, cuanto sería?

Pues lo que ha ganado ese grupo con sus acciones, solo de esa empresa, en el último año, es más que lo que ganan TODOS los obreros del Perú, de todos los sectores y empresas, en un año. Un obrero en el Perú gana en promedio 980 soles mensuales. Si juntamos los salarios de un millón de trabajadores peruanos, mes a mes, durante todo el año, no alcanzamos la suma de lo que han ganado un grupo de accionistas de Southern.

Felizmente, pensarán nuestros lectores, el Estado obtiene parte de esas ganancias mediante impuestos. De esa manera, dirán, algo nos toca al resto de los peruanos. ERROR. Quien piensa así está equivocado. La ley peruana establece que quienes tienen acciones en la bolsa y obtienen ganancias porque estas suben de precio no pagan impuestos por eso. A usted y a mí, trabajadores dependientes, cada vez que recibimos nuestro cheque mensual ya nos descontaron el impuesto a la renta. Pero por las ganancias obtenidas en la bolsa de valores no se paga nada, ni un sol, cero, nil.

Southern es una de las tres grandes empresas mineras del Perú, junto con Antamina y Yanacocha concentran la mitad de toda la producción minera nacional, pero no podemos dar cifras similares de Antamina porque no cotiza en la bolsa de valores. Sin embargo sabemos que Antamina aumentó sus ingresos en US$ 2,500 millones anuales solo por efecto del aumento internacional de los precios del cobre: dinero llovido del cielo, lotería feliz.

Y no olvidemos que muchas de estas grandes empresas mineras se han beneficiado a menudo con cuestionables privilegios tributarios que les han permitido reducir indebidamente su pago de impuestos. Ahí esta fresco el caso de Barrick Misquichilca, que recurrió mañosamente a una obscura ley dictada durante el fujimorismo -que permitía depreciar dos veces los activos de empresas que se fusionaban- para mañosamente crear una empresa de papel, que no existía, con la cual fusionarse y así, indebidamente dejar de pagar US$ 140 millones de dólares en impuestos, de los que la mitad (US$ 70 millones) le correspondían al canon minero de Ancash. Así, ha sido la región la principal perjudicada por esta injusticia, que es sólo una de las muchas que han sucedido cuando las poderosas empresas mineras han inclinado para su lado la balanza de una justicia que no es ni ciega ni equitativa.

www.bajolalupa.net


Óbolo voluntario: si solo nos dieran la mitad

El año pasado, las principales empresas mineras tuvieron ganancias por 22 mil millones de soles. Diez mil millones de soles más que el año anterior, gracias a que los precios del cobre y el zinc se cuadruplicaron y los precios de los otros metales se duplicaron.

El gobierno aprista ha negociado que las empresas aporten 500 millones de soles anuales al "Programa minero de solidaridad con el pueblo", apenas el 5% de las sobreganancias. En cambio en Ecuador las empresas petroleras deben pagar un impuesto a las sobreganancias del 50%. En Botswana el Estado recibe el 80% de las utilidades de la principal mina de diamantes, que es su riqueza mineral, gracias a lo cual es el país del mundo que más ha crecido económicamente desde 1960.

Esto haríamos con S/. 5 mil millones

Si nuestro gobierno hubiera hecho como Ecuador, recibiría no 500 sino 5 mil millones de soles ANUALES. ¿Cuál es la diferencia?

Con este dinero se podría:

Otorgar S/. 100 mensuales a TODAS las familias pobres extremas del Perú: Un total de S/. 900 millones.

Hacer gratis la atención, medicinas, diagnósticos y operaciones en los hospitales y centros del Ministerio de Salud, y tener brigadas de salud itinerantes en 100 provincias con zonas alejadas: S/. 600 millones.

Dar pensiones básicas de S/. 200 mensuales a todos los peruanos mayores de 65 años que habitan en el campo: Un total de S/. 800 millones.

Dar mil soles por aula, para su refacción y mobiliario, a las asociaciones de padres de familias y directores de colegios públicos: Un total de S/. 300 millones.

Construir sistemas de agua potable para 3 mil pueblos rurales donde viven millón y medio de familias: S/. 1,000 millones.

Duplicar los beneficios entregados a los comités del vaso de leche y comedores populares, otorgando a las madres organizadas recursos para proyectos sociales y económicos: S/. 400 millones.

Alan 2 en 10 frases cortas

viernes, 13 de abril de 2007

Alan 2 gobierna en alianza con el fujimorismo. Facilita que se exonere a Fujimori de sus responsabilidades por corrupción, dejando sin respaldo el pedido de extradición de Chile. Gobierna con sus jefes militares (Giampietri) y primeros ministros (Pandolfi). Tiene como ministros a aliados de Fujimori (Rafael Rey), que no tiene vergüenza en decir que trabajaría con Montesinos.

Alan 2 prefiere claramente a los EEUU y sus aliados neoliberales en la región – Colombia y Chile – en su política exterior. A favor del TLC con EEUU, suscribiendo a escondidas un TLC con Chile, manteniendo la política anti-drogas dictada por Washington desde hace años, distanciado de los focos alternativos en la región.

Alan 2 sigue la misma política económica neoliberal de Fujimori y Toledo. Prácticamente ningún cambio. Lo prometido en la campaña se olvidó muy rápidamente: desconocer la firma del TLC, eliminar las services, establecer impuestos a las sobreganancias mineras. La “libre” desafiliación de las AFPs es restringida y no es libre. Entregó el Banco Central a Unidad Nacional, que por ultraliberal deja caer el tipo de cambio afectando a los exportadores.

Alan 2 tiene buenos resultados económicos que benefician sobretodo a los de arriba. El crecimiento económico se acelera, gracias a una combinación de precios internacionales altos de los minerales, una situación macroeconómica muy sólida que le dejó la administración anterior y la mayor confianza de los empresarios por el respaldo que les significa un APRA aliado estrechamente a la Confiep.

Alan 2 tiene una economía que empieza a chorrear un poco más por la pura inercia. La construcción sigue ampliándose. El empleo viene creciendo al 6% anual en el último par de años. El auge de precios internacionales de minerales ha hecho que, a pesar que la mayor parte de las ganancias se la llevan las empresas, la recaudación tributaria está mejor que nunca y el gobierno puede gastar sin recelos.

Alan 2 mantiene una distribución hiper-desigual del ingreso. Los sectores sociales, la educación, la salud, la seguridad social, los programas nutricionales, no se mejoran. El “shock” de inversiones no se siente en las provincias. Alan 2 no aprovecha nuestros recursos naturales, que hoy tienen precios altísimos, a favor del pueblo peruano.

Alan 2 es claramente centralista en la realidad, aunque busque ser descentralista en las imágenes. Elimina al CND, no recibe a los presidentes regionales como bloque, y donde estos no le gustan prefiere a alcaldes fujimoristas (como al entregar el proyecto Chinecas al alcalde del Santa). Sus medidas “descentralistas” son de menor envergadura, y la mismo tiempo ataca a gobiernos regionales y municipios por inefectivos en el gasto público.

Alan 2 gobierna sin oposición. Desvistió a Unidad Nacional, quitándole varios de sus dirigentes más destacados. Ollanta Humala se mostró incapaz de organizar una oposición y la amplia bancada elegida tras sus banderas, se dividió y dispersó. El toledismo y el SUTEP fueron golpeados preventivamente con audacia. Los presidentes regionales todavía están acomodándose en sus asientos.

Alan 2 tiene respaldo popular. Lo ayuda una prensa comprada, en parte en forma directa – como La Razón por Garrido Lecca – en parte por la política neoliberal que agrada sus dueños. Lo ayuda una economía que por suerte va bien. Lo ayudan los gestos de austeridad que sabiamente hizo al comienzo.

Alan 2 se enfrenta, probablemente, a cambios en el futuro inmediato. Más reclamos populares, como el de Ancash y los cocaleros. Más opositores, como la marcha de Tacna. Algunos fracasos, como la no aprobación del TLC. Y vientos internacionales que dejen de soplar tan fuerte a favor de la economía peruana como hemos tenido en los últimos dos años.

Seguro de Salud para todos

viernes, 16 de marzo de 2007

Todos los peruanos deben poder atender su salud sin pasar por el sufrimiento de tener que agenciárselas para pagar medicinas y tratamientos a precios que muchas veces están fuera de sus posibilidades económicas. El gobierno habla sobre el tema, pero sin decisión. El Congreso discute varios proyectos de ley al respecto. Un seguro de salud de alcance universal es prioritario y debe abordarse con seriedad y rapidez.

Uno de cada cuatro peruanos no puede atenderse cuando se siente enfermo. Esto se debe a que menos del 25% de peruanos está afiliado a EsSalud, donde las medicinas – cuando las hay – son gratis. En el Ministerio de Salud casi todas las medicinas y tratamientos tienen que ser pagados, a precios menores que en un consultorio o clínica privada, pero que muchas veces están fuera del alcance de los más pobres.

El aseguramiento universal no es un sueño imposible. Lo tienen países como Inglaterra, Canadá, Japón o los países europeos. También han avanzado mucho en esa dirección Chile, Costa Rica, Uruguay, Brasil y Colombia, entre los países vecinos.

Se necesita en primer lugar decisión política y presupuesto público. En países con alta informalidad como el nuestro, el aseguramiento en salud tiene que financiarse principalmente por el Tesoro Público. El mayor avance en aseguramiento en los últimos años ha sido el Seguro Integral de Salud, que funciona de esa manera. Ahora que las arcas fiscales están llenas, es un buen momento para hacerlo. Forosalud propone que se asigne 0,5% del PBI para este fin.

En segundo lugar, se necesita que una sola entidad dirija el proceso. Los carros solo tienen un chofer y los países solo tienen un presidente. Pero la salud en el Perú tiene dos entidades paralelas: el Ministerio de Salud y EsSalud. Todas las experiencias exitosas en la región han acabado con ese paralelismo. Se necesita también una gestión modernizadora, que promueva la coordinación y la eficiencia en los hospitales y centros de salud. Finalmente, hay que hacer un esfuerzo especial por llegar adónde aún no hay centro de salud ni médico.
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El derecho a una atención de salud es un elemento básico de la democracia y del desarrollo. No hay que olvidarlo.

Fusión de Programas Sociales: ¿Reduce la pobreza?

martes, 13 de marzo de 2007

Como parte de un paquete mayor de fusión y desaparición de OPDs, el gobierno anuncia la fusión de los programas sociales. Evaluarla demanda hacer una pregunta central: ¿cómo estas fusiones nos acercan al objetivo de reducir la pobreza?

Una primera respuesta posible es que, suponiendo que esas fusiones reducen un gasto administrativo innecesario, suponiendo que ese dinero ahorrado se destina a gasto social que efectivamente llega a las personas y suponiendo además que no hay reducciones del gasto social por otras razones, entonces esta medida aumentará el gasto destinado a la reducción de la pobreza. Pero, como se indica, esto depende de que:
  1. Haya reducción del gasto administrativo, porque bien pueden juntarse varios organismos en uno solo y no haber menos burocracia inútil.
  2. Este dinero ahorrado se destine al gasto social, porque bien podría destinarse a la compra de fragatas o a otros usos.
  3. La campaña política que significa resaltar una supuesta ineficiencia del gasto social no desemboque en que se recorten otros presupuestos sociales.

La otra respuesta posible es que la fusión de programas sociales aumentaría la eficiencia y eficacia de los mismos. Es decir, que al juntar tres o cinco o más programas sociales en uno solo, estos cambiarán sus estrategias hacia una mejor relación con la población, se dirigirán con mayor precisión a quienes más lo necesitan, lograrán una mayor participación ciudadana, tendrán actividades mejor orientadas al logro de resultados, coordinarán mejor con otros organismos del sector público y gobiernos regionales y locales, tendrán sistemas de monitoreo y evaluación que los conviertan en organismos inteligentes y tendrán gerencias técnicas más capaces. Pero esto también depende de muchas otras decisiones, es evidente que no es nada automático ni directo. Es verdad que una reducción del número de programas sociales puede hacer que estos estén mejor vigilados por la ciudadanía, lo que promueve su eficiencia, y que a su vez se puede concentrar allí los mejores cuadros técnicos, la cooperación internacional y el aprendizaje para elevar su eficacia. Pero también puede suceder que, concentrados, los programas sean aún más apetitosos para que el gobierno los utilice clientelistamente y los puestos de trabajo sean repartidos partidaristamente. También hay el riesgo de que se junten demasiadas actividades diferentes con objetivos separados en una sola entidad, lo que dificultará una buena gestión.

La fusión de programas sociales trae oportunidades, pero no es una panacea en sí misma, y también trae consigo serios riesgos. Lo fundamental en la lucha contra la pobreza es, además de un crecimiento económico inclusivo e intensivo en empleo, aumentar el gasto social que en el Perú es apenas 5,5% del PBI frente a un promedio latinoamericano de 8,2%. Mejorar la eficacia de ese gasto pasa por reorientar los programas para que tengan objetivos claros y actividades orientadas al logro de resultados, mejorar la participación ciudadana en los programas – lo que requiere su descentralización- y asegurar una gerencia técnica con supervisión y evaluación permanentes. Es en esto que debería enfocarse la acción del gobierno.

Error de cálculo

viernes, 9 de marzo de 2007

El gobierno aprista inició su gestión con la idea de un fuerte “shock de inversiones”. El cálculo político era, evidentemente, tener algo que mostrar para ganar las elecciones regionales de noviembre 2006. Ya sabemos que ese “shock” de inversiones no se llegó a realizar: según los datos del banco central, las inversiones totales del gobierno central pasaron de 3,300 millones en el segundo semestre del 2005 a 3, 350 millones en el segundo semestre del 2006 (cuadro 84 Nota Semanal BCP). Para el INEI, la inversión del gobierno central se redujo entre el 2005 y el 2006 en 200 millones de soles (“Avance Técnico” 03, marzo 2007). Eso, en un año en el que los impuestos cobrados por el gobierno aumentaron en 11 mil millones de soles.

Pero como sabemos, el gobierno aprista pensaba gastar mucho más. Según el Contralor Matute, cerca de 1,200 millones de soles del “crédito suplementario”, que no es sino el presupuesto adicional aprobado por el Congreso, no fueron gastados. El Banco Central estimó en setiembre del año pasado que los gastos de capita serían 6, 850 millones en al año, pero solo fueron 6,050 millones. Es decir, 800 millones menos (cuadro 24, Reporte de Inflación enero 2007, BCRP). Y como el gobierno pensaba gastar más dinero, necesitaba tener ese dinero en sus cofres, para lo cual se endeudó. El año pasado el gobierno se endeudó por 2, 370 millones de soles. Pero de ese dinero, 1,520 millones no los pudo utilizar, de tal manera que los guardó en depósitos bancarios (cuadro 26 Reporte de Inflación BCRP).

Hasta acá, pareciera que el “error de cálculo” del shock de inversiones, fue solo eso. Un error de cálculo sin mayores consecuencias. Bueno, puede decir alguien, trataron de acelerar las cosas pero no pudieron. Malo para el desarrollo, pero al final de cuentas no perdimos nada.

Pero sí perdimos. Porque cuando el gobierno asumió deudas, aceptó pagar por ellas alrededor de 6 a 7% anual, pero solo cobra por sus depósitos un 4%. Debido a ello, el error de cálculo del gobierno nos ha costado a los peruanos unos 15 a 20 millones de soles*.

¿Se le podrá descontar al sueldo de alguien?

*6%-4% = 2%, pero consideramos el costo solo por seis meses por lo que la tasa es la mitad, 1%, multiplicado por los 1500 millones de soles de deudas sin utilización.

Reformar el estado donde no existe

lunes, 5 de marzo de 2007

Con la anunciada fusión de decenas de organismos públicos descentralizados, el actual gobierno inicia su propia versión de la reforma del estado. Valga la oportunidad para insistir en cuál es el principal problema del Estado peruano: su virtual inexistencia, o delgadez extrema, en miles de poblados rurales a lo largo y ancho del país.

Para millones de peruanos el estado no existe, o casi no existe, que no es lo mismo pero es igual, porque no hay un centro de salud cerca para atenderse de una emergencia médica. Porque si hay un colegio primario, un solo profesor enseña en un aula a niños de primero a sexto grado sin estar preparado para ello y logrando muy pocos aprendizajes efectivos. Porque no hay colegio secundario ni hay ninguna forma alternativa de lograr educación secundaria. Porque si alguno de esos jóvenes logra estudiar la secundaria, no tiene ningún apoyo para ir a la universidad, debiendo agenciarse por su cuenta el alojamiento y el sostenimiento personal, así sea un genio. Porque no hay nadie que esté promoviendo la mejora tecnológica y comercial de la producción agropecuaria o artesanal de la que estas familias viven. Porque en su pueblo la policía no existe y las comunidades deben proteger su seguridad por su cuenta con rondas ciudadanas. Porque la justicia es lejana, tiene códigos ajenos a la gente y se imparte en un lenguaje que muchos de estos peruanos desconoce.

¿Discriminación contra las empleadas del hogar? Esta es la mayor discriminación que han sufrido muchas de ellas, que vienen a Lima a ganarse la vida porque en sus localidades el estado no provee educación ni salud ni promueve su progreso económico y social.

Este es el principal problema que la reforma del estado debe encarar. Con nuevas formas de hacer llegar la educación secundaria o superior, como podría ser la educación a distancia, los internados o las becas. Con nuevas formas de atención de la salud, basadas en birgasas itinerantes y en promotores comunitarios. Con nuevas formas de organizar el estado, en base a las propios pueblos y comunidades campesinas y nativas, cuya organización debe ser potenciada junto con los municipios cercanos. Si la reforma del estado no prioriza a los excluidos, poco aportará al desarrollo nacional.

Pensiones: ¿Libre Desafiliación o Reforma Integral del Sistema?

sábado, 24 de febrero de 2007

El Congreso debate acerca de si la desafiliación de las AFPs debe ser libre o no. En esta discusión, ha estado ausente un aspecto crucial: quién paga los costos de la desafiliación. Según los proyectos de ley que circulan hasta el momento, estos costos – que superan los mil millones de dólares - estarían siendo asumidos por el fisco, es decir, por todos los peruanos, y no por los responsables del problema. Pero otro tema es aún más importante: ¿enfrenta esta ley los problemas de fondo del sistema de pensiones peruano?

Ventajas y desventajas del sistema de AFPs

El sistema de pensiones de las AFPs ha dinamizado el mercado de capitales y facilitado así la inversión privada. Pero este sistema de las AFPs tiene problemas muy serios. El principal de ellos es que no logró incluir a los independientes e informales, dejando sin pensiones a la mayoría de la población. Además, este sistema carece de solidaridad: cada trabajador baila con su propio pañuelo, de tal manera que quienes han tenido más suerte en la vida no apoyan a quienes se han visto desfavorecidos. Finalmente, este sistema tiene costos muy elevados para los afiliados, con comisiones altas que, como se vio unos meses atrás con la entrada de una nueva AFP, pueden ser reducidas y sólo se sostienen por la falta de competencia real.

Problemas adicionales trae el funcionamiento paralelo del sistema de AFPs con el sistema público de pensiones creado por la Ley 19990 y administrado por la ONP. Son dos sistemas paralelos y alternativos: se está en uno o en otro. El principal problema que esto trae es que, a consecuencia de la introducción del sistema de AFPs, el sistema público de la ONP tiene un déficit financiero estructural. El sistema público fue creado como un sistema de “reparto”, en el que las contribuciones de los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados. En este tipo de sistemas ¨de reparto¨ la generación trabajadora sostiene, a través de sus aportes, a la generación que ya está jubilada. Pero cuando se introducen las AFPs como un sistema alternativo, quienes se afilian a las AFPs dejan de aportar al sostenimiento de los jubilados. Al quitársele al sistema público de pensiones una parte sustancial de ingresos, el desequilibrio es inevitable. Desde la introducción de las AFPs con el fujimorismo, el estado peruano ha resuelto este déficit manteniendo bajas las pensiones – el tope máximo es de apenas 800 soles - y en otra parte con aportes del presupuesto público de unos 2 mil millones de soles anuales.

Millones de peruanos sin ninguna pensión

Cualquier discusión sobre los sistemas de pensiones en el Perú debe tener este tema como central: los millones de peruanos que NO tienen ningún respaldo en su vejez. En efecto, la cobertura de los sistemas de pensiones diminuyó con las políticas neoliberales de los años 90. El porcentaje de afiliados al sistema de pensiones se ha reducido de un 40% de la PEA en 1991 a menos de 20% de aportantes en la actualidad. Cuando se introdujeron las AFPs, se dijo que los trabajadores iban a estar deseosos de afiliarse y aportar más. Ello no ha sido así. Las razones para ello parecen ser la imposibilidad de utilizar estos ahorros ante emergencias y la desconfianza en el sistema, desconfianza agravada por el hecho de que los trabajadores no tenemos ninguna ingerencia, ni siquiera información adecuada, sobre las inversiones que se hacen con nuestro dinero. La mejor prueba de que el sistema no ha logrado la preferencia de los peruanos es que casi no hay informales ni independientes que coticen a una AFP. Los que pueden no aportar a un sistema de pensiones, no lo hacen. A lo que se suma, desde luego, el hecho de que hay más de 50% de pobres que apenas pueden llenar la olla todos los días, cuyos esfuerzos de progreso se orientan a educar a sus hijos y construirse una vivienda y que, lógicamente, les resulta muy difícil ahorrar para su jubilación.

El hecho de que hay millones de peruanos de edad avanzada sin ninguna pensión, que son principalmente los campesinos y los más pobres, es la principal deficiencia del sistema peruano. Es, además, una situación que a menudo se pasa por alto, ya que el fisco peruano subsidia, de los impuestos que pagamos todos incluyendo los pobres, el enorme costo que ha significado establecer el sistema de AFPs por el desfinanciamiento que ha provocado sobre el sistema público de pensiones y por los subsidios que recibe directamente para financiar la pensión mínima. ¿Cómo puede justificarse que, en materia de pensiones, todos los peruanos pero en especial los más pobres, estemos pagando miles de millones de soles anuales debido a la introducción de las AFPs, mientras esos mismos trabajadores pobres no reciben ningún apoyo del estado al momento de su jubilación?

Alternativas y la reforma chilena

La alternativa que diversos países vienen aplicando en relación a esta problemática es lo que se ha llamado un sistema de pilares, donde el sistema público de pensiones y el sistema de AFPs no sean alternativos sino complementarios, y donde los subsidios fiscales estén orientados a una pensión mínima para los ancianos pobres.

Tal vez el elemento más importante de este planteamiento, que es también el eje de la reforma que está haciendo el gobierno de Michelle Bachelet en Chile, es el de establecer una pensión mínima financiada por el fisco, sin el requisito de una cotización de varios años por el ciudadano. En Latinoamérica, Costa Rica, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y ahora Chile tienen un sistema en este sentido, y las evaluaciones realizadas por organismos internacionales muestran que han sido muy importantes en reducir la pobreza en la tercera edad. En el Perú, una pensión de 200 soles mensuales para todos los pobres costaría 120 millones de soles mensuales, menos que el crédito suplementario que el gobierno se prepara a aprobar y apenas 0,5% del PBI.

Junto con ello, un sistema complementario de pensiones implicaría que todos los trabajadores cotizarían una parte al sistema público, garantizando con eso una pensión básica en un sistema solidario, y el resto a una AFP. Este sistema tendría un solo ente recaudador, supervisor y normativo.

Los problemas del sistema de pensiones peruano no se resolverán con una libre desafiliación que, aunque orientada a corregir viejas injusticias, no resuelve la mayor de todas: el abandono del estado peruano en relación a los ancianos pobres. Es necesaria una reforma integral del sistema de pensiones, orientada a atender la pobreza, mejorar la eficiencia y promover la justicia, tal como lo están haciendo actualmente en Chile.

Auge Fiscal: Dos falacias y una verdad a medias

jueves, 15 de febrero de 2007

Por: Armando Mendoza y Pedro Francke

Durante los últimos meses los ciudadanos hemos sido testigos de una extraña paradoja: como pocas veces en el pasado, el Estado tiene dinero pero es incapaz de gastarlo adecuadamente. Aquí y allá, surgen denuncias alrededor del famoso “Shock de Inversiones” del Gobierno Aprista, por irregularidades y poca transparencia en las compras y licitaciones, y por obstrucciones y retrasos de todo tipo. Así, acorde a un informe de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República hecho publico en abril del presente año, apenas 53% de los fondos del “Shock” han sido adjudicados y apenas 39% han sido efectivamente desembolsados. Como era de esperarse, para tapar los problemas, se ha recurrido a la inevitable caza de brujas. En mixtura con oscuras maniobras, como la compra de la línea editorial de algunos periódicos por parte del Ministerio de Vivienda y Construcción, que nos retrotraen a un pasado que creíamos superado.

Bajo estas circunstancias, poco puede extrañar que se vengan difundiendo mensajes interesados con relación al manejo de los recursos fiscales: “El Estado tiene demasiado dinero”, “No hay que gastar más, sino ahorrar”, “El Estado es ineficiente, mejor encargar las funciones públicas a empresas privadas”. Estos mensajes expresan una visión sesgada de la realidad, ya que de estas afirmaciones, dos son meras falacias, mientras la tercera es una verdad a medias.

En primer lugar, la supuesta abundancia fiscal de hoy, sólo lo es en comparación con las penurias sufridas en el pasado reciente. Así como a un sediento que acaba de atravesar el desierto, un vaso de agua le puede parecer el colmo de la abundancia, también es natural que con un Estado como el nuestro, sometido a años de recortes, un incremento sustancial de ingresos pueda parecer impresionante. Pero la realidad es que incluso con el actual auge fiscal, el Estado Peruano está lejos de contar con un nivel de ingresos adecuado a los estándares internacionales. Nuestra presión tributaria actual (15% del PBI) está por debajo de lo que aprobado por el Acuerdo Nacional como meta (18% del PBI) y que no es sino el promedio latinoamericano, región en la que los Estados no suelen proveer servicios básicos adecuados a la población. Así, este bajo nivel de ingresos fiscales es uno de los factores que explica porque el gasto social en el Perú es de los más bajos de la región.

Ciertamente, hoy el Perú esta pasando por un periodo de significativo crecimiento de la economía: más de 5 años continuos de incremento del PBI no es poca cosa. Gozamos de precios internacionales de nuestros minerales que han subido fuertemente. Y ello se está reflejando en el incremento de los recursos fiscales. Pero, en verdad, aún hay mucho por hacer antes de poder decir que el Estado -siquiera- recauda lo que en justicia debería recaudar.

La segunda falacia a considerar es la que propugna restringir el gasto fiscal, asumiendo que los actuales niveles de gasto son los ideales y que es conveniente “guardar pan para mayo”. Aquí, la pregunta es: ¿Acaso puede creerse que en un país donde más de la mitad de la población vive en la pobreza, tenga sentido restringir el gasto social o en infraestructura?. Considerando las enormes carencias y necesidades que padecen millones de peruanos, no se puede considerar el gasto fiscal como si fuera superfluo ante demandas en salud, educación, agua potable y desagüe, etc., que no pueden esperar a mañana. Solo por citar un ejemplo, la SUNASS ha estimado que el déficit en infraestructura de agua potable y desagüe requiere no menos de US$ 3,800 millones de dólares. El Estado debe incrementar su gasto, lógicamente de forma sostenible, no en base a un auge de ingresos que depende de precios inusualmente altos de nuestros minerales, sino en base a una estructura tributaria más equitativa.

Y así, llegamos a la tercera afirmación, la que señala que el Estado gasta mal y que, en consecuencia, mientras más sea dejado en manos del sector privado –vía tercerización o concesiones- mucho mejor. Esa es una verdad a medias. Es cierto que mucho del gasto estatal no es hecho bajo las mejores condiciones, ni con la mejor de las intenciones, ni se le da el mejor de los destinos. Pero también es cierto que tras una década y media de desmantelamiento y restricciones mal podría el Estado ser un modelo de eficiencia. Así como una persona sometida a un largo periodo de carencias, ve su estomago reducirse y luego puede indigestarse incluso con una mínima cantidad de comida, así el Estado ahora sufre una "indigestión" de dinero, no tanto porque sea considerable el monto de recursos disponibles, sino por la carencia de mecanismos adecuados y experiencia suficiente para absorber rápidamente este auge fiscal relativo.

Eso, en mucho es consecuencia del neoliberalismo vigente desde los años 90 y de los modelos políticos autoritarios que predominaron en esa década y parecen estar de regreso ahora. Bajo el mensaje de racionalizar, en los 90s se desarmaron muchas de las estructuras esenciales del aparato estatal, sin que a cambio se llevase a cabo la tan prometida modernización. La reconstrucción de un Estado moderno, con carrera pública, herramientas de gestión y sistemas de compras transparentes ha sido postergada una y otra vez. A su vez, al mantenerse al Estado divorciado de la población, centralista y desconfiado de la participación ciudadana, se impide también una vía fundamental para modernizar el Estado: la profundización de la democracia.

Poco hemos avanzado en revertir la herencia de los 90s: tenemos un Estado más pequeño y débil, pero no más eficiente ni moderno. Solucionar estos problemas entregando a privados la prestación de servicios públicos, es como pensar que no hubiera habido corrupción si en vez de comprar patrulleros a Gildemeister, se compraban con gasolina, llantas, policías, pistolas y balas incluidas. ¡Qué ingenuidad¡ ... O quizás no, porque según el sabio consejo de nuestro Presidente García, “en política no hay que ser ingenuos”.
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El colofón a esta historia es que lo que necesitamos no es menos, sino más Estado. Pero no un Estado, que como en el pasado, se expanda y desborde de forma desordenada e irreflexiva, sino mas bien un Estado que crezca de forma racional, concentrándose en aquellas áreas -como la seguridad social, o los recursos naturales estratégicos- donde realmente su presencia se requiere. Necesitamos un Estado moderno, ágil y transparente. En suma, lo que necesitamos es –que nos perdonen los conservadores por nuestro atrevimiento- un Estado que gaste más y mejor.

Patrulleros: Todo estaba bien

Jueves 15 de febrero de 2007
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Los patrulleros estaban por comprarse a unos 4 mil dólares de sobreprecio cada uno, lo que nos iba a costar a los contribuyentes unos 4 a 5 millones de soles adicionales. Pero, nos dicen, todo se hizo de acuerdo a ley. Y por tanto, no hay responsables, ni entre los que iban a derrochar todo ese dinero, ni entre quienes se lo iban (¿van?) a metérselo al bolsillo. ¿Así comienza la Reforma del Estado?

Cuando cualquiera de nosotros compra un carro, busca una combinación de precio y calidad que le acomode, porque si nos encaprichamos con un determinado modelo nos puede salir muy caro. El Ministerio del Interior se encaprichó con un modelo. Es algo común en las compras del estado porque es la forma de hacer trafa sin quebrar la ley: licitación con un solo postor.

Pero ojo: hay dos partes en este asunto. Si alguien en el estado es responsable de haber aprobado el sobreprecio, también hay una empresa privada que abusó de su posición monopólica. Resulta difícil pensar que es por pura casualidad que fue precisamente esa empresa, y no otra, la que resulta beneficiada.

La solución del gobierno al caso es renegociación del contrato. Pero la negociación es poco transparente y si el precio final es un millón más o un millón menos, eso depende sólo del negociador, sin que los ciudadanos podemos verificar que no hay tratos bajo la mesa. La negociación, en casos como éste, puede parecerse mucho al negociado.

Al iniciarse la Reforma del Estado, esta compra de patrulleros revela el serio problema de la corrupción en las compras públicas. El gobierno ha reaccionado diciendo que todo se hizo bien, que no es culpa de nadie, y que ahora va a renegociar con los mismos que habían arreglado todo para llevarse 5 millones de nuestros bolsillos. No huele bien.

La licitación debe anularse. Las leyes de compras públicas deben asegurar competencia. Hay que aumentar la transparencia, informando a la ciudadanía, que en este caso ha impedido que se consumen los hechos. Hay que establecer una nueva iniciativa anti-corrupción. Si se quiere empezar la Reforma del Estado con buen pie, no hay otro camino.

Derechos laborales para el desarrollo económico

En el debate de la Ley General del Trabajo, el neoliberalismo económico sostiene que hay que reducir los costos que representan los trabajadores. Proponen eliminar la CTS, recortar las vacaciones y gratificaciones y mantener a los trabajadores sin derechos básicos para que no pueden reclamar nada. Olvidan que los sueldos y salarios sustentan la demanda y que buenas relaciones laborales son un aliciente para el trabajo y la productividad.

Cómo hay millones de trabajadores, es su gasto en alimentos, ropa y vivienda lo que permite que miles de empresas hagan negocio y millones de informales se ganen la vida. Los trabajadores compran alimentos en el mercadito, gastan en ropa en Gamarra y compran ladrillos y cemento para mejorar su casa. Gracias a ellos, el bodeguero y el agricultor tienen su ingreso y la ladrillera vende y puede contratar más trabajadores. Gracias a ellos, el agricultor puede usar mejores semillas la próxima temporada y la ladrillera puede invertir en otro horno de producción. Son los sueldos y salarios los que sustentan el mercado interno del que viven las pequeñas y medianas empresas. Pero debido a la inexistencia de derechos laborales los salarios no han aumentado en los últimos años, el mercado para las pymes se ha mantenido reducido y les es difícil progresar. Y son las pymes las que generan la mayor parte del empleo en el Perú.

Buenas relaciones en el trabajo son además un aliciente para el trabajo. Los peruanos trabajamos muchas horas. Los empresarios usan una herramienta fundamental para asegurar nuestro esfuerzo: el miedo a ser despedido y perder el trabajo, que es tan difícil de conseguir. Pero el miedo no funciona cuando se trata de buscar nuevas ideas para aumentar la productividad, de trabajar en equipo para solucionar problemas difíciles y de avanzar en tecnología e innovación. Para eso hay que ganarse la buena voluntad de los trabajadores, reconocer sus derechos, promover su capacitación y compartir las ganancias obtenidas por la mayor productividad.

Los derechos laborales, incluyendo la sindicalización y la negociación colectiva, son básicos para la democracia pero pueden también ser un punto de apoyo al desarrollo económico. La Ley General de Trabajo debe responder a ello.

Acceso universal a la Salud: Sí se puede

viernes, 9 de febrero de 2007

En su mensaje de 180 días de gestión, el Presidente García ha anunciado que este año se iniciará un plan para lograr el acceso universal a la salud. Ojalá se haga realidad, porque 3 millones de peruanos, el 22% de los que registran enfermedad, no tienen atención de salud cuando la necesitan. La III Conferencia Nacional de Salud que organizó ForoSalud en julio pasado discutió cuáles serían las principales iniciativas necesarias para resolver este problema y lograr el derecho a la salud para todos los peruanos:
  1. Ampliar el Seguro Integral de Salud – SIS de inmediato, para que las principales enfermedades de ancianos, personas con discapacidad, mujeres y adultos en general sean atendidas en forma gratuita, incluyendo medicinas, cubriendo los costos con presupuesto otorgado en forma oportuna a los hospitales y centros de salud.
  2. Mejorar la calidad de los servicios que brindan hospitales y centros de salud, con equipamiento y sistemas de garantía de la calidad. El shock de inversiones ha quedado corto.
  3. Garantizar los derechos de los pacientes, aprobando la ley que al respecto ForoSalud y las organizaciones de derechos humanos presentamos al Congreso con el respaldo de cien mil firmas.
  4. Abaratar las medicinas esenciales promoviendo el uso de genéricos, garantizando su calidad y levantando las patentes renegociando el TLC.
  5. Reforzar la atención de salud en zonas rurales, con más médicos y profesionales en los centros de salud y en equipos itinerantes, pagándoles una bonificación especial y dotándolos de los equipos necesarios.
  6. Promover la participación ciudadana en la administración compartida de los servicios de salud, mejorando y generalizando el modelo CLAS.
  7. Reorganizar el sistema de salud, terminando con la duplicidad de tener dos instituciones paralelas – Ministerio de Salud y EsSalud -, reduciendo gastos burocráticos y facilitando el acceso de toda la población a los hospitales y centros de salud más cercanos.

Hacer realidad el derecho a la salud requiere firmeza en la decisión política. El presupuesto para salud debe aumentarse en mil millones de soles que se necesitan con urgencia. El Primer Ministro debe encabezar la tarea de relanzar y reorganizar los servicios de salud. Sí se puede.