22% sin atención de Salud

lunes, 27 de febrero de 2006

Esta semana, del lunes 10 al 12 de julilo, se realizará la III Conferencia Nacional de Salud en el campus de la Universidad Católica. Uno de los temas fundamentales de discusión será el del derecho a la atención de salud, para lo cual delegaciones de 21 regiones y de todos los conos de Lima dialogarán entre sí y con expertos nacionales e internacionales, preparando una propuesta que se alcanzará al nuevo gobierno.

El principal problema de la atención de salud en el Perú es que 3 millones de peruanos tienen un problema de salud para el que no pudieron tener la atención necesaria. Estos 3 millones representan el 22% de los que reportaron enfermedad y el 38% de quienes sentían la necesidad de tener atención de salud. Las barreras principales fueron razones económicas (1,8 millones de personas), pero también por razones de no haber establecimiento cercano (500 mil), falta de confianza (500 mil) y retrasos y otros (300 mil).

El aseguramiento universal, como estrategia orientada a reducir las barreras económicas eliminando los cobros en el servicio, tiene por ello una gran importancia en el Perú para hacer efectivo el derecho a la atención de salud. El Seguro Integral de Salud ha sido un avance al respecto, que sin embargo se ha visto muy limitado en sus efectos debido a que al no haberse sustentado con recursos presupuestales (el 9% de las prestaciones no fue cubierta por problemas de caja) se han generado serios problemas a los establecimientos de salud, terminando por desvirtuar el derecho haciendo que se genere discriminación y colas inatendidas. Es por ello impostergable el aumentar significativamente el presupuesto del SIS, ampliar la cobertura de poblaciones y transformarlo en un instrumento de reforma sectorial (con integración de subsistemas segmentados, descentralización y acuerdos de gestión).

En relación a las barreras geográficas que dificultan la atención, permanecen problemas, sobre todo en mediana y alta complejidad. Una inadecuada política de recursos humanos en muchas zonas ha agravado la situación, al facilitar el traslado de médicos a hospitales urbanos y reducir sus incentivos a su permanencia en distritos rurales que es donde hay problemas de acceso geográfico, lo que debe ser revertido. Nuevas alternativas como las brigadas itinerantes y el mejoramiento de infraestructura y equipos en algunas zonas, han sido hasta la fecha muy limitados, requiriendo una evaluación pormenorizada y un impulso y un presupuesto mucho mayor.

Las barreras geográficas se agravan por problemas organizacionales, con horarios de atención inadecuados y parciales, con redes de servicios débilmente organizadas, y con problemas de comunicación y transporte. La descentralización con empoderamiento ciudadano y cogestión de los servicios, y la organización de redes, son fundamentales.

Finalmente, la necesaria interculturalidad de la atención de salud, que debe ser atendido con prioridad, no ha sido resuelto, a pesar que ha habido también avances en relación a las barreras culturales con las iniciativas de parto culturalmente adaptado, pero estas iniciativas no se han extendido a otros servicios ni han resuelto.

Esperemos que el nuevo gobierno responda, con fuertes medidas de emergencia, a estos serios problemas de la salud pública peruana.

Sistemas de Pensiones: ¿Parche o Reforma Integral?

domingo, 26 de febrero de 2006

El proyecto de ley de desafiliación de las AFPs ha llevado el tema de las pensiones a la campaña electoral. Pero la discusión está mal enfocada cuando se reduce el tema a una pequeña parte del problema de pensiones, la de permitir o no el tránsito de un sistema a otro. Los sistemas de pensiones en el Perú requieren una reforma integral.

El principal defecto de la forma cómo están establecidos los sistemas provisionales en el Perú es que 3 de cada 4 peruanos mayores de 65 años no tienen pensión de ningún tipo. Este es el grupo que debería ser prioritario en cualquier política pública previsional. Lo que es peor, la proporción de trabajadores activos que no contribuye a un sistema pensionario es aún mayor, alcanzando hoy a 5 de cada 6 peruanos, por lo que bajo el sistema actual la proporción de ancianos son pensión ira aumentando en el tiempo. La reforma que creó el sistema privado de pensiones y las AFPs, junto a la flexibilización laboral que favoreció contratos de trabajo sin derechos, fracasó rotundamente en cuanto a asegurar económicamente la vejez de los peruanos.

El segundo problema es que el esquema de dos sistemas paralelos (privado - AFPs y público - ONP) es un mal sistema. Su coexistencia en competencia desequilibra necesariamente al sistema público y genera los problemas que hoy se evidencian con las presiones por la desafiliación: quienes no han logrado que las AFPs les paguen una buena pensión, quieren recibir algo mejor pasándole parte de la factura al tesoro público (¿y porqué junto a la desafiliación, las AFP no devuelven también sus comisiones?).

En efecto, se dice que el Sistema Nacional de Pensiones creado por la ley 19990, que administra la ONP, está quebrado. Pero su desequilibrio financiero se debe precisamente a la instalación de las AFPs. El sistema de pensiones de la 19990 se basa en que los trabajadores activos damos una parte de nuestro sueldo para mantener a los jubilados, con la promesa de que cuando nosotros seamos jubilados, los futuros trabajadores nos mantendrán de la misma manera. A esto se le llama solidaridad entre generaciones: los jóvenes sostienen a los ancianos. Al instalarse el sistema privado de AFPs, una buena parte de los trabajadores activos dejó de financiar a los jubilados y pasó a depositar sus cotizaciones en una cuenta para que las AFPs las inviertan. Fue como quitarle dos o tres patas a una mesa: no hay forma que el Sistema Nacional de Pensiones (19990) esté en equilibrio, salvo poniéndole otras patas de reemplazo, que es lo que hace el estado con el presupuesto que trasnfiere a la ONP. Solo que como el MEF en los últimos quince años ha sido siempre reacio a gastar más dinero (cobrando más impuestos a quienes más tienen), las patas que pone son chiquitas y por eso las pensiones son una ridiculez.
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El sistema de pensiones requiere una reforma integral. Los fondos públicos deben dirigirse prioritariamente a crear una pensión asistencial para los ancianos pobres, que es perfectamente financiable (un sistema de pensiones a pobres rurales que otorgue una pensión mínima de 200 soles mensuales costaría en el Perú 70 millones de soles mensuales, un 0,3% del PBI, que se puede comparar con la meta del Acuerdo Nacional de elevar la recaudación tributaria en 5% del PBI). Las contribuciones de los trabajadores activos deben dividirse en dos partes: una destinada a un sistema público que garantice pensiones básicas a todos, otra a AFPs bien reguladas que inviertan en el país y generen una pensión adicional para quienes realizan mayores aportes. Un esquema de dos sistemas, público y privado, que en vez de competir absurdamente sean complementarios, es la mejor alternativa. Ojalá más temprano que tarde quienes gobiernan el país se decidan a una reforma integral del sistema provisional, antes que a parchecitos que no resuelven el problema.

Pensiones: Buscando Justicia

viernes, 3 de febrero de 2006

La aprobación de la libre desafiliación de las AFPs por el Congreso responde a un problema real: la existencia de varias decenas de miles de afiliados a las AFPs que reciben o están por recibir una pensión de jubilación ínfima. La propuesta de permitir que estas personas se trasladen al Sistema Nacional de Pensiones, significa que el Estado debe asumir el costo de otorgar a esas personas, a quienes las AFPs afiliaron con engaños y promesas incumplidas, una pensión algo mejor.

La justicia en las pensiones es un elemento fundamental de cualquier propuesta de política social y de cualquier estrategia de desarrollo. Las personas de edad avanzada no pueden ser libradas a su suerte por un ordenamiento social que “se olvida” de ellas con mucha facilidad. El desarrollo sólo tiene sentido si genera bienestar, y en una democracia no debemos olvidarnos de este segmento importante de la población, considerando además que todos aspiramos a ser ancianos algún día. El estado tiene un rol fundamental que cumplir al respecto.

En este sentido, el principal problema son ese 77% de personas mayores de 65 años que no tiene ninguna pensión, ni chiquita ni grande, ni justa ni injusta. Ninguna. Más de un millón de personas mayores de 65 años reciben cero de pensión. Son sobretodo los más pobres, los campesinos, los ambulantes, los cargadores del mercado, las amas de casa, es decir, gente que en general no sólo no tiene pensión, tampoco tiene activos con los cuales mantenerse – una casa que alquilar, unos ahorros que le den intereses -. Dependen así de sus familiares, usualmente pobres, sin autonomía y llegando a veces a ser considerados “una carga”.

¿Es imposible tener un sistema de pensiones asistenciales para este sector? Entre nuestros vecinos, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay otorgan pensiones mínimas de jubilación financiadas por el tesoro público a quienes no tienen otro sustento en la vejez. En Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada estableció un sistema de este tipo. El sistema brasileño ha sido muy exitoso en reducir la pobreza entre las familias rurales; un sistema como éste que otorgue una pensión mínima de 200 soles mensuales costaría en el Perú 70 millones de soles mensuales. Esto equivale a 0,3% del PBI, cantidad perfectamente financiable si se recuerda que el Acuerdo Nacional estableció como meta elevar la recaudación tributaria en 5% del PBI. Las viudas de víctimas de la violencia podrían estar entre los primeros candidatos a entrar a un esquema de este tipo, que es muy similar a lo contenido en el Plan de Reparaciones propuesto por la Comisión de la Verdad.
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La reciente campaña presidencial chilena tuvo este tema como uno de los más importantes, y todos los candidatos, incluyendo las dos versiones de la derecha, plantearon la necesidad de mejorar y ampliar su sistema de pensiones asistenciales, llegando incluso a proponer pensiones para todas las amas de casa. Ojalá que esa preocupación se traslade al Perú, y que veamos a los candidatos y organizaciones políticas presentando propuestas de cómo tener un sistema de pensiones más justo, para los actuales afiliados a las AFPs y al Sistema Nacional de Pensiones, y sobre todo para quienes viven en pobreza a los 65, 70 u 80 años sin ningún apoyo económico.