Pensiones: ¿Libre Desafiliación o Reforma Integral del Sistema?

sábado, 24 de febrero de 2007

El Congreso debate acerca de si la desafiliación de las AFPs debe ser libre o no. En esta discusión, ha estado ausente un aspecto crucial: quién paga los costos de la desafiliación. Según los proyectos de ley que circulan hasta el momento, estos costos – que superan los mil millones de dólares - estarían siendo asumidos por el fisco, es decir, por todos los peruanos, y no por los responsables del problema. Pero otro tema es aún más importante: ¿enfrenta esta ley los problemas de fondo del sistema de pensiones peruano?

Ventajas y desventajas del sistema de AFPs

El sistema de pensiones de las AFPs ha dinamizado el mercado de capitales y facilitado así la inversión privada. Pero este sistema de las AFPs tiene problemas muy serios. El principal de ellos es que no logró incluir a los independientes e informales, dejando sin pensiones a la mayoría de la población. Además, este sistema carece de solidaridad: cada trabajador baila con su propio pañuelo, de tal manera que quienes han tenido más suerte en la vida no apoyan a quienes se han visto desfavorecidos. Finalmente, este sistema tiene costos muy elevados para los afiliados, con comisiones altas que, como se vio unos meses atrás con la entrada de una nueva AFP, pueden ser reducidas y sólo se sostienen por la falta de competencia real.

Problemas adicionales trae el funcionamiento paralelo del sistema de AFPs con el sistema público de pensiones creado por la Ley 19990 y administrado por la ONP. Son dos sistemas paralelos y alternativos: se está en uno o en otro. El principal problema que esto trae es que, a consecuencia de la introducción del sistema de AFPs, el sistema público de la ONP tiene un déficit financiero estructural. El sistema público fue creado como un sistema de “reparto”, en el que las contribuciones de los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados. En este tipo de sistemas ¨de reparto¨ la generación trabajadora sostiene, a través de sus aportes, a la generación que ya está jubilada. Pero cuando se introducen las AFPs como un sistema alternativo, quienes se afilian a las AFPs dejan de aportar al sostenimiento de los jubilados. Al quitársele al sistema público de pensiones una parte sustancial de ingresos, el desequilibrio es inevitable. Desde la introducción de las AFPs con el fujimorismo, el estado peruano ha resuelto este déficit manteniendo bajas las pensiones – el tope máximo es de apenas 800 soles - y en otra parte con aportes del presupuesto público de unos 2 mil millones de soles anuales.

Millones de peruanos sin ninguna pensión

Cualquier discusión sobre los sistemas de pensiones en el Perú debe tener este tema como central: los millones de peruanos que NO tienen ningún respaldo en su vejez. En efecto, la cobertura de los sistemas de pensiones diminuyó con las políticas neoliberales de los años 90. El porcentaje de afiliados al sistema de pensiones se ha reducido de un 40% de la PEA en 1991 a menos de 20% de aportantes en la actualidad. Cuando se introdujeron las AFPs, se dijo que los trabajadores iban a estar deseosos de afiliarse y aportar más. Ello no ha sido así. Las razones para ello parecen ser la imposibilidad de utilizar estos ahorros ante emergencias y la desconfianza en el sistema, desconfianza agravada por el hecho de que los trabajadores no tenemos ninguna ingerencia, ni siquiera información adecuada, sobre las inversiones que se hacen con nuestro dinero. La mejor prueba de que el sistema no ha logrado la preferencia de los peruanos es que casi no hay informales ni independientes que coticen a una AFP. Los que pueden no aportar a un sistema de pensiones, no lo hacen. A lo que se suma, desde luego, el hecho de que hay más de 50% de pobres que apenas pueden llenar la olla todos los días, cuyos esfuerzos de progreso se orientan a educar a sus hijos y construirse una vivienda y que, lógicamente, les resulta muy difícil ahorrar para su jubilación.

El hecho de que hay millones de peruanos de edad avanzada sin ninguna pensión, que son principalmente los campesinos y los más pobres, es la principal deficiencia del sistema peruano. Es, además, una situación que a menudo se pasa por alto, ya que el fisco peruano subsidia, de los impuestos que pagamos todos incluyendo los pobres, el enorme costo que ha significado establecer el sistema de AFPs por el desfinanciamiento que ha provocado sobre el sistema público de pensiones y por los subsidios que recibe directamente para financiar la pensión mínima. ¿Cómo puede justificarse que, en materia de pensiones, todos los peruanos pero en especial los más pobres, estemos pagando miles de millones de soles anuales debido a la introducción de las AFPs, mientras esos mismos trabajadores pobres no reciben ningún apoyo del estado al momento de su jubilación?

Alternativas y la reforma chilena

La alternativa que diversos países vienen aplicando en relación a esta problemática es lo que se ha llamado un sistema de pilares, donde el sistema público de pensiones y el sistema de AFPs no sean alternativos sino complementarios, y donde los subsidios fiscales estén orientados a una pensión mínima para los ancianos pobres.

Tal vez el elemento más importante de este planteamiento, que es también el eje de la reforma que está haciendo el gobierno de Michelle Bachelet en Chile, es el de establecer una pensión mínima financiada por el fisco, sin el requisito de una cotización de varios años por el ciudadano. En Latinoamérica, Costa Rica, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y ahora Chile tienen un sistema en este sentido, y las evaluaciones realizadas por organismos internacionales muestran que han sido muy importantes en reducir la pobreza en la tercera edad. En el Perú, una pensión de 200 soles mensuales para todos los pobres costaría 120 millones de soles mensuales, menos que el crédito suplementario que el gobierno se prepara a aprobar y apenas 0,5% del PBI.

Junto con ello, un sistema complementario de pensiones implicaría que todos los trabajadores cotizarían una parte al sistema público, garantizando con eso una pensión básica en un sistema solidario, y el resto a una AFP. Este sistema tendría un solo ente recaudador, supervisor y normativo.

Los problemas del sistema de pensiones peruano no se resolverán con una libre desafiliación que, aunque orientada a corregir viejas injusticias, no resuelve la mayor de todas: el abandono del estado peruano en relación a los ancianos pobres. Es necesaria una reforma integral del sistema de pensiones, orientada a atender la pobreza, mejorar la eficiencia y promover la justicia, tal como lo están haciendo actualmente en Chile.

Auge Fiscal: Dos falacias y una verdad a medias

jueves, 15 de febrero de 2007

Por: Armando Mendoza y Pedro Francke

Durante los últimos meses los ciudadanos hemos sido testigos de una extraña paradoja: como pocas veces en el pasado, el Estado tiene dinero pero es incapaz de gastarlo adecuadamente. Aquí y allá, surgen denuncias alrededor del famoso “Shock de Inversiones” del Gobierno Aprista, por irregularidades y poca transparencia en las compras y licitaciones, y por obstrucciones y retrasos de todo tipo. Así, acorde a un informe de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República hecho publico en abril del presente año, apenas 53% de los fondos del “Shock” han sido adjudicados y apenas 39% han sido efectivamente desembolsados. Como era de esperarse, para tapar los problemas, se ha recurrido a la inevitable caza de brujas. En mixtura con oscuras maniobras, como la compra de la línea editorial de algunos periódicos por parte del Ministerio de Vivienda y Construcción, que nos retrotraen a un pasado que creíamos superado.

Bajo estas circunstancias, poco puede extrañar que se vengan difundiendo mensajes interesados con relación al manejo de los recursos fiscales: “El Estado tiene demasiado dinero”, “No hay que gastar más, sino ahorrar”, “El Estado es ineficiente, mejor encargar las funciones públicas a empresas privadas”. Estos mensajes expresan una visión sesgada de la realidad, ya que de estas afirmaciones, dos son meras falacias, mientras la tercera es una verdad a medias.

En primer lugar, la supuesta abundancia fiscal de hoy, sólo lo es en comparación con las penurias sufridas en el pasado reciente. Así como a un sediento que acaba de atravesar el desierto, un vaso de agua le puede parecer el colmo de la abundancia, también es natural que con un Estado como el nuestro, sometido a años de recortes, un incremento sustancial de ingresos pueda parecer impresionante. Pero la realidad es que incluso con el actual auge fiscal, el Estado Peruano está lejos de contar con un nivel de ingresos adecuado a los estándares internacionales. Nuestra presión tributaria actual (15% del PBI) está por debajo de lo que aprobado por el Acuerdo Nacional como meta (18% del PBI) y que no es sino el promedio latinoamericano, región en la que los Estados no suelen proveer servicios básicos adecuados a la población. Así, este bajo nivel de ingresos fiscales es uno de los factores que explica porque el gasto social en el Perú es de los más bajos de la región.

Ciertamente, hoy el Perú esta pasando por un periodo de significativo crecimiento de la economía: más de 5 años continuos de incremento del PBI no es poca cosa. Gozamos de precios internacionales de nuestros minerales que han subido fuertemente. Y ello se está reflejando en el incremento de los recursos fiscales. Pero, en verdad, aún hay mucho por hacer antes de poder decir que el Estado -siquiera- recauda lo que en justicia debería recaudar.

La segunda falacia a considerar es la que propugna restringir el gasto fiscal, asumiendo que los actuales niveles de gasto son los ideales y que es conveniente “guardar pan para mayo”. Aquí, la pregunta es: ¿Acaso puede creerse que en un país donde más de la mitad de la población vive en la pobreza, tenga sentido restringir el gasto social o en infraestructura?. Considerando las enormes carencias y necesidades que padecen millones de peruanos, no se puede considerar el gasto fiscal como si fuera superfluo ante demandas en salud, educación, agua potable y desagüe, etc., que no pueden esperar a mañana. Solo por citar un ejemplo, la SUNASS ha estimado que el déficit en infraestructura de agua potable y desagüe requiere no menos de US$ 3,800 millones de dólares. El Estado debe incrementar su gasto, lógicamente de forma sostenible, no en base a un auge de ingresos que depende de precios inusualmente altos de nuestros minerales, sino en base a una estructura tributaria más equitativa.

Y así, llegamos a la tercera afirmación, la que señala que el Estado gasta mal y que, en consecuencia, mientras más sea dejado en manos del sector privado –vía tercerización o concesiones- mucho mejor. Esa es una verdad a medias. Es cierto que mucho del gasto estatal no es hecho bajo las mejores condiciones, ni con la mejor de las intenciones, ni se le da el mejor de los destinos. Pero también es cierto que tras una década y media de desmantelamiento y restricciones mal podría el Estado ser un modelo de eficiencia. Así como una persona sometida a un largo periodo de carencias, ve su estomago reducirse y luego puede indigestarse incluso con una mínima cantidad de comida, así el Estado ahora sufre una "indigestión" de dinero, no tanto porque sea considerable el monto de recursos disponibles, sino por la carencia de mecanismos adecuados y experiencia suficiente para absorber rápidamente este auge fiscal relativo.

Eso, en mucho es consecuencia del neoliberalismo vigente desde los años 90 y de los modelos políticos autoritarios que predominaron en esa década y parecen estar de regreso ahora. Bajo el mensaje de racionalizar, en los 90s se desarmaron muchas de las estructuras esenciales del aparato estatal, sin que a cambio se llevase a cabo la tan prometida modernización. La reconstrucción de un Estado moderno, con carrera pública, herramientas de gestión y sistemas de compras transparentes ha sido postergada una y otra vez. A su vez, al mantenerse al Estado divorciado de la población, centralista y desconfiado de la participación ciudadana, se impide también una vía fundamental para modernizar el Estado: la profundización de la democracia.

Poco hemos avanzado en revertir la herencia de los 90s: tenemos un Estado más pequeño y débil, pero no más eficiente ni moderno. Solucionar estos problemas entregando a privados la prestación de servicios públicos, es como pensar que no hubiera habido corrupción si en vez de comprar patrulleros a Gildemeister, se compraban con gasolina, llantas, policías, pistolas y balas incluidas. ¡Qué ingenuidad¡ ... O quizás no, porque según el sabio consejo de nuestro Presidente García, “en política no hay que ser ingenuos”.
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El colofón a esta historia es que lo que necesitamos no es menos, sino más Estado. Pero no un Estado, que como en el pasado, se expanda y desborde de forma desordenada e irreflexiva, sino mas bien un Estado que crezca de forma racional, concentrándose en aquellas áreas -como la seguridad social, o los recursos naturales estratégicos- donde realmente su presencia se requiere. Necesitamos un Estado moderno, ágil y transparente. En suma, lo que necesitamos es –que nos perdonen los conservadores por nuestro atrevimiento- un Estado que gaste más y mejor.

Patrulleros: Todo estaba bien

Jueves 15 de febrero de 2007
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Los patrulleros estaban por comprarse a unos 4 mil dólares de sobreprecio cada uno, lo que nos iba a costar a los contribuyentes unos 4 a 5 millones de soles adicionales. Pero, nos dicen, todo se hizo de acuerdo a ley. Y por tanto, no hay responsables, ni entre los que iban a derrochar todo ese dinero, ni entre quienes se lo iban (¿van?) a metérselo al bolsillo. ¿Así comienza la Reforma del Estado?

Cuando cualquiera de nosotros compra un carro, busca una combinación de precio y calidad que le acomode, porque si nos encaprichamos con un determinado modelo nos puede salir muy caro. El Ministerio del Interior se encaprichó con un modelo. Es algo común en las compras del estado porque es la forma de hacer trafa sin quebrar la ley: licitación con un solo postor.

Pero ojo: hay dos partes en este asunto. Si alguien en el estado es responsable de haber aprobado el sobreprecio, también hay una empresa privada que abusó de su posición monopólica. Resulta difícil pensar que es por pura casualidad que fue precisamente esa empresa, y no otra, la que resulta beneficiada.

La solución del gobierno al caso es renegociación del contrato. Pero la negociación es poco transparente y si el precio final es un millón más o un millón menos, eso depende sólo del negociador, sin que los ciudadanos podemos verificar que no hay tratos bajo la mesa. La negociación, en casos como éste, puede parecerse mucho al negociado.

Al iniciarse la Reforma del Estado, esta compra de patrulleros revela el serio problema de la corrupción en las compras públicas. El gobierno ha reaccionado diciendo que todo se hizo bien, que no es culpa de nadie, y que ahora va a renegociar con los mismos que habían arreglado todo para llevarse 5 millones de nuestros bolsillos. No huele bien.

La licitación debe anularse. Las leyes de compras públicas deben asegurar competencia. Hay que aumentar la transparencia, informando a la ciudadanía, que en este caso ha impedido que se consumen los hechos. Hay que establecer una nueva iniciativa anti-corrupción. Si se quiere empezar la Reforma del Estado con buen pie, no hay otro camino.

Derechos laborales para el desarrollo económico

En el debate de la Ley General del Trabajo, el neoliberalismo económico sostiene que hay que reducir los costos que representan los trabajadores. Proponen eliminar la CTS, recortar las vacaciones y gratificaciones y mantener a los trabajadores sin derechos básicos para que no pueden reclamar nada. Olvidan que los sueldos y salarios sustentan la demanda y que buenas relaciones laborales son un aliciente para el trabajo y la productividad.

Cómo hay millones de trabajadores, es su gasto en alimentos, ropa y vivienda lo que permite que miles de empresas hagan negocio y millones de informales se ganen la vida. Los trabajadores compran alimentos en el mercadito, gastan en ropa en Gamarra y compran ladrillos y cemento para mejorar su casa. Gracias a ellos, el bodeguero y el agricultor tienen su ingreso y la ladrillera vende y puede contratar más trabajadores. Gracias a ellos, el agricultor puede usar mejores semillas la próxima temporada y la ladrillera puede invertir en otro horno de producción. Son los sueldos y salarios los que sustentan el mercado interno del que viven las pequeñas y medianas empresas. Pero debido a la inexistencia de derechos laborales los salarios no han aumentado en los últimos años, el mercado para las pymes se ha mantenido reducido y les es difícil progresar. Y son las pymes las que generan la mayor parte del empleo en el Perú.

Buenas relaciones en el trabajo son además un aliciente para el trabajo. Los peruanos trabajamos muchas horas. Los empresarios usan una herramienta fundamental para asegurar nuestro esfuerzo: el miedo a ser despedido y perder el trabajo, que es tan difícil de conseguir. Pero el miedo no funciona cuando se trata de buscar nuevas ideas para aumentar la productividad, de trabajar en equipo para solucionar problemas difíciles y de avanzar en tecnología e innovación. Para eso hay que ganarse la buena voluntad de los trabajadores, reconocer sus derechos, promover su capacitación y compartir las ganancias obtenidas por la mayor productividad.

Los derechos laborales, incluyendo la sindicalización y la negociación colectiva, son básicos para la democracia pero pueden también ser un punto de apoyo al desarrollo económico. La Ley General de Trabajo debe responder a ello.

Acceso universal a la Salud: Sí se puede

viernes, 9 de febrero de 2007

En su mensaje de 180 días de gestión, el Presidente García ha anunciado que este año se iniciará un plan para lograr el acceso universal a la salud. Ojalá se haga realidad, porque 3 millones de peruanos, el 22% de los que registran enfermedad, no tienen atención de salud cuando la necesitan. La III Conferencia Nacional de Salud que organizó ForoSalud en julio pasado discutió cuáles serían las principales iniciativas necesarias para resolver este problema y lograr el derecho a la salud para todos los peruanos:
  1. Ampliar el Seguro Integral de Salud – SIS de inmediato, para que las principales enfermedades de ancianos, personas con discapacidad, mujeres y adultos en general sean atendidas en forma gratuita, incluyendo medicinas, cubriendo los costos con presupuesto otorgado en forma oportuna a los hospitales y centros de salud.
  2. Mejorar la calidad de los servicios que brindan hospitales y centros de salud, con equipamiento y sistemas de garantía de la calidad. El shock de inversiones ha quedado corto.
  3. Garantizar los derechos de los pacientes, aprobando la ley que al respecto ForoSalud y las organizaciones de derechos humanos presentamos al Congreso con el respaldo de cien mil firmas.
  4. Abaratar las medicinas esenciales promoviendo el uso de genéricos, garantizando su calidad y levantando las patentes renegociando el TLC.
  5. Reforzar la atención de salud en zonas rurales, con más médicos y profesionales en los centros de salud y en equipos itinerantes, pagándoles una bonificación especial y dotándolos de los equipos necesarios.
  6. Promover la participación ciudadana en la administración compartida de los servicios de salud, mejorando y generalizando el modelo CLAS.
  7. Reorganizar el sistema de salud, terminando con la duplicidad de tener dos instituciones paralelas – Ministerio de Salud y EsSalud -, reduciendo gastos burocráticos y facilitando el acceso de toda la población a los hospitales y centros de salud más cercanos.

Hacer realidad el derecho a la salud requiere firmeza en la decisión política. El presupuesto para salud debe aumentarse en mil millones de soles que se necesitan con urgencia. El Primer Ministro debe encabezar la tarea de relanzar y reorganizar los servicios de salud. Sí se puede.

Fusión de Programas Sociales: Reorganización sin rumbo

lunes, 5 de febrero de 2007

El gobierno anuncia la fusión de los programas sociales. Según ha resaltado el propio Presidente, la principal virtud de la medida sería ahorrarle plata al Estado, afirmando - ¿será verdad? no hay evidencia alguna – que se ahorrarían de 100 a 200 millones de soles. Curiosamente, respecto de esta medida ni el presidente García ni sus ministros han dicho nada respecto de lo más importante: como avanzar hacia el objetivo de aliviar y reducir la pobreza, que es la razón de ser de estos programas sociales.

Así, una pregunta elemental en relación a esta medida que no ha sido contestada es: ¿a qué se dedicarán los 200, 100, 50 o 20 millones de soles que se ahorrarán? ¿En aviones de guerra o en salud, educación y cuidado para los niños? ¿En mantener exoneraciones tributarias a quienes ganan en la bolsa de valores, o en promover a los campesinos mejorar sus productividad y sus ingresos?

El mensaje presidencial de ahorro de recursos está vinculado a la idea de eficiencia. La eficiencia es un concepto que relaciona los recursos que se utilizan (máquinas, personas, materiales, usualmente expresados en dinero) con lo que se producen con esos recursos. Pero la eficiencia siempre se puede ver de estas dos maneras, que según la teoría económica son equivalentes: 1. Ser eficiente es utilizar los menores recursos posibles para lograr un determinado objetivo; 2: Ser eficiente es lograr lo máximo posible con los recursos que se tienen.

La idea común es ambas miradas es producir lo más posible con los menores recursos posibles. Lograr lo más con lo menos. Lo cierto, sin embargo, es que aunque las dos miradas pueden en cierto sentido ser lo mismo, muchas veces son muy distintas. Porque es muy diferente si la idea de fusionar programas sociales es que estos mantengan los pobres resultados, coberturas y beneficios que tienen hoy, y el estado se ahorre veinte millones de soles de ahorro (el mismo objetivo con menos recursos), o si la idea es que los programas sociales sean más eficaces y puedan llegar a más peruanos pobres y darles una ayuda mucho más importante (los mismos recursos logrando mayores resultados). Análogamente, es muy distinto si queremos que el deporte peruano siga como está pero gastando menos en él, o queremos llegar al próximo mundial; si queremos que las pistas y carreteras sigan llenas de huecos ahorrándonos plata hoy mal gastada o si queremos que estén mejor mantenidas.

No sólo las dos cosas son muy distintas, sino que tienen implicancias y efectos muy distintos sobre otros efectos de la política. El énfasis en el ahorro de recursos resalta y se vincula con la idea de que no es necesario gastar más en los programas sociales y de lucha contra la pobreza, y más bien de que necesitamos un estado austero limitado, de corta mirada y estrechos objetivos: será el crecimiento económico por sí solo el que logre el desarrollo y la reducción de la pobreza, el mercado lo resolverá. Si la fusión de los programas tuviera como objetivo avanzar más en reducir la pobreza, la idea de hacer más eficaz la acción del estado tendría que ir acompañada de una discusión acerca del necesario aumento del presupuesto público destinado a este fin, de las estrategias necesarias a aplicar y de cómo orientar hacia este objetivo el propio crecimiento económico y la acción de los distintos agentes sociales.

El anuncio presidencial privilegia una de estas miradas la del ahorro de recursos. Esto se debe a su relación privilegiada con una tecnocracia........., y sobretodo a que hasta el momento el gobierno no tiene claro hacia donde orientar los programas sociales y qué estrategia seguir con ellos. En efecto, hay poca estructuración de una política social y de lucha contra la pobreza. La estrategia social consiste de varias iniciativas en distintos frentes, sin una coordinación importante. El “Comité Interministerial de Asuntos Sociales” no funciona y el “Comando Conjunto” de Lucha contra la Pobreza se ha ido diluyendo, careciendo de un mandato claro y de un responsable político de alto nivel.

Los ministerios más propiamente “sociales”, a saber salud y MIMDES, son los que menos iniciativa política tienen. Las principales iniciativas políticas en el área social provienen de otros ministerios o actores: “Agua para todos” en el Ministerio de Vivienda con Hernán Garrido-Lecca Y “Sierra exportadora” con un organismo especial encabezado por Gastón Benza. Claramente, hay la estrategia de otorgar un rol fundamental en las políticas sociales a los empresarios. Tanto la historia empresarial de Garrido-Lecca y de Benza, como el propio diseño de sus programas, que operan fundamentalmente mediante empresas privadas, tienen este sentido. Hay una evidente desconfianza del gobierno en el aparato estatal, el funcionariado público y las ONGs y organizaciones sociales, como posibles actores fundamentales de una política asocial.

Programas Sociales: No basta la fusión

viernes, 2 de febrero de 2007

El Presidente García ha dicho que la existencia de decenas de programas sociales, que subsisten debido a que cada ministerio busca su herramienta de publicidad y soporte político, produce exceso de burocracia y gasto administrativo. La próxima semana se conocería la fusión de varios de estos programas.

La fusión de los programas sociales es necesaria pero insuficiente. Es necesario además aumentarles el presupuesto, afirmar sus objetivos, orientarlos a garantizar derechos sociales, incluirlos en la descentralización y abrirlos más a la participación ciudadana.

Según un reciente estudio del Banco Mundial, el Perú es uno de los países de América Latina con menor nivel de gasto en programas sociales: apenas 0,7% del PBI. No es de extrañar entonces que no lleguen a millones de peruanos pobres y que los programas de mayor alcance – como el vaso de leche – den una ayuda muy pequeña.

El objetivo de los programas sociales es apoyar a quienes viven en pobreza extrema, reducir la desnutrición infantil y permitir que las familias pobres tengan capacidades y oportunidades para progresar. Su objetivo no es que algún ministro, presidente o partido gane aplausos. El gobierno debiera tener esto en cuenta antes de llenar los programas sociales de carnetizados sin experiencia ni conocimientos especializados.

Los programas sociales deben orientarse a establecer derechos sociales, es decir garantizar a todos los peruanos condiciones básicas de salud, nutrición, educación y seguridad social. Para ello, antes que muchos programas diversos que no llegan a todo el país, debe asegurarse que todos – TODOS - los niños tengan la alimentación, atención de salud y educación inicial que necesitan, y que haya apoyo de emergencia a quienes están en pobreza extrema o han sufrido un desastre natural, la pérdida del empleo o de quienes sostienen la familia.

Finalmente, los programas sociales deben tener una estrategia nacional y un fuerte presupuesto, pero deben ser descentralizados fundamentalmente a los municipios y ser dirigidos y gestionados con una amplia participación ciudadana.

Los retos para los programas sociales son grandes. La fusión anunciada debe ser una oportunidad para enfrentar estos retos, y no concentrarse en reducir el número de empleados que trabajan en ellos.

Programas Sociales: ¿Hacia donde?

El gobierno ha anunciado la fusión de programas sociales. El Presidente García ha dicho que la coexistencia de decenas de programas, que subsisten debido a que cada ministerio busca su herramienta de publicidad y soporte político, produce exceso de burocracia y gasto administrativo. La próxima semana se conocerían los cambios.

La fusión y reorganización de los programas sociales es necesaria pero insuficiente. Es necesario además aumentarles el presupuesto, afinar sus objetivos y estrategias, hacerlos parte de la promoción de derechos sociales, incluirlos integralmente en el proceso de descentralización y abrir las puertas a la participación ciudadana.

Según un reciente estudio del Banco Mundial, el Perú es uno de los países de América Latina con menor nivel de gasto en programas sociales: apenas 0,7% del PBI. No es de extrañar entonces que a millones de peruanos pobres no les llegue un apoyo básico por parte del estado, o que los programas que alcanzan a más gente – como el vaso de leche – den una ayuda muy pequeña.

Los programas sociales deben tener como objetivo dar un apoyo a quienes viven en pobreza extrema o atraviesan una situación familiar o personal crítica, reducir la desnutrición infantil y permitir que las zonas y familias pobres tengan también capacidades y oportunidades para progresar y sostenerse con dignidad. Su objetivo no es hacer publicidad o que algún ministro, presidente o partido gane respaldo o aplausos. Tal vez la ministra Borra y el Presidente García debieran tener esto en cuenta antes de llenar al MIMDES de carnetizados sin experiencia ni conocimientos especializados.

Los programas sociales deben tener como una orientación fundamental establecer derechos sociales, es decir, garantizar a todos los peruanos el acceso a condiciones básicas de salud, nutrición, educación y seguridad social. Para ello, antes que muchos programas que se sobreponen en algunas localidades pero que no llegan a todo el país, debe asegurarse que todos los niños tengan la alimentación, cuidado, atención de salud y educación inicial que necesitan, y que haya apoyo de emergencia a quienes están en pobreza extrema por haber sufrido un desastre natural, pérdida de empleo o enfermedad o pérdida de quienes sostienen la familia.

Finalmente, los programas sociales deben tener una estrategia nacional y un fuerte presupuesto, pero deben ser descentralizados hacia los municipios y gobiernos regionales y ser dirigidos y gestionados con una amplia participación ciudadana.

Los retos son grandes. La fusión y reorganización de programas sociales debe ser una oportunidad para enfrentar estos retos, y no concentrarse en reducir el número de empleados que trabajan en ellos.

Programas Sociales: ¿Hacia donde?

El gobierno ha anunciado la fusión de programas sociales. El Presidente García ha dicho que la coexistencia de decenas de programas, que subsisten debido a que cada ministerio busca su herramienta de publicidad y soporte político, produce exceso de burocracia y gasto administrativo. La próxima semana se conocerían los cambios.

La fusión y reorganización de los programas sociales es necesaria pero insuficiente. Es necesario además aumentarles el presupuesto, afinar sus objetivos y estrategias, hacerlos parte de la promoción de derechos sociales, incluirlos integralmente en el proceso de descentralización y abrir las puertas a la participación ciudadana.

Según un reciente estudio del Banco Mundial, el Perú es uno de los países de América Latina con menor nivel de gasto en programas sociales: apenas 0,7% del PBI. No es de extrañar entonces que a millones de peruanos pobres no les llegue un apoyo básico por parte del estado, o que los programas que alcanzan a más gente – como el vaso de leche – den una ayuda muy pequeña.

Los programas sociales deben tener como objetivo dar un apoyo a quienes viven en pobreza extrema o atraviesan una situación familiar o personal crítica, reducir la desnutrición infantil y permitir que las zonas y familias pobres tengan también capacidades y oportunidades para progresar y sostenerse con dignidad. Su objetivo no es hacer publicidad o que algún ministro, presidente o partido gane respaldo o aplausos. Tal vez la ministra Borra y el Presidente García debieran tener esto en cuenta antes de llenar al MIMDES de carnetizados sin experiencia ni conocimientos especializados.

Los programas sociales deben tener como una orientación fundamental establecer derechos sociales, es decir, garantizar a todos los peruanos el acceso a condiciones básicas de salud, nutrición, educación y seguridad social. Para ello, antes que muchos programas que se sobreponen en algunas localidades pero que no llegan a todo el país, debe asegurarse que todos los niños tengan la alimentación, cuidado, atención de salud y educación inicial que necesitan, y que haya apoyo de emergencia a quienes están en pobreza extrema por haber sufrido un desastre natural, pérdida de empleo o enfermedad o pérdida de quienes sostienen la familia.

Finalmente, los programas sociales deben tener una estrategia nacional y un fuerte presupuesto, pero deben ser descentralizados hacia los municipios y gobiernos regionales y ser dirigidos y gestionados con una amplia participación ciudadana.

Los retos son grandes. La fusión y reorganización de programas sociales debe ser una oportunidad para enfrentar estos retos, y no concentrarse en reducir el número de empleados que trabajan en ellos.