Economía Peruana: Al César lo que es del César

domingo, 25 de diciembre de 2005

Los indicadores macroeconómicos nacionales andan bien. Pero las cosas se pueden ver de distinta manera si nos comparamos con el resto de países en desarrollo. Esta comparación, además, nos permite dilucidar si los resultados de los últimos años son producto de buenas políticas o si son producto de buenas condiciones internacionales. Si se tratara de buenas políticas, el Perú debería estar mejor que el resto. En cambio, si el resultado se ha logrado sólo porque las condiciones internacionales son buenas, los indicadores macroeconómicos serán positivos pero no mejores que los de los demás países.

El indicador preferido de los economistas es el crecimiento del PBI, que nos dice cuánto producimos en total. En los últimos 4 años (2001-2005), el PBI del Perú ha crecido 4,9% anual en promedio, sin duda una cifra positiva. Pero el promedio de los países emergentes y en desarrollo (cifras FMI) es de 6,2%, bastante por encima del Perú. Conclusión: son las condiciones internacionales las que han impulsado la economía peruana hacia delante, y la política económica no ha sido mejor que la del resto de países en desarrollo. Pedro Pablo Kuczynski no tiene de qué ufanarse.

El segundo indicador macroeconómico fundamental es la inflación; quienes hemos vivido la traumática experiencia de la hiperinflación sabemos lo importante que es tener precios estables. En los últimos cuatro años, la inflación en el Perú ha sido de apenas 2.0 % en promedio, mientras que el promedio de los países en desarrollo es de 5.9%. Hasta la economía estadounidense ha tenido una inflación más alta que la peruana, con un promedio de 2.4%. La inflación peruana en los últimos años ha sido una de las más bajas del mundo y de nuestra historia. Aplausos para el directorio del Banco Central de Reserva, cuya función según la Constitución es precisamente esa: mantener los precios estables.
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Las tasas de interés, otra variable macroeconómica fundamental, son resultado conjunto de dos instituciones. Por un lado, la política monetaria del BCR hace que haya más o menos dinero y crédito en la economía, y con esa regulación de la oferta hace que las tasas de interés bajen o suban. Por el otro, la Superintendencia de Banca y Seguros promueve (o no) la competencia y defiende (o no) los intereses del público, haciendo que el margen de ganancia de los bancos se amplíe o reduzca. Entre el 2000 y el 2005, esa diferencia entre lo que los bancos pagan a los ahorristas y lo que cobran por sus préstamos en soles, también llamado spread, ha aumentado de 17% a 23% anual, por lo que las ganancias de los bancos logran niveles récord. Es evidente que la Superintendencia de Banca no ha estado haciendo un buen trabajo. Al mismo tiempo, gracias a la política del BCR, un préstamo a un año plazo que en el 2000 costaba 26,5% hoy cuesta casi la mitad: 14%.
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Un balance económico del quinquenio debe ubicar adecuadamente méritos y deméritos, y compararnos con el mundo es esencial para el ello. El crecimiento económico ha sido menor que el del promedio de los países en desarrollo, de donde se deduce que este crecimiento se debe al contexto internacional y no a la política neoliberal de PPK, que además ha concentrado los beneficios en unos pocos. El BCR que preside Oscar Dancourt sí ha logrado una inflación menor que los demás países, en beneficio de todos los peruanos.

Bancos: Oligopolio con ganancias extraordinarias

viernes, 23 de diciembre de 2005

En el 2005 los bancos tendrán utilidades por 400 millones de dólares, un 80% más que el año pasado. Los dueños de los bancos obtienen una rentabilidad superior al 20% anual por su capital, bastante por encima de lo que internacionalmente se considera una tasa de ganancia razonable y cerca del doble de lo que ganan los industriales y comerciantes.

El negocio de los bancos es, en esencia, conseguir ahorros y luego prestar esos fondos a tasas más elevadas. Los bancos han obtenido este año ganancias muy grandes porque han incrementado el llamado “spread”, que es la diferencia entre la tasa de interés que nos pagan a los ahorristas y aquella que cobran por los préstamos que otorgan. Esta diferencia es impresionante: los bancos nos pagan menos de 3% por nuestros ahorros en soles pero cobran en promedio 25% por los préstamos que otorgan ¡8 veces más!.

Esta enorme diferencia ha ido aumentando en vez de disminuir, a pesar de que los bancos han tenido dos ventajas durante el año. Por un lado, el porcentaje de gente que no paga a tiempo sus préstamos se ha reducido, pasando de más de 10% de los créditos en el 2001 a menos del 3% este año, la cifra más baja en dos décadas. Los bancos cada vez tienen menos problemas de créditos no recuperados, pero no nos pagan más por nuestros ahorros.

Por otro lado, la baja inflación y el crecimiento económico han permitido a la banca aumentar sus créditos. Para la banca, prestar dinero equivale a lo que para otros negocios es vender; y mientras más ventas, más negocio. En el último año la banca ha aumentado sus créditos en más de 5 mil millones de soles. Con más ventas, el peso de sus gastos administrativos se reduce, con lo cual podrían mejorar las condiciones económicas (tasas de interés) que otorgan a sus clientes. Pero ello no ha sucedido.

¿Por qué la banca no ha mejorado el trato económico a sus clientes? La primera razón parece ser la alta concentración en el sistema bancario: apenas cuatro bancos concentran el 80% de los créditos, lo que les otorga un gran poder en el mercado (y también un fuerte poder político). La otra razón es que la Superintendencia de Banca y Seguros ha hecho muy poco por defender a los consumidores, de tal manera que los bancos siguen cobrando comisiones y cargos de todo tipo sin una adecuada información a los usuarios. Así, la competencia entre los bancos por ganarse a los clientes se basa más en propaganda que en ofrecernos mejores tasas de interés.

Que los bancos ganen, no está mal. Pero cuando obtienen ganancias extraordinarias, lo hacen a costa de todos los demás. Por un lado, afectando a los ahorristas, que recibimos tasas muy bajas por nuestro dinero. Por otro lado, aumentando la carga sobre las familias que sacan un crédito hipotecario o de consumo y sobre las empresas que requieren dinero para mover su negocio. El efecto económico es que, con tasas de interés más altas para las empresas, la inversión y el crecimiento económico se reducen. Tener un sistema bancario oligopólico no sólo nos afecta como usuarios individuales, sino también frena el desarrollo.

¿Queremos seguir con una banca que cobra una tasa de interés 8 veces mayor por los créditos que lo que nos paga a los ahorristas? ¿Seguiremos otros 5 años con un superintendente de banca que piensa más en los banqueros que en el país?¿Los candidatos tienen algo que decir al respecto?

Cambios y Disculpas

viernes, 28 de octubre de 2005

No hay historia sin cambio y no hay vida humana sin error. Sólo Dios y los idiotas no cambian, y hasta los inmóviles se equivocan. Habiendo participado en la izquierda peruana de los 80s, me parece importante revisar ahora en qué he cambiado y en qué no, detallando qué creo que hicimos mal y qué hicimos bien. Yo fui del PCR y luego del PUM, pero esas ideas eran compartidas, matices más o menos, por prácticamente toda la izquierda peruana. De tal manera que lo que escribo en primera persona, es también una reflexión sobre un movimiento político importante en la historia nacional.

¿Qué no he cambiado?
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No he dejado de creer que:
  1. El actual sistema social es injusto, y que la igualdad es un valor fundamental que debemos promover.
  2. El cambio social tiene que ser decidido y hecho por la propia gente, no por ningún iluminado o dictador. Pienso que esas dos cuestiones fundamentales me definen como Socialista Democrático.

¿Que he cambiado?

Creo que dos cuestiones fundamentales que eran parte del pensamiento de la izquierda de los 70s y 80s deben ser criticadas:

  1. Que lo que se requiere es un estado omnipresente que dirige directamente toda la producción y comercialización.
  2. Que el camino para el cambio social pasa por destruir el actual Estado mediante el ejercicio de la violencia, justificándose el restringir las libertades civiles y políticas de los contrarios.

Por el error de haber defendido y promovido ideas equivocadas y negativas, me disculpo ante todos los peruanos. Ante las 70 mil víctimas de la violencia política, que no causamos directamente y que defendimos valientemente con la bandera de los derechos humanos, pero que al haber promovido determinadas ideas de alguna manera también provocamos. Haber promovido esas ideas fue un error colosal, como en su momento me lo dijo mi madre. Lo siento: creo que era un joven ignorante jugando con el fuego. Hoy, creo que parte del ejercicio ético de la política es abrazar la no violencia o el pacifismo activo: queremos cambio social pero sin hacer daño.

Un cambio importante que va junto a revalorar la democracia y las libertades civiles y políticas, es revalorar la tolerancia: Respetar las ideas de los demás, tratar de comprenderlas y ver en qué aspecto tienen razón. Producto del avance de la humanidad, hoy también tenemos un pensamiento más complejo, donde la democracia representativa, la sociedad civil, la libertad, la ecología, tienen un rol que no habíamos considerado.

Por cierto, con la izquierda de 1960 a 1990 hicimos muchas cosas buenas: la organización sindical y campesina (hoy lamentablemente debilitada), la reflexión sobre la exclusión y la desigualdad, la denuncia de la corrupción, la búsqueda de nuevos caminos con la organización popular, la fundación de tantas ONGs comprometidas con el desarrollo, la defensa de los derechos humanos, los planteamientos de políticas económicas y sociales alternativas. Cosas importantes que permitieron que los más pobres tuvieran una vida mejor y se redujera la injusticia social. Cosas que hoy deberíamos hacer mucho más.

Un principio importante de la política tiene que ser la transparencia, y eso incluye reconocer francamente los errores e informar claramente de los cambios por los que uno pasa. Espero con este artículo haber iniciado ese deber pendiente.

Doe Run vs. La Salud Publica

martes, 25 de octubre de 2005

La empresa norteamericana Doe Run compró la refinaría de La Oroya durante la década pasada, comprometiéndose a realizar inversiones para controlar las emisiones de contaminantes que envenenan el aire de la zona. Hoy, casi una década después, Doe Run quiere que durante 5 años más le permitan seguir contaminando con metales que provocan graves problemas de salud a la población.

No se trata de un problema ligero. Un estudio supervisado por la Universidad de St. Louis, Missouri, ha encontrado que en La Oroya los niños tienen mucho más plomo en la sangre que los estándares internacionales máximos, lo que causa diversos problemas de salud y en particular limita el desarrollo mental. 9% de los niños tienen tanto plomo en la sangre que necesitan atención médica urgente, pero 97% exceden los “niveles de preocupación” internacionales. 90% de las madres gestantes en La Oroya tienen niveles de plomo que compremeten el desarrollo del feto. No es por nada: la empresa emite mil toneladas al año de plomo al ambiente. El estudio también encontró niveles elevados de antimonio y cadmio, metales que producen cáncer, defectos genéticos e insuficiencias renales. El exceso de estos metales pesados se extiende hasta Concepción, a 100 kilómetros de distancia.

La empresa Doe Run quiere renegar de los compromisos que asumió cuando compró la refinería. La razón: se trata de costosas inversiones por decenas de millones de dólares. Pero ese costo lo conocían perfectamente cuando compraron la refinería. Además, en los últimos años los extraordinarios precios internacionales de los metales les han permitido ganancias excepcionales.
Permitir que Doe Run se salga con la suya no solamente es inaceptable desde el punto de vista de la salud pública. Para futuras privatizaciones, también sería una clara señal de que los competidores puede ofrecer cualquier cosa sin que luego tengan que cumplir su palabra, viciando todo el proceso. Además, reafirmaría ante la opinión pública la mala imagen de una minería contaminante que no repara en nada con tal de obtener las mayores ganancias. No debemos permitirlo.

La Campaña y el Presupuesto 2007-2011

domingo, 23 de octubre de 2005

Las campañas electorales son pródigas en promesas a la población y escasas en programas articulados de gobierno que permitan hacer realidad lo que se ésta prometiendo. Un tema clave en cualquier propuesta de gobierno es saber de qué cuero saldrán las correas, es decir, de dónde saldrán los cientos de millones de soles necesarios para hacer realidad las promesas. Las preguntas claves que debemos hacer a los candidatos son cuánto más piensan gastar, cómo van a obtener los fondos necesarios y a qué los van a destinar.

Por ejemplo, en sus declaraciones Lourdes Flores ha dicho que va a mejorar la educación y la salud, y que para eso se necesitará más presupuesto. Tiene razón. Valdría entonces que nos dijera a cuánto piensa aumentar el gasto público en educación y salud y con que medidas tributarias va a conseguir el dinero necesario para ello. A final de cuentas, una propuesta seria de gobierno requiere algo más que condimentar los pollos con algunas generalidades.

El llamado “Frente de Centro” incluye entre sus propuestas el aumentar la presión tributaria a 18% del PBI. Hoy el estado peruano recauda menos de 14% del PBI y por eso no tiene plata para nada. Todos los países vecinos tienen ingresos y gastos fiscales mayores al nuestro. El propio Acuerdo Nacional establece esa meta del 18%, y realmente es un mínimo indispensable. Hace bien el Frente de Paniagua en insistir en este punto, pero cabe preguntarles: ¿cómo lo harán? ¿qué cambios harán para lograrlo?

El recientemente conformado Partido Socialista (antes llamado PDD) de Javier Diez Canseco, por su parte, ha incluido en sus propuestas una reforma tributaria para mejorar el gasto social, detallando planteamientos como el cobro de regalías y de impuestos a las utilidades empresariales, para dedicarlos en especial a la niñez y a mejorar la calidad de la educación y la salud.
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La democracia exige partidos y frentes con programas de gobierno coherentes, que deben decir con claridad cómo aumentar la recaudación tributaria y qué hacer con el gasto público. Exijamos que así sea.

Salud: Falta Presupuesto para el 2006

domingo, 16 de octubre de 2005

El Presupuesto Público 2006 recorta los recursos destinados a salud justamente cuando las necesidades aumentan. La situación es particularmente grave para las personas viviendo con VIH/SIDA y la necesidad de respuesta ante emergencias como la gripe aviar.

El sector salud tiene sólo 2002 millones de soles de presupuesto para este año 2005, y como indica un reciente reporte del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población (UNFPA), el gasto público en salud en Perú es uno de los más bajos de Latinoamérica. Pero el presupuesto para el 2006 será todavía menor, en exactamente 7 millones.

Según el Ministerio de Salud para atender a la población se requieren 1,500 millones adicionales a lo presupuestado. El próximo año no hay presupuesto suficiente para acciones básicas de salud pública como las vacunas o el control de la tuberculosis.

El caso del VIH / SIDA es particularmente preocupante. Desde hace menos de 2 años el Ministerio de Salud está otorgando antirretrovirales, que son las medicinas que las personas viviendo con VIH / SIDA necesitan para mantenerse con vida. Lo está haciendo con recursos del Fondo Global destinado a los países en desarrollo, pero estos recursos están acabándose. El gobierno se comprometió con el Fondo Global a poner de su presupuesto para mantener la entrega de antirretrovirales, pero si el presupuesto 2006 no se modifica, esa será otra promesa incumplida. Y la vida de miles de peruanos estará directamente en juego.

Esto sucede al mismo tiempo que el gobierno insiste en firmar un mal TLC que encarecerá las medicinas. El ministro Ferrero – a quien todavía estamos esperando para el debate al que se comprometió – dijo que el gobierno compensaría con sus propios fondos estos efectos de alza de precios de las medicinas. Pero para el 2006 el Ministerio de Salud tiene menos presupuesto que el 2005, ¿cómo pretende Ferrero que le creamos?

Los candidatos y partidos políticos que se aprestan a prometer el oro y el moro en las elecciones que se avecinan, bien harían en predicar con el ejemplo: deben preocuparse por este grave problema en la discusión y aprobación del Presupuesto 2006 que el Congreso debe hacer en las próximas semanas.

Dólar sube, ¿Quién detiene a las AFP´s?

viernes, 14 de octubre de 2005

Noticia de los últimos días: la subida del dólar. Sus consecuencias: miles de peruanos que han obtenido créditos hipotecarios o de consumo en dólares van a tener que pagar mensualidades más altas. También habrá más ganancias para los grandes exportadores y productos más caros para las mayorías.

No es tampoco que el alza del dólar sea tan dramática ya que el dólar sigue costando menos que lo que valía entre 1999 y junio del 2004. Pero sin duda lo abrupto del alza ha causado preocupación.

El alza del dólar se ha detenido y la mayoría de analistas coinciden en que se podría revertir en los próximos días gracias a la intervención del Banco Central de Reserva. Pero, ¿a qué se debe este aumento del dólar? ¿Cuáles son sus consecuencias sobre la política económica?

La razón del aumento es que las AFPs han comprado una importante cantidad de dólares. El vicepresidente del Citibank dijo hace unas semanas que el alza se debía a “una inversión de algunas AFPs por US$ 250 millones en bonos estructurados, operación que finalmente derivó en una salida de dólares fuera del país”. A esto siguieron reacciones de los bancos e inversionistas extranjeros, situación que generó “nerviosismo y movimientos especulativos en el mercado cambiario”.

¿Que son esos “bonos estructurados”? Son simplemente un invento mediante el cual las AFPs evaden el límite de 10,5% que tienen para invertir nuestros fondos en el exterior. Como ese límite se ha mantenido a pesar de las presiones de las AFPs, ahora han inventado estos “bonos estructurados” que consisten en juntar otros dos tipos de bonos o acciones: nacionales y extranjeros. En esos “bonos estructurados” han metido 51% de bonos nacionales y 49% de extranjeros, tomando eso como pretexto para que la Superintendencia de Banca los clasifique como instrumentos nacionales y no los considere en el cálculo del tope de 10,5% vigente por ley. Un cálculo correcto diría que hoy las AFPs tienen como 13% de nuestros fondos invertidos en el exterior.

Los defensores de las AFPs dicen que el dólar sube porque las tasas de interés ahora son más altas en dólares que en soles. Pero lo que no dicen es que eso solo sucede para tasas de cortísimo plazo que realizan sólo los bancos (llamadas “overnight”). En todas las demás tasas de interés por depósitos a plazo, se paga más en soles que en dólares. Y esas son las tasas que le interesan a la gente de a pie como Usted o como yo. De tal manera que no es ni el público ni nadie actuando en el interés del público quien ha causado este aumento del dólar; es la especulación de las AFPs sacándole la vuelta a la ley, por cierto, con la complicidad de la Superintendencia de Banca.

Esta onda especulativa sobre el dólar ha sido detenida por el Banco Central. Pero el problema es que mientras más capacidad de especulación tengan las AFPs, más nos veremos más enfrentados a este dilema: o permitimos que esa especulación afecte nuestra estabilidad macroeconómica, o nos vemos obligados a acumular cada vez más reservas internacionales, con el costo que significa para un país pobre y descapitalizado tener miles de millones de dólares inmovilizados. Por eso, con toda razón, el BCR se resiste a que las AFPs puedan ampliar su capacidad de especular afectando la economía nacional. El Congreso y la Superintendencia deberían ayudar en esa tarea en vez de obstaculizarla.

“Juntos” bajo el lente del “Economist”

viernes, 23 de septiembre de 2005

En la misma semana que el gobierno toledista iniciaba el programa “Juntos” entregando el primer cheque, la prestigiosa revista “The Economist” sacaba un largo artículo sobre el éxito que en Latinoamérica han tenido programas de este tipo, llamados de “Subsidios condicionados en efectivo”.

La revisión de los programas exitosos de México y Brasil muestra algunas características que vale la pena tener en cuenta. En México, haber tenido una dirección técnica altamente calificada, evitado el clientelismo político del programa y destinado importantes recursos presupuestales - que permitieron llegar efectivamente a la mayor parte de familias pobres - han sido factores centrales. Haciendo el paralelo al Perú, el primer factor lo tenemos en contra: no hay un equipo técnico calificado al mando de “Juntos”. El segundo, está en cuestión: mientras hay mejoras, como un directorio plural y una supervisión independiente, el nombramiento de un director ejecutivo cuyo mérito fundamental es ser de Perú Posible y que no tiene la confianza de la sociedad civil, es muy preocupante. El tercer factor está lejos de alcanzar: un presupuesto de 300 millones de soles para el 2006, lo que alcanzaría para unas 165 mil familias, del millón y medio que hay en pobreza extrema.

En Brasil, en cambio, factores importantes de éxito han sido la reorganización de varios programas sociales - que pasaron a ser absorbidos por el “Bolsa Familia” - y la mejor selección focalizada de los beneficiarios. Ninguno de estos asuntos está resuelto en el caso peruano. “Juntos” se desarrolla en paralelo, simplemente como un programa más que se suma a las dos docenas de programas sociales actualmente existentes y que el gobierno actual sigue sin reorganizar. Por otro lado, si bien se ha iniciado el programa en zonas muy pobres y afectadas por la violencia, lo cual es un acierto, la selección de los pobres extremos en zonas urbanas o rurales más desarrolladas no está resuelta (a pesar de que técnicamente la solución está al alcance de la mano hace ya varios años).

“The Economist” también señala algunas de las debilidades de estos programas: no llegan a las comunidades rurales más aisladas que también suelen ser las más pobres, no generan oportunidades económicas y empleo, y los beneficios de educación y salud para los niños se limitan por la inexistencia o baja calidad de los servicios que brindan.

Como se ve, hay muchas cosas de qué preocuparse para asegurar que esta nueva orientación de lucha contra la pobreza no sea un nuevo fracaso. La vigilancia de la prensa y de la ciudadanía resultan por ello fundamentales, y la administración de “Juntos” debería ser muy transparente para permitirla.

Presupuesto 2006: Sacudirse la Modorra

domingo, 4 de septiembre de 2005

Aunque soy economista, la discusión del presupuesto 2006 me provoca modorra y aburrimiento. Lo paradójico es que el presupuesto es hoy la única vía mediante la cual puede discutirse, de manera comprehensiva, lo que va a hacer el gobierno en el futuro próximo.

Hay aburrimiento sobre el presupuesto, en primer lugar, porque el propio gobierno no se lo toma en serio. No ha terminado de presentarlo, y ya empieza a hablar de aumentos de sueldos a que no están considerados en el presupuesto. ¿Es que acaso cuando PPK habló de aumento a los policías, no sabía que esos gastos debían estar en el presupuesto público que su gabinete estaba presentando en esos mismos días?

La Constitución establece que el Congreso es el que aprueba el presupuesto, pero durante este gobierno – al igual que todos los anteriores – siempre se aprueba lo que dice el MEF. En este gobierno, la comisión de presupuesto ha sido siempre dirigida por un personaje que, invariablemente, tiene conocimientos prácticamente nulos sobre temas económicos y presupuestales. ¿Celina Palomino, presidente de la comisión de presupuesto? Me echaría a reír sino fuera porque da pena lo que esto le hace al país. Al final de cuentas, ya sabemos que el presupuesto presentado por el MEF, casi sin cambios, será aprobado por los votos de Perú Posible y Unidad Nacional. Al César lo que es del César: el único parlamentario que en estos años ha trabajado y sustentado alternativas ha sido Javier Diez Canseco.

El resultado es que el Ejecutivo hace lo que quiere con el dinero de los contribuyentes. Esta año la situación ha empeorado: el MEF no ha publicado en su hoja web las cifras del presupuesto 2006.
Sólo una actitud ciudadana más activa y vigilante puede cambiar esta situación. A final de cuentas, cuando hablamos de presupuesto se trata de nuestro dinero. Así que a sacudirse la modorra: no habrá democracia sólida y eficaz sin ciudadanos interesados en opinar sobre lo que hace el estado con su plata.

Recetas para el Chorreo

viernes, 26 de agosto de 2005

A pesar del crecimiento económico, la situación de los pobres no ha mejorado de manera sustancial durante este gobierno. Salvo el gobierno, todos los sectores políticos, desde Javier Diez Canseco hasta Lourdes Flores y Alan García (simpatizantes de PPK), están de acuerdo en esto: No chorrea, apenas si gotea.

¿Qué se puede hacer para lograr un crecimiento incluyente? Empecemos por desvirtuar la receta neoliberal de más privatizaciones y liberalización, propuesta cuya aplicación en toda América Latina desde 1983 no ha llevado a una reducción de la pobreza. El neoliberalismo ni siquiera ha sido bueno para el crecimiento económico, pues éste fue mayor en los años cincuenta y sesenta cuando en toda la región cuando se aplicó otra política basada en un estado económicamente activo. El neoliberalismo, además, ha aumentado enormemente la desigualdad, que ya era muy grande.

Tres ideas centrales pueden proponerse para que el crecimiento económico sea muy favorable a los pobres. En primer lugar, hay que dejar de favorecer sólo a la minería y las trasnacionales, pasando a promover las actividades económicas donde se concentran los pobres y se genera más empleo: la agricultura, las pymes y el turismo. Estrategias integrales que incluyan crédito, capacitación, organización de cadenas productivas, promoción de exportaciones y defensa del mercado interno, permitirían que esos sectores lideren el crecimiento y generen empleos de forma masiva.

En segundo lugar, es indispensable una mejor distribución de la riqueza entre los trabajadores y los dueños de las empresas. Llevamos cuatro años de crecimiento y los salarios siguen estancados, mientras las utilidades de las principales empresas han pasado de 680 a 6,300 millones de soles. Ya es tiempo de que la riqueza generada sea compartida con los trabajadores mediante pactos colectivos que al mismo tiempo promuevan un mayor compromiso e iniciativa de los trabajadores con la productividad y la modernización tecnológica. La negociación colectiva por rama debe ser promovida, bajo reglas que aseguren el respeto a la organización sindical, que vinculen aumentos salariales con incrementos de la productividad y que faciliten la capacitación y el desarrollo profesional de la fuerza laboral.

Finalmente, el estado tiene que tener un rol de redistribución mucho mayor. Hoy sólo 8 de cada 100 soles del PBI nacional se van en gasto social, uno de los niveles más bajos de toda América Latina. Aumentar el gasto público en salud, educación y lucha contra la pobreza es imprescindible. Para ello hay que mejorar la recaudación, eliminando exoneraciones y deducciones al impuesto a la renta como las que siguen gozando las grandes empresas mineras e insistiendo en la fiscalización con respeto a la autonomía de la SUNAT.

Estas orientaciones no sólo permitirían mejorar la situación de los pobres, también promoverán el crecimiento, a través de un aumento de la productividad, una mayor acumulación de capital humano y social, y una sólida base social para la estabilidad política.

Otro modelo económico, que mejore efectivamente las condiciones de vida de los pobres confiando y promoviendo sus potencialidades, es posible. Es cuestión de lograr cambios políticos para que se pongan por delante los intereses de las mayorías.

Los extraños datos del “Chorreo”

domingo, 21 de agosto de 2005

Cuando el Presidente Toledo anunció el 28 de julio algunos datos optimistas sobre la disminución de la pobreza y el “chorreo”, nos pusimos a investigar un poco. Según el estudio que propagandiza el gobierno, basado en las Encuestas Nacionales de Hogares, entre el 2001 y el 2004 el porcentaje de pobres se mantuvo estacionado en 55% mientras el porcentaje de pobres extremos disminuye de 24% a 20%.

Sin embargo, varios aspectos de los datos nos permiten dudar de ellos. Lo primero es que indican que la situación económica ha mejorado en la sierra y la selva pero no en la costa. Esto no concuerda con las estadísticas de empleo, ya que donde hay más trabajo es en las zonas de agroexportación costeñas, como Ica y Trujillo. Por otro lado, los datos usados por el gobierno también indican que los hogares que trabajan en la sector público han reducido su consumo en 15%, lo cual no concuerda con los (limitados pero reales) aumentos remunerativos a maestros, profesionales de salud y otros.

Por otro lado, esta información muestra que los ingresos laborales y el valor del autoconsumo han disminuido ligeramente (- 1%). ¿Cómo entonces podría reducirse la pobreza, si los ingresos de la gente disminuyen? Lo que según las encuestas realizadas por el INEI han aumentado son los alimentos que las familias reciben de los programas del gobierno, que según dicen se habrían duplicado en los últimos tres años. Sin embargo, estos datos no son consistentes con el presupuesto del gobierno en el rubro de programas alimentarios, que no ha aumentado en los últimos tres años. Y son estos datos inconsistentes los que estarían permitiendo que se calcule una disminución de la pobreza extrema.

Estas inconsistencias y rarezas ameritan no confiar a ciegas en la información presentada y demandan una investigación más a fondo para entender qué esta realmente pasando con los ingresos de las familias peruanas. El gobierno, en vez de un triunfalismo absurdo, debería reconocer los problemas existentes para empezar a trabajar en su solución.

¿Chorrea o no chorrea? Una mirada a los datos

El Presidente Toledo mencionó en su discurso de 28 de julio algunos datos en relación al “chorreo económico”, el beneficio que según él estarían recibiendo las mayorías pobres. Una revisión de los datos del estudio que le sirvió de base (http://www.mef.gob.pe/propuesta/DGAES/doc001072005.pdf) nos permite sustentar algunas dudas al respecto.

Los datos, obtenidos a partir de las Encuestas Nacionales de Hogares (ENAHO) para el periodo 2001-2004, indican que el porcentaje de pobres se mantiene en 55% sin disminuir en absoluto, pero el porcentaje de pobres extremos sí se reduce (de 24,4% a 20,2%). El efecto de la mejora de ingresos de los pobres y reducción de la pobreza sería positivo en el ámbito rural (donde el consumo promedio aumenta 15,4%) pero negativo en las zonas urbanas (donde el consumo cae 6%). Para discutir el “chorreo”, estos datos pueden ser leídos de dos maneras totalmente diferentes, según que indicador se tome. Según el porcentaje de pobres, ha habido 3 años de crecimiento económico sin ningún efecto, y el chorreo sería inexistente. Pero por otro lado el porcentaje de pobres extremos se ha reducido en 17,3%, lo que indicaría que 1% de crecimiento la pobreza se reduce en 2%, lo que es un buen “chorreo” (un reciente estudio para 14 países indica que en promedio, por cada 1% de crecimiento la pobreza se reduce en 1,7%, aunque hay grandes variaciones).

Sin embargo, estos datos tienen algunas rarezas. La primera es que entre el 2001 y 2004, mientras el consumo privado per cápita de las cuentas nacionales (BCR-INEI) aumenta +5,7% real, el de las ENAHO cae en -2,5%. ¡Una diferencia de 8 puntos porcentuales!. Algo parecido pasa con el ingreso disponible per capita, que según las cuentas nacionales aumenta +8,7% y según la ENAHO apenas lo hace en +0,1%. Extrañamente, esta diferencia no es inédita: una comparación similar para el periodo 1997-2001 indica que mientras el consumo privado per capita de las cuentas nacionales cayó 3,3%, el de la ENAHO lo hizo en 14,6% (aunque en este periodo diferencias metodológicas complican la comparación entre ENAHOs). ¿Cómo puede suceder esta enorme discrepancia entre cifras de una y otra fuente? Una explicación es que el grupo que aumenta sus ingresos y consumo es el 1% de mayores ingresos, grupo que no contesta las encuestas de hogares. Habría “concentración arriba” en vez del “chorreo para abajo”, y el gran aumento de las utilidades empresariales en estos años sería indicador de ello.

La segunda rareza de los datos de las ENAHO es que las zonas con mejor evolución en términos de indicadores de pobreza (todos ellos) son la sierra y la selva. Esto no concuerda con el aumento del empleo, que se ha dado en varias ciudades costeñas cercanas a la producción agroexportadora, como Ica y Trujillo, y no en estas zonas más alejadas. Por otro lado, según esta fuente de información, los hogares que trabajan para la administración pública han reducido su consumo per capita en 15%, lo que tampoco concuerda con los aumentos remunerativos a maestros, profesionales de salud y otros.

Además, los ingresos que han aumentado para los hogares no son los laborales (incluyendo dependientes e independientes), que han caído en 1,3% según la ENAHO. El valor del autoconsumo (lo que los campesinos producen y consumen directamente, sin vender al mercado) ha caído en otro 1% del ingreso total, y éste rubro es particularmente relevante para los más pobres. Más bien los ingresos que han aumentado son los provenientes de las transferencias del gobierno por programas alimentarios, que según estas encuestas del INEI se habrían duplicado, aumentando del 3% al 6% del ingreso total de los hogares. Pero ese aumento del consumo de los hogares por transferencias alimentarias no es consistente con el comportamiento del gasto del gobierno en este rubro: el presupuesto del vaso de leche no ha aumentado nada en términos reales.

Este tercer efecto, el de los programas alimentarios, sería el que en las encuestas estaría generando la reducción estadística de la pobreza extrema. En el grupo más pobre (decil 1), el ingreso per capita paso entre 2001 y 2004 de 40.3 a 53.3 soles; si ellos recibieron el aumento promedio de ayuda alimentaria que pasó de 10 a 21.4 soles, la ayuda alimentaria sería responsable por el 88% de su aumento de ingresos!!. Esto sería consistente con el hecho de que la pobreza estadística se esté reduciendo en las zonas rurales y en la sierra y selva, que son precisamente las zonas más pobres. Lástima que sólo sea un efecto estadístico, y no que sea una ayuda real.

PPK: ¿Orden a palos?

viernes, 19 de agosto de 2005

En sus primeras palabras públicas, el nuevo premier Pedro Pablo Kuczynski ha puesto énfasis en la necesidad de “poner orden” ante las protestas sociales, reaccionando en particular contra los reclamos de campesinos que se sienten afectados por la minería, movimiento que antes estuvo activo en el sur (Espinar- Cusco) y ahora lo está en el norte (Majaz –Piura).

Todos queremos orden. También queremos seguridad para nuestras cosas y para nuestras vidas. Pero hay dos ideas sobre cómo se puede obtener ese orden: una es imponer ese orden por la fuerza; la otra es lograrlo a partir del consenso, la equidad y el trato justo. Es verdad que mantener el orden requiere una dosis de ambas recetas. Ni la más dura de las dictaduras puede dejar de hacer algo para la mayorías y sobretodo dar la imagen que “gobierna para todos”. Por otro lado, la más abierta de las democracias tiene también que defender el orden con la fuerza pública. Pero para los demócratas, el orden tiene que basarse sobretodo en el consenso y la equidad, dejando para la fuerza un rol secundario.

La relativa falta de orden en el Perú, ¿es por falta de fuerza o por falta de consenso y equidad? Si los campesinos protestan, no es por capricho ni por manipulación; es porque sienten que la tierra que ha sido suya por siglos les es arrebatada y porque creen que una mina en su zona no los va a beneficiar - como Cerro de Pasco o La Oroya parecen demostrar. Si las enfermeras y los docentes universitarios protestan, es porque su sueldo mensual no es ni el 5% del que recibirá PPK. Según una encuesta de Latinobarómetro, el 82% de los peruanos opina que las políticas se hacen en función de los intereses de los poderosos económicamente. La multiplicación de marchas, movilizaciones y protestas sociales no se debe a la falta de fuerza, sino a la injusticia social existente y al rechazo masivo a las políticas vigentes.

Sin embargo, en sus primeras palabras al país como Premier, PPK ha hablado de las protestas sociales como si fueran lo mismo que los secuestros y los robos. Estas frases traslucen claramente la idea de que para reestablecer el orden en el Perú, hace falta más represión, más botas y más balas.

Esta visión de PPK parece estar influenciada por el respaldo que en semanas anteriores obtuvo de las principales fuerzas políticas, recibiendo frases elogiosas de Alan García y Lourdes Flores. Posiblemente ha recibido también el respaldo de su compatriota Rumsfeld, el secretario de defensa de Bush. La soberbia de PPK, que ya era grande, parece haberse desarrollado aceleradamente, por lo que piensa que en base a este respaldo en las alturas de la clase política puede defender con más violencia el orden injusto que caracteriza al Perú actual. Seguramente se siente incluso más poderoso que el propio presidente Toledo.
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PPK parece no haberse dado cuenta del enorme descrédito de la clase política que lo respalda. Tal vez debiera recordar el Arequipazo de junio 2002, o mirar lo que sucede en Bolivia y Ecuador, para percatarse que la “mano dura” no salvó a Gonzalo Sánchez de Lozada ni a Lucio Gutiérrez de perder el cargo. Aunque claro, PPK no es presidente y siempre puede regresarse a su patria, los Estados Unidos, a su rancho de Minnesota.

Desigualdad y Crecimiento

sábado, 13 de agosto de 2005

Recientemente una revista local preguntaba a destacados políticos si preferían una sociedad más rica y más desigual, o menos rica pero más igualitaria. Pregunta interesante pero equivocada: decenas de investigaciones económicas en la última década han mostrado que los países con mayores niveles de equidad, son los que han crecido más.

El crecimiento de los países asiáticos en las últimas décadas ha sido una de las grandes comprobaciones en ese sentido. Tanto los llamados “tigres del Asia” como China han estado entre los países con mayor crecimiento económico, y se trata de países con niveles de desigualdad mucho menores a los del Perú y Latinoamérica, que en este lapso hemos crecido mucho menos.

Varias teorías han buscado explicar los efectos beneficiosos de la igualdad sobre el crecimiento. Un enfoque enfatiza que países con altos niveles de exclusión y pobreza, son también países inestables social y políticamente. La historia de Sendero Luminoso en el Perú y los levantamientos indígenas y populares en Ecuador y Bolivia, son un claro ejemplo. Estos conflictos alejan la inversión y retrasan el desarrollo.

Un segundo enfoque resalta que la pobreza impide desarrollarse económicamente a millones de personas que tienen imaginación y empeño. Porque para sacar adelante un negocio, no hacen falta solamente buenas ideas y trabajo responsable: también hacen falta recursos económicos para comprar las instalaciones y equipos necesarios. Pero los pobres no tienen el dinero para ello.

Además, debido a la necesidad de supervivencia, las familias pobres tienen grandes dificultades para cuidar la salud y la educación que permitirían a sus hijos - cuando sean adultos - adaptarse a nuevas tecnologías y ser más productivos. Como resultado de ello, la pobreza se trasmite de generación en generación: padres pobres, hijos pobres.
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Una política pro-equidad bien pensada puede ser una gran palanca para el desarrollo nacional, reduciendo conflictos sociales, dando oportunidades económicas a las mayorías y cuidando a los niños que son el futuro. Esperemos que esta necesidad ocupe un lugar central en los debates políticos de los próximos meses.

Porque el Perú hoy no es como Bolivia o Ecuador

viernes, 12 de agosto de 2005

Tres países andinos. Tres países con alta proporción de población indígena. Tres países con una economía dependiente de recursos naturales agotables, sean estos minerales o hidrocarburos. Tres países de herencia colonial y democracia intermitente. Tres países en los que el neoliberalismo se aplicó con fuerza inusitada. Tres países con un alto desprestigio de sus instituciones políticas. Pero uno de estos tres países no atraviesa por la extrema inestabilidad política de los otros dos: el Perú. ¿Porqué? ¿Porqué nosotros somos diferentes? Ensayemos tres explicaciones posibles.

La primera explicación es que no estamos todavía allí pero vamos en esa dirección. Señales al respecto no faltan: la gran dispersión de las fuerzas políticas, los cada vez más airados y violentos reclamos populares y la posibilidad iniciada con la ordenanza del Cusco de gobiernos regionales centrifugantes. A pesar de ello, nadie duda que las próximas elecciones se llevarán a cabo y que sus resultados serán respetados. Tampoco tenemos fuerzas políticas importantes llamando a la guerra civil como Felipe Quispe o a la secesión como en Santa Cruz.

La segunda explicación posible es la historia reciente y el factor Sendero. Sólo en el Perú hubo Sendero Luminoso seguido de una dictadura en los años noventa. Somos un país de democracia recientemente recuperada y con el trauma de la guerra interna aún presente. Por eso, llamados a acciones violentas todavía generan en la enorme mayoría de la población una reacción de rechazo. Tal vez a esto pueda llamársele instinto de preservación, porque lo cierto es que hacia 1990, el país parecía al borde del caos o el dominio senderista. Esta segunda explicación no es, por cierto, incompatible con la primera: a medida que pase el tiempo y este trauma se vaya borrando en la sociedad, las posibilidades de una inestabilidad “estilo andino” se acrecientan.

La tercera explicación tiene que ver con la estructura geográfico-social: tanto en Bolivia como en Ecuador, hay dos grandes centros urbanos de similar tamaño demográfico. En ambos casos estos son dos grandes centros de poder, concentrándose en la ciudad andina el poder político (Quito y La Paz), y en la otra ciudad el poder económico (Guayaquil y Santa Cruz). Esto hace que se concentren conflictos étnicos y político-económicos. En Perú no hay un segundo centro urbano que le haga competencia a Lima, que es el centro político y económico. Las rebeliones andinas, en el Perú, se desarrollan siempre desde los extremos de la periferia, donde el poder central es extremadamente débil pero también donde las posibilidades de llegar hasta el centro son muy difíciles (a Sendero le tomó una década de acción violenta). La secesión en el Perú es impensable: nadie tiene la fuerza como para separarse de Lima. De ser esto así, tal vez en nuestro país el riesgo mayor no es parecerse a Bolivia sino parecerse a Colombia, con una guerra interna durando décadas en los márgenes del territorio.
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Si alguna lección podemos extraer de la historia reciente de nuestros vecinos, es que la economía debe tener también equilibrio social. No la está teniendo. La extrema desigualdad y exclusión, producto de nuestra herencia colonial, es un problema central de la nación peruana que tiene que ser considerado en cualquier propuesta seria de desarrollo.

El riesgo del último año

domingo, 7 de agosto de 2005

El riesgo del último año de gobierno es que éste incurra en un déficit fiscal excesivo, gastando mucho más que los ingresos que recauda. La tentación de echar mano a los fondos públicos para “levantar la imagen” del partido político en cuestión es grande, sobretodo cuando es la última oportunidad y las elecciones se acercan. Cuando eso sucede, a menudo gastando en proyectos sin sustento técnico, se generan deudas que luego pagamos todos.

Buscando evitar ese riesgo, hace unos años se aprobó la ley de responsabilidad fiscal, que buscaba impedir un déficit fiscal excesivo prohibiendo que el estado gastara por encima de sus ingresos de manera desproporcionada.

Pero bajo influencia de los neoliberales criollos, la ley incluye algunas reglas absurdas, como establecer que el gasto del gobierno no podía crecer más de 3% anual (inicialmente, era incluso sólo 2% anual). Para un país que tiene un gasto público muy bajo y enormes necesidades en salud, educación e infraestructura, tal regla no tiene ningún sentido. Hay que evitar el déficit fiscal, sí, pero mejorando la recaudación para que se pueda asegurar derechos básicos a todos los ciudadanos.

Además, si la economía nacional crece en términos reales al 5% anual, una regla como la aprobada significa que en 20 años el gasto del gobierno como porcentaje del PBI se reduciría en un tercio!!

El resultado de haber aprobado una ley incumplible es que fue rápidamente violada. Pero como se trataba de PPK, no pasó nada. Ahora, la capacidad de que esta ley sea un límite efectivo de la acción del gobierno es nula.
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El gobierno actual no solo ha desperdiciado la oportunidad de aprovechar la transición a la democracia para, como hizo Chile, lograr un nuevo pacto fiscal que incremente la presión tributaria sobre los ricos para mejorar la educación, la salud y la infraestructura. Por ceguera neoliberal, también desperdició la oportunidad de establecer reglas creíbles que limiten un aumento oportunista e ineficiente del gasto fiscal a última hora.

Izquierdistas Precavidos, Derechistas Arriesgados

Hasta el 2000, mucha gente creía que, en el debate sobre políticas macroeconómicas en el Perú, la izquierda promovía medidas que significan cierto riesgo para la economía y la derecha era más bien más conservadora y evitaba riesgos. Esto guardaba lógica con un pensamiento más profundo de la izquierda: lo principal no es resguardar la situación social vigente, sino cambiarla, y todo cambio entraña riesgos. La derecha aparecía, mas bien, como la defensora de no correr riesgos. Tener reservas internacionales altas, una política fiscal prudente, nunca hablar de impuestos o controles sobre el capital. La derecha se busca mantener la situación social, nunca cambiarla.

A pesar de ello, sin embargo, durante el gobierno de Fujimori se aceptó una apertura al flujo de capitales que trajo capitales golondrinos que, cuando fugaron del país, nos llevaron a la recesión. Mientras se incubaban las causas que luego permitirían la recesión, los papeles se invirtieron: desde la izquierda hablábamos de un modelo que “corría sobre canicas” mientras que la derecha defendía el modelo a rajatabla. Ya sabemos hoy como terminó esta historia.

Hoy, nuevamente, en varios puntos el debate sobre política económica enfrenta a izquierdistas precavidos con derechistas arriesgados. Los izquierdistas que dirigen el BCR consideran que no hay que ampliar de golpe y porrazo las inversiones en el exterior, porque reduciría las reservas internacionales y aumentaría el riesgo de devaluación traumática e inflación en el caso de un shock externo. Los derechistas opinan que eso no importa: el riesgo les parece irrelevante, a pesar de que en 1998 ya tuvimos un problema de ese tipo que llevó a la economía a dos años de recesión.

Otro tema es el referido a la dolarización. Desde la década pasada la izquierda ha considerado que la dolarización es un riesgo, por lo que desde el Banco Central hay un esfuerzo sistemático por reducirla. Anteriormente había desde la derecha varios defensores de la dolarización; pero ya quedan pocos, sin duda bajo la influencia del FMI que se cambió del bando hacia el de los anti-dolarizadores. Aun así, cuando el banco central ha planteado medidas para reducir la dolarización, como la obligación de poner precios en soles o la reducción de la remuneración al encaje en moneda extranjera, algunos de estos sectores salen a protestar.

El tercer tema se refiere al riesgo de un conflicto social agudo. Para la izquierda, este riesgo está presente, y conjurarlo demanda que el estado tome medidas redistributivas fuertes, haciendo que la riqueza generada llegue hasta los más pobres. La derecha tiende a minimizar este riesgo, o a lo más a pensar que se puede controlar solo con policía y gestos políticos, no con políticas sociales efectivas. Prefieren tomar riesgos que repartir un poco de la riqueza.

¿Cuán importante es, para el país, la estabilidad macroeconómica? Aunque los últimos 5 años hayan sido buenos en este sentido, no debemos olvidar que la historia económica del Perú está llena de crisis, en su gran mayoría generadas por cambios internacionales frente a los que estábamos muy expuestos y no teníamos los recursos ni las ideas para enfrentarlos adecuadamente. Otras crisis se explican por el conflicto social producto de la desigualdad. Crisis que explican mucho de nuestro atraso y subdesarrollo.
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Desde una izquierda que cambia y busca el cambio, bienvenida la precaución y el resguardo de la estabilidad macroeconómica y social. La derecha haría bien en recordar esos viejos valores.

Fotocheck: Balance del Año

1. En el terreno político, ha habido un mayor deterioro de la democracia y la gobernabilidad, con las siguientes características:

a. Pérdida de rumbo del gobierno que mantiene una bajísima popularidad, con más casos de corrupción interna y poca iniciativa política. Sin embargo, se han disipado las posibilidades de un adelanto de elecciones.
b. Las elecciones se acercan sin que haya agrupaciones y candidatos consolidados, manteniéndose una gran dispersión.
c. Recuperación de fuerza política del fujimorismo, a pesar de que se acumulan pruebas de corrupción en su contra.
d. Pérdida de fuerza en la lucha anti-corrupción, aunque recientemente una respuesta ciudadana ha logrado la inconstitucionalidad de la llamada “ley Wolfenson” abriendo mejores perspectivas.
e. Aumento de las acciones de protesta y movilización social, cuyo origen está en la exclusión social y en los déficits de diálogo democrático.

2. El gobierno ha mantenido en lo esencial el modelo económico neoliberal, y apuesta a su consolidación mediante el TLC. La situación económica, a pesar de buenos indicadores macroeconómicos, no logra resolver los problemas de pobreza de la mayoría de la población debido a que se incrementa la desigualdad. La bonanza actual está sustentada por una situación internacional excepcionalmente favorable, con un crecimiento económico mundial inusitado, cuya duración es incierta dados los enormes déficits fiscal y externo norteamericanos.

3. Las reformas necesarias para desarrollar al país, tales como la reforma del Estado, la reforma social, el impulso a la competitividad, la lucha contra la corrupción y el desarrollo de una ciudadanía integral, se han paralizado. La descentralización parece ser la única reforma importante que sigue avanzando, a pesar de que tras el impulso inicial el gobierno ha estado reticente a promoverla y de las dificultades de varios gobiernos regionales.

4. Hay un creciente desencanto de la población con la democracia y un amplio rechazo a los partidos políticos y a cualquier forma de participación organizada en la vida colectiva del país, dejando el espacio libre para el accionar de poderes fácticos y visiones cortoplacistas.

La II Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos

jueves, 4 de agosto de 2005

La Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos se reunió en Cuenca, Ecuador, del 17 al 23 de julio, congregando a más de 2 mil participantes provenientes de 77 países de todos los continentes. Toda una semana de presentaciones científicas, paneles, discusiones y presentación de experiencias de todo el orbe. Más de 50 integrantes de Forosalud provenientes de 15 distintas regiones del Perú (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Huánuco, Junín, Pasco, Ucayali, San Martín, Ayacucho, Puno, Tacna, Huancavelica y Lima) asistimos a esta reunión, algunos tras agotadoras jornadas de hasta 48 horas de viaje en ómnibus.

Fuimos conociendo muy someramente de qué se trataba. La primera Asamblea había sido 5 años atrás en Bangladesh, y ninguno de nosotros había podido asistir. Pero teníamos mucho interés en conocer como eran y qué hacían los movimientos ciudadanos por la salud en otras partes del mundo, y en compartir nuestra experiencia.

ForoSalud, el Foro de la Sociedad Civil en Salud del Perú*, es un movimiento social fundado tres años atrás que trabaja por hacer realidad el derecho a la salud. En agosto del 2004 desarrollamos nuestra II Conferencia Nacional de Salud con más de 4 mil participantes. Hoy agrupamos a más de 80 instituciones, 19 foros regionales y 16 mesas temáticas. El derecho a la salud es el eje central de nuestra propuesta y nuestra actividad. Entendemos que el derecho a la salud incluye no solamente el derecho a un cuidado y atención de salud de calidad, sino también la necesidad de que los factores sociales, económicos, políticos y ambientales permitan alcanzar el máximo nivel de salud posible. También consideramos que el derecho a la participación ciudadana en la determinación, ejecución y evaluación de políticas y planes de salud es parte del derecho a la salud.

Durante los días que estuvimos participando en la II Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos (www.phmovement.org), hemos compartido nuestra lucha contra un Tratado de Libre Comercio que encarecería los medicamentos esenciales y atenta contra el derecho a la salud, y hemos visto con alegría que en esta lucha están también comprometidos nuestros hermanos ecuatorianos y de diversas partes del planeta.

Hemos compartido nuevas formas de hacer salud desde abajo, incluyendo prácticas de medicina tradicional y mecanismos de promoción comunitaria de las que somos partícipes, escuchando y recogiendo lo que en el mismo sentido se hace en otras latitudes. Hemos presentado nuestras experiencias de participación ciudadana en la definición de políticas y planes de salud, en la cogestión de servicios y en la vigilancia ciudadana en salud, que hemos sentido tiene mucho en común con otras experiencias.

Tras una semana de participación activa, regresamos a nuestra patria más firmes y felices al sentirnos parte de una voz mundial. Una voz polifónica, con muchos tonos y matices, pero que comparte la idea de que el derecho a la salud es un principio fundamental que debe estar por encima de cualquier otra consideración, y que hacer realidad este derecho demanda una profunda transformación social, a nivel mundial y de cada una de nuestra naciones.

www.forosalud.org.pe

¿Cuál es la madre de todas las batallas?

jueves, 28 de julio de 2005

El Perú tiene, en su ordenamiento político y social problemas muy profundos. Quienes queremos cambiar esta situación necesitamos concentrar nuestras fuerzas en un punto crítico que desate el cambio, así como el picapedrero escoge el lugar donde golpear la piedra para partirla o el tallador de diamantes ataca para pulir su gema. Se trata de establecer cuál es la madre de todas las batallas, aquella que permita desatar el nudo gordiano que nos amarra al atraso y el subdesarrollo. Propongo dos batallas-madre: 1) la lucha contra la exclusión y 2) la lucha contra la corrupción.

Nuestra sociedad es tremendamente excluyente. Hay una fuerte desigualdad y grandes diferencias sociales. La propia estructura económica reproduce esa exclusión: la mitad del país vive en pobreza y tres cuartas partes no tiene un empleo decente. Esto ha generado una débil identidad nacional: mientras buena parte de la clase alta se siente más cerca de Miami que al Perú; las grandes mayorías sienten que el país no es suyo porque quienes lo dominan lo hacen a sus espaldas y en su contra. Hay así un sentimiento de desconfianza y de desprecio hacia lo público, que hace que la gobernabilidad esté en riesgo y nuestro crecimiento económico no sea sostenible. De ahí la importancia de luchar contra la exclusión y la desigualdad.

Por otro lado, una segunda característica clave de nuestro país es que los gobernantes utilizan su acceso a cargos públicos en provecho propio. El estado es visto como patrimonio propio de los gobernantes, que actúan otorgando favores con cargo al tesoro público, despilfarrando nuestros recursos naturales y dejando de cobrar impuestos. Por ello, nuestro estado es sumamente débil e incapaz de dirigir la transformación social que necesitamos.

Para la acción política, estas dos visiones dan como resultado distintas propuestas de cambio y diferentes alianzas. Siguiendo la visión de que la exclusión es lo prioritario, lo adecuado sería una propuesta que podríamos llamar “de izquierda”: una acción fuerte del estado en lo económico y social que ponga énfasis en la reducción de la pobreza y en derechos a la educación y la salud. Con esta orientación, la principal forma de acción política es buscar acceder al estado, para lo que el medio fundamental son las elecciones.

Pero si se tiene la visión de que la corrupción y el patrimonialismo son los principales problemas, lo fundamental es establecer una nueva forma de funcionamiento del estado, con dirigentes públicos que rinden cuentas y una ciudadanía activa demandándolas. Promover la vigilancia ciudadana sería tan importante como participar electoralmente. En este caso las alianzas con Patria Roja resultan más difíciles (dado su comportamiento patrimonialista vía SUTEP en la Derrama Magisterial), mientras que hacia el centro y más débilmente hasta en la derecha pueden encontrarse personajes y fuerzas honestas.
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Cuando en el día de la patria buscamos respuestas a sus problemas, nos encontramos con esta difícil pregunta: ¿cuál es la madre de todas las batallas en el Perú de hoy? Tal vez el reto sea volar con estas dos alas de la lucha contra la exclusión y contra la corrupción, desde el Estado y desde la sociedad, con alianzas amplias y sin olvidar que los excluidos y explotados del Perú merecen nuestra atención.

El Programa “Juntos” y La Política Social

lunes, 25 de julio de 2005

1. El Perú necesita más política social. El Perú tiene niveles de salud, educación y vulnerabilidad social muy elevados, incluso para un país de ingresos medianos-bajos, como estamos calificados internacionalmente. La pobreza sigue estando encima del 50% y prácticamente no se ha reducido en los últimos años, a pesar del crecimiento económico. Los niveles de desigualdad y exclusión social y económica son altísimos, mientras el gasto público social, alrededor del 8% del PBI, se encuentra entre los más reducidos de Latinoamérica. Una de las respuestas imprescindibles a esta situación es una acción social del estado más potente, aunque no la única (la creación de puestos de trabajo mediante un fuerte crecimiento intensivo en empleo y en sectores de autoempleo es la otra orientación fundamental).

La creación por parte del gobierno del “Programa nacional de ayuda directa a los más pobres”, que se ha hecho más conocido como “Juntos” que sería su nombre comunicacional, es un reconocimiento tardío de esta realidad. Es una lástima que el actual gobierno se haya demorado tanto en darse cuenta de esta cuestión central para el desarrollo nacional, pero a pesar de ello es un reconocimiento válido.

2. Lograr una política social con mayor efecto social demanda dos cambios principales: (i) aumentar el presupuesto y la atención de los líderes políticos y económicos, y (ii) mejorar su eficiencia y eficacia reformando su organización y funcionamiento. Requiere ambas; sólo una de las dos tendrá poco efecto real.

Respecto al presupuesto, resulta clave que ese financiamiento sea sostenible, y que alcance para toda la población que se desea cubrir.

Respecto a la atención política, la coyuntura pre-electoral asegura que los distintos líderes y partidos presten atención al tema, pero plantea el riesgo de que tal atención sea solo coyuntural y demagógica. También plantea el riesgo de que un mayor financiamiento por esta vía resulte siendo insostenible políticamente, si se aprueba sin los consensos necesarios. Debido a ello, cualquier planteamiento en relación a la política social, su necesario relanzamiento y reforma, como es el caso de “Juntos”, debe realizarse en el marco de un amplio diálogo político y social.

3. Evaluar la eficiencia y eficacia de “Juntos” debe hacerse en función a los objetivos del programa. A continuación analizaremos ello en relación a lo que parecen ser el objetivos central de “Juntos”: promover el capital humano (asistencia de los niños a educación y salud).

4. En relación al capital humano, el problema principal de la educación peruana es su baja calidad y no la asistencia al colegio, que es bastante elevada (solo un 5% de los niños peruanos de 6 a 11 años no van a la primaria, a diferencia de México donde un 15% no lo hacían por ir a trabajar). Debido a ello, lo prioritario es mejorar la calidad de la educación primaria, así como expandir la cobertura de la educación inicial y secundaria, sobretodo en zonas rurales. Además, ya hay un programa público orientado a promover económicamente a que los niños vayan al colegio, que se llama desayuno o almuerzo escolar, que llega a cerca de dos terceras partes de los niños que asisten a la primaria pública. La entrega del alimento en las escuelas ahorra el gasto que de otra manera realizan los padres en su alimentación y por lo tanto tiene un efecto similar a la entrega de dinero. Este programa sirve además para mejorar la nutrición y el aprendizaje combatiendo la anemia y el “hambre de corto plazo”, cosa que un dinero en efectivo no lograría.

Logradas mejoras en la calidad y la cobertura, es probable que un programa de subsidios condicionados logre mejorar la asistencia, en particular a la educación secundaria, donde el costo de oportunidad de los adolescentes es mayor y sobretodo muchas chicas adolescentes dejan de ir al colegio. Por esta razón, en México el subsidio es mayor en la secundaria que en la primaria, y es mayor para mujeres que para hombres.

5. En cuanto a la salud, considerando los déficits existentes, es prioritario hacer llegar los servicios a todas las comunidades, lograr que se otorgue una atención integral y establecer un serio programa de promoción de la salud que eduque a las madres en temas de alimentación, higiene y salud, cuidado y estimulación temprana, para lo cual las redes sociales del vaso de leche y los comedores populares pueden ser de gran ayuda. Cabe recordar que en la actualidad estos servicios tienen serias deficiencias; por ejemplo, un elemento básico de la atención de salud como son las vacunas no está actualmente garantizado, debido a que la cadena de frío que es indispensable para asegurar la efectividad de las vacunas no está funcionando adecuadamente.

Nuevamente, en este caso lo primero parece ser fortalecer la oferta, en particular en zonas rurales. Si bien en el Perú hay ya una amplia red de centros y puestos de salud, estos todavía no logran una cobertura universal. Adicionalmente, la calidad de los servicios es bastante pobre, en particular en lo que se refiere a la promoción de la salud.

Por otro lado, debe recordarse también que existe en el Perú un programa llamado PACFO que entrega papillas con un contenido nutricional adecuado para los niños menores de 3 años en algunas zonas rurales pobres (sin embargo, solo funciona en 8 departamentos de la sierra). La entrega de papillas, además de servir como complemento de ingresos, atiende los temas de desnutrición, ya que en el Perú un 25% de los niños menores de 5 años es desnutrido crónico y la mitad de los menores de 2 años sufre de anemia. La papilla, al ser un alimento más específicamente dirigido al niño y contener el 100% de los requerimientos de hierro, puede ser más efectivo en combatir estos problemas que la entrega de dinero, que se iría en menos proporción a los niños de esa edad y menos a los alimentos con el contenido de micronutrientes requerido.

En el caso de salud, como en el de educación, es altamente probable que un programa de subsidios condicionados en efectivo fortalezca la demanda y así incremente los controles de salud de los niños y la asistencia de las madres a charlas de capacitación. Si se desarrolla con un sistema de atención primaria de salud fortalecido, con capacidad de relacionarse con las madres para el mejor cuidado de los niños y con suplemento nutricional, puede ser efectivo en mejorar la situación de la salud de los niños.

6. Además de la eficiencia y eficacia de los programas sociales, hay que tener en cuenta que el Estado peruano requiere afirmar la democracia transformando la relación entre Estado y sociedad, para lo cual requiere transformar esta política social de un esquema clientelista a uno basado en establecer derechos para todos.

En efecto, el clientelismo, esa práctica mediante la cual se condiciona la entrega de beneficios sociales a un respaldo al partido de gobierno, tiene varias consecuencias muy negativas para el país:
(i) Socava la democracia al promover una relación vertical partidos políticos y masas y sostener la confusión entre estado y partido. Es, por ello, el camino contrario al que se necesita para construir ciudadanía, que es de los derechos que permitan a las personas relacionarse horizontalmente con el estado.
(ii) Destruye la autoestima y la confianza de los pobres, a quienes se les enseña que para mejorar sus condiciones de vida tienen que dejar de lado sus derechos políticos, en vez de poner el énfasis en que amplíen y aprovechen sus propias capacidades económicas y sociales.
(iii) Impide la eficiencia y eficacia de los programas sociales, pues hace que en los cargos de dirección se nombre a quienes profesan fidelidad partidaria y están dispuestos a ser artífices de la manipulación, en vez de colocar a quienes tienen las capacidades técnicas y gerenciales necesarias.

En una coyuntura cercana a las elecciones, el riesgo del clientelismo es obvio. Algunos mecanismos para evitarlo son aprobar estrictas normas de neutralidad política que castiguen cualquier uso partidarista de los programas, establecer una política de transparencia que permita a la ciudadanía vigilar de cerca todos los procedimientos y encargar la dirección del programa a un directorio plural e independiente que sirva como aislante frente a las presiones que los partidos de gobierno podrían ejercer. El hecho de que el Congreso haya establecido que el directorio de “Juntos” será nombrado por la Mesa de Concertación de lucha contra la Pobreza es un gran avance al respecto.

7. En síntesis, la iniciativa del gobierno de “Juntos” es un reconocimiento tardío pero válido de la gran necesidad existente en el país de tener políticas públicas orientadas a mejorar la situación de los pobres que sean mucho más fuertes y consistentes. En este marco, el objetivo de fortalecer el capital humano que tendría “Juntos” demanda un gran esfuerzo por mejorar la cobertura y calidad de los servicios de educación y salud, incluyendo la promoción de la salud. Debe considerarse además que hay otros programas públicos de alimentación que, logrando similares resultados, logran además mejoras nutricionales en los niños. En cuanto al objetivo de atender la vulnerabilidad de muchos hogares peruanos, es indispensable definir un objetivo general y ubicar “Juntos” dentro de un esfuerzo de reordenamiento y desarrollo del conjunto de programas existentes. Finamente, es necesario prestar atención a los requerimientos de desarrollo institucional que “Juntos”, representaría, y en particular al riesgo de clientelismo, para lo cual sería conveniente establecer normas de neutralidad, transparencia y la constitución de un directorio plural e independiente que lo gobierne.

SOAT: Aseguradoras inútiles

viernes, 22 de julio de 2005

Durante las últimas semanas, se han desatado crecientes protestas contra el SOAT, el Seguro obligatorio de Accidentes de Tránsito. Las primas que deben pagarse a las aseguradoras privadas por el SOAT ha subido espectacularmente y mucha gente siente que se trata de un alza injusta que solo favorece a las dos empresas que dominan el 65% del mercado. El hecho de que más de un tercio de lo que pagamos no se destine a resarcir daños y cubrir gastos de salud sino a los costos y utilidades de las aseguradoras, tampoco ayuda.

Pero cabe una pregunta mayor: ¿las empresas privadas de seguros están cumpliendo su función? Partamos de reconocer que existe un problema que debe ser enfrentado, y es el riesgo que los accidente de tránsito representan para las personas. Frente a esta situación, las empresas aseguradoras deberían tener un rol fundamental: diferenciar los riesgos y cobrar menos a quienes tenemos menos accidentes, y cobrar más a quienes chocan o atropellan más. Esto premiaría a quienes manejamos con cuidado y permitiría que aquellos choferes imprudentes no sigan impunes y sepan que, si arriesgan la vida de sus pasajeros y del público en general, lo van a pagar. Y decimos pagar en un sentido no figurado sino estricto: que les cueste de su bolsillo.

Tal política de las empresas aseguradoras tendría también lógica para ellas mismas. Cobrar más a los más riesgosos contribuye a mantener el seguro en equilibrio financiero y permite reducir las primas a los que manejamos con cuidado, y que les convenimos como clientes porque les generamos menos costos.

Pero resulta que las empresas aseguradora no han hecho su trabajo. En mi caso, no he usado el SOAT mas que para mostrárselo a la policía que hace controles de vez en cuando. Pero no me bajan la prima ni un centavo. A lo más, quieren diferenciar primar por grandes bloques de usuarios, castigando a los microbuseros que manejan bien porque hay otros que manean mal. Además, quieren cargarle la factura a los hospitales públicos, que ya les cobran en muchos casos tarifas subsidiadas y cuyo presupuesto es totalmente insuficiente.

¿Es un sistema privado el mejor sistema? Si las empresas privadas no incentivan el buen comportamiento de los choferes, no. Si se trata solamente de asegurar la atención de emergencia, que es efectivamente un objetivo fundamental, mejor que parte del Impuesto Selectivo a los Combustibles se dirija exclusivamente a financiar la atención de emergencia en los hospitales públicos, y mantengamos gratuita esa atención. Un simple intermediario que cobra 30% por pasar plata de un lado a otro, como es el sistema actual, no es eficiente.

Finalmente, ¿dónde está la acción firme del estado para mejorar el tránsito y prevenir accidentes?

Corrupción: Separar la Paja del Grano

La movilización contra la corrupción se realizó con éxito, mostrando nuevamente la sociedad civil capacidad de indignación y reacción. Miles de peruanos se reunieron para reclamar a las autoridades por su actitud comprometida o complaciente ante lo que constituye un delito contra el país entero. Felizmente, el Tribunal Constitucional ha oído nuestra voz y ha tachado la indignante “ley Wolfenson”.

Pero la lucha contra los corruptos no ha terminado y hay que mantenerse alertas y activos. Es más, seguramente en los próximos meses algunos seguirán saliendo libres por no completarse su juicio en el plazo de 36 meses. Ante ello, es necesario ir precisando las orientaciones que debe tener el movimiento anticorrupción.

Diferenciar amigos de enemigos es fundamental. No se puede dejar de criticar la presencia de muñecos con imágenes de Valentín Paniagua, una personalidad a quien no se puede tachar de comprometida ni complaciente con la corrupción, aunque extrañamos una posición más clara de su parte ante los hechos recientes. Pero no es el único caso. Pareciera extenderse la idea de “que se vayan todos”, de un rechazo completo y visceral a lo que se ha dado por llamar la “clase política”. Tal actitud, aunque pueda parecer justificada, es un grave error. Bajo la idea de que “todos son iguales” asoma aquella otra de “no importa que robe mientras haga obras”. Un movimiento de ese cariz, pueden servir de buena fachada para que avancen los intereses de Montesinos o Fujimori. Diferenciar la paja del grano es fundamental.

Un movimiento que ataque a casi todo el mundo es también un movimiento que muy probablemente no logre nada. Es verdad que la corrupción es un problema muy extendido y que de alguna manera nos compromete a todos por convivir con ella. Pero, en el momento actual, la cuestión es que una serie de sinvergüenzas que se robaron millones de dólares del presupuesto público luchan por salir libres. No es solamente un asunto de castigar a los culpables, sino de empezar a establecer un nuevo patrón de conducta. El movimiento anticorrupción debe precisar los blancos para tener éxito, porque no se trata solamente de expresar estados de ánimo sino de construir una patria diferente.

También hay que diferenciar justicia de venganza. La justicia demanda procedimientos adecuados y pruebas contundentes. No se puede condenar a quienes nos caen antipáticos, ni siquiera a quienes presumimos corruptos pero sobre quienes no hay las pruebas necesarias. No podemos parecernos al fujimorismo y perseguir a quienes piensan diferente.

El movimiento anti-corrupción debe mantener con firmeza sus principios, pero debe establecer objetivos concretos. La vigilancia y movilización ciudadanas deben dirigirse directamente contra los corruptos que buscan su liberación, así como señalar claramente a los directos responsables de su liberación, como Kuennen Francesa, Natale Amprimo y Ántero Flores Araoz que jugaron un rol fundamental en la aprobación de la malhadada “ley Wolfenson” en el Congreso.

Finalmente, si queremos éxitos duraderos, los peruanos tenemos que construir una alternativa política que sea firme en la lucha contra la corrupción y, sobretodo, ejemplar en practicar valores de honestidad y transparencia. Limpiar la corrupción demanda movimientos civiles activos y también opciones políticas comprometidas con esta tarea.

“Juntos” en la mesa

jueves, 14 de julio de 2005

El programa “Juntos”, la discutida iniciativa del gobierno pensada inicialmente para otorgar 100 soles mensuales a las familias pobres, ha recibido 120 millones de soles de presupuesto para lo que queda del año. Simultáneamente, el Congreso ha dispuesto que ”Juntos” esté a cargo de un directorio nombrado por la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza.

Esta es una buena noticia. Como en la Mesa están sentados no solamente representantes del gobierno, sino también de la sociedad civil, empresarios, ONGs y cooperación internacional, puede descartarse un uso clientelista, que era el principal riesgo de la iniciativa gubernamental.

Pero el asunto no viene fácil para el futuro directorio. Gastar 120 millones de soles en cinco meses en un programa sin diseño conocido, y que según la propuesta inicial del gobierno demanda identificar una por una a más de 100 mil familias, no es poca cosa. Todo lo contrario, a mi modesto entender es imposible hacer algo así, bien hecho, en tan corto plazo.

Pero hay alternativas. Para ello debe tenerse en mente que el objetivo del programa no es repartir dinero, es asegurar el desarrollo de capacidades de los niños extremadamente pobres que viven fundamentalmente en las comunidades de la sierra y selva rural. Recordemos que en estas localidades los colegios y los centros de salud – si es que existen - enfrentan muy serias deficiencias, que hay programas de nutrición infantil y desayunos escolares que aún no llegan a todas las comunidades pobres, que ni el registro de nacimientos y el DNI está garantizado, y que el agua potable y saneamiento también faltan. Para todas estas necesidades, hay iniciativas gubernamentales, todas ellas con escasez de fondos que les impide ampliar su accionar y llegar a todos los rincones del país. Una revisión de los programas existentes, identificando los mejores para ampliarlos de inmediato (tengo mi propia lista de preferidos) y estableciendo también las reformas que hace falta para mejorar su eficacia, permitiría rápidamente utilizar los recursos de manera eficaz. Por mi parte, me permito sugerir que den prioridad a vacunas eficaces y programas comunitarios de salud y nutrición infantil.

Al mismo tiempo, se debe iniciar un programa para que cada comunidad pueda identificar y ejecutar los proyectos que les permitan mejorar su calidad de vida y salir de la pobreza, incluyendo – si lo desean – programas para dar apoyo permanente a los más pobres de la comunidad, usualmente identificadas con las viudas, los huérfanos, los ‘huacchas’. La participación de una comunidad informada y capacitada, junto con apoyo y supervisión técnica que permita asegurar la calidad de los proyectos, son las mejores recetas para que los proyectos sean eficaces y sostenibles. En las zonas afectadas por la violencia política, que deben ser priorizadas, esto demanda por cierto un trabajo de rescatar la institucionalidad comunitaria restañando las heridas internas que el conflicto les dejó.

Alejado el fantasma del clientelismo, está el reto de actuar rápidamente y con eficacia. Es una meta posible de lograr, si en vez de inventar la pólvora se aprovecha lo existente para expandirlo y mejorarlo, se establece un buen equipo técnico y se confía en la organización que las propias comunidades han alcanzado.

Como no ser de Oposición

viernes, 8 de julio de 2005

Trato de no ser de oposición; me esfuerzo por poner por delante las cosas positivas que las negativas y en enfatizar propuestas antes que realizar críticas. Pero la verdad es que el gobierno y los poderes fácticos me la han puesto difícil estos últimos meses.

Veamos la serie de desaciertos que dificultan mi afán constructivo. Comenzó con el pedido del gobierno de 140 millones de soles para el programa “Juntos”, sin que se supiera como iba a funcionar ni a quienes se iba a dar la ayuda, pero con un innegable tufillo electorero. Siguió con la aprobación de una ley que permite que a los corruptos se les considere los años que pasan bajo detención domiciliaria como si fuesen de cárcel. Se añadió una propuesta para que los partidos puedan tener financiamiento sin que se sepa la fuente, modificando la ley que los congresistas habían aprobado hace apenas dos años. Luego, hemos conocido que los estudios para la carretera transoceánica están mal hechos, que se van a hacer contratos sin el diseño definitivo, y que por la forma de contratación empresas extranjeras van a ganarse unos US$ 100 millones extras. Finalmente lo más grave, porque definirá nuestro futuro por décadas, es que se insiste con una propaganda pro-TLC “sí o sí” obviando los enormes costos que traerá y sin informar adecuadamente a la ciudadanía. La lista de desaciertos se alarga cada día, con una serie de medidas interesadas que uno no puede sino criticar.

Siendo estos los temas que dominan la agenda pública, ¿para qué hablar de propuestas interesantes sobre lo que podríamos hacer? ¿cómo dedicarle tiempo a hablar de la lucha contra la pobreza, el desarrollo rural, la reforma de la salud, los necesarios cambios institucionales o las estrategias para lograr una competitividad inclusiva? ¿de qué sirve hablar de cosas buenas que se podrían hacer si nuestros dirigentes políticos y empresariales no tienen interés?

Aunque nos guste discutir sobre las políticas necesarias para el desarrollo nacional, tal vez tan importante como identificar las buenas medidas sea evitar las malas políticas, que pueden estar ocasionadas por error o por intereses muy específicos que se imponen al interés nacional. Para ello, alzar la voz para criticar nos parece un deber.

¿Porqué predomina ahora la necesidad de la crítica?
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Es un resultado de los ritmos de la política en el ciclo electoral. En las épocas electorales, predominan las promesas, pero también empiezan a circular algunas ideas de reforma e iniciativas de cambio. Iniciado el gobierno, es el momento de la aplicación, y cuando las ideas de reforma tienen que precisarse y convertirse en medidas prácticas y cambios concretos. Este es el mejor tiempo mejor los debates más profundos y fructíferos. Cuando se acerca el final del gobierno es que las malas iniciativas abundan. En esta etapa los gobiernos ya se encuentran cansados y sin grandes perspectivas de reforma; mas bien están desesperados por hacer cosas que les ganen votos y buenos recuerdos, sin importarles mucho lo que pase después.

Ojalá la respuesta ciudadana pueda evitar las peores barrabasadas y haga que la discusión electoral que se viene esté concentrada en ideas de reforma y no en promesas demagógicas. El Perú lo necesita.

Inconsecuencia

domingo, 3 de julio de 2005

Los economistas neoliberales basan su pensamiento en dos premisas. La primera: todo el mundo actúa exclusivamente pensando en su propio interés. La segunda: el mejor régimen social es aquél en el que se permite que cada persona pueda comprar, vender y contratar con otros sin intervención pública. La conexión entre ambas es la conocida y malentendida frase de Adam Smith respecto de los efectos beneficiosos de la “mano invisible” del mercado, que sería el instrumento mediante el cual, buscando cada uno su propio beneficio, salimos todos beneficiados.

Pero resulta que en el Perú la mayoría de economistas de esta tendencia aplican la doctrina discrecionalmente. Es decir, a veces se basan en ella y a veces la guardan bien escondida bajo la alfombra.

Su postura frente a las AFPs es uno de los casos en el que esconden su ideología bajo la alfombra. Aún cuando ellos plantean que el estado debe dejar que los consumidores escojan los productos que más les gustan y el mercado funcione libremente, en el caso de las AFPs a ninguno de ellos les hace cosquillas que el estado nos obligue a los trabajadores formales a un descuento del 11% de nuestro salario para este sistema, ni que las empresas tengan que hacer aporte alguno. El intervencionismo estatal en este caso es flagrante. ¿Por qué para ellos la intervención del estado en la economía debe ser criticada, la desregulación promovida y la libre voluntad de los consumidores ensalzada en todos los demás casos excepto en este? ¿Por qué desde su punto de vista el estado debe flexibilizar el mercado laboral, pero mantener rígidamente esta obligación sobre los trabajadores?

Me pareció que esa actitud de actuar en contra de su propia ideología era un poco extraña. Hasta que recordé la primera regla de su ideología: cada quien actúa pensando exclusivamente en su propio interés. Saqué la cuenta entonces que, si ellos creen que todo el mundo actúa pensando en su propio interés, consecuentemente en este caso ellos deben estar actuando pensando en su interés individual. Es lo lógico, pero ¿será verdad? No siempre las buenas historias son verdaderas, a veces la realidad nos sorprende. Me percaté entonces que su instituto favorito - el IPE - tiene contratos con una AFP, que hay un libro publicado sobre las AFPs financiado por ellas mismas y que Procapitales – otra institución cuyo director defiende ardorosamente todo lo que las AFPs dicen - es en parte propiedad de la Asociación de AFPs. Con esos datos diera la impresión que, efectivamente, la teoría neoliberal describe correctamente el comportamiento de mucha gente; por lo menos de quienes creen en ella.
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Como yo no actúo así, sé que también hay otras motivaciones tras la conducta humana. Tal vez haya quienes defienden las AFPs por buena voluntad. Por eso, se me ocurrió pedir que, cuando estos amigos escribieran, dijeran si han recibido o reciben, directa o indirectamente, dinero de una AFP. Así, los lectores podrán conocer su interés e incluir ese factor en su consideración de los argumentos. No he sido escuchado. Quien sabe, tal vez sea porque están siguiendo el comportamiento egoísta en el que se basa su teoría y está en su propio interés no revelar esos financiamientos.

Consecuencia

Los economistas neoliberales basan su pensamiento en dos premisas. La primera: todo el mundo actúa exclusivamente pensando en su propio interés. La segunda: el mejor régimen social es aquél en el que se permite que cada persona pueda comprar, vender y contratar con otros sin intervención pública. Pero resulta que en el Perú la mayoría de economistas de esta tendencia aplican la doctrina discrecionalmente. Es decir, a veces se basan en ella y a veces la guardan bien escondida bajo la alfombra.

Su postura frente a las AFPs es uno de los casos en el que esconden su ideología bajo la alfombra. Aún cuando ellos plantean que el estado debe dejar que los consumidores escojan los productos que más les gustan y el mercado funcione libremente, en el caso de las AFPs a ninguno de ellos les hace cosquillas que el estado nos obligue a los trabajadores formales a un descuento del 11% de nuestro salario para este sistema, ni que las empresas tengan que hacer aporte alguno. El intervencionismo estatal en este caso es flagrante. ¿Por qué para ellos la intervención del estado en la economía debe ser criticada, la desregulación promovida y la libre voluntad de los consumidores ensalzada en todos los demás casos excepto en este? ¿Por qué desde su punto de vista el estado debe flexibilizar el mercado laboral, pero mantener rígidamente esta obligación sobre los trabajadores?

Me pareció que esa actitud de actuar en contra de su propia ideología era un poco extraña. Hasta que recordé la primera regla de su ideología: cada quien actúa pensando exclusivamente en su propio interés. Saqué la cuenta entonces que, si ellos creen que todo el mundo actúa pensando en su propio interés, consecuentemente en este caso ellos también deben estar actuando pensando en su interés individual. Es lo lógico, pero ¿será verdad? No siempre las buenas historias son verdaderas. Muchas veces la realidad nos sorprende. Me percaté entonces que su instituto favorito - el IPE - tiene contratos con una AFP, que hay un libro publicado sobre las AFPs financiado por ellas mismas y que Procapitales – otra institución cuyo director defiende ardorosamente todo lo que las AFPs dicen - es en parte propiedad de la Asociación de AFPs. Con esos datos diera la impresión que, efectivamente, la teoría neoliberal describe correctamente el comportamiento de mucha gente; por lo menos de quienes creen en ella.

Como yo no actúo así, sé que también hay otras motivaciones tras la conducta humana. Tal vez es pura coincidencia el que algunos defiendan las ideas que más convienen a sus bolsillos. Por eso, se me ocurrió pedir que, cuando estos amigos escribieran, dijeran si han recibido o reciben, directa o indirectamente, dinero de una AFP. Así, los lectores podrán conocer su interés e incluir ese factor en su consideración de los argumentos. No he sido escuchado. Quien sabe, tal vez sea porque están siguiendo el comportamiento egoísta en el que se basa su teoría y está en su propio interés no revelar esos financiamientos.

Pobres Sí, Programa “Juntos” No

viernes, 24 de junio de 2005

El gobierno insiste en iniciar masivamente el programa “Juntos” que entregaría dinero en efectivo a familias pobres. El Consejo de Ministros ha pedido al Congreso que le apruebe un presupuesto de 140 millones para los 6 meses que quedan del año.

Que los pobres necesitan y debe dársele más, mucho más ayuda de la que hasta ahora se les da: POR SUPUESTO. Que más vale tarde que nunca: también. Pero hay indicios de sobra de la improvisación y uso clientelista de este programa, y hay mejores opciones para atacar la pobreza. Por eso, debe aumentarse el presupuesto de los programas sociales y servicios básicos para los pobres, pero no debe aprobarse el programa “Juntos”.

Sobre la improvisación, los hechos gritan. Se anunció hace cuatro meses y hasta ahora ni la opinión pública ni el Congreso conocen en qué provincias funcionará, a cuántas familias llegará este año, cómo se seleccionará a esas familias, si se exigirá o no asistencia al colegio y controles de salud, que se hará donde no hay esos servicios básicos, cómo se entregará el dinero a las madres que no tienen DNI. A pesar de ello, son más de 20 millones de soles mensuales, que a 100 soles por familia, alcanza para 200 mil hogares. Es un montón de gente. Si se quiere hacer bien, identificar a 200 mil familias, comprobar su situación de necesidad, establecer mecanismos de control que impidan abusos y corrupción y abrir cuantas bancarias, demora más de seis meses.

El presupuesto pedido para “Juntos” incluye, por supuesto, fondos para comprar camionetas, sueldos de directivos y consultores, oficinas y demás gastos burocráticos. Pero el gobierno no dice nada respecto de qué se hará con el resto de programas sociales: ¿si funcionan bien, ¿porqué no les aumentan el presupuesto en vez de experimentar con algo nuevo? Si funcionan mal ¿qué esperan para reformarlos? El gobierno pretende dejar que sigan estas burocracias, llenas de peruposibilistas, y crear otro aparato burocrático para más peruposibilistas. ¡ Por favor !

El uso clientelista de “Juntos” es obvio. No sólo porque se inicia en vísperas de la campaña electoral, sin también porque, en vez de depender de un ministerio social como el MIMDES, depende de la Presidencia del Consejo de Ministros y en particular del jefe de asesores de Carlos Bruce, secretario colegiado de Perú Posible. No se va manejar técnicamente sino políticamente.

A mí, que no me vengan con cuentos. Lo que el gobierno quiere no es ayudar a los pobres, sino conseguir con malas artes los votos que no puede conseguir legítimamente. Una vez más los pobres como pretexto. No estoy de acuerdo.

Los congresistas deben aprobar los 140 millones de soles, o más si fuera posible, para los pobres. Pero deberían hacerlo otorgando fondos para que todos los niños pobres tengan un desayuno o almuerzo escolar – uno de cada tres no recibe ninguno-, para que los programas nutricionales hacia niños menores de 3 años lleguen a todas las provincias pobres del país, para que los centros de salud y brigadas itinerantes tengan personal, insumos anticonceptivos, vacunas efectivas y medicinas, para ampliar la educación inicial, para dar empleo temporal y para proyectos de empleo sostenible. Esto se puede hacer mucho mejor y más rápido que comenzar de manera improvisada un nuevo programa y podría evitar sus peores ribetes clientelistas.

Segmentación: Lo bizarro como normal

viernes, 17 de junio de 2005

En el imaginario país de Segmentilandia, la educación pública está dividida en dos partes. Cerca de una cuarta parte de la población tiene contratos de trabajo formales, y sus hijos pueden asistir a los colegios del “Sistema de la educación asegurada - SEA” exclusivo para ellos. El resto de las familias trabaja en el campo o de manera informal, y por eso sus hijos no pueden ir a “colegios SEA”; tienen que ir a los “colegios MINEDU” sostenidos por el Ministerio de Educación. Ambos grupos contribuyen a la educación: en el primer caso mediante porcentajes del salario, en el segundo mediante el IGV sobre los productos que compran. Pero estos dos tributos se manejan de distinta manera. Mientras las contribuciones sobre el salario van a un fondo especial destinado solo para las familias de trabajadores formales, los demás impuestos van al tesoro público y de ahí al presupuesto en educación. Como los “colegios MINEDU” tienen poco presupuesto, tienen que cobrar matrícula y pensión; quienes no pueden pagar no se les permite ir al colegio.

En Segmentilandia, además, hay provincias de tamaño mediano – como Talara, digamos - en las que sólo hay Universidades del sistema SEA, a los cuales no pueden ir los jóvenes cuyos padres no tienen trabajo formal. Podría hacerse otra Universidad con cargo al presupuesto público, pero es ineficiente tener dos Universidades en Talara: necesitaría dos administraciones. Mientras tanto, si los jóvenes talareños “No SEA” quieren ir a la Universidad, tienen que irse hasta Piura.

Hay otras provincias menores y más pobres, digamos como Vilcashuamán, donde solo hay colegios MINEDU. Como hay pocos trabajadores formales, el sistema SEA no ha puesto colegios propios. En este caso, los hijos de trabajadores formales, que en otros lugares tienen “colegios SEA” gratuitos, tienen que ir a “colegios MINEDU” y pagar pensión.

A veces pasa que un padre de familia pierde su trabajo formal, y pasa a informal. En ese caso, luego de pocos meses su hijo ya no puede seguir en el “colegio SEA”; tiene que trasladarse a un “colegio MINEDU”. El padre de familia, además de perder su trabajo, ahora se ve obligado a pagar por la educación de su hijo.

Segmentilandia es, definitivamente, un país extraño. Extrañísimo. ¿A quién se le ocurriría hacer una cosa así? ¿Acaso el derecho a la educación debería depender del tipo de trabajo que tiene el padre? ¿Y si uno cambia de trabajo, debe el niño cambiar de un colegio a otro? Además unos pagan por la educación y otros no pagan. Por si eso fuera poco, en la realidad que tipo de colegio tiene una familia no sólo depende de que tipo de trabajo tiene y si contribuye o no, sino además de en qué provincia o localidad reside. Definitivamente, se trata de un sistema muy pero muy extraño, podríamos decir absurdo.

Segmentilandia en educación no existe. Pero la salud en el Perú funciona como Segmentilandia. Exactamente igual. En las líneas anteriores, cambien “Sistema SEA” por “EsSalud”, “MINEDU” por “MINSA”, “colegios” por “centros de salud” y “universidades”por “hospitales”, y verán que la salud en el Perú, en Talara y en Vilcashuamán, funciona como Segmentilandia. Si no fuera por la costumbre que tenemos de ver lo bizarro como normal, diríamos que esto es extraño, muy extraño, hasta podríamos decir absurdo.

Sistema de Pensiones en crisis, ¿hay solución?

jueves, 16 de junio de 2005

El sistema de pensiones peruano, incluyendo AFPs, Sistema Nacional de Pensiones (ley 19990 - ONP) y todo lo que quieran añadir, no funciona. En primer lugar, porque apenas uno de cuatro peruanos mayores de 65 años recibe alguna pensión que lo ayude en su vejez: Tres de cada cuatro, no tienen apoyo económico alguno. Como es obvio, cualquier sistema que deje en el desamparo a la mayoría de los ancianos, y sobretodo a los pobres, adolece de una falla fundamental.

Lo peor es que la reforma que instituyó las AFPs no ha mejorado la cobertura, es decir el alcance, de los sistemas de pensiones. Al revés, hemos retrocedido. Si un 25% de los ancianos recibe una pensión, apenas un 17% de los trabajadores activos contribuye a uno de sistemas de jubilación vigentes.

Sumemos a ello otros problemas. La introducción de las AFPs desequilibró el Sistema Nacional de Pensiones, ya que en este sistema los trabajadores activos con sus cotizaciones sostienen a los jubilados. Por eso es conocido como un “sistema de reparto”. Como más de la mitad de los trabajadores activos se retiró del Sistema nacional para irse a una AFP, el sistema nacional perdió más de la mitad de sus ingresos, y ahora vive dependiendo del erario público.

Peor aún. Como el sistema de las AFPs no resultó bueno y cobra comisiones exageradamente elevadas que afectan la pensión, se estableció una pensión mínima. Solo que esta pensión mínima no es sustentada por las enormes ganancias de las AFPs, sino por todos los contribuyentes. De tal manera que, hoy en día, el campesino pobre extremo, que paga impuestos al comprar bienes sujetos a IGV, subsidia al trabajador urbano que cotizó unos cuantos años a la AFP y no logró una cantidad suficiente para jubilarse dignamente.

A este desaguisado ahora se suma el hecho de que varios miles de afiliados a las AFPs quieren salirse, porque los engañaron prometiéndoles el oro y el moro, y a la hora de la verdad, no les alcanza tampoco para una pensión adecuada. Ahora quieren regresar al sistema nacional de pensiones, pero no para realizar aportes sino para cobrar pensiones, añadiendo más presión a un sistema que ya está en déficit. Mientras tanto, las AFPs, que gracias al engaño ya cobraron durante varios años sus buenas comisiones, se piensan quedar con esas ganancias.

Frente a estos problemas, la clase política ha reaccionado en los últimos años con una política de parches. Parchecito por aquí, parchecito por allá, sin siquiera analizar como lo que se hace con un sistema afecta a los otros. Y por cierto, sin que los peruanos pobres sin pensión les hayan merecido alguna atención.

Ya es tiempo de una revisión general a los esquemas de jubilación vigentes, que en vez de estar constituido por varios pedazos fragmentados, debería articularse en un sistema con varios mecanismos vinculados. Uno primero debería ser un sistema contributivo que financie una pensión básica, de tal manera que otorgue un sustento de ingresos que impida la pobreza. Sobre ello, los trabajadores deberían poder ahorrar fondos adicionales, con descuento tributario, para su vejez. Estos ahorros pueden muy bien ser administrados por bancos, que tienen una extensa red de servicios con menores costos y más competencia que las actuales AFPs. Las contribuciones deberían ser recolectadas por una sola entidad, que podría ser la propia SUNAT que brinda este servicio a EsSalud. Finalmente, el tesoro público debería hacer un esfuerzo – tal vez sustentado por una mayor responsabilidad social de las empresas mineras como sugiere PPK – para brindar una pensión de sobrevivencia a los ancianos pobres.

Alternativas hay, y se han probado con éxito en otros países. Lo que hace falta es voluntad política de priorizar el desarrollo social y las necesidades de los pobres frente a las ganancias de las AFPs.