Pedro Francke y Alexandro Saco
INTRODUCCION
El presente trabajo aborda los mecanismos mediante los cuales la corrupción agrava y reproduce la pobreza. Estos mecanismos son de dos tipos. En primer lugar, se analizan los mecanismos directos, que son las formas mediante las cuales los programas y servicios sociales del estado orientados a reducir la pobreza, terminan desviándose de su objetivo y orientando sus recursos hacia otros fines. En segundo lugar, se discuten los mecanismos a través delos cuales la corrupción afecta el funcionamiento global del sistema económico y político, agravando una distribución desigual e injusta de los ingresos y frenando el crecimiento económico.
I. CORRUPCIÓN EN PROGRAMAS Y SECTORES SOCIALES
La corrupción en los programas sociales y servicios básicos es especialmente dolorosa, porque implica un enriquecimiento ilícito que atenta contra vidas humanas. Entendemos en este caso la corrupción como toda desviación, de estos programas, de su objetivo declarado cual es el de reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población objetivo. En ese sentido, la corrupción no es solamente la desviación de recursos públicos para bolsillos particulares, son también desvíos hacia otros fines, como la manipulación clientelista.
Clientelismo y reflejo corruptor
Estos problemas se vienen arrastrando desde hace varias décadas, y llegaron a su cenit cuando el gobierno autoritario de Fujimori convirtió la asistencia social en una de sus principales armas de capitalización política, no dudando para ello utilizar prebendas y consolidar el clientelismo entre justamente los sectores más necesitados. Además, este uso distorsionado de una política estatal, no tuvo reparo alguno para condicionar los procesos electorales que en esas épocas se dieron. Es decir, un instrumento clave de apoyo social sobre sectores necesitados, pasó así a ser claramente un foco de irregularidades. Para lograr este fin, el gobierno fujimorista armó una amplia organización política, sustentada desde el aparato público, que comprendió la casi totalidad de instituciones y dependencias públicas.
La corrupción en estos programas entonces debe de ser vista desde dos ángulos: uno el que podríamos definir como el aprovechamiento por parte de dirigentes sociales adscritos al gobierno de turno, y otro mayor y más grave que le da origen, el del reflejo corruptor que las altas esferas de poder trasmiten a los encargados de hacer efectivo el apoyo social. Así, no está de más recordar aquellas protestas multitudinarias manipuladas desde el gobierno que trasmitieron sobre el candidato opositor la bandera de la clausura de los programas sociales como el vaso de leche. Acaso eso en parte pueda explicar las dificultades que luego de caído el gobierno autoritario existieron para readecuar el correcto funcionamiento de los programas de apoyo social. Al anteponerse entonces intereses ajenos al problema de fondo de la asistencia social, se configuró así una situación irregular que más allá de sus implicancias legales atenta contra la dignidad de las personas, convirtiéndolas en instrumentos de un proyecto político que poco a poco se fue desbaratando.
La transición democrática, desde el gobierno de transición hasta el actual, ha controlado y reducido buena parte de las versiones más extremas de esas prácticas. La sensibilización de la población y de los medios de prensa frente a esas prácticas clientelares y manipulatorias ha jugado un gran rol en este desenlace.
Aprovechamiento privado de los recursos públicos: la gran corrupción
Podemos pensar que hay dos clases de corrupción en programas y sectores sociales: la gran corrupción y la pequeña corrupción.
La mecánica de la gran corrupción ocurre de dos maneras: haciendo lobbies para que los productos o servicios a comprar sean los que una empresa o grupo particular produce sin que sean los más adecuados al objetivo del programa, o directamente haciendo trampa en la licitación.
Las presiones para modificar los productos a comprar de acuerdo a intereses particulares es especialmente fuerte en los programas alimentarios. En el caso del PRONAA se han producido enormes presiones para la compra de determinados alimentos como la leche UHT, a un costo mayor que otras alternativas y producida por pocos y determinados proveedores. Estas compras implican un aumento del costo de los desayunos del 55% frente a lo que cuesta otra opción, el enriquecido lácteo, a pesar de que la leche UHT se reparte en Lima y el enriquecido lácteo en zonas rurales donde el costo de transporte es mucho mayor. Si se reemplazara la leche UHT por el enriquecido lácteo, 110 mil niños adicionales podrían recibir desayuno escolar.
En el caso de influencias directas en la licitación, se ha podido observar irregularidades en grandes licitaciones para construcciones de colegios y hospitales, compras de equipos médicos, medicinas, materiales educativos o alimentos en grandes cantidades.
Cabe mencionar que ante la posibilidad de la firma de TLC con Estados Unidos, cobra importancia el asunto de las compras estatales. Ya que si los empresarios nacionales mantienen esos lobbies y prácticas irregulares, no habrá modo de poder exigir con el ejemplo frente a otros intereses, ahora mucho más poderosos, que desplazarían por un lado a la producción nacional y por otro puede que acentúen maniobras que se ya se vienen dando internamente de manera constante.
La “pequeña corrupción” causa gran destrucción
Llamaremos pequeña corrupción a aquella en la cual cada acto de corrupción no genera sino efectos reducidos, tanto para el estado como para el corrupto. Sin embargo, su efecto destructor se debe a que estos pequeños actos de corrupción se producen diariamente, permanentemente, repitiéndose miles y miles de veces.
La pequeña corrupción, a diferencia de la anterior, es mucho más difícil de detectar y de sancionar por la pequeña escala de servicios que en la que se da. Un estudio sobre el programa del vaso de leche determinó que un 30% de los recursos (equivalente a 100 millones de soles) se pierde antes de llegar a las madres encargadas de su distribución.
En todos estos casos, se tiende a caer fácilmente en una trampa conceptual: como son pobres, entonces se disculpa que puedan caer en estas prácticas . Como si el bajo sueldo de los policías justificara que cobren una coima, y no fuera que cada uno debe responder por las responsabilidades y obligaciones legal o socialmente asumidas.
Otro aspecto que podría enmarcarse en alguna faceta de la corrupción es el de las prácticas aceptadas como comunes en sectores como educación y salud. En el sector salud, en una de las negociaciones entre trabajadores de ESSALUD y los responsables políticos del sector, los médicos lograron que no se les exija marcar tarjeta ni a su llegada ni a su retiro de los hospitales y centros asistenciales de la referida entidad. Si bien esto puede verse desde algún sector reivindicativo como un derecho que le asiste al profesional de la salud, lo cierto es que se trata de un pésimo precedente que no contribuye en lo más mínimo a generar confianza en la población y que dista mucho de una legitima reivindicación laboral. Es, en realidad, una forma de legalizar el hecho de que los médicos llegan tarde, salen temprano o se ausentan durante el trabajo por atender a sus clientes particulares.
En el sector educación un estudio demuestra una inasistencia de entre 15 y 30% de los maestros a los colegios. Dato que refuerza otras estadísticas acerca de las pocas horas de clase que reciben los estudiantes en el Perú, y que debe ponerse sobre el tapete al momento de responder a las exigencias docentes. Más aun en un sector tan poco permeable a una real reforma que se ha negado y se sigue negando a cualquier propuesta que tenga que ver con evaluar a los docentes para sobre esa base seleccionar a los que asciendan en el escalafón magisterial.
Si bien la corrupción es un delito tipificado por las leyes penales y puede que conductas como las evidenciadas por trabajadores del sector salud y educación no se enmarquen en una categoría punible por la ley penal, estas acciones sí se inscriben en lo que podemos delimitar como ámbitos de corruptelas apañados en reivindicaciones sectoriales. Señalar entonces estas situaciones de hecho, es llamar la atención de prácticas al interior del Estado que generan perdidas económicas reflejadas en las horas de trabajo efectivo y en una sensación por parte de la población de que laborar en el Estado otorga carta blanca para desde una posición de fuerza obtener prebendas claramente reñidas con la trasparencia que debe primar en el sector público. Médicos y maestros no puede ser pues identificados con exigencias que no contribuyen al sentido de sus responsabilidades, en las que en la actualidad siguen desenvolviéndose.
Trabajadores victimizados y realidad laboral
Hay una idea constante que ronda en el imaginario social, y es aquella que señala que como los trabajadores judiciales, policías o maestros perciben ingresos bajos, en cierto sentido las ventajas que estos obtienen por medios cuestionables se justifican porque tienen que llevar el pan a sus hijos. Si aceptáramos estos presupuestos justificativos, no tendría sentido ninguna política estatal sobre la corrupción. Hay pues estándares mínimos de convivencia cívica que no resisten los postulados de partes interesadas como en los casos mencionados.
Los policías, trabajadores judiciales o maestros, que es cierto que perciben ingresos bajos, sabían a lo que se atenían cuando decidieron ingresar a laborar en esos sectores de la administración pública. No es algo reciente esta limitación presupuestal sobre sectores clave como educación justicia o seguridad, es una carencia que se arrastra desde hace casi medio siglo. Los trabajadores de estos sectores entonces conocían muy bien de antemano la realidad a la que destinaban su profesión. En tanto estos trabajadores continúen con un discurso en el que ellos son únicamente víctimas de un sistema injusto, y no también actores responsables de desarrollo y cambio social, no habrá posibilidad de iniciar los pasos serios para ir remontando esa triste realidad.
En conclusión, debemos tener muy en claro que el bajo nivel de los sueldos en la administración publica no es justificación de la corrupción sea esta grande pequeña o mediana. La corrupción o cualquier otra mala práctica social deben ser vistas desde un ángulo impermeable para poder crear así una cultura de legalidad. Pero al mismo tiempo el Estado y sus representantes deben asumir obligatoria y perentoriamente que para desincentivar la corrupción, mientras contemos con sistemas de acceso a la formalidad a la justicia o la seguridad que se constituyen en trabas para el poblador común, será más arduo hacerlo. Urge entonces eslabonar la lucha contra la corrupción a políticas claras de desconcentración de requerimientos administrativos para todo tipo de tramites que el ciudadano deba enfrentar en la administración local regional o central.
La Corrupción y las organizaciones sociales de base
La corrupción es un hecho social que no sólo atraviesa al Estado peruano en diversos escalafones, sino que se trata de una actitud frente a la cual la nación ha sido y es permeable. Por eso los límites entre la buena gestión pública y la corrupción no son percibidos claramente por la sociedad, que en mucha medida justifica algunas conductas reprobables.
En la misma línea de lo tratado en párrafos anteriores, podemos identificar un estado de cosas al interior de nuestro tejido social que tiene que ver con la permeabilidad de la opinión pública y de los propios inmersos en esta problemática, que en términos generales podemos identificar como una corrupción socialmente aceptada. Este género de corrupción tiene uno de sus puntos de partida en una serie de reglas de juego administrativas poco definidas, que por su complicación o indefinición permiten el afloramiento de situaciones frente a las que la sociedad puede hacer muy poco. En ese sentido es conocido que muchas veces se prefiere aceptar ciertas prácticas o los llamados "favores" en aras de conseguir por parte de la administración estatal la abreviación de los tiempos que los trámites pre establecidos tomarían.
Es incuestionable el vigor que las organizaciones populares le imprimen al tejido social, tanto así que sus aspiraciones no son aún debidamente interpretadas por los que pretender convertirse en sus representantes. Es la desorganización proveniente de un Estado que no cuenta con los medios para estar presente en cada espacio en el que se le requiera, la que hace surgir formas paralelas de autoorganización que suplen en la medida de sus posibilidades la ausencia. Pero estas organizaciones tanto de comedores populares como de vasos de leche, al pertenecer a nuestra sociedad, no están exentas de la realidad y pueden padecer anomalías comunes a nuestra realidad. Una cultura democrática no ha asentado sus bases ni en las dirigencias políticas centralizadas, ni en las organizaciones de base.
Hay una conexión intrínseca que como en un juego de espejos conecta dimensiones de la práctica social y es un impedimento latente para que una fluidez mayor de los recursos se haga realidad. Quien haya podido desarrollar alguna actividad que lo vincule con estas organizaciones, podrá haber comprobado que existen pugnas locales por el control de las provisiones que el Estado hace llegar. Esa realidad natural en los grupos humanos, se ve influida también por una ausencia educacional respecto de las maneras más efectivas en las que utilizar los escasos recursos en beneficio del conjunto necesitado. Lo que sucede entonces es que el voluntarismo admirable que estas organizaciones despliegan a lo largo y ancho de nuestro territorio, se confronta con una forma no uniforme de proceder para maximizar los beneficios que pueden traer los programas de apoyo social. El límite entre lo público y lo privado se hace confuso, y junto con él, el límite entre la corrupción y la probidad se hacen poco claros.
Urge en ese sentido implementar una noción de administración de recursos simple, que pueda ser asimilada por los o las dirigentes de los sectores populares. Esta noción de administración de la asistencia social podría así contribuir a que las filtraciones que acumulan porcentajes elevados de pérdidas de la ayuda estatal, puedan ir reduciéndose, o ampliado su campo de asistencia. La duplicidad de labores o funciones con la consecuente pugna que de ella se puede generar, sí debe ser sometida a una observación inmediata por parte de los órganos estatales.
Si bien la primera etapa del presente gobierno, acorde con sus mensajes de campaña electoral, pareció entender que la única forma de evitar el desperdicio de los recursos destinado a la asistencia social es despolitizarla lo más que se pueda, al cabo de unos meses de ejercicio del poder prefirió adoptar las mismas formas que gobiernos anteriores utilizaron. Se frenó así en gran medida, como en otros varios sectores, una oportunidad de modificar este proceder político. El control y la administración de los programas sociales sigue siendo ante todo una herramienta de llegada del partido en el poder a lo sectores que puede manipular y condicionar.
Corrupción y Focalización
Uno de los temas que más se ha discutido en los últimos años en relación a la política social es el de la focalización, habiéndose propuesto avanzar con mecanismos de focalización individual que discriminen entre quienes necesitan la ayuda del estado y quienes tendrían medios suficientes para su propio sostenimiento.
Al respecto, existe todo un debate sobre la focalización individual del apoyo social que cuenta con argumentos a favor y en contra. Las posiciones favorables a la determinación lo más exacta posible de a quiénes debe ser otorgada la ayuda social tienen como antecedente el trabajo realizado en México sobre el tema. Allá, una de las acciones implementadas por los encargados de la asistencia social, en particular con el programa Oportunidades (antes conocido como Progresa) ha sido la de establecer vía estudios de campo las personas a las que efectivamente debe de considerarse pasibles de la asistencia social que el Estado está en la obligación de otorgar.
La posición contraria a esta focalización como se ha planteado, sustenta su escepticismo frente a estas medidas, señalando que es muy difícil determinar realmente a los que debieran ser los beneficiarios, ya que las mediciones en este sentido se enfrentan a una serie obstáculos que la dinámica social pone al frente. Es decir, resulta arriesgado definir dentro de determinados grupos o comunidades quiénes son los que poseen la calidad de pobres a los que corresponde asistir, porque existen una serie de factores dinámicos que podrían terminar por excluir a personas que si bien no llegan a un estado de indigencia, se ven apoyadas y su desarrollo vital será mucho más adecuado si es que son pasibles de estos alcances de la asistencia social.
El gobierno recientemente ha promulgado un Decreto Supremo poniendo en marcha este sistema. Al respecto, una de las cuestiones que habrá que supervisar con mucho cuidado en ese proceso es precisamente el de la corrupción: dado que ser calificado como sujeto de ayuda social del estado implica una serie de beneficios, quienes califican tendrán un poder en sus manos que podrán utilizar en provecho personal.
II. CORRUPCIÓN Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
Ello nos lleva a plantear la relación entre la corrupción y el bajo crecimiento económico de los últimos años, pero no como una secuencialidad irrebatible, sino como un factor más dentro de una gama de aspectos que condicionan el crecimiento. Para decirlo de otra manera, la corrupción si bien frena en crecimiento económico porque puede extraer recursos públicos hacia fines delictivos, no es la razón única de la falta de crecimiento económico. Esta falta de crecimiento tiene que ver con muchos otros factores, en los cuales la corrupción es uno de ellos, importante pero no concluyente. Al respecto podría señalarse experiencias como la japonesa e italiana, países en los que la corrupción ha sido grave, y sin embargo durante las últimas décadas han crecido considerablemente.
En nuestro país, el problema de la corrupción se inscribe dentro de un ámbito mayor que para el caso podríamos enfocar en una Reforma del Estado aún pendiente sólo sacada a la luz cada nueva campaña electoral; y en el poder de los valores y relaciones sociales con los que vivimos.
Corrupción e ineficiencia estatal
Un elemento sustancial en las experiencias modernas de desarrollo económico es el funcionamiento del estado, que de proveer bienes públicos e infraestructura, garantizar la equidad y vigencia de los derechos humanos incluyendo los económicos y sociales, resolver las fallas de mercado y actuar como agente promotor del desarrollo. Un estado ineficiente será por ello un lastre para el crecimiento económico.
Como el Estado sigue siendo visto como un medio orientado a satisfacer compromisos sobre todo surgidos en etapas pre electorales antes que al bien común, existe una relación de complicidad que engloba en ella a los diversos grupos que logran acceder sea al poder local regional o central. Es decir, se prefiere no confrontar este tipo de acciones que generan corruptelas, ya que, o bien cuando se fue gobierno se uso las mismas, o bien en la expectativa de ser gobierno se asume que estas prácticas también podrán ser utilizadas. Un círculo vicioso es el sustento de este modo de operar común en las entidades estatales, que cuando se rompe generalmente se hace por el lado más débil, es decir funcionarios atrapados infraganti que es casi imposible que desenreden la compleja madeja que al interior de cada institución se desenvuelve. Así se ha construido en el país y en muchos otros de nuestra región en conocido razonamiento: roba pero hace obra, que finalmente es la justificación de todo autoritarismo habido y latente.
En este punto encontramos uno de los aspectos otra vez obviados ante la postergada y urgente reforma del Estado, lo que no es impedimento para que en la medida de las posibilidades y de la creatividad de los funcionarios públicos se puedan diseñar esquemas que permitan acortar esa ineficiencia. Ese mal uso de los escasos recursos que conlleva a la limitada acción estatal puede dividirse en dos vertientes.
La primera para el presente análisis la llamaremos endógena, por inscribirse en lo que la administración pública hace con sus recursos en asuntos que conciernen a su administración interna.
Esa incapacidad de las instituciones estatales para dotarse a sí mismas de una organización en la que el privilegiado sea el usuario del servicio brindado por el Estado, por un lado se confronta con la excesiva tramitología que los funcionarios públicos deben enfrentar, y que ciertamente puede basarse en un justificado temor de que un error de procedimiento termine costándole el puesto. Ello resta capacidad expeditiva a los trámites que le conciernen y genera al interior de las instituciones una suerte de responsabilidad a medias que hace las decisiones extemporáneas en algunos casos.
El funcionario público y sus trabajadores se encuentran entre dos frentes que les exigen y cuestionan por igual. Por un lado los funcionarios públicos de mayor responsabilidad dentro del aparato estatal para los cuales lo principal no es que los indicadores de gestión deben evidenciar efectividad sino evitar acusaciones y problemas que pueden costarles el puesto. Por otro lado los sectores de la sociedad que requieren del servicio por parte de determinada entidad pública, pero que terminan no siendo prioritarios a la luz de las normas y demandas provenientes de arriba.
Otra variante de este problema de ineficiencia estatal tiene que ver con las inversiones públicas, que se desarrollan específicamente hacia fuera de cada institución pública legalmente amparada para esos fines. Esa poca actividad que nuestro magro porcentaje de inversión pública nos permite (alrededor de 11% del presupuesto nacional) se encuentra condicionada a una serie de urgencias y presiones de diferentes actores estatales y sociales que la hacen en muchos casos de nula rentabilidad. Se sigue privilegiando lo que podríamos llamar la obra visible a contrapelo de lo que una lógica económica y social del siglo XXI debiera impulsar. Antecedentes de este tipo de obra son los maga proyectos de irrigación que han permanecido y permanecen estancados por la enorme inversión que necesitan para operar, cuya poca rentabilidad ha hecho que los privados no se involucren en estas necesarias obras de infraestructura.
Los nombramientos de favor
Un tema que tiene cada vez más importancia a este respecto es el nombramiento de funcionarios públicos, y las presiones partidarias y familiares por un aprovechamiento particular del estado. Siendo un punto que nos puede desviar del tema central abordado en este análisis, quizá baste con señalar que los presupuestos para acceder a la función pública deben ser revisados, ya que antes que la filiación partidaria o la titulación exhibida, por sobre eso debiera existir un examen integral que busque en el candidato a determinado puesto una cabal capacidad de enfrentarse a los retos del cargo antes que una categoría política o académica específica.
El problema de que genera el nombramiento de funcionarios por conexiones partidarias o personales es múltiple. Por un lado, se escogen personas que no son las más idóneas, lo que ya es un tremendo problema (sobretodo porque a veces sus limitaciones son tan grandes!). En segundo lugar, el ejemplo hace que ese comportamiento se repita: los funcionarios de alto o medio escalón nombrados por favor, hacen eso mismo a su vez, agravando el problema. Finalmente, al ser nombrados por una conexión política, sus incentivos no están en tener el mejor desempeño, sino en servir mejor y tener mejores relaciones con el contacto político que los apoyó.
El caso más sonado dada la cantidad de familiares y allegados que un ministro hizo ingresar a la planilla estatal fue el de Jesús Alvarado, que sirvió para que toda la acumulación de incomodidad social generada por estas prácticas se le viniera encima cual alud glacial. El problema es que esta ha sido durante décadas una práctica común en el estado peruano, marca central del llamado patrimonialismo
No es extraño así que ante el primer atisbo de poseer un cargo público se echen a andar las presiones para que los familiares o allegados sean los primeros en ser tomados en cuenta dado el caso de que se requiera personal para determinada labor. O en un caso peor, y evadiendo las secuenciales normas estatales que imposibilitan la contratación, se recurra a crear nuevos puestos para contentar a grupos políticos de influencia o familiares. Las limitaciones que el sentido común debiera imponer sobre estas acciones que van en la mayoría de los casos en desmedro de los fondos públicos por no reunir los contratados las calidades suficientes, han sido superadas imponiéndose sobre ellas la adversa concepción de los fines del Estado respecto a la sociedad. El Estado no es reconocido como el actor crucial para el desarrollo del país, sino ha pasado a ser percibido como un agente más de la actividad económica, del que el beneficio debe ser extraído antes de que los vientos políticos cambien.
La corrupción y la inestabilidad jurídica en los inversionistas
Debido a la corrupción, aumentan los costos de transacción, los contratos no son seguros y hay un costo adicional para hacerlos valer: “la coima”. Ello dificulta las inversiones y el funcionamiento del sistema económico, reduciendo el ritmo de crecimiento económico.
Las inversiones en nuestro país deben sortear muchas vallas extralegales para poder efectivizarse. Esas vallas se pueden inscribir dentro de una manera de operar burocrática, de la cual estamos enterados, en todos los niveles del aparato estatal, pero frente a la que poco se puede hacer con acciones y voluntades aisladas. La fragilidad de una relación contractual que el inversor inicia con determinado ente estatal tiene un primer obstáculo al no ser publicada en la página web del Diario Oficial El Peruano sino hasta diez días después de su publicación impresa. Si bien es un aspecto formal este que se menciona, grafica el distanciamiento que existe entre la mentalidad estatal en general y la dinámica con la que debe contar un Estado promotor de la inversión.
En las relaciones con la administración pública, aquellos interesados en acceder a algún tipo de contratación, conocen muy bien que existe toda una costumbre institucionalizada en que a la propuesta contractual debe añadirse un costo: la retribución para aquel o aquellos encargados de determinar la selección de la mejor oferta, que en muchos casos no termina siendo la oferta optima para el servicio requerido.
El llamado contacto al interior de la administración pública es toda una institución no reconocida formalmente pero que opera con atribuciones mayores a su puesto en el Estado. Las conversaciones de café en las que se tratan asuntos referidos a la coima a otorgarse para asegurar el otorgamiento del contrato son una costumbre de la que se puede dar cuenta fácilmente. Ante esta realidad el inversor o contratante con el Estado debe mantener un doble estándar, ya que asumiendo lo irregular de este accionar, debe sopesar entonces el riesgo que ello implica con su futura ganancia. Así la relación con el Estado se vicia de origen y una vez envuelto en esa práctica el empresario tiende a proseguirla.
Esta debilidad en muchas de las relaciones de los privados frente al Estado, hace que los contratos se tornen inseguros, ya que pueden ser sometidos al escrutinio de los órganos de control interno o externo a la institución y terminar siendo cuestionados legalmente.
La debilidad de origen es un aspecto central que se conjuga con otros. Entre ellos podemos señalar el complicado sistema de formularios administrativos con que el Estado trabaja. Si bien en este nivel de contratación es necesario especificar lo más posible cada punto de la relación, persiste una formalidad que tiende a la confusión por parte del no iniciado en estas lides, y justamente crea una dependencia frente a los tramitadores oficiales u oficiosos que pululan alrededor de la actividad estatal. Este sistema de formulariado debiera ser un eje central que se puede trabajar paralelamente a la Reforma del Estado, ya que unido a la variante contacto-comisión funcionan como una puerta de entrada desgastante frente a la que muchos empresarios con intenciones de contratar con el Estado simplemente prefieren obviar esta posibilidad, limitando así la capacidad electiva que sustenta la competencia comercial.
La democracia se afecta y se genera inestabilidad política y social.
La democracia se deslegitima cuando los estados que se consideran democráticos no hacen mucho por ir desmontando las situaciones de hecho conocidas que corrompen la relación del Estado con el sector privado que finalmente somos todos. Los regímenes democráticos deben entonces colocar en un primer plano de sus agendas acciones que, conjugando fiscalización desburocratización y ejemplo en la celeridad, puedan hacer frente a la institucionalización de prácticas en las que se pierde mucho de lo que el Estado está urgido por ahorrar.
Si en una de las bases de la construcción de un sistema democrático, como es la de las relaciones contractuales con el Estado, seguimos manteniendo unas prácticas por decir lo menos poco trasparentes, estamos condenando al sistema que decimos proteger a una ilegitimidad corrosiva, ya que ésta se trasmite de boca en boca colaborando así a legitimar los discursos antisistémicos que en su radical cuestionamiento a la formalidad encuentran sustento real en casos como el abordado.
Ese cuestionamiento, tomado por los ámbitos extremistas del espectro político, tiene un sustento en una realidad fácilmente constatable por las mayorías. Con un mayor y decidido trabajo en aspectos esenciales que vayan desmontando estructuras pseudo legales que funcionan en la práctica como una tela impermeable entre el Estado y los que se relacionan con él, se generaría un efecto social en el que poco a poco la deslegitimación y lejanía del Estado pueda recobrar en cada espacio ganado el vigor que la sociedad ve perdido. Siendo un aspecto que parece no tener incidencia directa en el conjunto del régimen político que deseamos afianzar, esta relación deteriorada con el Estado en las contrataciones o en los simples trámites que en muchos casos cuestan más de lo que la ley autoriza, es un aspecto crucial que cual trabajo de hormiga merma la credibilidad en el sistema en general.
ALGUNAS CONCLUSIONES
UNO
La corrupción pública o privada es un fenómeno muy imbricado en las sociedades sean estas desarrolladas o en vías de desarrollo como la nuestra. Este hecho comprobable no es óbice alguno para que exista por parte del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil una voluntad y una estrategia que permita ir aminorando y arrinconando este fenómeno.
DOS
La pobreza no es justificación de la corrupción. Desmontar esta idea generalizada en la sociedad peruana es un requisito primordial, ya que esta justificación atraviesa transversalmente a todo el tejido social y genera la mantención de un estado de cosas, en el que la victimización de los trabajadores públicos da paso al consiguiente abuso por parte de estos a los ciudadanos en general.
TRES
El efecto de reflejo corruptor que se genera por los actos de personajes políticos de primera línea, es un claro incentivo a la corrupción y a que se cuestione la legalidad vigente. Las medidas ejemplificadoras al interior de las entidades como el Congreso de la República, al no funcionar se suman a incentivar la irregularidad. Es un imperativo entonces obrar con el ejemplo en el campo de las acciones publicas, y así haya actos que no constituyan corrupción pero se puedan ver mal a los ojos de la población, tratar de evitarlos en la mayoría de los casos aplicando la ley del costo sobre el beneficio general.
CUATRO
La asistencia social debe ser totalmente neutra en términos partidarios y contar con atribuciones que le permitan accionar independientemente de los vientos y ánimos electorales. Más allá de opciones políticas validas, en la lucha anticorrupción se requiere consensos clave que persistan en el tiempo en Políticas de Estado, y éste es uno de ellos.
CINCO
Establecer claramente la prioridad de los programas sociales de cumplir sus objetivos, frente a cualquier presión de empresas o grupos por aprovecharse de esos recursos siendo privilegiados en las compras, es fundamental.
SEIS
La corrupción, mediante diversos mecanismos frena el desarrollo económico e impide soluciones sostenibles al problema de la pobreza. Una política de lucha contra la pobreza, por ello, debe necesariamente involucrar también el tema de la lucha anticorrupción.
